A raíz de las denuncias en su contra, Niembro bajó su candidatura

Fernando Niembro (Buenos Aires) decidió bajar su candidatura a diputado nacional por la alianza Cambiemos a raíz de las denuncias en su contra por operaciones económicas fraudulentas. La decisión fue del periodista y el referente del espacio, Mauricio Macri, aceptó la declinación.

La decisión de Niembro fue a raíz de que tomara conocimiento público la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de artículos periodísticos que daban cuenta del posible hecho de corrupción institucional.

A su vez, la presentación del Ministerio Público Fiscal alcanza a más referentes macristas: al jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, a las ministras de Desarrollo Social y Salud Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud y al secretario de Comunicación Social Facundo Gaytán. Está siendo analizado el rol que desempeñaron como funcionarios públicos y para determinar si hubo negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel.

La denuncia presentada el viernes pasado por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, asegura: “Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de ‘La Usina Producciones S.R.L.’ por un monto total de $19,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”.

Además, considera que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal.

El escrito detalla que La Usina fue beneficiaria de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las “operaciones impostergables” que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad. Gonella subrayó que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.

La suma de casi 20 millones de pesos, en sintonía con las 146 contrataciones, motivaron a los representantes del MPF a pensar no sólo en investigar a los denunciados por la presunta comisión del delito de lavado de activos sino a «todos los actores de las diversas operaciones comerciales y su círculo íntimo, en la medida de la intervención que cupo a cada uno en los hechos investigados”.