Argentina es oficialmente el décimo país en adherir al Acuerdo Regional de Escazú
Argentina se convirtió hoy en uno de los diez países que aprueban el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional, promulgó la Ley 27.566. La misma había sido aprobada en Diputados el 24 de Septiembre último (240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones).
¿DE QUE SE TRATA?
El Acuerdo de Escazú se refiere al «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».
Para los gobiernos de la región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, quien fungirá como Secretaría del Acuerdo, se trata de un «Acuerdo histórico», «innovador», «visionario», «sin precedentes» y «para prevenir conflictos». Un «instrumento jurídico vinculante» y «pionero en materia de protección ambiental», «único en el mundo»; «el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales»; para «lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza»; y sus principales beneficiarios son en particular «los grupos y comunidades más vulnerables».
El Acuerdo manifiesta que entre sus Principios están el de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, de no regresión, de progresividad y de buena fe; el principio preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de máxima publicidad, desoberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, de igualdad soberana de los Estados y el principio pro persona. (Artículo 3)
Es un Acuerdo entre los gobiernos de América Latina y El Caribe cuyo objetivo supuestamente es garantizar «los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible« (Artículo 1).