POSADAS – El PAyS repudia y pide suspensión de resolución que ordena destruir archivos de la dictadura militar
El Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, a través de un Proyecto de Declaración, presentado a la Legislatura Provincial, repudia enérgicamente la Resolución N° 1496 del 29 de diciembre del 2016, de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, donde se indica que procederá a la destrucción de los expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006, simbólicamente, el 23 de marzo, en vísperas de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe cívico eclesiástico militar.
Entre los fundamentos, el diputado Martín Sereno, autor del Proyecto, acompañado por su par, Héctor Bárbaro, destaca el repudio del Bloque a esa decisión, teniendo en cuenta que la destrucción de estos archivos sin duda dificultaría cualquier investigación judicial que quiera obtener datos sobre el accionar de persecución laboral, apropiación de bienes y otras prácticas denunciadas por las víctimas de la dictadura militar.
«Es nuestro deber velar por los archivos y documentos de los expedientes dispuestos a quemar en la resolución que repudiamos, teniendo en cuenta el valor histórico que tiene para las personas que habitamos la Argentina. Además, como legisladores y ciudadanos, debemos velar por estos documentos. En relación a ello recordamos que los crímenes de Lesa Humanidad no tienen proscripción alguna, y que éstos documentos tienen representación de imprescriptibilidad y no pierden su vigencia, ya que son archivos que pueden ser utilizados en futuros procesos», indica Sereno.
Fuente primordial de información
El legislador enfatizó que esos archivos son de vital importancia para futuros procesos judiciales; además del marco histórico que abarca, teniendo una repercusión muy grande a nivel mundial, «por ser ejemplo en muchos lugares del mundo en materia de Derechos Humanos, justamente por el recorrido histórico y las victorias que logramos; A la fecha ya se recuperaron 121 nietos expropiados, y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, estima que son unos 500 los niños que desaparecieron en esas circunstancias y cuya identidad fue sustraída».
Los documentos para la investigación judicial en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, contienen archivos y documentos que brindan información sobre ello, conteniendo diversos orígenes y naturaleza.
Considerando que la represión (legal y paralegal) estuvo en manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado, los archivos producidos por esas fuerzas represivas deberían ser la fuente primordial de información.
Sin embargo, la mayor parte de los documentos que pueden dar cuenta de esas acciones fueron presuntamente destruidos o hallados hasta el momento (en 1983 la dictadura expide el Decreto 2726/83 que disponía la destrucción de los documentos referidos a lo que en el lenguaje castrense se denominaba “lucha contra la subversión”).
Vinculación y articulación permanente
El Proyecto destaca que «a pesar de todo, la documentación burocrático administrativa de las Fuerzas de Seguridad conservada en los archivos militares y policiales contribuyeron a echar luz sobre algunas acciones, jerarquías, funciones y responsabilidades de quienes perpetraron la represión, ofreciendo indicios sobre estructuras, recursos, cadenas de mando, etc. Por otra parte, los archivos de las organizaciones de derechos humanos dan cuenta de las denuncias de víctimas, las primeras presentaciones de Hábeas Corpus y otras acciones judiciales, relatos de lugares y testigos, produciendo en general reconstrucciones bastante certeras del esquema represivo».
Finalmente, pero tan importante como lo anterior, dado el tiempo transcurrido desde los hechos investigados y el proceso judicial atravesado por nuestro país desde la Justicia militar, pasando por el Juicio a las Juntas, y los Juicios por la Verdad, hasta llegar al desarrollo de los juicios en la actualidad, gran cantidad de documentación se encuentra en los propios archivos judiciales y merece ser revalorada a la luz de los nuevos juicios. Para ello es necesario un vínculo y una articulación permanentes, no solamente con las Fiscalías, sino específicamente con los archivos que guardan los procesos como los que se pretende quemar según la Resolución Nº 1496.
«Por todas estas razones presentamos el Proyecto de Repudio, y solicitamos al Poder Ejecutivo de Misiones que se expida de manera inmediata para que se suspenda dicha resolución, teniendo en cuenta que los archivos de los expedientes que pretenden quemar, revisten a materiales efectuados durante la última dictadura militar, y sostenemos su carácter de imprescriptibilidad», remarcaron Sereno y Bárbaro.