Ley de humedales para la Ciudad
La iniciativa plantea su protección, conservación y restauración ecológica.
La legisladora porteña María Rosa Muiños (FpV) presentó un proyecto de Ley para proteger humedales dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca, entre otras cosas, limitar desarrollos urbanos y prevenir inundaciones.
“En la Ciudad hay diversos humedales, que presentan un alto grado de intervención debido al aumento de niveles de urbanización, que contribuyen a su degradación constante. Por eso, el objetivo de esta iniciativa es establecer la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de extensiones de pantanos y superficies cubiertas de aguas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”, argumentó la diputada en fundamentos de la iniciativa.
Además, Muiños enumeró servicios que estos reservorios brindan a la sociedad, entre los que pueden mencionarse “amortiguación de inundaciones, estabilización climática, provisión de agua y hábitats, control de erosión costera, valores culturales, recreación y turismo, entre otras”.
Entre los humedales de la Ciudad, el expediente menciona “los asociados a la cuenca del Riachuelo, costa del río de la Plata, y diversos humedales creados por el hombre como Reservas Ecológicas de la Costanera Sur y Ciudad Universitaria, Riachuelo y márgenes; lagos de Palermo, Parque Norte, Parque de la Ciudad, Parque Centenario, Lugano y Soldati; laguna de Agronomía; y reservorio de Parque Sarmiento”.
La ley de humedales prevé la confección de un inventario que deberá actualizarse con periodicidad no mayor de cinco años, que pueda verificar cambios en superficies y características ecológicas de los mismos, estado de avance o retroceso y factores relevantes para su protección.
Finalmente, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que reglamentará las actividades y modos de ocupación de áreas pertinentes; limitar desarrollos urbanos, industriales y vuelcos de desechos; llevar adelante la evaluación de impacto ambiental sobre obras de infraestructura y actividades humanas que afecten su integridad ecológica; y garantizar instancias de participación ciudadana según lo establecido en la ley N°1.777 (Ley de Comunas).