¿Pagar es reparar?

2010-05-24 13:41
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Mientras el Congreso discute cuánto dinero entregará a las víctimas del atentado contra la mutual judía y de la represión de diciembre de 2001, los familiares, algunos diputados y especialistas en derechos humanos sostienen que la verdadera reparación histórica no es el dinero, sino la justicia.

¿Cuánto tarda el Estado en “reparar históricamente” a las víctimas de un crimen cometido por él mismo o porque no funcionaron sus mecanismos de control o defensa? Y en todo caso, ¿una indemnización económica es una reparación? ¿Cómo se le pone el precio a una vida?

Ese es el dilema que se suscita cuando de indemnizar a las víctimas se trata. Esas son las preguntas que guían el debate sobre dos cuentas pendientes que tiene la Argentina y que, con suerte, empezarán a saldarse cerca de fin de mes cuando el Congreso pueda pronunciarse. Una de esas cuentas es una herida que se abrió la mañana del 18 de julio de 1994 en el barrio de Once cuando un coche bomba barrió con el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y, con él, con la vida de 85 personas. Eso sin contar aquellos que quedaron con una discapacidad o trastornos psicológicos, y los familiares de los muertos para quienes la vida nunca volverá a ser igual.

La otra, más cercana en el tiempo, son los 33 muertos (o 37 según se tengan o no en cuenta a quienes murieron por las consecuencias tardías de las balas) de la represión del 19 y 20 de diciembre a lo largo y ancho del país.

Hace unas semanas la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que permitirá avanzar en la entrega de una indemnización para las víctimas y sus deudos. El proyecto por las víctimas del año 2001 fue presentado por el diputado Remo Carlotto, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos.

En cambio, el que busca reparar a las víctimas de la AMIA ya cuenta con media sanción del Senado desde el año pasado y responde a un acuerdo firmado entre el Gobierno y la Comisión Interamericana de DD.HH. en marzo del 2005. Los tiempos parlamentarios impidieron que pudiera tratarse antes, por eso el debate quedó pendiente para este año. No obstante, si Diputados aprueba el proyecto volverá al Senado debido a que en su función de Cámara revisora hizo una modificación fundamental sobre el monto de la indemnización.

Por unanimidad la Cámara alta había contemplado el pago de $ 400.000 por cada muerto. La cifra se había fijado en “el equivalente a cien veces la remuneración mensual de los agentes del Nivel A, Grado 0 del escalafón para el personal civil de la Administración pública nacional”. Dicha cifra se calcula en $ 3.900. De acuerdo con el proyecto original, quienes sufrieron lesiones gravísimas recibirían el 70% de esa cifra y los parientes de éstos, un 60%.
No obstante, en la Cámara de Diputados consideran que “un muerto de la AMIA no vale más que un muerto del terrorismo de Estado”. Es que la indemnización estimada por el Senado era superior a la que se pagó por las víctimas del genocidio.

Y ese es el punto que divide las aguas en la comisión. Algunos como el FpV, representado por Juliana Di Tullio y Remo Carlotto, y Libres del Sur, con la voz cantante de la presidenta de la comisión Victoria Donda, consideran que como legisladores no son quienes para decir que el fallecido en una circunstancia determinada vale más que el fallecido en otra. Por eso proponen que cada vez que el Estado tenga que otorgar una reparación económica por su acción u omisión contra los ciudadanos, ésta debe ser igual para todos los casos, así sea un caso de gatillo fácil, una víctima del plan sistemático de Jorge Rafael Videla o una persona muerta como consecuencia de un acto terrorista.

Elisa Carca, de la CC, representa la postura contraria. “No podemos igualar delitos de genocidio y desaparición forzada con represión y atentado. Por eso nunca estaremos de acuerdo en el monto”, opina. Lo mismo piensa María Luisa Storani, del radicalismo.

El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Juan Manuel Combi sostiene que los montos nunca podrán ser iguales por los distintos momentos históricos que se viven en materia de inflación. Además señala que “sin perjuicio de ello hay otro tipo de cuestión para tratar independientemente que es que son dos tipos de reparaciones diferentes. Una cosa es una desaparición por un ser que no está. Al mismo tiempo que se hace una reparación por la presunción de muerte de esa persona, se tiene que tener en cuenta que hay una búsqueda incesante del cuerpo que no se va a resolver, es la cuestión del desaparecido. En el caso de la AMIA y los hechos del 2001 el cuerpo está. La historia, mal, pero está cerrada”.

Carlotto, por su parte, cree que “es un tema engorroso porque nadie le pone precio a la vida de una persona. En el caso de la AMIA el problema se suscitó porque el Senado propuso un monto más alto que el de la desaparición forzada. La determinación correcta es que frente a la responsabilidad del Estado por la muerte de una persona, por acción u omisión, el Estado tiene que reparar de la misma manera”. Y añade: “De ninguna manera queremos decir que es lo mismo. Lo que decimos es que el Estado argentino es responsable en todos los casos y que una vida no vale más que otra según las circunstancias de su muerte”.

“En término de indemnizaciones uno no puede categorizar a la gente y decir: bueno, un desaparecido es tanto valor, una víctima de la AMIA tanto. Resulta ofensivo para una persona que perdió a un ser querido, y esto lo digo como víctima del accionar represivo del Estado. Debemos diferenciar lo que significa el acto de reparación de lo que es la caracterización política de la gravedad de los delitos que se cometieron”, dice.

Quiénes recibirían el beneficio

El proyecto establece que las indemnizaciones serán cobradas por los herederos de los fallecidos y aquellos que hayan sufrido lesiones graves o gravísimas. Pero otro de los temas de debate que salió a la luz en la comisión es qué se considera una lesión grave o gravísima.

“Una preocupación es acreditar la gravedad de las víctimas. Porque no es lo mismo una piedra en la cabeza, una muerte o una depresión por un año. Tenemos que ver cuál va a ser el presupuesto porque si no, no atravesará la comisión”, plantea la radical María Luisa Storani.

Carlotto, en tanto, explica que “en los dos proyectos se plantea una misma metodología para la toma de pruebas. Va a haber una autoridad de aplicación y un mecanismo en el que se pueden aportar fílmicos, juicios en curso. Va a existir una comisión examinadora que da curso o rechaza; así fue en el caso de las víctimas de desaparición forzada”.

En el caso de la indemnización por las víctimas de diciembre del 2001 el monto estipulado por muerte es de 100 veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8 del sistema nacional de la profesión administrativa. En el caso de lesiones gravísimas, el monto es de 30 veces la remuneración; y en el de lesiones graves, de 20.

Según establecen ambos proyectos el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de las dos leyes.

¿Reparación o indemnización?

La CC y la UCR plantean sacar de los títulos de los proyectos la fórmula “reparación histórica” y cambiarla por beneficio y resarcimiento económico. Es que, como plantea Storani, una reparación histórica va más allá de la entrega de dinero.

Diana Malamud, la cara más visible de Memoria Activa, perdió a su esposo Andrés en el atentado contra la AMIA. La posibilidad de un resarcimiento económico no es, evidentemente, su mayor desvelo dado que se enteró de que el Congreso debate por estos días las indemnizaciones gracias al llamado de NCN. También algunos familiares de las víctimas de la represión del 2001 se enteraron de la misma manera y prefirieron no opinar.

Para Adriana Reisfeld, hermana de una víctima de la AMIA, “lo que menos importa es la plata. A esta altura ya creo que ni esperamos justicia, esperamos la verdad”.

¿Reparación es lo mismo que resarcimiento económico? “Por supuesto que no -contesta Malamud- El dolor de una pérdida no se puede resarcir. La gran reparación que debe estar en condiciones de llevar adelante el Estado es hacer justicia y atrapar a los culpables. Para los familiares de las víctimas es la única reparación posible”.

Lo mismo opina Combi. “Hay una irreparabilidad porque la víctima va a seguir siendo víctima de por vida y el Estado no va a responder hasta tanto no haya condenas efectivas para las personas que han ocasionado el daño, los verdaderos culpables y no los últimos orejones del tarro como tenemos actualmente”.

El abogado de APDH entiende que un modo de reparación sería que “el Poder Legislativo le pida al Ejecutivo algunas garantías fundamentales como que la policía no use más balas de plomo como sucedió en diciembre de 2001, y que no porten junto a su arma reglamentaria una personal”. En el caso de la AMIA, dice, la reparación sería la “preocupación por la seguridad interna y todo lo que hace al tema de las escuchas ilegales por parte de funcionarios públicos”.

Según Combi, “estas cuestiones de montos dilatan la asunción por parte del Estado de una responsabilidad que le incumbe y que se tape la verdadera problemática: que son los agentes del Estado los que generaron estas situaciones. No hay monto que pueda pagar una muerte, no hay monto que pueda pagar un desaparecido. Por eso es dilatar la cuestión de fondo. La policía sigue actuando con las mismas armas que actúo el 19 y 20 de diciembre. ¿Salió alguna ley para evitar que usen balas de plomo? Ninguna. Ahí está la reparación”.

Carlotto plantea también que “no es lo mismo reparar que indemnizar. El término reparación, también, significa una sanción al Estado. Cuando se repara se piensa en un acto que sí tiene un carácter económico, pero también es un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado”.

Sobre la posibilidad de tratar leyes para evitar que la policía reprima con balas de plomo, Carlotto explica que ya existen protocolos sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, aunque no descarta la posibilidad de un proyecto que lo clarifique aún más.

Pasaron casi 16 años de una tragedia y 9 de la otra, y los familiares de las víctimas siguen clamando la justicia que, para ellos, es más reparadora que una ley otorgando una indemnización. Como sea, ningún monto de dinero que se les entregue a los familiares o a quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de la bomba o de la represión podrá reparar el dolor de los que ya no están ni devolver todo lo perdido.

Comentarios

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