VanesaMeire

El triunfo electoral en primera vuelta de Alberto Fernández pone a la democracia argentina ante una nueva transición. Muestra de la madurez institucional de nuestro país, ya no es noticia que un Presidente culmine su mandato entregando los atributos a su sucesor, quien representa a otra fuerza política, haciéndolo además en tiempo y forma. Pero ocurre en el marco de una grave crisis económica, y necesita de gestos y acciones concretas para seguir dando pasos hacia adelante en esta consolidación democrática.

En esta etapa de transición es importante que los roles y responsabilidades estén bien definidas. No es tarea de Alberto cogobernar, Mauricio Macri seguirá siendo Presidente hasta el 10 de diciembre de 2019. Y en esa función, deberá velar por los intereses de todas las argentinas y argentinos. Durante la campaña buscó disciplinar a su tropa para colocarse en el lugar de líder de la futura coalición opositora, pero para actuar como un verdadero dirigente democrático, que sea capaz de tomar nota del resultado electoral y no tire del mantel como hizo tras las PASO, deberá abandonar la bolsonarización de su discurso con el cual buscó, y logró, atraer al conjunto de los votos de la derecha. Profundizar la xenofobia, comparar con Venezuela, y definir a la elección como la forma de salvar a la democracia de un enemigo autoritario fueron las herramientas de las cual se valió para aumentar su apoyo electoral entre agosto y octubre.

Argentina necesita de una transición realmente democrática para superar la crisis, y no puede haber diálogo si se impugna la legitimidad del interlocutor. Nuestra sociedad se encuentra fracturada socialmente por los efectos del modelo económico, pero también polarizada en términos políticos. Macri agrandó la grieta para consolidarse como referente de uno de sus polos. Ubicar al amplio espacio nacional y popular como una amenaza para la democracia, tal y como se hizo durante los meses previos a la elección, es negar la otredad, impugnar la legitimidad del adversario. No sólo desconoce que el Frente de Todos fue votado por más de 12 millones de argentinos y argentinas, casi la mitad de quienes se acercaron a votar el 27 de octubre, sino que atenta contra la pluralidad política, pilar de la democracia representativa. Cambiemos en el poder no sólo debe garantizar la mayor estabilidad financiera posible hasta el 10 de diciembre, sino que también debe encontrar en Macri a un líder realmente democrático, alejado de estos gestos que distancian a las fuerzas mayoritarias en el seno de nuestro pueblo.

Estamos ante la oportunidad histórica de consolidar definitivamente nuestra democracia, alcanzando una transición alejada de la grieta, y sentando las bases para saldar las deudas que aún tiene nuestro sistema democrático. Hay que alcanzar acuerdos sobre cuestiones transversales a todas las fuerzas políticas y construir un Pacto Social que defina un nuevo régimen social de acumulación donde el modelo económico esté al servicio del país y no al revés, donde la política sea quien conduzca a la economía. Donde la Ética de la Solidaridad articule nuestro modelo de desarrollo y conquistemos los 100 años de democracia que nos prometió Raúl Alfonsín.

(*) Legislador porteño por Unidad Ciudadana.

Los hechos internacionales admiten diferentes interpretaciones y las lecturas lineales, en muchas ocasiones, dejan de lado las dimensiones simbólicas y el impacto que ellos proyectan sobre el imaginario colectivo y los sistemas de convivencia. Y en esto es apreciable reconocer un principio: la principal obsesión de la realidad es derogar la fantasía.

La denominada «caída del muro de Berlín» fue más un derrumbe que un derribo en términos políticos, y esa metáfora es la que conviene aplicar según los deseos y aspiraciones, no solo de los alemanes, que esa muralla distribuía a uno y otro lado de la geografía germana, sino de los europeos que se encontraban divididos entre los dos bloques organizados por las superpotencias dominantes de la época.

La reunificación alemana fue el síntoma temprano de la implosión de la Unión Soviética, proyecto de una alteridad que nunca pudo compaginar los ideales de la utopía comunista con una realidad siempre esquiva a renunciar a su lógica agonal y conflictiva. Pero también se interpretó como la señal para una nueva era en la existencia de Europa y de Occidente.

El aspecto más relevante de ese hecho fue un cambio sustantivo en la existencia del coloso soviético que se proyectaría sobre los europeos «orientales«, encarnando las aspiraciones por una nueva Europea, tanto como por un mundo renovado en su sistema perdurable de convivencia y progreso.

Porque la «caída del muro» constituyó la síntesis del agotamiento de una forma de producción de poder y de existencia política, que comenzó a autodestruirse durante el stalinismo, cuando la utopía debía aplicarse con la violencia de una parición nunca concluida virtuosamente.

El georgiano fue el mandante del bloqueo de Berlín en 1948, adelanto de lo que sería el drástico cierre de la frontera organizado trece años más tarde. Con el muro, el régimen soviético había demostrado una incapacidad trágica por contener a las poblaciones del sistema sin apelar a la violencia y el control estricto, y con ello confesaba la esterilidad de las premisas «revolucionarias» para asegurar la representación del pueblo y la construcción de una dinámica de convivencia fundada en la convicción y el consenso colectivo.

Y en eso la caída encarnaba el correlato simbólico de la denuncia postmoderna de los sistemas y las generalizaciones supresoras del hombre europeo concreto y despreocupado, del ciudadano sencillo con aspiraciones limitadas y conciencia «fluida«.

Esa percepción del agotamiento de una forma cerrada y totalitaria de producir poder político, generó el deseo de imaginar un proceso de globalización civilizadora anunciado en términos de democracia liberal, tecnologías intensivas y mercado mundial integrado.

El orden estratégico, que había enfrentado a las dos superpotencias dominantes durante décadas, parecía mutar hacia un sistema más horizontal de participación ciudadana, donde el «fin de la historia» sugería la derogación de los conflictos relevantes y el abandono de los enfrentamientos irreductibles.

Pero a pesar de tamaña ilusión, el siglo XXI sorprendería con la emergencia de nuevos conflictos, encarnados tanto en la alteridad islámica fundamentalista, como en las subjetividades corporativas transnacionales y los agentes particulares prefigurados por redes sociales virtuales, que expresaban su vigencia al margen o «por fuera» de los Estados nacionales.

Tales realidades adelantaban un cambio sustantivo en la forma de producir poder, cuya lógica se definía más en términos privados de interés y voluntad que de racionalidad y consenso público.

Hoy, treinta años más tarde, otra vez la ilusión de la convivencia no traumática sólo parece habitar el futuro, como lo hizo aquel 9 de noviembre de 1989, en las postrimerías de un muro tan contradictorio como estéril.

(*) Doctor en Estudios Europeos y catedrático de Política Internacional en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador (USAL).

En el marco de la transición entre el gobierno saliente de Mauricio Macri y el gobierno recientemente elegido de Alberto Fernández, presentamos un proyecto de ley que viene a saldar con una deuda histórica de nuestra democracia: la de establecer una transición ordenada, con reglas claras y republicana.

El proyecto tiene como objetivo que el nuevo gobernante electo conozca y reciba del gobernante saliente toda la información necesaria para la implementación, previsión y elaboración del nuevo programa de gestión.

En este sentido, los funcionarios del gobierno saliente deben tener la responsabilidad de cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información necesaria sobre el estado de la Administración central, organismos centralizados y/o descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Este proyecto se basa en una Administración moderna y en la transparencia de la información pública, la cual no pertenece a ningún grupo político, sino que es propiedad de los ciudadanos. Los funcionarios que dejan un gobierno tienen la responsabilidad de asegurar la continuidad jurídica del Estado. Por eso buscamos que se regule la creación de un equipo de transición republicana integrado por: el Jefe de Gabinete de Ministros; el Síndico General de la Nación; el Grupo de representantes del gobierno saliente y el Grupo de representantes del gobierno entrante. Se le otorgan responsabilidades al Jefe de Gabinete de Ministros y el Síndico General de la Nación.

A la vez, los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben contener, como mínimo, la siguiente información: Los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; La situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y el estado de deuda con los proveedores; Un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; Los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando sus respectivas funciones. La situación de todos los procesos judiciales y arbitrales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte; Un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando características, montos y proveedores; El estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y obras otorgadas por el área; Las cuestiones de gestión que revistan carácter urgente, entendiéndose como tales aquellos asuntos que requieran toma de decisiones, tratamiento o atención prioritaria dentro de los treinta días de finalizado el período de transición.

A lo largo de la historia, muchos períodos de transición han generado inconvenientes, parálisis, perjuicios y gastos innecesarios que afectan a los gobiernos entrantes, pero, fundamentalmente, al Estado, es decir a todos los argentinos. Por eso consideramos fundamental para el buen funcionamiento de la democracia una ley que regule este proceso con eficacia, y sobre todo transparencia.

(*) Diputada nacional por la Coalición Cívica. Presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires.