Ley de humedales, recortada por los intereses de los gobiernos provinciales
Ayer se celebró el Día mundial de los Humedales con la consigna de «reducción de riesgos de catástrofe». En Argentina, entre diciembre y enero se registraron grandes inundaciones (exceso de agua) e incendios (agravados por la sequía) que constituyen los desastres ambientales más importantes del país. A nivel nacional, el Senado dio media sanción a una Ley de Humedales muy condicionada por los gobiernos provinciales. En la Provincia de Buenos Aires, afectada por ambos fenómenos, organizaciones exigen la revisión de la Ley de Bosques provincial en tanto estos se encuentran en estrecha relación con los humedales. En Córdoba se encuentra el sitio Ramsar más grande del país, pero con un nivel bajo de protección frente a desmontes.
El 2 de febrero de 1971 se adoptó la Convención de Ramsar sobre los Humedales. Por este motivo cada año se conmemora el Día Mundial de los Humedales para tener una oportunidad para hablar de la relevancia de estos ecosistemas en la agenda pública. Se trata de ambientes que funcionan como «esponjas» para la retención del exceso de lluvias y a su vez de liberación del agua en épocas de sequias. En tiempos de cambio climático y desbalance del regimen hídrico, su protección resulta fundamental para reducir riesgos de catástrofes como las grandes inundaciones. Y también de incendios de pastizales alimentados por la sequía.
Hace un año, de hecho, el Día Mundial de los Humedales resultó la fecha elegida por el gobierno nacional para prometer la sanción de una Ley de Humedales. Acompañado por el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, el Presidente Mauricio Macri expresó su compromiso con la cuestión, a pesar de que expresó que se había enterado incluso de su existencia «hace unos días». En aquel momento, dudábamos de tal anuncio en la medida que se conozca que una Ley que proteja los humedales iba a tocar intereses del agronegocio.
De hecho, la trayectoria del proyecto de Ley de Humedales fue complicada y no contó con un fuerte apoyo del gobierno nacional. En julio se lanzó el Inventario de Humedales, pero como una medida que parecía desplazar la atención sobre la necesidad de una Ley que restrinja el avance sobre estos ecosistemas. En el Senado de la Nación, el bloque oficialista a través de Alfredo De Angeli desde la Comisión de Agricultura hizo lo posible porque no haya Ley. El 31 de noviembre, finalmente se aprobó la media sanción, pero con una Ley recortada por los intereses de los gobiernos provinciales.
En un comunicado de ayer, la FARN expresó «en su día, humedales no tienen celebración». Sobre la Ley menciona que «los cambios introducidos en tablas implicaron algunos retrocesos en los niveles de protección originales; aun así el proyecto de norma resulta ser una herramienta importante». La directora adjunta, Ana Di Pangracio, evaluó lo ocurrido de cara al futuro próximo: “Las organizaciones de sociedad civil debemos dar lucha a un fuertísimo lobby del sector agropecuario e inmobiliario que apunta, de mínima, a que ésta sea lo más pobre y menos protectora posible, y de máxima, que no exista una ley de humedales”.
Entre diciembre y enero, la sucesión de grandes inundaciones e incendios en la región pampeana no hizo más que confirmar la necesidad de una política ambiental que contemple la protección y restauración de los humedales como forma de mitigación de estos eventos catastróficos. Aunque el Ministro Bergman se refirió a una situación «apocalíptica», lo cierto es que su gestión no impulsó lo suficiente la necesidad de contar con esta política de humedales, que en este punto debe articularse con la protección de bosques nativos.
Como difundió el periodista Darío Aranda, mientras los gobiernos echan culpas al «clima» (como si fuera ajeno a la intervención humana), la referencia más puntual es el cambio en el uso del suelo. Un informe de investigadores del INTA Marcos Juárez (Córdoba) le puso números a través de analizar qué capacidad de aborción tienen diferentes tipos de suelos frente a grandes lluvias. Mientras que en el monte nativo llega a 300 militros por hora, la pastura de la agricultura convencional procesa 100 milimetros y el campo de soja del agronegocio sólo 30 milímetros.
Desde Greenpeace Argentina, Hernán Giardini consideró: «Los últimos veranos fuimos testigos de la catástrofe de tener grandes inundaciones en el centro y norte del país. Esto no es casualidad ni un fenómeno natural, sino que es consecuencia de la ausencia de una política ambiental nacional que proteja a nuestra esponja natural, que son nuestros bosques y humedales, del avance de la soja, la ganadería intensiva y los desarrollos inmobiliarios». La necesidad de articular la protección de bosques y humedales en su interconexión ecológica se hace evidente para la región pampeana que más sufre las inundaciones por la fuerte presencia del modelo de agronegocios.
También en ocasión del Día de los Humedales, la Coordinadora por los bosques nativos de Buenos Aires se manifestará hoy a las 16 horas frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el fin de «defender los humedales y los bosques de la Provincia de Buenos Aires». El comunicado expresa que a nivel nacional el proyecto de Ley de Humedales «sigue una política de desprotección de estas áreas. Hay muchísima más superficie de humedales en Argentina que los declarados como sitios Ramsar».
A su vez, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aclara: «la mayoría de los humedales se encuentran en estrecha relación con los bosques ribereños y talares de barranca de la provincia, en las costas del Río Paraná y de La Plata, desde Ramallo hasta la Bahía de Samborombón, de manera que no se pueden proteger los humedales sin proteger los bosques». La Provincia fue la última del país en aprobar su Ley provincial de Bosques para adecuarse a los Presupuestos Mínimos planteados por la Ley nacional, sancionada en 2007.
Sin embargo, de manera similar a lo que ocurrió años atrás en Córdoba, las organizaciones critican el espíritu de la normativa. Expresaron que se trata de «una ley de carácter inconstitucional, regresiva», porque se encuentra por debajo de los requisitos mínimos establecidos por la Ley nacional. En el caso de Buenos Aires, afirmaron: «Esta ley se olvida de algunos bosques, y a otros, les asigna valores de conservación bajos, habilitando desmontes y obras en zonas importantes biológicamente y cercanas a poblados y ciudades. De esta manera, se convierte en una ley anti-boques al ser extremadamente permisiva y darle a los grupos empresarios poder sobre nuestros territorios».
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, la FARN evaluó que es necesaria la Ley nacional de Humedales, en función de dos casos fallidos de intento de protección por vía judicial ocurridos en julio de 2016. Por un lado, la construcción de dos countries, Venice y Remeros Beach, en Escobar. Y por otro lado una causa más amplia sobre las obras realizadas en la cuenca del Río Luján. Allí las inundaciones causaron la muerte de dos personas, según debe investigar la Justicia. Mientras tanto, el extractivismo avanza sobre humedales y bosques nativos, y en ese territorio se nutren las catástrofes ambientales del país.
Argentina cuenta con más de 600.000 km² de humedales, el 21,5% del territorio nacional, un área que aumenta al 23% si se consideran salinas y cuerpos de agua.
Fuente: Comambiental