La primera manifestación de Nilda Garré -y la única hasta el momento- fue a través de su cuenta de “Twitter”: “No admitimos el  espionaje y, si llegara a haberlo, seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión”, escribió la funcionaria refiriéndose al tema en contacto con sus seguidores.

Garré no explicó, sin embargo, cómo es posible que una repartición que está bajo sus órdenes admita ante la Justicia que realiza una tarea ilegal sin que la Justicia la sancione y sin que el ministerio de Seguridad se haya dado por enterado.

Paralelamente al “twiteo” de la ministra, un grupo de diputados radicales presentó ante la Cámara baja un pedido de interpelación a la ministra, para que explique todo lo que sabe del polémico y ahora famoso “Proyecto X” (en la jerga de los espías, suele denominarse “X” a los agentes dobles, esto es aquellos que están infiltrados en una organización, ya sea política, social o delictiva).

El caso se destapó luego de saberse que Gendarmería admitió ante la Justicia (ante un pedido del juez federal Norberto Oyarbide), que tiene una base de datos con el nombre de Proyecto X que es utilizada ante protestas sociales. Y que fue calificada por referentes de organizaciones sociales y dirigentes de la oposición como una herramienta para realizar “espionaje interno”, actividad expresamente prohibida por la ley de Inteligencia.

El pedido de los diputados opositores tiene carácter de “urgente” por lo cual, supuestamente y de prosperar, Nilda Garré debiera presentarse a la brevedad ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja.

Los legisladores que presentaron el pedido advirtieron también que el así llamado “Proyecto X” de Gendarmería Nacional  no es otra cosa que “una base de Inteligencia Criminal”.

 Y aún cuando coincidieron en que es necesario contar con bases de inteligencia para combatir el narcotráfico y la delincuencia, los diputados señalaron que “no se puede utilizar esto como una máquina de espiar o clasificar a organizaciones políticas o sociales”.