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El Dr. Julio Durand, director de la maestría en Dirección de Instituciones Educativas de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, especialista en Educación de la Universidad Austral y autor del Informe del Conflicto Docente 2019, insiste sobre la necesidad de de dejar afuera a los chicos de la ‘ecuación’ del conflicto docente.

«La pérdida de un día más de clase para los niños y niñas del país no hace más que oscurecer el horizonte social y político que estamos viviendo».

Por los enfrentamientos en Chubut, el paro docente vuelve a escena en medio del ya revuelto clima electoral. Durand advierte sobre lo perjudicial de regresar a esta medida que debería ser la última herramienta, después de más de tres meses sin paros nacionales.

Chubut junto a Chaco constituyen las dos provincias con mayor cantidad de paros durante los meses transcurridos durante este 2019. Distintos datos sobre la evolución del conflicto en las distintas provincias son recopilados y analizados en el Informe del Conflicto Docente 2019, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral.

La medida de fuerza se produce después del período más largo sin paros nacionales en lo que va del 2019, un año electoral en el que la educación no cobró protagonismo central en ninguna de las campañas. A propósito de la medida, Durand destaca:

«• Es de todos conocida la dramática situación de la provincia de Chubut, en la que se puede observar las inmediatas consecuencias de la irresponsabilidad populista. Ganar elecciones con promesas imposibles de cumplir solamente conduce al caos y al deterioro social.

• Los docentes agredidos por trabajadores del sindicato de petroleros merecen atención, protección y respeto por parte de las autoridades locales. La violencia nunca se puede justificar, menos entre trabajadores. Es muy triste el mensaje que transmite este incidente.

• Deberán reflexionar también los docentes, si en su reclamo no están ejerciendo un cierto tipo de violencia. En el caso de la provincia patagónica, con las acciones que impedían el trabajo normal de otros trabajadores.

• En el nivel nacional, no considero adecuado que se deje a los chicos sin clases para defender los derechos de los docentes a condiciones de trabajo dignas.»

Dice Durand:

«• En este conflicto se está privilegiando el impacto político y de campaña partidaria, cuando debería priorizarse de una vez y para siempre que ‘los únicos privilegiados son los niños’

• Los dirigentes sindicales deberían asumir el compromiso ante la sociedad de nunca más dejar a un niño sin clases, sin escuela, en la calle, porque sus padres trabajadores no pueden atenderlos. Disponen de muchos otros medios para hacer escuchar sus legítimos reclamos. El paro debería ser lo último en ejecutarse y no el mecanismo habitual instaurado desde hace ya muchísimos años.»

Asegura:

«• Que este tipo de medidas dejen de perjudicar a los niños debería ser el clamor de toda la sociedad, y las estrategias para anticiparse al conflicto docente, una prioridad entre las propuestas de los candidatos a las próximas elecciones.»

Algunas reflexiones que surgen del informe. En palabras de Durand:

«La ausencia de titulares sobre paros docentes durante las últimas semanas -y curiosamente en un año electoral- nos puede animar a identificar algunas lecciones que se podrían aprender.

○ Que autoridades y gremios pacten una condición básica y previa a toda negociación: Escuelas públicas abiertas y los chicos sentados en su aula con su docente.

○ Que el cumplimiento del mínimo de días de clase sea un logro de todos y no un detalle burocrático y normativo.

● Nos gustaría ilusionarnos con la consolidación de un cambio en la dinámica del conflicto docente: que la base in negociable fuera que las escuelas estén abiertas y los chicos en su aula y con su maestro. Quizás el 2019 marque el inicio de este camino.

● El mandato a cada una de las jurisdicciones debería ser el de cerrar acuerdos tempranos ante la ausencia de Paritaria Nacional Docente, dejando abiertas las negociaciones dado el volátil panorama económico e inflacionario.

● De igual modo, el conflicto sigue instalado en el ADN social argentino y no parece prudente exacerbarlo con su uso político y partidario.

● Reflejando las recomendaciones de este informe recogidas reiteradamente durante 2018, la principal novedad de 2019 es el temprano acuerdo alcanzado en la Provincia de Buenos Aires con la mayoría de los integrantes del frente gremial.

● El panorama general de la extensión y gravedad del conflicto docente que vive el país cada año, es una invitación para que se ‘detenga la hemorragia’ (algo de lo que venimos hablando desde el comienzo de estos informes en 2017). Pareciera que la sociedad aún no se da cuenta del peligro en el que estamos poniendo año tras año a la calidad de vida y posibilidad de supervivencia de generaciones enteras de chicos, los eternos rehenes de esta situación.

● No cabe duda que la educación pública y los niños de sectores vulnerables son los más afectados por la pérdida de días de clase.

● El gobierno, continúe o no en ejercicio del mandato democrático durante los próximos años, debería plantearse el agotamiento de su modelo de ‘fragmentación’ y buscar una estrategia superadora, que lo posicione con un mensaje más ambicioso y a la vez operativo.

● La opinión pública considera que el gasto público excesivo nunca se da en educación y esto es objetivamente comprobable si se atienden los indicadores presupuestarios, el deterioro edilicio y el
deterioro de los salarios docentes, entre otros tantos aspectos.

● Consideramos que la politización del conflicto lo único que ha logrado es perjudicar a los más vulnerables.

● Los docentes y directivos escolares, por su parte, tienen pocas herramientas para influir en la gestión de su institución (en especial en las escuelas de gestión estatal) y se sienten limitados en las posibilidades de cambiar el destino de su escuela. Mayor autonomía para las instituciones estatales es claramente una línea a explorar, con interesantes resultados en otras latitudes.

● Para pensar a largo plazo en la educación, es necesario ponerse de acuerdo en algunos bienes objetivos que sean de consenso, como puede ser mejorar la calidad y la inclusión de la mayor cantidad de chicos posible en el sistema, algo se dice con frecuencia pero después es muy difícil de aplicar.

● Un acuerdo salarial de largo plazo que se proponga una mejora real -por encima de la inflación- de la retribución docente sería un componente básico de un compromiso serio con la educación.

● Recuperar mecanismos compensatorios para atender situaciones especiales en algunas jurisdicciones podría ser otra línea prioritaria para las plataformas electorales.

● Acordar bases para la profesionalización y desarrollo de la carrera docente, modificando si fuera necesario el Estatuto o la normativa que impide el desempeño por encima de mínimos.»

Informe completo(*)

(*)Sobre Julio Durand: Investigador del Centro de Investigación en Política Educativa y Educación Superior, Profesor Titular de Administración y Liderazgo Educativo, Investigador del CIPEyES, Director de la Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, Escuela de Educación de la Universidad Austral.

La coyuntura económica alemana se ha enfriado notablemente y el país se ve amenazado por el fantasma de la recesión. ¿Debería estimularse el crecimiento económico con miles de millones de euros en inversiones y contraer para ello nuevas deudas?

Las voces que recomiendan inversión, concretamente gasto público, son cada vez más fuertes. La canciller alemana, Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana, y el socialdemócrata Olaf Scholz, titular de Finanzas, quieren seguir por el camino del déficit cero, lo que en el debate público alemán se denomina «schwarze Null» (cero negro), es decir, una política sin nuevas deudas.

 

En el primer semestre del año, y pese a la recesión económica, el fisco alemán registró un superávit de 45.300 millones de euros (49.800 millones de dólares).

«Alemania está a un paso de la recesión y Olaf Scholz está nadando en dinero», objetó Christian Dürr, vicepresidente del grupo parlamentario del Partido Liberal. Dürr reclama desgravaciones fiscales «para que las empresas recuperen la confianza e inviertan en el futuro».

Fabio de Miasi

Fabio De Masi, vicepresidente del grupo parlamentario de La Izquierda, exige que el Gobierno aproveche los tipos de interés históricamente bajos y «haga inversiones masivas que se necesitan con urgencia».

El político manifestó que las inversiones en infraestructura pública son un incentivo para las inversiones privadas y que además aseguran miles de puestos de trabajo.

A la recesión de 2009 en Alemania le siguieron diez años de fuerte crecimiento económico con un auge de los ingresos fiscales; desde 2014, el presupuesto germano ha alcanzado el «cero negro» cada año.

Ministerio de Finanzas Alemán

Según las estimaciones de mayo, la ralentización de la economía provocó una disminución de los ingresos tributarios. Debido a esta mengua, el ministro de Finanzas se vio obligado a revisar el presupuesto para 2020 y reducir el gasto público.

Las perspectivas no son muy halagüeñas: las esperanzas de una recuperación económica en el segundo semestre del año están disminuyendo.

En el segundo trimestre de 2019, el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0,1 por ciento en comparación con los primeros meses del año, debido a los conflictos comerciales internacionales y al enfriamiento de la economía mundial.

Dieter Kempf

Otro factor a tener en cuenta es el «Brexit». Dieter Kempf, presidente de la Federación de la Industria Alemana, teme que el crecimiento anual se reduzca a cero si los británicos abandonan la Unión Europea sin acuerdo a finales de octubre. Hasta ahora, la asociación espera un crecimiento económico de no más del 0,5 por ciento para este año.

La recesión económica golpea al gobierno alemán en un momento en el que se enfrenta a grandes retos, entre ellos la protección del clima. El 20 de septiembre, el recientemente creado Gabinete del Clima decidirá sobre un paquete de medidas. La lista de propuestas es larga y muchas de ellas cuestan mucho dinero.

El grupo que forman los dos principales partidos conservadores de Alemania, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), exige que se combine el clima con la actividad económica.

Alexander Dobrindt

«Queremos combinar el paquete climático con uno de estímulo económico y así crear un paquete de futuro para Alemania con el claro objetivo de más crecimiento y menos CO2», declaró Alexander Dobrindt, jefe de bancada de los conservadores bávaros en el Bundestag alemán.

Recientemente, el político propuso lanzar al mercado un bono climático para financiar con inversiones de miles de millones de euros en proyectos destinados al desarrollo de tecnologías respetuosas con el clima.

Sven-Christian Kindler

Sven-Christian Kindler, miembro de Los Verdes y de la Comisión de Presupuestos del Parlamento alemán, criticó que la CSU se aferra «servilmente» al fetiche del «cero negro»: «Sería más honesto renunciar al déficit cero y hacer posibles las inversiones en la protección del clima. La protección del clima es más importante que un presupuesto sin deudas».

Kindler argumentó que el Estado está ganando dinero con los nuevos bonos de deuda alemanes y que no tiene que pagar intereses por ellos.

Karl Lauterbach

También en el Partido Socialdemócrata hay políticos, entre ellos Karl Lauterbach, vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata, que piden que se contraigan nuevas deudas para una mayor protección del clima.

«Es necesario que el Gobierno dé un fuerte impulso a las inversiones públicas y privadas», recordó recientemente Joachim Lang, director general de la Federación de la Industria Alemana. «El freno a las deudas estatales consagrado en la Constitución es más crucial que lograr el llamado ‘cero negro’. Alemania debe cambiar su política

Joachim Lang

fiscal de inmediato».

El techo de deuda constitucional dispone que el Estado federal puede seguir tomando préstamos a pequeña escala, hasta un 0,35 por ciento del PIB o incluso más en caso de catástrofes o de una recesión profunda.

Sin embargo, las posibilidades que ofrece el freno a la deuda no dejarían mucho margen financiero. Según estimaciones del Commerzbank, el cuarto banco más importante de Alemania, «es probable que el estímulo fiscal máximo en 2020 se sitúe en torno a los 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares)».

Claus Michelsen

Claus Michelsen, director de Asuntos Económicos del Instituto Alemán de Investigación Económica, está convencido de que ha llegado el momento de un cambio de rumbo fundamental: «Para lograrlo, hay que superar el dogma del ‘cero negro’ y reformar las reglas del freno a la deuda».

El experto enfatizó que el Estado debería gastar más dinero en proyectos de energía y movilidad o en el área de la digitalización y el mercado inmobiliario. Michelsen acotó que los tipos de interés históricamente bajos ofrecen una oportunidad única para consolidar una economía alemana con perspectivas de futuro.

La Unión de Contribuyentes de Alemania exige la abolición total del recargo de solidaridad, impuesto que se aplica desde 1995 sobre la renta, salarios, rendimiento de capital e impuesto de sociedades para fomentar la economía.

Reiner Holznagel

El presidente de la agrupación de contribuyentes, Reiner Holznagel, advirtió: «La demanda de programas de inversión excesivos no es una política justa desde el punto de vista de la equidad intergeneracional».

Stefan Korzell

Por su parte, Stefan Körzell, miembro de la junta directiva de la Federación Alemana de Sindicatos, recomienda que el Estado federal, los estados federados y los municipios «inviertan el dinero adicional inmediatamente – en infraestructura, en vivienda asequible y en proyectos que garanticen la viabilidad de la economía alemana en el futuro».

(*) DPA desde Berlín.

No todos los partos se traducen en momentos completamente felices. En algunas ocasiones, las pacientes refieren haber atravesado una mala experiencia durante el nacimiento de su hijo, y lo que debería haber sido uno de los momentos más alegres de sus vidas, se convierte en algo que prefieren olvidar y desean no tener que repetir.

Desde los últimos años, estas situaciones se describen como «violencia obstétrica», concepto que expresa la disconformidad de muchas mujeres en aspectos relacionados con la atención del parto, y que ha generado una grieta más en la sociedad, enfrentando a médicos obstetras con parteras y pacientes.

Ante esta problemática, se vuelve necesario replantear el rol del médico, de la partera y de la embarazada, en pos de un objetivo común: que el nacimiento de un hijo -hecho tan trascendental en la vida de las personas- tenga, en todos los casos posibles, un final feliz.

La Obstetricia es una especialidad que exige una gran vocación; el profesional médico debe estar disponible cualquier día y en cualquier horario para la atención del parto. Y el vínculo que se va generando entre la paciente y el médico debe caracterizarse por la extrema confianza. Pero ¿cómo saber a quién elegir?

La mujer embarazada del siglo XXI no es la misma que nuestras madres o abuelas durante sus embarazos. Antes se aceptaba la palabra del médico sin discusión; hoy la situación es muy distinta. La mujer está mucho más informada de todo lo relacionado con el parto y el nacimiento, exige más y tiene mayor protagonismo en sus decisiones.

A través de las distintas consultas prenatales la paciente va evaluando el grado de confianza que le genera su obstetra, y llegado el caso, si no colma sus expectativas, tiene absoluta libertad para cambiar de profesional. Esto es razonable ya que cada médico es diferente, al igual que cada partera y cada paciente. En definitiva, se trata de elegir a la persona de características más acordes a las expectativas de la paciente, para que pueda acompañarla durante todo el proceso de embarazo y parto, y principalmente en las situaciones que puedan ser de mayor vulnerabilidad.

Es importante que las embarazadas ejerzan su derecho a una maternidad segura en las mejores condiciones, y que lo hagan muy bien informadas. Al momento de elegir el médico, es recomendable que conozcan sus antecedentes profesionales, como también el lugar donde nacerá su hijo, ya que es tan importante el médico como el entorno. Y es fundamental que puedan conversar claramente y con debida antelación sobre el momento más importante, que es el parto, compartiendo cuáles son sus deseos, expectativas y temores. Esto contribuirá significativamente a llegar mejor preparadas para el esperado día.

Y debemos destacar que todo el proceso del parto no sería el mismo, sin la ayuda de las parteras y parteros. Su trabajo es irremplazable. Son las personas que «están», que acompañan, tranquilizan, cuidan a la madre y a su hijo, y brindan contención con profesionalismo. Son los encargados de informar acerca de las distintas alternativas que pueden surgir a lo largo del parto, y quienes están atentos a cualquier signo de alarma o situación de riesgo.

Vemos que son muchas las personas que actúan en una maternidad con el único fin de ayudar a nacer, y la mayoría de las instituciones están bien preparadas para solucionar cualquier problema que pudiese surgir, pero, a diferencia de otros tiempos, hoy la mujer tiene mayor injerencia, y tiene derechos que debe conocer para poder ejercer. Pero también debe saber que la confianza en el médico que ha elegido, seguirá siendo el principal factor que le brindará la tranquilidad necesaria para afrontar con éxito uno de los momentos más felices en la vida de una familia.

(*) Profesor adjunto en Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Austral. Director Médico de la Posta Sanitaria Las Lilas.

Las Pymes son las grandes generadoras de empleo y recaudación impositiva en cualquier sociedad. Por ello, todos los países toman medidas para que los emprendimientos que surgen en sus territorios germinen sin sobresaltos, prosperen y sean sustentables, para que puedan cumplir el irremplazable rol que les cabe en el desarrollo y la creación de riqueza.

Si los argentinos pretendemos que nuestras Pymes florezcan y se conviertan en el motor de nuestro ansiado desarrollo, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia sobre la intrincada carrera de obstáculos que un emprendedor debe superar en nuestro país para llevar adelante cualquier proyecto. Lejos de apoyar su vocación emprendedora y allanarles el camino, nuestro país parece trabajar muchas veces en sentido contrario.

Por lo pronto, es evidente que el actual sistema impositivo es una mochila imposible de tolerar para la mayoría de las pequeñas empresas. Es imprescindible reacomodar todos los tributos nacionales, provinciales y municipales para aliviar la presión fiscal que soportan las Pymes, y permitirles crecer y desarrollarse.

Otro aspecto que debemos resolver es el de la burocracia. Resulta inadmisible que un emprendedor deba ocupar la mayor parte de su tiempo en resolver cuestiones administrativas que nada tienen que ver con ofrecer los mejores bienes y servicios a sus clientes. Necesitamos resolver esto con urgencia, poniendo especial foco en las Pymes industriales, que requieren un mayor nivel de inversión por empleado y son especialmente sensibles a todas estas trabas.

Por supuesto que otro factor imprescindible para que el sector Pyme crezca y se consolide es dotarlo de un sencillo y robusto acceso al financiamiento, tanto para realizar la puesta en marcha de los diferentes proyectos como para que las empresas se mantengan tecnológicamente actualizadas y no pierdan competitividad.

Contar con leyes laborales modernas y adaptadas al cambiante contexto productivo, logístico y comercial que hoy nos plantea el mundo es otra de las necesidades que todo empresario Pyme requiere para apostar por nuevos proyectos y animarse a invertir y contratar personal.

La formación de dicho personal, y de los propios emprendedores, es otro de los rubros en los que debemos trabajar para elevar la productividad de nuestra economía, sin la cual jamás estaremos en condiciones de superar los desafíos que enfrentamos como sociedad.

Esto es lo que nos enseña el mundo. En países con gran desarrollo Pyme, como Italia, España o Corea del Sur, fueron sus exitosos sistemas de fomento los que permitieron que sus Pymes crecieran y se desarrollaran, fortaleciendo al mismo tiempo a los propios Estados, que vieron crecer el empleo, la innovación, la exportación de valor agregado y los recursos fiscales.

De todas estas cuestiones tratará «Somos Industria», la exposición que por primera vez organiza la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) junto con RedPARQUES, la red que nuclea a los Parques Industriales de nuestro país, con el objetivo de constituir un encuentro anual para todas las Pymes del país a fin de que conozcan las mejores oportunidades de inversión y de financiamiento, así como las mejores locaciones para radicar sus operaciones.

«Somos Industria», cuya primera edición se realiza los días 3 y 4 de septiembre en Costa Salguero, está pensado por industriales para industriales, con la misión de promover el desarrollo industrial sostenible en todo nuestro país.

Los empresarios argentinos tenemos la capacidad y la vocación para poner a nuestra amada tierra en la senda del desarrollo. Luego de décadas de estancamiento y desilusiones, estamos ante la gran oportunidad de integrarnos al mundo y convertirnos definitivamente en el país que soñamos. Está en nosotros aprovecharla.

(*) Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.

El día 1 de agosto del corriente año se hizo público el fallo de la Dra. Lagarreta de la provincia de Corrientes, por el cual se dio en adopción a un niño antes de su nacimiento. Resolución judicial que notablemente fue catalogada como inédita, y que vuelve a poner sobre el tapete la posible adopción prenatal.

De acuerdo a los datos estadísticos que surgen de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, vigentes al 13 de febrero de este año, de un total de 4580 legajos vigentes, 4097 (89%) manifiestan voluntad de adoptar niñas o niños de 1 año de edad. En cambio, cuando la búsqueda se extiende hasta niñas o niños de 4 años de edad, surgen 3409 legajos (74%). Si elevamos la edad a niñas o niños de 8 años de edad, solo encontramos 763 postulantes (17%) que manifiestan su disponibilidad y tan solo 42 (1%) expresan la voluntad de adoptar niñas o niños de 12 años de edad.

Como vemos, se trata de una constante tendencia, a la que resulta muy difícil dar respuesta ya que los niños que están en condiciones de ser adoptados suelen superar las condiciones que estos padres manifiestan al inscribirse en las listas de aspirantes. Por lo cual la posibilidad de tomar medidas como las comentadas puede presentarse como una alternativa válida para casos extremos como el analizado –recordemos que el bebé es fruto de sistemáticas violaciones intrafamiliares−, o para aquellas mujeres en crisis con la maternidad.

Esta posibilidad no es nueva en nuestro país, y mucho menos inédita en el mundo. En ciertas provincias argentinas, como Chubut o Neuquén, existen protocolos judiciales de actuación que permiten dar al niño en adopción durante el embarazo.

Teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que involucra la filiación adoptiva y la necesidad de dotar de un marco de transparencia y seguridad a los procedimientos relacionados con la adopción, estos protocolos aseguran el cumplimiento de principios básicos como: el interés superior del niño; el respeto por el derecho a la identidad o el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. Pero, sobre todo, tienen muy presente la autonomía personal de la mujer, a quien se le asegura la debida contención y acompañamiento para que su decisión sea producto de un acto voluntario, libre e informado respecto de los derechos que tiene y los recursos disponibles en cada caso. Así, se la protege de toda forma de discriminación, respetando sus sensibilidades y biografía, se garantiza el desarrollo y el respeto por el proyecto de vida y el trato digno de todos.

Asimismo, en los últimos años se presentaron varios proyectos de ley de reforma al sistema adoptivo, en los cuales se incluye la posibilidad de la adopción precoz para las mujeres que deciden dar a luz a sus hijos para entregarlos en el momento mismo del nacimiento.

En Europa, hay varias alternativas disponibles, existen los llamados baby box, entrega voluntaria y anónima de los niños por parte de la mujer para darlos en adopción; o el sistema de parto anónimo, hoy vigente en Francia.

Es claro que necesitamos revisar la legislación sobre adopción en Argentina, así como la implementación de las medidas de protección y excepcionales, que puedan tomarse con suma celeridad por parte del juez interviniente. Enmarcando siempre el proceso de adopción durante el embarazo en las mismas exigencias que se disponen hoy para evitar las entregas directas y la venta de niños, y donde se asegure el derecho básico del niño a contar con una familia que lo acoja.

Pero el fallo de ayer parece distraer nuestra atención y ocultar una cara dolorosa a quien nadie parece querer mirar. La de la joven que con tan solo 18 años resultó embarazada por segunda vez, por las violaciones sistematizadas de su padrastro, abuso que padece desde sus 13 años. Al tratarse de un abuso intrafamiliar, el dolor de las mujeres que padecen este tipo de violencia se intensifica, porque no encuentran en quien confiar, ni hallan quien las proteja. Y así, pasamos un día entero leyendo notas que plantean qué debió hacerse con este embarazo, claramente no deseado, pero no hemos escuchado voces que digan qué medidas se tomaron sobre el violador, qué condena le espera, o siquiera si ha sido apresado.

Tampoco sabemos qué medidas se han tomado con su círculo cercano, que conocía de esta situación y la permitían. O qué medidas ha tomado el gobierno, sea el local, el provincial o el nacional para evitar este flagelo, pero no solo en este caso, sino en los miles que se producen en el país.

Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el conocido caso de Campo Algodonero (México) estableció que, en un contexto de violencia contra la mujer, los compromisos internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada”. Por lo tanto, afirma la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (ONU, 2006), si el Estado permanece inerte ante la violencia puede ser considerado responsable por no cumplir su obligación de proteger y castigar de manera debida a los responsables y puede ser acusado de complicidad en las violaciones de derechos que se produzcan en la esfera privada.

Y nosotros, como sociedad, ¿cuánto más hemos de continuar sin proteger a la mujer vulnerable?

Fuentes propias y de Universidad Austral