El Senado de la Nación comenzó a discutir este viernes en comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos por el senador Oscar Parrilli, para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentin, luego de que el gobierno nacional anunciará su intervención.

El proyecto fue respaldado por el Frente de Todos y su aliado de Juntos Somos Río Negro, en tanto que la oposición decidió, nuevamente, retirarse de la discusión argumentando que se estaba avanzando sobre el Poder Judicial y que la intervención era una maniobra de distracción para “ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad”.

El expediente parlamentario fue presentado por el senador oficialista por Neuquén, Oscar Parrilli, y dispone que la Bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

La Comisión también deberá echar luz sobre “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

Asimismo, se deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

“Nosotros pretendemos investigar las posibles irregularidades, los controles del Banco Nación y si fueron conscientes de que estaban ante una maniobra lesiva a los intereses no sólo del banco sino de los productores», dijo Parrilli al iniciar el debate por videoconferencia.

El senador oficialista también detalló que lo que se busca es «saber la relación de empresa con Paraguay y Uruguay, y una eventual fuga de capitales, además de un manejo de los precios tendiente a aumentar indiscriminadamente su rentabilidad y sus ganancias».

«También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero y sobre subfacturaciones de exportaciones», acotó.

El senador consideró que «una de las responsabilidades» del Poder Legislativo «es velar por los intereses de los recursos del Estado» ya que «esta empresa violentó y perjudicó los intereses del Estado argentino».

La postura de Parrilli fue apoyada por todos los integrantes del bloque oficialista y refrendada por el jefe de esa bancada, el formoseño José Mayans, quien no forma parte de la Comisión que preside la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun, pero estuvo presente en la videoconferencia.

“Les pido a los compañeros mucha convicción en esta batalla porque estamos molestando muchos intereses y estamos teniendo una embestida. Hay que tener mucha convicción para lograr la liberación de la patria”, dijo Mayans.

El senador dijo que la víctima de esa “embestida” será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “porque representa la soberanía nacional y la independencia económica”.

A su turno, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la idea de expropiar la cerealera santafesina, argumentó que su propuesta servirá “para que podamos avanzar en una comunidad más justa e igualitaria”.

“Debemos esperar que haya empresarios que estén comprometidos con esto que todos decimos defender. Queremos investigar lo que pasó con la defraudación al estado nacional. Estamos para defender a quienes dan empleo genuino”, remarcó.

Unos minutos antes, la vicepresidenta de la Comisión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, había anunciado que la oposición rechazaba la propuesta y se retiraría del debate.

«Hay una causa sobre esto, no se entiende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción en lugar de cooperar con el juez competente», sostuvo la senadora.

Antes de dejar la videoconferencia, presentó un documento firmado por el interbloque de la oposición en el que se destaca que crear una comisión investigadora es “el avance de un poder sobre otro” y que la estrategia del oficialismo es «crear un estado de conmoción para ocultar otras cuestiones de mucha mayor gravedad que alteran el ánimo social y que son imputables al gobierno nacional”.

La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible «defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años».

Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer «si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal».

También abogó por «la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control».

Parrilli aclaró que se busca comprobar «si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos».

En la reunión convocada para hoy, los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales también discutirán proyectos de senadoras del oficialismo que otorgan jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley 27.360.

Además se tratarán propuestas para crear las comisiones de Discapacidad y de la Juventud en el ámbito del Senado.

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