En el conciente colectivo de la población el medicamento se ha transformado en el ícono de la salud, cuando en realidad es una herramienta de la medicina destinada a corregir defectos, combatir infecciones, apuntalar los procesos naturales de defensa del organismo, entre otras muchas situaciones de tratamiento de la enfermedad.
¿Por qué entonces ese papel y ese rol preponderante que tiene el medicamento en el espectro médico? Por la sencilla razón que ha sido, en la medicina alopática occidental, presentado como la pócima mágica de curación por parte de la misma industria, derribando barreras éticas con publicidades masivas, ventas libres, productos cuasi medicamentosos y ejerciendo fuerte presión y “premios” sobre los médicos para recetar los productos líderes y más caros del mercado farmacéutico.
Con este esquema, no resultan extraños los sistemas corruptos que operan en los medicamentos de baja incidencia y alto costo, llamados así por ser los que impactan en los enfermos más vulnerables y con defensas precarias a la hora del tratamiento. La corrupción va desde la falsificación hasta la venta de medicamentos robados por piratas del asfalto especializados en este tipo de asalto, que hasta respetan las cadenas de frío.
No es casual que el medicamento insuma más del 30% del gasto total de salud que en la Argentina 2008 alcanzó la cifra de 64.663 millones de pesos, correspondiendo a las obras sociales 20.260, al PAMI 5.465, y al Estado Nacional 18.088 millones, a los cuales se debe agregar el gasto de bolsillo y las prepagas que suman otros 20.850 millones. O sea que más de 44.ooo millones los paga la seguridad social -en su mayor parte con aportes de los trabajadores a través del salario diferido y solidario como el caso PAMI-.
Más allá del hecho corrupto que moviliza estas precisiones, hay que señalar que el Estado debe recuperar la producción pública de medicamentos, que hoy está realizando en forma aún precaria después de años de abandono. Desde Ramón Carrillo con el EMESTA –la primera planta productora de medicamentos– nuestro país ha tenido a lo largo de los años y tiene hoy personal técnico, desarrollo científico, formación de recursos humanos, tecnología y equipamiento como para producir al menos en una primera etapa la totalidad de la demanda hospitalaria de la atención médica primaria, que constituye el 80% del medicamento requerido.
Ahí están los laboratorios nucleados en la Red de Laboratorios Productores de Medicamentos conformada en 2007, que desde el año pasado provee parte del Plan Remediar con esfuerzos dispersos, provinciales, universitarios, municipales, nacionales que recientemente fueron incorporados orgánicamente al Ministerio de Salud, pero que para una planificación a largo plazo aún carecen de una estrategia de crecimiento con investigación y desarrollo apuntalados por el Estado Nacional.
La industria intentó –y lo sigue haciendo– denigrar al medicamento mal llamado genérico, y digo mal llamado desde que no se realizan ni bioequivalencia, ni biodisponibilidad bajo protocolo, siendo en la mayoría de los casos copias, siempre controladas y autorizadas por la ANMAT, lo cual tiene garantías de sus efectos clínicos.
Mientras tanto, esperan dictamen leyes fundamentales congeladas en el Senado con media sanción en Diputados como las de trazabilidad y eliminación de venta libre de medicamentos, insólitamente paradas y a punto de perder estado parlamentario, lo cual hace pensar en acciones lobbystas en contra. Las cámaras de farmacias; los sectores involucrados en la producción, comercialización y administración del medicamento; y los trabajadores de la salud expresan a diario su onda preocupación al efecto.
Pero una industria que factura los medicamentos con recargos que van desde un 1.000 hasta un 30.000% en relación a su estructura de costos, se constituye en una industria perversa; de ahí que la Ley de Medicamentos de Monodrogas –sin nombres de fantasía– haya logrado sincerar el sistema en parte, aunque no ha podido evitar la presión de la industria sobre los pacientes para favorecer sus marcas líderes de alta penetración a través de “congresos”, viajes de turismo científico y prebendas.
Todo este sistema corrupto se podría evitar si los laboratorios públicos fuesen –además de proveedores– empresas testigos de precios y el elemento que rompa la dependencia de estos sectores inescrupulosos. Debería preverse que los mismos laboratorios públicos importen los medicamentos que aún no elaboramos en nuestro país, donde sólo se agregaría el costo administrativo del trámite que nunca puede superar el 5% del costo total. Es una decisión política de trascendencia que eliminaría gran parte de la cadena corrupta que se conoce y de la que no se conoce.
En estos momentos la inversión en desarrollo e investigación es escasa en la industria. Ninguna de las cámaras empresariales llega al 2% de inversión sobre la facturación total, ya que lo que hacen es reproducir automáticamente nuevos productos y combinaciones llegadas desde sus casas matrices a precios más altos que los internacionales.
El país ha abandonado un recurso estratégico que es necesario recuperar. El medicamento es soberanía porque permite, sin los sistemas extorsivos del llamado “mercado” -que en Salud no debe existir-, planificar los sistemas de apuntalamiento de la salud junto al tratamiento de la enfermedad.
Desgraciadamente el neoliberalismo instaló en nuestro país desde 1976 la idea del “gasto” en salud, en lugar de “inversión”, lo cual permitió que los contadores manejasen los sistemas de salud con criterio economicista antes que con prioridades médicas, llegando a manejar obras sociales sindicales en algunos casos en forma total, otras gerenciándolas y otras simplemente administrando los recursos, comprando al menor precio sin importar procedencia ni calidad técnica, ni viabilidad clínica.
Un párrafo final para dirigentes y funcionarios. Nadie puede hacerse el distraído a partir de un hecho de corrupción, combatirlo es una obligación lo mismo que denunciarlo; buscar visiones conspirativas es escapar a las responsabilidades que todos tenemos con nuestros compatriotas. Quien ejerce tareas de conducción en temas salud, además de evitar y denunciar los hechos corruptos, debe trabajar por el mejoramiento de la salud del universo que le toca conducir y eso no es sólo brindar asistencia médica: es planificación que apuntale la salud, es condiciones de vida, contención del núcleo familiar, amor, afecto y cariño que deben tener quienes están frente al beneficiario; saber que la salud no es una dádiva sino un derecho y mucho menos cuando el afiliado es el aportante al sistema, el sostenedor, es quien debe recibir, no rogar ni pedir lo que le corresponde.
El Estado debe apuntalar al sistema solidario que atiende al 43% de la población, para lo cual es necesario reformular el sistema de salud integralmente, aunando esfuerzos y colocando la salud pública como eje de control de todos los efectores de salud para garantizar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como forma de apuntalar el desarrollo de una sociedad más justa, más libre y más soberana, en un modelo social solidario que aún nos debemos.
* Jorge Rachid es médico especialista en seguridad social
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