Ángela Ester Ledesma es una de las magistradas de mayor prestigio dentro del Poder Judicial. Cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UBA y, además de ejercer la presidencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, es titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Católica de Santiago del Estero, y la Universidad de Belgrano. Además, es profesora regular de la UBA, profesora titular de Derecho Procesal Penal en la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Belgrano, y de la Universidad del Museo Social Argentino. Dicta permanentemente cursos de posgrado nacionales e internacionales, y participa como jurado en concursos de designaciones universitarias y judiciales.
Pero en esta oportunidad, quiso hablar con NCN de la realidad del ámbito que más conoce. Y no se guardó nada.

Se habla permanentemente de que las instituciones del país están en crisis. ¿En qué medida lo sufre la Justicia?
La crisis institucional forma parte de un momento que tiene que ver con la dinámica del tiempo. La vertiginosidad de los cambios produce fricciones porque resulta difícil una adaptación inmediata. A esto se suman también nuevas experiencias en nuestro país, ya que sólo han transcurrido 25 años desde la recuperación de la democracia, y la gente al reconocer sus derechos ha hecho que aumente el nivel de participación ciudadana, con una mayor litigiosidad, y por ende, de la actividad de la Justicia. Todo esto golpea fuerte a la Justicia, que está prácticamente organizada como en la Edad Media. Tiene una organización antigua, totalmente vetusta, que no ha terminado de adaptarse a nuestros tiempos. Y esto es terrible. Se ve fundamentalmente en materia federal, en el proceso penal.

¿En qué se nota este atraso?
Esto da lugar a muchas cosas. Hay demoras porque el sistema no puede dar respuestas a la cantidad de casos que se presentan; y otras que se aprovechan de esta problemática, y se escudan en ella porque, si le sirve a alguien se mantiene la estructura. Hay grandes intereses en la no reforma. Hemos hecho muchos proyectos de reforma del proceso penal, y estos no avanzan porque hay muchos sectores que se benefician con esta falta de avance.
Uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de condena en los casos de corrupción. Todos los delitos de corrupción que me llegan a este escritorio terminan prescriptos. Porque llevan hasta 20 años de trámite sin siquiera llegar a juicio. Con ese tiempo no hay posibilidad de llegar a un fin saludable. Hoy hay que transparentar los actos de gobierno, y la Justicia también gobierna a través de sus decisiones. El juicio público es un acto de gobierno; la sentencia es un acto de gobierno, y se tienen que transparentar. Sin embargo aún tenemos el problema de que los Tribunales no tienen una agenda. Y cuando tienen una agenda, no es pública; los periodistas no tienen acceso, tampoco el ciudadano común.

¿Por qué no se enfrenta esta situación?
Detrás de todo esto hay una cultura que venimos heredando desde la época de la colonia, y no podemos enfrentarnos porque no queremos. Se conocen, hay diagnósticos muy serios acerca de los males del Poder Judicial, hay importantes propuestas para superarlos, pero hay poca voluntad política de producir estos cambios. Tengo que reconocer, en este marco, el rol importante que está cumpliendo la Corte Suprema de Justicia con las políticas públicas que viene marcando, y la impronta que le ha dado el doctor Ricardo Lorenzetti en términos de comunicación, capacitación, informatización y digitalización del Poder Judicial.
Hay que modificar en algunos sectores de la Justicia el concepto del saber propio y exclusivo. Todavía existen algunos jueces que tienen esta mentalidad. Yo apuesto a las generaciones jóvenes; a una mayor dinámica del Consejo de la Magistratura, que a pesar de sus errores, ha permitido a oxigenar un poco la Justicia.

Otra situación que se estableció en el debate diario es la influencia que ejerce el poder político sobre la Justicia. ¿Cómo viven ustedes esta problemática?
A veces uno siente una gran desazón cuando escucha algunas declaraciones de políticos, que ocupan altos cargos de gobierno, desconociendo que el Poder Judicial es eso, es un poder. Pero también tenemos que tener conciencia de los alcances de ese poder y de la necesidad de fortalecerlo. Esta Corte está haciendo mucho para construir esa fortaleza, no siempre comprendida y acompañada por los tribunales inferiores. En los casos macro, por ejemplo el caso Mendoza, que es el del Riachuelo, o el de los jubilados, la Corte ha hecho todo lo que debía hacer, y ahora este problema se ha trasladado a otro ámbito. Yo creo que en algún momento habrá que tomar medidas drásticas, pero para eso necesitamos también que las otras instituciones funcionen bien. Otra cuestión pasa por lograr que la ciudadanía crea más en la Justicia, entonces con ese apoyo, a las otras instituciones se les haga más difícil no cumplir con las decisiones de la Justicia. Estos problemas son de todos.

¿Cómo se consigue eso, cuando existen hechos de corrupción que no tienen resolución a través de los jueces?
Voy a hablar de lo que yo siento cuando tengo que declarar la prescripción de grandes causas, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Uno lo que siente es una gran impotencia. Porque pareciera que las cosas se resuelven, se cocinan al principio, en una etapa anterior. Y contrariamente a lo que la gente pueda creer, que cuando uno está en un tribunal jerárquicamente más alto tiene más posibilidades, es a la inversa.
El poder sigue estando en las policías. Siguen teniendo la investigación, siguen manejando las escuchas telefónicas, siguen manejando qué le van a entregar a los jueces. Además, sigue existiendo la cultura del miedo. Cuando uno quiere investigar algo, frente a alguna irregularidad interna, la primera reacción es la de pararse por el temor de hasta dónde se puede llegar. Y ese temor a veces tiene que ver con que ha habido muchos favores recibidos. Entonces tenemos que terminar con esa cosa de llegar por favores, y tener alguna condición o mérito para estar donde estamos. Por eso es tan importante la designación de los jueces.

¿Qué más se puede hacer contra la corrupción?
Poner en funcionamiento un sistema de investigación eficiente y eficaz. Para esto necesitamos que la investigación no esté a cargo de los jueces, sino que esté a cargo de los fiscales, y en su caso, según los delitos, que quienes hagan su propio aporte sean los particulares, y que los jueces vengan a controlar esta actividad. Pero para eso hace falta una policía judicial, que dependa, como sucede en otros países del mundo, de los fiscales y no del Poder Ejecutivo. El ministerio público fiscal debe ser fuerte e independiente. Aquí juega también un papel fundamental el Congreso. No solamente en la designación del Procurador General, sino cuando anualmente se recibe la rendición de cuenta de lo que se ha realizado. Creo que debemos empujar todos para lograr el cambio. Yo me siento tan impotente cómo ustedes, cómo el ciudadano de la calle frente a la corrupción que no se investiga, frente a todo aquello que es impune.

Frente a lo que usted plantea. ¿Urge una renovación de jueces, ya sea por ineficacia o por sus sospechadas connivencias con el poder político?
Totalmente. Ciertos lugares son clave, y han sido clave para algunos gobiernos. Y por eso la ciudadanía tiene que estar muy atenta cuando se elevan ternas para determinados cargos. El Senado tiene que estar muy atento para analizar cada uno de los pliegos que se eleven, para evitar que determinados profesionales puedan llegar. Este sigue siendo un problema cultural serio. Lamentablemente esta cosa de querer influir en el juez, que ya la marcaba el Martín Fierro, es algo que está muy metido en nosotros. Hay que producir debates públicos muy fuerte sobre estas cuestiones. Yo tengo confianza de que se puede lograr, sino me tendría que ir a mi casa.

¿Considera que la participación de la política en la designación de los jueces es la adecuada, o se debe priorizar la capacidad, los méritos y la honorabilidad de cada postulante?
Para mí lo importante es la capacidad. Y hay que hacer, de alguna manera, una radiografía de la vida de la persona. Nos ha pasado que puede estar tremendamente capacitada, pero desviada en su conducta. A mí también me gustaría que el Consejo de la Magistratura estuviera integrado por el ciudadano común, como es el caso de Chubut. Esto llevaría sensatez a muchos lugares y a muchos momentos del procedimiento. Si lográramos el juicio por jurado en la República Argentina muchas cosas cambiarían en materia penal, porque crearíamos el puente indispensable entre la ciudadanía y la Justicia, y estaría mucho más controlada. Sería mucho más difícil que pase el tiempo, como pasa con los casos de corrupción, sin respuestas o sin soluciones. Con más canales de control, tenemos menos riesgos de errores. Para esto hacen falta políticas de Estado, programar.

Juan C. Fernández
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