Kicillof solicitó informes sobre el estado del programa PROG.R.ES.AR

«Como es de público conocimiento, en los últimos meses nos hemos anoticiado de que miles de jóvenes titulares del derecho PROG.R.ES.AR no han recibido el ingreso mensual correspondiente. Muy por el contrario, se han enterado abruptamente que fueron dados de baja del programa, sin motivo aparente. La Anses, el organismo que instrumenta la liquidación de los pagos de PROG.R.ES.AR ha dado explicaciones parciales e informales que no agotan las dudas y preocupaciones de los jóvenes. Observando con preocupación y teniendo en cuenta lo que el gobierno actual ha hecho con otros programas que apuntaban a la inclusión social, requerimos que se nos informe urgentemente cuál es el estado actual de PROG.R.ES.AR y sus futuros cursos de acción.
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina fue creado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el decreto 84/2014, el 23 de enero de 2014. El objetivo del programa era extender el derecho a estudiar y a armar un proyecto de vida propio, a todos los jóvenes del país, sin importar en qué hogar nacieron o cuales son las posibilidades económicas de sus familias. Esto, siendo conscientes de que muchos jóvenes en el país terminan excluidos del sistema educativo secundario, terciario o universitario por no tener los recursos necesarios para afrontar los estudios, por estar forzados a trabajar a temprana edad y/o tener responsabilidades de cuidado de niños, hermanos y adultos. Estos jóvenes son usualmente estigmatizados por los medios de comunicación como jóvenes “NINI” (ni estudian ni trabajan), como si su situación de exclusión fuera una elección personal. Muy lejos de este diagnóstico, la gran mayoría de estos jóvenes se encuentra trabajando de manera informal o realizando trabajos de cuidado no remunerados la mayor parte del día.
Entendiendo que es también una responsabilidad del Estado incluirlos es que PROG.R.ES.AR otorga una prestación mensual de $900 ($720 por mes y $180 en forma retroactiva) para apoyar los estudios de los jóvenes de entre 18 y 24 años que tengan o pertenezcan a una familia con ingresos inferiores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Los beneficiarios están obligados a informar sus estudios a ANSES dos veces al año. Esta presentación es condición necesaria tanto para cobrar la retroactividad del 20% no percibido como para mantenerse en alta en el derecho.
La implementación del PROG.R.ES.AR tuvo un fuerte impacto en las comunidades educativas reincorporando a jóvenes a todos los niveles. Más del 30% de los beneficiarios utilizaron el PROGRESAR para finalizar el secundario, 2% el primario, 13% para iniciar o continuar estudios terciarios y 28% universitarios. Por último, otro 27% de los jóvenes utilizaba el PROG.R.ES.AR para talleres y cursos de formación profesional. Cumplidos 2 años de vigencia del programa, 900.000 jóvenes de todo el país recibían esta prestación que articulaba a su vez con otras políticas educativas inclusivas como el Plan Fines y la creación de más de 10 nuevas universidades nacionales. Ambas iniciativas compartían la perspectiva de que el Estado tiene que buscar las formas de acercar la educación a todas partes y no al revés, entendiendo que estudiar es más difícil en situaciones de vulnerabilidad.
El Estado tiene que buscar las formas de acercar la educación a todas partes y no al revés, entendiendo que estudiar es más difícil en situaciones de vulnerabilidad.
En lo que va de 2016, PROG.R.ES.AR. ha sido noticia por al menos dos motivos. En primer lugar, en los primeros días de marzo, el nuevo gobierno nacional despidió a los 99 trabajadores que se encargaban de acompañar a los jóvenes en el PROG.R.ES.AR. Eran los encargados de coordinar acciones territoriales, de buscar potenciales titulares, de asesorar e informar a los jóvenes de la oferta educativa local y de los trámites necesarios. En otras palabras, esta Red hacia que el programa no se tratara simplemente de una transferencia de ingresos sino de un trabajo profundo para que cada joven pueda armar su proyecto de vida. Actualmente nos preguntamos quien se está encargando de hacer el trabajo que hacían los hoy despedidos o si simplemente esta tarea dejó de ser prioritaria para el Estado Nacional.
En segundo lugar, desde inicios de junio de 2016 jóvenes de San Salvador de Jujuy, La Plata, Lanús, Córdoba Capital y otras localidades están denunciando que fueron dados de baja del PROG.R.ES.AR. injustamente. Que habiendo cursado, aprobado materias, y presentado las certificaciones correspondientes, no recibieron el pago habitual del que tanto dependen. Estos jóvenes empoderados se organizaron rápidamente para hacer conocer su situación y la falta de respuesta por parte de ANSES. En los últimos días el Poder Ejecutivo difundió un mensaje informal diciendo que en los próximos meses se solucionarían las bajas erróneas, que las bajas ocurrieron porque la ANSES no recibió a tiempo la certificación de los estudios universitarios y terciarios.
Entendemos que el Estado no puede dar este tipo de respuesta a los jóvenes por dos motivos. Por un lado, lo que para el Estado es un mes de prueba y error en los pagos, para un joven puede significar un mes de abandono, sin retorno a los estudios. Ante una situación de vulnerabilidad en el hogar, las posibilidades de planificación y de reacción frente a la falta de ingresos son mucho menores a las de un hogar de medios o altos ingresos. Y una vez que un joven interrumpe sus estudios, el retorno no depende exclusivamente de volver a percibir el ingreso sino también de volver a derribar las barreras sociales que muchas veces lo separan.
Por otro lado, el argumento de la falta de información como motivo del error resulta por lo menos vergonzoso. Por un lado, nos consta que en los primeros 2 años del Programa las universidades migraban directamente los datos de los alumnos beneficiarios de PROG.R.ES.AR al Ministerio de Educación y/o a Anses. Si actualmente existe descoordinación entre los organismos, no pueden los jóvenes los que paguen el costo. Además, si la información falta, no puede asumirse que entonces los jóvenes dejaron de estudiar. Debería no haberse tomado la decisión de dar altas o bajas hasta no saber quién continuaba sus estudios y quien no. No extraña además que al cerrar la red territorial, los organismos que instrumentan el programa a nivel nacional hayan perdido el termómetro de lo que ocurre con los beneficiarios y no hayan podido detectar estos problemas antes de que afecte a tanta gente. Es por ello que solicitamos conocer los números de altas, bajas y sus motivos durante 2016.
Las malas noticias sobre el funcionamiento del PROG.R.ES.AR. preocupan particularmente en un contexto donde se vuelve a hablar de los jóvenes como si fueran los responsables de su propia exclusión.
Donde se vuelve a hablar de empleo joven como excusa para flexibilizar derechos laborales. Donde se vuelve a escuchar que el desempleo juvenil aumenta por la inexperiencia de los jóvenes y su poca “empleabilidad” y no por las políticas que el Estado está instrumentando sobre la economía, con un efecto directo en el desempleo general (y juvenil en particular). Un contexto donde el Estado vuelve a poner a los jóvenes en trabajos poco formativos, como la atención en cadenas extranjeras de comida rápida, abaratando los costos para firmas que claramente no tienen problemas de solvencia y no aportan al desarrollo de nuestro país. En lugar de eso, solicitamos que el Estado concentre fuerzas en el PROG.R.ES.AR, un programa crucial para el desarrollo económico y social de la Argentina.»