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Con el pedido de la Casa Rosada de dejar de lado las internas y expresar unidad y apoyo a Alberto Fernández ante las negociaciones con el FMI y bonistas privados, se reúne este miércoles el Consejo Nacional del Partido Justicialista para poner en marcha el proceso de elección de autoridades partidarias, ya que los actuales mandatos vencen en mayo.

El principal tema a tratar será la convocatoria al Congreso nacional partidario para que la primera semana de marzo defina la fecha de las elecciones internas. Pero la Casa Rosada intentará frenar una nueva interna en el peronismo por los cargos partidarios, y reclamó a gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales bajar el tono a las diferencias internas.

Es que intenta evitar que se profundice la interna desatada en los últimos días entre el albertismo y el kirchnerismo por las diferencias sobre los presos políticos y el pedido de quita de la deuda al FMI.

La reunión fue convocada para las 15 en la sede del PJ de la calle Matheu 130 en el barrio de Once y será encabezada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro (enviado a cargo de las negociaciones por la Casa Rosada), y el presidente partidario José Luis Gioja.

Se espera la concurrencia de gobernadores, funcionarios de gobiernos nacional y provinciales, intendentes, legisladores, dirigentes territoriales y sociales. Días atrás, Capitanich reafirmó que tiene “voluntad” y “deseo” de presidir el PJ.

El mandatario chaqueño apuntala sus aspiraciones en el proyecto de su autoría para subordinar al PJ a una coalición política permanente de partidos al estilo del Frente Amplio uruguayo, mientras que Gioja entiende que avanzar en una arquitectura institucional de ese tipo no es una prioridad del momento que vive la Argentina. “Es absolutamente imprescindible que el justicialismo tenga una capacidad para la organización que implique convalidar la organización estructural del Frente de todos”, había señalado Capitanich.

Aunque el camionero Hugo Moyano formó parte de las negociaciones de los que pasaron la semana pasada por la Casa Rosada para reunirse con De Pedro y Alberto Fernández, no sería de la partida porque no integra formalmente el Consejo, sino que tiene representación menor en la Comisión de Acción Pólítica (CAP).

El mandato de las actuales autoridades vence el próximo 8 de mayo y, con el objetivo de evitar otra interna, la semana pasada se vio desfilar por el edificio de Balcarce 50 a Moyano, Héctor Daer, Gioja, Capitanich, Rodríguez Saa, entre otros.

La actual conducción es encabezada por Gioja, fue electa en 2016 y está compuesta por 75 consejeros nacionales. Están como vicepresidentes el embajador ante Brasil, Daniel Scioli; la diputada y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; el jefe de la UOM, Antonio Caló; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y la senadora y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

Ningún dirigente de La Cámpora ni del kirchnerismo puro integra el Consejo del PJ actual por lo que en este proceso de renovación de autoridades con Wado De Pedro y Máximo Kirchner a la Cabeza intentarían ocupar varios de los puestos que dejarán vacantes dirigentes como el caso de Scioli, que dejará la vicepresidencia primera para irse como embajador a Brasil.

Otros que dejarán su puesto en el Consejo del PJ son Sergio Urribarri (se va de embajador ante Israel) y los ex candidatos a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto y de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey.

La jueza federal de la Seguridad Social, Silvia Saino, rechazó hoy el amparo presnetado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, para que deje sin efecto el aumneto a las jubilaciones que anunció el Gobierno días atrás.

El mismo llevaba la firma de casi 7 mil jubilados y pretendía sea declarado incostitucional el ajuste en el cálculo previsional. Pero el mismo fue rechazado por la jueza quien entendió que no hay unicidad en el reclamo y que esos recursos deben presentarse individualmente.

El cálculo de movilidad fue suspendido por seis meses con la sanción de la ley 27541 en diciembre pasado y los aumentos a la clase pasiva fueron otorgados por decreto, lo que derivó en esta demanda colectiva.

«Lo que está en juego, a mi entender, es un interés patrimonial individual, que no puede resolverse de una única manera para todo el conjunto de beneficiarios», señaló la jueza subrogante Saino en el escrito de tres páginas.

No obstante, la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social 9 concedió que «un simple análisis matemático comparativo entre la movilidad de la Ley 27.426 y la del decreto 163/20, surge que en el caso de las jubilaciones mínimas, que constituyen aproximadamente el 65 por ciento del padrón de Anses, el incremento acordado supera al que hubiera correspondido en virtud de la movilidad suspendida».

La jueza puntualizó entonces que el aumento por decreto estableció para la jubilación mínima un 12,96 por ciento de incremento y que, quienes superen los 16.195 pesos de la mínima, tendrán una adecuación inferior, por lo tanto, no son casos análogos que puedan subsumirse en una presentación colectiva.

«En consecuencia, y dado que de la consulta del sistema informático surge que ya se han iniciado acciones individuales en las que se alega la disminución efectiva de los haberes, entiendo que el interés individual de cada jubilado o pensionado, considerado aisladamente, justifica la promoción de una demanda», de forma individual, señaló la magistrada.

En tanto, en declaraciones públicas luego de conocida la decisión, Semino confirmó que apelarán la decisión de la jueza Saino y que, si este fallo es confirmado en Cámara, irán incluso en queja a la Corte Suprema para resguardar la posibilidad de acceso a la justicia de todos los afectados.

«La intención del amparo colectivo es que tengan acceso todos los afectados, que de manera individual, no podrían hacerlo por motivos económicos, de acceso y otros», señaló el defensor de la Tercera Edad.

El presidente de la Nación, Alberto Fernandez, firmó un acuerdo de financiamiento con el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) junto a los gobernadores Axel Kicillof y Gerardo Morales, de las provincias de Buenos Aires y Jujuy, respectivamente, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Durante la reunión el mandatario expresó que la «decisión» de su gobierno es que las soluciones «abarquen a todos» porque no piensa en una Argentina «para pocos».

La cita se dio ayer por la noche en la Residencia de Olivos, en donde se procedió a establecer las pautas de un convenio de financiamiento con la CAF por más de US$ 2.400 millones para los próximos cuatro años, que serán destinados a obras de infraestructura educativas, viales, sanitarias, energéticas y de vivienda.

Al respecto, Fernández señaló que esos recursos permitirán «financiar obras que tienen un sentido social que hoy necesitamos tanto».

«La decisión que tenemos como gobierno es que las soluciones abarquen a todos y beneficien a todos. No pensamos una Argentina para pocos», enfatizó el Presidente, junto a Kicillof, del Frente de Todos, y Larreta y Morales, referentes de Juntos por el Cambio.

Además, el mandatario sostuvo que si bien el país se encuentra en una situación «difícil», es «muy importante» que la CAF «confíe» en Argentina.

El domingo último, en ocasión de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado había planteado que la «tarea» por delante «supone una ética de la convicción para no renunciar a los ideales y también una ética de la responsabilidad para saber que la verdad es sinfónica, compuesta de voces, intereses y miradas diversas».

Fernández encabezó la firma del convenio en Olivos junto al presidente de la CAF, Luis Carranza Ugarte, y asistieron también la secretaria ejecutiva de la comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcena, y la titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

El convenio

Los fondos otorgados a Argentina serán destinados a obras que beneficiarán a más de 1,5 millones de habitantes, e incluirán la construcción de edificios educativos, el reacondicionamiento de rutas, el aumento en la generación y la transmisión de energía, según informó Presidencia.

También comprenden la renovación de un tramo del ferrocarril Belgrano Sur, la construcción de viviendas y la mejora del abastecimiento hídrico en la provincia de Buenos Aires, entre otras obras de integración socio-urbana.

Dirigentes gremiales y entidades del campo se manifestaron tras lo dicho por el presidente Alberto Fernández en el comienzo de las sesiones legislativas.

En referencia a la propuesta para aumentar los derechos de exportación de un cultivo (soja) y la rebaja de este impuesto en 25 cultivos, el presidente de CRA Jorge Chemes, el presidente de Sociedad Rural Daniel Pelegrina y entidades como Carbap, anunciaron que recharan la medida del mandatario argentino. Ambos dirigentes señalaron que “no es un propuesta generosa y lo que se había dialogado”.

Cabe destacar que este martes 3 de marzo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca recibirá nuevamente a la Mesa de Enlace. Este encuentro busca definir el análisis que comenzó el jueves 27 de febrero, tras los rumores del aumento de las retenciones.

En este sentido, tras el discurso Jorge Chemes expresó: “La propuesta del gobierno no es generosa. Alienta la puerta giratoria en la que el campo pone cada vez más pero el gasto público crece y la pobreza nunca baja”. 

Además, agregó que los productores están atrapados en la voracidad de los gobiernos que exigen pagar lo que ya no tienen los productores. El presidente de CRA también señaló que el gobierno pide un esfuerzo porque hay una divisa supuestamente estabilizada que, sin embargo, tiene un valor para el campo cuando compra, otro cuando vende y también diferente cuando le cobran los impuestos.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,  junto al gobernador Gildo Insfrán darán hoy inicio, desde Formosa, al ciclo lectivo 2020, donde además se inaugurarán las obras de refacción y ampliación del Centro Polivalente de Artes (CPA), la obra educativa número 1372 concretada por la gestión del primer mandatario.

El inicio del acto está previsto para las 7.45 horas, marco en el que se dejará habilitada la importante obra de refacción y ampliación de la EPES Nº 52 “Monona Donkin”.

Las intervenciones  en el edificio perteneciente al Centro Polivalente de Artes, ubicado en el barrio Guadalupe de capital formoseña, fueron del tipo tradicional con mampostería de ladrillos comunes pisos de mosaicos graníticos, carpinterías de aluminio, cielorrasos de tablillas de PVC y aplicados bajo losa, cubierta de chapa galvanizada trapezoidal color azul.

A partir de la refacción, el “Polivalente” contará con acceso principal, de alumnos y del polideportivo en la planta baja, hall, escalera y ascensor. En ese piso además se ubican la mesa de entrada, la secretaría para docentes, la contable, la administración, la dirección y el sector de alumnado.

También está ubicada toda la administración del ISPAF, la preceptoría del área artística, dos aulas para danzas folklóricas, vestuarios y tres salones para artes visuales, tres para música, tres para danzas clásicas y contemporáneas, con sus respectivos sanitarios.

Además, el lugar tiene cantina, un teatro ubicado en el salón de usos múltiples, un escenario con telón.

En tanto, el polideportivo fue ampliado en su acceso, en la cancha cubierta de básquet, vóley y futsal, como también en los sanitarios para ambos sexos y personas con discapacidad.

En la agenda política de la jornada, una de las noticias que más sobresalió fue el proyecto de Ley presentado por las Senadoras María Eugenia Catalfamo (Frente Unidad Justicialista San Luis -2017/2023), Ana María Ianni (Frente de Todos -2017/2023), Nancy González (Frente de Todos -2015/2021), Ana Claudia Almirón (Frente de Todos -2017/2023) y María Pilatti Vergara (Frente de Todos -2019/2025). El mismo fue catalogado como la “Ley que limitaría la función periodística”.

Desde NCN tuvimos acceso al proyecto, que fue presentado en realidad en Diciembre del año pasado y se encuentra en la Comisión de “Justicia y Asuntos Penales” desde fines de enero de este año, lleva como título “Del Control de Convencionalidad para Prisiones Preventivas”.

Según los fundamentos presentados por quienes firman el mismo, la intencionalidad subyace en “las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos” acontecidos en el país “durante los últimos años”.

Se resalta que “una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia”, y que “cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana”.

En esta línea se recuerda el “principio a aplicarse en cualquier proceso penal es la libertad del acusado, ello por derivación del principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional en el art. 18, Declaración Universal de los Derechos Humanos en el art. 11” al tiempo que se destaca, lo que en el texto denominan, “El doble rasero de la ley” lo que implica que en “casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros”.

Claro que sin dudas, el apartado en los que se distinguen a parte del periodismo, fue lo que más se resaltó en las noticias del día.  Sucede que el proyecto evoca a los “Medios de comunicación masiva y concentrados” resaltando que “operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado”.

En este sentido, se describe que el objeto es instrumentar “los mecanismos del control de convencionalidad obligatorio para los casos de dictado de prisión preventiva” y por consecuencia que se pueda declarar “nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la existencia de algunos supuestos”.

¿Cuáles serían esos “supuestos”? El texto detalla varios, entre ellos el “cumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso”; el “abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva”; la “intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo ry/o Representantes de corporaciones profesionales destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal” y la mencionada al mundo de la prensa: la “Publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

En definitiva lo que se busca es evitar que la “opinión pública” juzgue antes de tiempo y la percepción que la empresa periodistica pueda tener del caso en cuestión y/o del “sospechado” no interfiera en la decisión final del Juez, que debe velar por su imparcialidad.

Lejos parece estar el Proyecto de Ley de querer coartar el accionar del periodismo, en todo caso lo que se establece es limitar a quienes esconden en la profesión intereses empresariales que van mas allá del acto de “informar”.

Acaso no por casualidad se hace mención a la frase del fallecido periodista de Clarin, Julio Blanck, quien reconoció que desde el multimedio se hizo “periodismo de guerra» al declarar que «Fuimos buenos haciendo guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es… Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo lo hice, no le echo la culpa a nadie, yo lo hice. Eran las circunstancias e hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho, en términos de qué posición tomar o de cierta cosa terminante».

Tal vez sea éste uno de los tantos ejemplos en donde la “noticia” abandona su estado de severidad y se convierte en otra cosa totalmente diferente.

En una segunda parte, el Proyecto de Ley, establece la posibilidad de Modificar el Código Procesal Penal de la Nación (en su Ariculo 168) para que se manifestara que “El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, deberá declarar la nulidad a petición de parte. Deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales o convencionales de acuerdo a la interpretación de sus órganos, o cuando así se establezca expresamente.”

Incluso propone incorporar el artículo 168 bis donde se establezca  “la violación de las normas constitucionales o convencionales” algunas de las causales antes mencionadas.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, cuestionó el proyecto de la Casa Rosada para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y agregó que “Es inconstitucional”.

De esta forme el magistrado explicó que “No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la Caja de Jubilaciones un equivalente de 90 mil pesos. Si me cambian el sistema, podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses».

Entre sus argumentos, Recondo ponderó el principio de intangibilidad de las remuneraciones y las jubilaciones de los magistrados como un derecho amparado por la Constitución para garantizar la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, a fin de evitar ser corrompidos desde otros poderes del Estado y vulnerar, de ese modo, dicha garantía.

«La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Ocurre en todo el mundo. El magistrado no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución», indicó.

La norma enviada al Congreso es parte de una reforma que busca «reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan».

Recondo reafirmó su posición: «Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes y para que sean independientes existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones».

«Es cierto que el puesto lo ejerce una persona, pero en realidad esa protección está dirigida al justiciable. La Convención de Costa Rica lo dice: «Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un magistrado imparcial e independiente»» advirtió.

«Entiendo que a la gente no le guste, pero teóricamente la ventaja, en definitiva, es para la persona que va a ser juzgada por el magistrado», agregó.

Tras el dictamen del presidente Alberto Fernández sobre el incremento de las jubilaciones y asignaciones sociales, el director de la Anses, Alejandro Vanoli, manifestó que el Estado está haciendo un «esfuerzo» sobre el sistema previsional con un «criterio de equidad».

En este sentido argumentó que el objetivo de la Casa Rosada es «poner los mayores esfuerzos en aquellos sectores que más han sufrido las consecuencias de la política» del ex presidente Mauricio Macri.

Incluso sostuvo que el aumento de las jubilaciones que dispuso el Gobierno «va a ser positivo en términos reales».

De esta manera, el funcionario, aclaró que al aumento de 2,3% para el segundo trimestre del año se suman, para el caso que corresponda, las sumas fijas de 1.500 pesos «por beneficio», lo que implica que quienes tengan doble beneficio perciben 3000$ adicionales.

«Si alguien tiene una jubilación y una pensión, cobra el porcentaje que corresponde, o sea el 2,3% más los 1500 por cada uno de los beneficios», explicó.

Vanoli ponderó que «el Estado está haciendo el máximo esfuerzo en el sistema previsional y con un criterio de equidad», por lo que explicó que «el objetivo del cambio de movilidad jubilatoria» dispuesto por la actual administración «no era tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para poder beneficiar a los sectores más postergados».

«Esto no se hizo para ajustar ni para que haya un ajuste fiscal en desmedro de los jubilados, sino desde esta perspectiva», expuso Vanoli, en referencia a que «no hay recursos en el país y la única manera de sacar de la línea de pobreza a las jubilaciones y pensiones mínimas es darles incrementos diferenciales mayores que al resto».

El titular de la Anses calculó, en declaraciones a Radio 10 y el canal C5N, que «si se computa todo el gasto previsional, es decir, el pago de marzo, incluyendo el pago del bono y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el gasto previsional es neutro, e incluso es ligeramente positivo: hay un aumento muy moderado del gasto en el trimestre, si se computa todo lo ejecutado en el sistema previsional», completó.

En tanto, consideró «importante poner en perspectiva el aumento que cada jubilado reciba contra el poder de compra, la tasa de inflación».

En el marco de la inauguración del Sector II de la Universidad Nacional de Hurlingham, Alberto Fernández, confirmó que esta tarde el gobierno anunciará un aumento para todos los jubilados de la Argentina y la provisión de medicamentos gratuitos para comenzar a mejorar su calidad de vida.

En medio de los cánticos de los presentes resaltó la importancia de la educación pública, de abrir más escuelas y Facultades.

Fernández aseguró, en plena negociación por la deuda externa, que la Nación sólo puede crecer y ser grande con más derechos para los argentinos, entre los que está la educación.

Por eso, describió la jornada como «un día lindo», «un día de alegría porque cada vez que en Argentina se abre un lugar para estudiar mejor, el país es un poco mejor».

Ademas recordó que «Lo que nos hizo distintos, grandes, mirados por el mundo, fueron los derechos que establecimos» e instó a que «tengamos cada vez más» derechos.

Asimismo, expresó que «hay que entender que el gran desafío de este tiempo es educar, educar y educar, sacar a nuestros chicos de la distracción y del olvido y ponerlos en las escuelas» para que «aprendan y se eduquen en un mundo que cada día les exige más conocimiento».

En otra parte de su discurso, recordó al ex presidente Néstor Kirchner: «pensamos con él que si los chicos no llegaban a las universidades, había que hacer que las universidades llegaran a los chicos».

«Cuando veo que la educación pública se expande, digo que la Argentina está siendo un poquito mejor», afirmó el presidente y destacó que «hoy estamos siendo mejores, poniendo más educación pública».

En ese sentido, sostuvo que «lo peor que puede pasar es dudar de la educación pública» y manifestó que «cuando le damos a nuestra gente la oportunidad de estudiar, nuestra gente estudia y se mejora».

«Es un día de alegría, porque empecé a la mañana desayunando con Cristina (Fernández de Kirchner), repasando todo, seguí almorzando con colaboradores para ver como encarar los días que vienen», contó el presidente.

Y reitero, sobre el final,  que esta misma tarde, en Casa de Gobierno, haría más anuncios: «Vamos a Casa de Gobierno para contarles los jubilados que van a tener su aumento y los medicamentos gratis que les prometí».

De manera exclusiva, NCN, tuvo acceso al proyecto que circula entre los senadores del Frente de Todos, el cual ingresaría en en las próximas horas al Congreso y que tiene como objetivo modificar las leyes 124.018 y 22.731, sobre las jubilaciones de privilegio que cobran jueces y diplomáticos respectivamente, un tema que había prometido en diciembre pasado cuando se generó la polémica en medio de la sanción de la ley de emergencia económica.

Según se desprende del texto se aprecia la intención de elevar la edad jubilatoria de jueces de los actuales 60 años a 65.

Otro punto que se modificaria es el que refiere a que «el haber inicial de la jubilación ordinaria para los magistrados y funcionarios comprendidos en la presente ley será equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del promedio de las últimas CIENTO VEINTE (120) remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos a que refiere el artículo 8°, percibidas en el período inmediatamente anterior al cese definitivo en el servicio».

Recordamos que en la Ley actual, al «el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio».

En tanto para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se baja del 85% actual al 82%, pero agrega que es en base al «promedio de las últimas CIENTO VEINTE (120) remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de las funciones correspondientes a las categorías previstas en el artículo 1°, percibidas en el período inmediatamente anterior al cese definitivo en el servicio».

El nuevo proyecto prevee una modificación al artículo 30, «el haber de la jubilación por invalidez de los magistrados y funcionarios mencionados en el artículo 8° que se incapacitaren hallándose en el ejercicio de sus funciones respectivas, será equivalente al ochenta y dos ciento (82%) del promedio de las últimas CIENTO VEINTE (120) remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos a que refiere el artículo 8°, percibidas en el período inmediatamente anterior al cese definitivo en el servicio. Si el período de servicio fuere menor a CIENTO VEINTE (120) meses se promediaran las remuneraciones actualizadas percibidas durante dicho lapso.”

Siendo que en la actualidad el mismo dispone que «en caso de invalidez sobrevinientes del titular, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos, en cuanto a la edad y tiempo de funciones, para quedar comprendido en las disposiciones de esta Ley».

La iniciativa considera incluso que se incrementan en un 7% los aportes al fisco de los funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos, que actualmente es del 11% más 1% adicional sobre la remuneración.

Por último el proyecto establece que «los funcionarios que se hayan desempeñado o se desempeñen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley en los cargos del Anexo I, texto anterior a la modificación de la presente ley, quedarán comprendidos en el régimen establecido en la Ley 24.018 y sus modificatorias».