Aislamiento obligatorio: no hay prohibición de despidos ni protección a los trabajadores en negro. Por Partido Obrero

El anuncio de Alberto Fernandez estableciendo un aislamiento obligatorio representa una parálisis de la producción en los sectores no esenciales que se fue imponiendo como un reclamo elemental para frenar la pandemia en desarrollo. La medida no sólo había sido planteada por Romina Del Pla en la reunión realizada en la Casa Rosada entre el presidente de la nación y los presidentes de los bloques del Congreso, sino que además había sido impuesta por la acción directa de los trabajadores en varios sectores de la industria, el comercio y el transporte.

Sin embargo, esta medida de Fernández vuelve a trasladar la responsabilidad a la población mientras su gobierno no otorga respuestas a la crisis social que se ha agravado notablemente como resultado de la pandemia. Su anuncio estuvo muy lejos de tomar medidas de fondo para resguardar los ingresos y la salud de los trabajadores, ante la crisis social y la muy delicada situación sanitaria.

En el decreto de Fernández no se contempla la prohibición de despidos ni de las suspensiones con reducción salarial o directamente sin salario, que ya se están produciendo en el marco de la crisis. Tratándose de un decreto de emergencia se podría haber incluido la defensa de los puestos de trabajo y el reparto de las horas disponibles entre todos los trabajadores. Nada de eso se ha hecho, a sabiendas de que las suspensiones sin pago y los despidos van a ser una herramienta patronal por excelencia para descargar la crisis sobre los trabajadores. Especialmente, esto vale para los trabajadores en negro, que están inermes y corriendo la peor de las suertes en una crisis sin precedente.

Tampoco se anuncian medidas de fondo para los millones de desocupados que changuean y que verán cerradas sus magras fuentes de ingresos. Los anuncios de reforzamiento de la AUH o las jubilaciones son totalmente insuficientes frente a la situación de miseria creciente que ya se está viviendo en los barrios. La cuarentena no va a frenar la propagación en viviendas y barriadas hacinadas, donde no hay hasta ahora acceso al agua potable, ni que hablar de lavandina, alcohol en gel o los recursos necesarios para garantizar las condiciones sanitarias. Son necesarias obras de ampliaciones para paliar el hacinamiento reinante en muchos barrios. Un seguro de desempleo generalizado, que como mínimo debiera estar fijado en $ 30.000, salta a la vista como la única medida defensiva para evitar un crecimiento del hambre y la indigencia.

En estas condiciones, se anuncia que el aislamiento estará garantizado por las fuerzas represivas. Rechazamos toda utilización de las fuerzas de seguridad para reprimir los reclamos populares, que se van a volver más urgentes en la medida que se desarrolle la crisis económica y sanitaria. Defendemos el derecho a la organización y acción política y sindical de los trabajadores.

La mención al problema fiscal por parte del presidente omitió reconocer que se siguen pagando las onerosas cargas de la deuda externa, que deberían volcarse de inmediato al fortalecimiento del sistema sanitario y a compensar los enormes perjuicios que ocasiona la crisis a la población más necesitada. Tampoco se ha propuesto tocar ni un centavo de los millones del presupuesto que se pierden en exenciones de pagos de impuestos a los negocios de la iglesia católica y en subsidios de todo tipo.

Tampoco se anunció un comando único del sistema de salud, otra propuesta de fondo que el Frente de Izquierda llevó a la Casa Rosada. En la situación actual, el Estado no cuenta con los recursos del sistema privado de salud para garantizar la atención sanitaria de toda la población. La centralización es una medida fundamental para planificar y llevar adelante la atención de emergencia, que choca con los lobbys e intereses de la salud privada y los laboratorios que buscan hacer de la pandemia un terreno de lucro. Es necesario, asimismo, intervenir en todos los laboratorios privados con capacidad de realizar los testeos, para garantizar el testeo masivo que permita aplicar el aislamiento y la atención sanitaria de todos los infectados por Covid – 19.

El cierre virtual del parlamento y el anuncio por decreto del aislamiento obligatorio apunta a consolidar un régimen de arbitraje personal en una enorme crisis económica y social. El Gobierno cuenta para ello con el apoyo de la oposición patronal. Advertimos que la parálisis la burocracia sindical favorece que la situación de crisis sea explotada por las patronales o incluso el gobierno atacar las condiciones de vida de las masas.

El Partido Obrero plantea: todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria. Abajo el pago de la deuda externa. Centralización y comando único del sistema de salud. Comités electos de trabajadores de la salud y expertos para poner en marcha las medidas necesarias y orientar las prioridades. Prohibición de despidos y suspensiones, que el estado garantice los puestos de trabajo en el caso de los trabajadores en negro, seguro al desocupado de 30.000 pesos, igual para monotributistas y elevación a ese importe de la jubilación y salario mínimos. Congelamiento de alquileres y de cuotas hipotecarias mientras dure la emergencia.