Con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quedó legalmente ratificado el acuerdo por el cual el Estado Nacional está transfiriendo a los gobiernos porteño y bonaerense el ejercicio jurisdiccional conjunto de la distribución del servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana (Capital Federal más Conurbano provincial).
El traspaso ya está en marcha desde comienzos de 2019 pero su validez, en la CABA, quedó «ad referendum» de la ratificación legislativa concretada hoy con el voto mayoritario del bloque oficialista Vamos Juntos y de sus aliados Evolución, Partido Socialista y Gen. Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y los cinco diputados de izquierda se opusieron. El resultado fue de 41 votos positivos contra 17 negativos.
Lo aprobado este jueves en Sesión Ordinaria del parlamento porteño fue una resolución que da el visto bueno al acuerdo tripartito suscripto el 28 de febrero de 2019, entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente se sancionó una ley de la Ciudad que asigna al Ministerio de Hacienda y Finanzas la responsabilidad de las políticas y el control en materia de energía eléctrica.
Los cambios implican la necesaria creación de un nuevo ente regulador bipartito (Provincia y Ciudad) para actuar sobre la jurisdicción conjunta de la Capital más el Conurbano (lo que técnicamente se denomina Gran Buenos Aires o Área Metropolitana).
El tema llegó para su tratamiento en el recinto con despachos de mayoría de las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y de Asuntos Constitucionales. Un despacho de minoría impulsado por Unidad Ciudadana proponía el rechazo del Acuerdo.
La resolución votada aprueba en su artículo primero el «Acuerdo de Transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la CABA». El segundo artículo de la norma avala el «Acuerdo de Implementación de la Transferencia». Y por el artículo tercero convalida lo convenido para «el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica», que incluye el mandato de crear el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
A su vez, se sancionó en paralelo la ley de la CABA que «adhiere al régimen establecido por las leyes nacionales 15.336 y 24.065, los decretos números 714PEN/92 y 1398PEN/92, sus normas modificatorias y complementarias, en todo cuanto resulte aplicable a la regulación y control del servicio de distribución de energía eléctrica prestada en su jurisdicción por las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)».
Esa normativa nacional conforma el régimen de Energía Eléctrica para todo el país, sus leyes y los decretos presidenciales reglamentarios. Además, se modifica parcialmente la ley de ministerios porteña para incluir, entre las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, las siguientes:
– «Entender en la elaboración y ejecución de la política energética local, su régimen tarifario, investigación y desarrollo tecnológico.
– «Actuar como autoridad de aplicación en materia energética.
– «Participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de concesión en materia distribución y comercialización de energía eléctrica».
Todo esto, según manifestó el oficialismo, «representa un avance significativo en el proceso de institucionalización comenzado a partir de la reforma constitucional de 1994, que transformó radicalmente la naturaleza política y jurídica de la Ciudad de Buenos Aires mediante la consagración de su autonomía en el artículo 129».
«En este sentido, poder ejercer la jurisdicción sobre el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica importa un paso importante hacia la obtención de resultados más democráticos y participativos al establecer esquemas desconcentrados en los que cada habitante cuente con un control más directo e inmediato sobre los servicios públicos que recibe», se argumentó en los fundamentos del proyecto.
Algunos preceptos convenidos
El acuerdo tripartito del 28 de febrero último estipula que los créditos y deudas anteriores a ese día son responsabilidad del Estado Nacional, que asume el «compromiso de solucionar los reclamos pendientes de las concesionarias».
A partir del 1 de enero de 2019, la Ciudad se está haciendo cargo de la tarifa social que se aplica a los usuarios de su jurisdicción. También ejerce la CABA, en adelante, el poder de policía sobre el servicio público (a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y del nuevo Ente Regulador).
Los órganos técnicos de cada jurisdicción ya están trabajando en los detalles del traspaso y, a su vez, se dispuso la realización de una «auditoría de corte» entre el ENRE, las concesionarias y los organismos pertinentes de Ciudad y Provincia. Deberán «proteger los intereses de los usuarios, respetando los derechos de los concesionarios», enfatiza una de las cláusulas.
«Las concesiones continuarán rigiéndose por los respectivos contratos de concesión y por las normas nacionales -legales y reglamentarias- aplicables a dichos contratos de concesión con anterioridad a la transferencia de la jurisdicción», explicita el artículo segundo del Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción Ciudad – Provincia.
En el debate parlamentario de este jueves, hablaron los diputados Claudio Romero (VJ), como miembro informante y vicepresidente de la comisión de Relaciones Interjurisdiccionales; Paula Penacca (UC), Santiago Roberto (BP), Gabriel Solano (FIT), Myriam Bregman (PTS), Fernando Vilardo (AyL), Sergio Abrevaya (Gen), Marcelo Depierro (MC), Laura Marrone (IS), Hernán Arce (PS) y Juan Nosiglia (Ev). Cerró el debate el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Marías (VJ).
Los miembros del oficialismo hicieron hincapié en la importancia de ejercer soberanía autónoma por parte de la Ciudad sobre los servicios públicos para sus habitanmtes y marcaron que esta transferencia no significa nuevos costos para la administración porteña. Sus aliados en la votación adhirieron a esos conceptos pero plantearon algunas preocupaciones sobre temas regulatorios y respecto de las fuentes laborales del personal del actual ENRE de jurisdicción nacional.
Los opositores denunciaron que «se perjudica a los ciudadanos en nombre de la autonomía», como dijo la kirchnerista Penacca, quien protestó por la falta de participación legislativa en la toma de decisiones y en la integración del nuevo ente regulador, donde tampoco se prevé la representación de usuarios. Cuestionó también supuestos acuerdos con las concesionarias para condonar deudas por multas impagas y lo atribuyó a «conflicto de intereses en los funcionarios del gobierno nacional».
El justicialista Roberto planteó similares objeciones y se lamentó de que «estamos perdiendo una gran oportunidad de mejorar el sistema y corregir las falencias. Los legisladores de bloques de izquierda insistieron en las presuntas prerrogativas acordadas con los prestatarios privados y reclamaron que el servicio sea administrado por los trabajadores y usuarios.
En el cierre del debate, el macrista Marías replicó las críticas y aclaró que «lo que estamos votando son los textos de los acuerdos, no los titulares o las versiones de algún medio».
Sobre tablas, en el final de la sesión y por iniciativa del legislador Arce (PS), los miembros presentes de todos los bloques apoyaron y votaron una declaración por la cual se solicita incluir la participación de representantes de las organizaciones de usuarios y consumidores en el nuevo Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE).
