Pitrola: El objetivo del proyecto para limitar los piquetes es «garantizar el ajuste con represión»
El diputado nacional Néstor Pitrola (FIT – Buenos Aires) estimó que, a partir del proyecto de ley para regular los piquetes presentado ayer, el gobierno «sería el encargado de legitimar o ilegitimar, 48 horas antes, las manifestaciones en su contra”.
En ese sentido, subrayó que la iniciativa del diputado Carlos Kunkel «expresa el divorcio definitivo del kichnerismo y de todos los partidos que lo apoyan –Giustozzi y Mestre anunciaron iniciativas similares-, con el movimiento popular”. Y agregó que el objetivo de la propuesta es «tratar de garantizar el ajuste con represión, es un proyecto por cuenta y orden del FMI”.
Por último, el referente del Partido Obrero ejemplificó: “Imaginemos que el 15 de octubre de 1945 hubiera que haberle pedido permiso a Edelmiro Farrell para hacer la manifestación por la libertad de Perón que acababa de ser encarcelado, o que hubiéramos tenido que pedir permiso con dos días de anticipación para el cacerolazo que cambió la historia nacional el 19 de diciembre de 2001, contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo”.
El diputado nacional Carlos Kunkel (FPV – Buenos Aires) presentó ayer una iniciativa que generó polémica. La propuesta, que lleva el nombre de «Ley de Convivencia en manifestaciones públicas», establece la intervención policial en reclamos masivos y la limitación de los mismos si interfirieran con los servicios públicos que considera esenciales: salud, educación, y seguridad pública.
El proyecto del FPV también estipula la creación de una autoridad de aplicación que se inscribiría en la órbita del Ministerio de Seguridad. Ante ella, el «piquete» debe ser anticipado 48 horas antes de su movilización, especificando horario, lugar, motivo y designando un delegado, que mediará entre los manifestantes y el PEN.
Si la manifestación es catalogada como «ilegítima», si no cumple los requisitos de no cortar calles, afectar a servicios esenciales o no dar previo aviso, las fuerzas de seguridad pueden «dispersar» la misma. Los mediadores civiles tendrán dos horas de plazo, si no se solucionara el corte, la Policía, Gendarmería o fuerza designada podrá correr a los manifestantes.