De acuerdo con un comunicado firmado por Juan Cabandié, Dante Gullo, Gabriela Alegre, Tito Nenna, María Rachid y María José Lubertino, entre otros,  "siete de las leyes que Macri vetó, se encontraban promulgadas de hecho, ya que los plazos que establece el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad para vetar, estaban vencidos".

Ese artículo sostiene que una vez que recibe un proyecto sancionado por la Legislatura, el Jefe de Gobierno tiene diez días hábiles para vetarlo. Vencido dicho plazo, el proyecto de ley se considera promulgado.

En los siete casos, los proyectos fueron ingresados al Poder Ejecutivo el 2 de enero de 2012 y fueron vetados el 17 de enero, es decir, once días después de recibidos.

Los legisladores afirman que "como consecuencia del incumplimiento de los plazos constitucionales, las normas que fueron aprobadas por la Legislatura están vigentes y los decretos de vetos podrían ser declarados nulos".

En ese sentido, el presidente del Frente para la Victoria porteño, Juan Cabandié, dijo: "Con cada veto Macri demuestra el desprecio que tiene hacia el Poder Legislativo y el completo desconocimiento acerca de sus funciones y competencias. Lo cual, en cualquier momento, podría hacerlo querer vetar hasta la propia Constitución de la Ciudad"

También Gabriela Alegre sostuvo que "en la avalancha de vetos de este verano, Macri se equivocó no sólo desde el punto de vista político, sino también desde lo formal al desconocer los plazos constitucionales".  Por último agregó: "la liviandad con la que ejerce la atribución de vetar las leyes sancionadas por la Legislatura demuestra el desprecio del Jefe de Gobierno hacia la institucionalidad democrática".

Por eso, las leyes que estarían vetadas fuera de término son la de la regulación de la actividad de cuidacoches (4113), el subsidio a Teatro por la Identidad (4098), la  afectación de un inmueble del Gobierno de la Ciudad para destinarla a vivienda social (4123), la afectación de otro inmueble para construir la sede del CESAC 1 (4124), la modificación a la ley que instaura el Sistema Arbitral de Consumo (4125), la creación de un mecanismo de autoexclusión de ingreso a las salas de juego y apuestas (4085), y el permiso de uso de un inmueble al Club Atlético Parque de los Patricios (4105).