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TUCUMAN – Habilitan las asambleas virtuales para cooperativas y mutuales

El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) dio a conocer la adhesión a la Resolución 358/2020 emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para la autorización de las asambleas virtuales.

La disposición provincial, enmarcada en la Resolución Nº274/2020 que entrará en vigencia este miércoles 29, surge a los efectos de responder con la necesidad de las entidades en avanzar con trámites administrativos, en medio de este contexto de Emergencia Sanitaria que impide la reunión física de los socios.

En efecto, mientras se extienda el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, las entidades cooperativas y mutuales podrán celebrar reuniones a distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan los siguientes recaudos mínimos:

*El órgano de Dirección de la entidad podrá disponer, si lo considerara pertinente, la realización de las Asambleas mediante la modalidad a distancia, con la utilización de recursos electrónicos.

*La entidad deberá garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las reuniones de todos los asociados, con pleno ejercicio de sus derechos políticos permitidos. La imposibilidad de garantizar el acceso en estas condiciones obstará la realización de las Asambleas por este medio. – El canal de comunicación debe permitir la transmisión simultánea de sonido e imágenes en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.

*Se deberá definir cuál será el sistema utilizado para la realización de las votaciones, el mismo deberá contar con la posibilidad de emitir el voto de manera clara y de fácil contabilización ante cada moción.

*No podrán realizarse Asambleas donde sea obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite.

*En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se debe informar de manera clara y sencilla cuál es el canal de comunicación elegido, cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia por medios digitales. Asimismo, se debe difundir el correo electrónico referido en el punto siguiente. Los asociados comunicarán su asistencia a la asamblea al correo electrónico que la entidad habilite al efecto.

*En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

*Deberá dejarse constancia en el acta de las personas humanas y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, así como los mecanismos técnicos utilizados.

*Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea en el libro pertinente, el Órgano de Dirección debe conservar una copia en soporte digital de la reunión por el término de CINCO (5) años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la solicite.

*El órgano de fiscalización deberá ejercer sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos aquí previstos. Será obligatoria la intervención de un veedor del INAES y/o del Órgano Local competente.

28 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

CABA – Se realizó la primera Audiencia Pública por videoconferencia

Por primera vez se aplicó este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reciente reforma a la ley de Audiencia Pública que permite las deliberaciones de esa institución ciudadana por sistemas telemáticos o mixtos (presencial más virtual), mientras rijan la medidas de aislamiento preventivo y obligatorio.

Por videoconferencia se realizó la Audiencia Pública para considerar los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura con sus candidatos (surgidos de concurso) a ocupar cuatro cargos de juez/za de la Cámara Contencioso Administrativo, del Trabajo y las Relaciones del Consumo.

De la reunión virtual participaron los cuatro aspirantes al cargo y los legisladores de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que preside María Luisa González Estevarena (VJ), y de Justicia, encabezada por Martín Ocampo (UCR-Ev). Además estuvo presente en pantalla el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

Brevemente, expusieron los/as cuatro doctores/as propuestos como camaristas y luego los legisladores porteños de la Junta y la Comisión mencionadas se disponían a emitir un dictamen conjunto sobre el tema.

Los jueces camaristas nominados son Laura Alejandra Perugini, Pablo César Mántaras, Marcelo López Alfonsín y María de las Nieves Verónica Macchiavelli Agrelo.

Comisión de Tránsito y Transporte

Este lunes también hubo reunión de trabajo virtual en la Comisión de Tránsito y Transporte, que preside Cristina García (VJ), donde se analizaron dos proyectos (uno del diputado Sergio Abrevaya y otro de Agustín Forchieri, Diego García Vilas y otros de VJ) destinados a prorrogar las disposiciones que obligarían a los dueños de taxis a cambiar sus unidades cuando superan los diez años de antigüedad.

Esa prórroga ya se había dispuesto el año pasado en razón de cuestiones sociales y económicas y ahora se vuelve a proponer al haberse agravado el cuadro de situación por la pandemia y las medidas sanitarias de aislamiento.

La diputada García hizo hincapié en las medidas adoptadas para dar seguridades de salubridad al servicio de taxis y el legislador Abrevaya pidió ponderar la convocatoria a una reunión con taxistas y también colectiveros para ir elaborando alterativas que permitan paliar o superar los actuales momentos críticos y la futura recuperación de ambos sectores afectados.

28 julio, 2020|CABA|0 Comments

SALTA – Diputados sancionó la Ley que regula la comercialización de cigarrillos

La Cámara de Diputados convirtió en Ley la iniciativa que otorga a la Dirección General de Rentas la potestad de realizar controles para detectar la procedencia y sancionar puntos de ventas de cigarrillos cuyo origen provenga del mercado ilegal.

Este martes, la Cámara Baja aprobó el proyecto que establece un mayor control a la venta y producción ilegal de cigarrillos, mediante la intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia.

Durante el tratamiento de la norma, el diputado Esteban Amat Lacroix señaló que cada paquete de cigarrillos legal que se vende aporta unos 70 pesos al fisco, el 75% del valor de venta, estimando unos 150 mil millones de pesos anuales. En este punto, indicó que de ese monto, el 7% está destinado a las provincias productoras, de los cuales el 35 % recibe Salta. Por otra parte, el diputado señaló que con la comercialización de cigarrillos ilegales se evaden unos 50 mil millones de pesos anuales.

Al respecto, el diputado Amat explicó que con lo recaudado de impuestos, un porcentual se destina a los productores mediante el Fondo Especial del Tabaco, otro tanto a la obra social de los trabajadores rurales, y también constituye un Fondo Solidario. A su vez, el legislador subrayó que esta Ley no tiene ninguna carga impositiva para las empresas, resaltando que meramente se tratan de controles y sanciones contra el comercio ilegal, por lo que nadie debería tener problemas si ya está inscripto en Rentas. Finalmente, indicó que AFIP es el organismo que actualmente realiza controles en los puntos de fabricación, pero que los puntos de venta, como los kioscos, deberán ser fiscalizados por la Provincia.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado Javier Diez Villa, destacó que esta ley permite que un sector muy importante en nuestra provincia como el sector tabacalero, no pierda territorio. En este sentido, explicó que con esta norma se pone el foco en la comercialización de cigarrillos en un sector que agrupa a más de 1700 productores, genera 110 mil puestos de trabajos directos e indirectos y genera a través del Fondo Especial del Tabaco más de 4000 millones de pesos anuales.

Por su parte, la diputada Laura Cartuccia, presidenta de la comisión de Producción, precisó que la provincia de Salta es una de las sietes provincias productoras de tabaco, actividad que genera una cuantiosa cantidad de puestos de empleos. Asimismo, la legisladora destacó que, además del impacto negativo en las economías regionales, el cigarrillo ilegal es un producto del cual se desconoce su procedencia, componentes y elaboración, lo cual resulta un grave problema para la salud pública.

En este sentido, el diputado Germán Rallé, indicó que el sector tabacalero es el que más puestos de trabajo genera la provincia, por lo que con esta Ley, se avanzará en la lucha contra el comercio de productos ilegales, cuidando y fortaleciendo a los productores salteños.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, analizó la legislación vigente y señaló que no hay una superposición normativa, como lo plantearan diputados respecto a las facultades de AFIP, Aduana y de la DGR. Aseguró también que hay que combatir la ilegalidad desde la Provincia, y aseguró que se debe proteger a la producción local y esta Ley contribuye con esta finalidad.

Si bien, durante el extenso debate, legisladores de diferentes bancadas expusieron sus posiciones jurídicas respecto al proyecto y plantearon su vuelta a comisión, hubo coincidencia en la necesidad de combatir el mercado negro del tabaco en la provincia, recalcando que hay una falta de controles de calidad, un aspecto esencial a tener en cuenta, y que la evasión en el pago de tributos genera daños a las economías regionales.

La Ley sancionada por Diputados, fue aprobada con 43 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones; y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

28 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|Comentarios desactivados en SALTA – Diputados sancionó la Ley que regula la comercialización de cigarrillos

Agenda de actividades en el Congreso Nacional para el 28 de julio

DIPUTADOS

11:00
Videoconferencia
COMISION: PRESUPUESTO Y HACIENDA
Temas varios.
Mensaje N° 0043/20 y proyecto de ley. de fecha 7 de julio de 2020 por el cual se amplía la moratoria establecida en el Capítulo 1° del Título IV de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Mensaje N° 61/2020 y proyecto de ley de modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2020.
15:00
Videoconferencia
COMISION: ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Temas varios.
Reunión informativa sobre “COVID-19: ¿Cómo nos está yendo?”. Fue invitado el Dr. Esteban Lifschitz, médico especialista en Clínica Médica y Medicina Sanitaria.

SENADO

11:30 h – Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

Temario: proyectos de ley:

  • S-1111/19 Senadora González M: proyecto de ley de promoción de ferias locales de la agricultura familiar y la economía social.
  • S-1112/19 Senadora González M: Proyecto de ley de compras públicas para la agricultura familiar.
  • S-17/20 Senadora Blas: reproduce el proyecto de ley que establece un sistema de reintegros para productores a fin de reducir el costo de flete por transporte de materias primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Stgo. del Estero, Salta y Jujuy. (REF. S-243/18)
  • S-24/20 Senadora Blas: reproduce el proyecto de ley que crea el registro nacional de regantes olivícolas electrointensivos. (REF. S665/18)
  • S-1156/20 Senadora González, G: Proyecto de ley de agricultura familiar sostenible.
  • Además, se tratarán proyectos de declaración y comunicación y se definirá la agenda parlamentaria de la comisión.

15:00 h – Reunión de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Temario: proyectos de ley:

  • S – 3112/19 senadora Durango y otros: proyecto de ley por el cual se establece que las cooperativas podrán ofrecer, contratar y prestar a terceros cualquier servicio siempre y cuando sus asociados no vinculen directamente con la actividad principal del contratante. (DAE – 155/19).
  • S – 1733/19 senadora Ines Brizuela y Doria: proyecto de ley que modifica su similar 24.467, régimen especial para PYMES, respecto del límite operativo y formas del contrato de las garantías reciprocas para las PYMES. (DAE – 86/19).
  • S – 172/19 senador Basualdo: proyecto de ley que instituye el Día Nacional del Emprendedor, el primer día hábil de la tercer semana de noviembre de cada año, semana global del emprendedorismo. (DAE – 9/19).
  • Se tratarán además proyectos de declaración y comunicación.
  • Se pondrá en conocimiento a los senadores y senadoras del expediente S – 539/20, senador Leavy: proyecto de ley que instituye el programa de fomento de la bioeconomia, creado por Res. del Ministerio de Agroindustria de la Nación N° 190-E-2017 y s/m y compl. (DAE – 27/20). ( comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda).

Lugar: Modalidad remota    |    Hora: 15:00.

28 julio, 2020|Agenda|0 Comments

Pensamientos para la pospandemia: La reconstrucción del derecho a la privacidad. Por Beatriz Busaniche

El derecho a la intimidad de las personas como derecho fundamental es una reivindicación que diversas organizaciones y activistas de todo el mundo venimos sosteniendo desde hace décadas. No se trata de un derecho nuevo en el contexto de Internet, sino de un derecho consagrado como Derecho Humano y reconocido en las Constituciones Nacionales de muchos de nuestros países en América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas, y en particular en el siglo XXI, la protección de datos y el derecho a la intimidad ha cobrado notoria relevancia a partir de la reconfiguración de los modelos de negocios de la Internet tal como la conocemos en este período histórico. Es, en palabras de la académica Shoshana Zuboff (2019), la era del capitalismo de vigilancia, donde los datos recogidos en forma permanente de todas y cada una de nuestras interacciones sociales mediadas por tecnologías de información y comunicación constituye el insumo fundamental de una industria que desarrolla sistemas que de formas más o menos precisas permiten no sólo prever nuestras conductas, sino y fundamentalmente amoldarlas a los intereses económicos que las sustentan.

Es en este contexto que llega la pandemia de Covid19.

La pandemia global desencadenada por la diseminación en cuestión de semanas del nuevo coronavirus impacta de lleno en un mundo con características propias nunca antes conocidas en la historia de la humanidad: conectividad real con medios de transporte que permiten atravesar el planeta en poco tiempo, un sistema interconectado de comercio mundial donde prácticamente no hay país en los márgenes y un nivel de penetración de tecnologías de información y comunicación que implican el acceso y utilización permanente de dispositivos móviles y computadoras en buena parte del planeta. El alcance global de estas tecnologías se suma a la alta concentración en unas pocas empresas de los grandes negocios de la red, y con ellos, los grandes negocios basados en la producción, gestión y manejo de grandes volúmenes de datos. Vivimos en sociedades ya fuertemente vigiladas y monitoreadas, en algunos casos por parte de iniciativas estatales (China) y en otros donde la presencia de la vida virtual está atravesada por empresas del sector privado (con Google a la cabeza, pero no exclusivamente: Apple, Facebook, Amazon, AliBaba, entre otras, forman el ecosistema de los grandes jugadores de Internet). 

Este escenario ya derivó en innumerables debates e intentos regulatorios por parte de los Estados, con presiones de todo tipo para avanzar hacia sistemas que promuevan el interés privado en la materia, como la agenda de comercio electrónico en los debates que tienen lugar en la Organización Mundial de Comercio así como otros debates tendientes a velar por el interés público, como los relativos a la implementación del nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales en la Unión Europea.  Los países latinoamericanos nos debatimos todavía sobre hacia qué modelo inclinar nuestra balanza regulatoria y mientras estos debates suceden, los avances sobre la privacidad de las personas siguen sucediendo y la cosecha regular y sistemática de datos sigue en marcha.

En este contexto debemos lidiar con la pandemia.

Como cualquier epidemiólogo sabe, a la hora de lidiar con enfermedades altamente contagiosas como la Covid19, la vigilancia epidemiológica es una herramienta central. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos lidiado con epidemias de todo tipo y el mapeo y traza de contactos de las personas infectadas ha sido una de las estrategias que permitieron contener los avances de enfermedades de este tipo. Las pandemias, ya aprendimos gracias a la Covid19, no sólo tienen componentes médicos, tienen y muy especialmente componentes sociales.

Quizás por esa razón, ni bien se tomó real dimensión de la situación, apareció naturalizada en el escenario de estrategias la idea de utilizar las tecnologías disponibles para el seguimiento de contactos, la detección y diagnóstico de casos y la regulación de la circulación por el espacio público a través de permisos de circulación disponibles en los teléfonos móviles de las personas.

Los países asiáticos, en particular aquellos más avanzados tecnológicamente como Corea del Sur, Singapur y muy especialmente China, echaron mano de esos recursos tecnológicos para lidiar con la pandemia, controlar la circulación y dar seguimiento a los casos.

En muchos países del mundo, incluyendo a Argentina, se desarrollaron aplicaciones para diferentes objetivos, incluso para objetivos difusos para los cuales no estaba claro si una ‘app’ era efectivamente la mejor solución. Sin embargo, las advertencias de quienes bregamos por la defensa del derecho a la intimidad chocaban con las justificaciones basadas en las necesidades urgentes en materia de salud pública. En muchos casos, la implementación de diversas aplicaciones supone un problema más que una solución si no hay detrás un diseño de privacidad desde el origen, de custodia férrea de los datos que recopila – especialmente si se trata de datos médicos – y una política de control de accesos y protección de los datos personales ajustada a derecho.

Es entendible, y debemos reconocer que algunos derechos individuales ceden ante una coyuntura como esta. Sin embargo, es indispensable entender que en primer lugar, la privacidad no es sólo un derecho individual sino y fundamentalmente un derecho social y colectivo. Helen Nissenbaum (2011) nos explica que la privacidad es fundamental para el desarrollo de la personalidad y la autonomía de las personas, pero que a la vez es un componente elemental de toda relación social e implica gradaciones diversas de acceso a nuestra vida privada para personas de diferentes círculos de socialización. Más aún, Nissenbaum expresa de manera contundente que la privacidad es un elemento fundamental para la construcción de una democracia sólida, resiliente y participativa, en la cual las personas puedan establecer consensos, dirimir conflictos y construir acuerdos.

Vigilancia epidemiológica no es, ni debe ser, sinónimo de vigilancia policial. Cualquier avance sobre la vida privada de las personas, aún en contexto de pandemia y con una justificación de salud pública que la respalde, debe ser necesaria en función del objetivo que se persigue, proporcional en términos de esos mismos objetivos y basada en protocolos estrictos de retención y acceso a esos datos que se recopilen y administren de la ciudadanía.

La situación sanitaria puede habilitar un estado de excepción, pero ni bien esas medidas dejen de ser estrictamente necesarias, se debe desmantelar el aparato de vigilancia montado para atender la coyuntura.

Lamentablemente, esta pandemia llega en un momento en que la defensa de la privacidad parece una causa perdida y sirve para legitimar avances que de otro modo no aceptaríamos mansamente. Delinear las estrategias de salida de esta coyuntura y de desmantelamiento de estos estados de vigilancia que paulatinamente se están montando debería ser la tarea esencial de quienes bregamos y trabajamos por el derecho humano a ser dejados en paz.

 

Beatriz Busaniche es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en Flacso. Dirige la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a defender derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.  @beabusaniche
28 julio, 2020|Columnas de Opinion|Comentarios desactivados en Pensamientos para la pospandemia: La reconstrucción del derecho a la privacidad. Por Beatriz Busaniche

El engañoso dilema Defensa vs. Seguridad. Por Alberto Asseff

El Preámbulo de nuestra Constitución es la síntesis del programa de la nación. En doce breves renglones nos dice y le comunica al mundo para qué nos unimos y formamos un Estado-Nación. “Proveer la defensa común” reza uno de los objetivos, que como todos los otros, son de ejecución continuada y nos obliga a su cumplimiento sin plazos. Siempre nos faltará hacer mucho más para alcanzar metas tan trascendentes.
Como resultado de la decadencia del país – que arrastramos por décadas y que cada día se agudiza más – la defensa, como ‘afianzar la justicia’, ‘la unión nacional’, ‘promover el bienestar general’ y demás proclamas se nos presentan más lejanas. En la materia de la defensa nacional a la declinación se le aduna una decisión política de debilitarla como concepto y tornarla crecientemente adolescente en orden a sus capacidades. Y como si algo faltara, le trazaron por ley un deslinde arbitrario para disociarla de la seguridad interior y para maniatarla en caso de ataque exterior pues las fuerzas armadas sólo pueden defendernos en caso de que el agresor sea una ‘Estado extranjero’, ignorando la realidad variopintas amenazas como las bandas transnacionales no estatales o paraestatales organizadas para cometer los más graves y complejos delitos.
Es indudable que este menosprecio por la defensa nacional responde a una motivación ideológica – cuando no a comportamientos inspirados en la venganza- , fogoneados por el fracaso político, social, económico y sobre todo cultural de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder político en los setenta. Y, obviamente, todo coronado por la derrota militar en las Malvinas.
A cuarenta años de esas frustraciones, parece llegada la hora de poner un cese al hostigamiento, reubicando a la Defensa nacional en su sitio.
Las tareas de colaboración que realizan las fuerzas armadas con motivo del Covid-19 las han rehabilitado sin necesidad de reformas legales. El alborozo y el respeto que inspira su presencia en las zonas más vulnerables de los conglomerados urbanos es la mejor reivindicación institucional. Sin embargo, en ese marco el gobierno dio un gran paso atrás al derogar la reforma que había impulsado el presidente Macri en 2018 mediante los decretos 683 y 703 de ese año. La abrogación del actual presidente se formalizó a través del decreto 571/2020 que retrotrae la normativa al DNU de Kirchner 727/2006.
La cuestión no es menor. El decreto de 2006 y su restauración por el de 2020 acotan la respuesta militar a un ataque o amenaza de una fuerza armada de un Estado extranjero. El decreto de 2018, en cambio, autorizaba la respuesta militar ‘ante cualquier forma de ataque extranjero’, extendiendo el eventual despliegue al apoyo en la lucha contra el narcotráfico con base fuera de nuestras fronteras.
La doctrina militar moderna recoge la experiencia de que las agresiones foráneas son más sofisticadas que la que corresponde a las fuerzas regulares de un Estado extranjero. Hoy una banda organizada para cualquier tráfico ilegal posee un poder letal que hasta supera a las capacidades de nuestras FFAA.
Este retroceso se suma al artificioso límite entre defensa nacional y seguridad interior. Es cierto que los militares no se preparan para perseguir malhechores u homicidas, pero existen ciertas zonas grises en las cuales el delito interior requiere por su gravedad, entidad o peligro social de la logística en inteligencia militar como un auxiliar indispensable. Una calamidad – provocada o natural – también reclama del apoyo militar. Esto es lo que la doctrina llama ‘seguridad ampliada’
La pesca ilegal se lleva 1.500 millones de dólares ante nuestra flagrante indefensión. En momentos de famélicas finanzas públicas, la pasividad con la que se contempló el paso por el estrecho de Magallanes de 30 pesqueros de altura chinos hiere nuestra sensibilidad ciudadana. Este es solo uno de los ejemplos del daño que causa la ideología a nuestros intereses. Paradojalmente, el presidente se propone demarcar el límite exterior de nuestra plataforma marítima, extendiéndolo acordemente a la Convención del Mar auspiciada por la ONU ¿Será otra ley para la tribuna?
Recientemente Brasil aprobó su Nueva Política de Defensa, dándole el relieve que corresponde. Llamativamente – una lección para los ideólogos vernáculos – en esa política firmada por Bolsonaro sobresale la continuidad de lineamientos que hace una década estableció el presidente Lula. También en estos días, los británicos hicieron un ejercicio de simulación de la invasión de la isla Weddell perteneciente al archipiélago malvinense. La realidad extramuros nos obliga a repensar integralmente la defensa nacional y la seguridad interior. Las amenazas están. No son fantasmas.
Defensa con la vocación pacífica que es mandato constitucional y decisión estratégica de nuestro país. Pero, la paz exige asegurarla. No es un don que se recibe, sino una situación que se construye.

Diputado nacional-Vicepresidente de la Comisión de Defensa
27 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

CABA – Proponen un sistema de compensación económica para los pacientes que deban ser aislados en instituciones extrahospitalarias

La Diputada porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que establezca un sistema de compensaciones pecuniarias para aquellas personas que, por ser pacientes leves o asintomáticos de COVID-19, son derivadas a Instituciones Extra Hospitalarias para llevar adelante el aislamiento.

En la Ciudad, los pacientes de COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos son derivados, según el protocolo vigente, a hoteles u otras Instituciones Extra Hospitalarias donde transitan el aislamiento para evitar la propagación del virus. Dado que en términos sanitarios las personas allí alojadas no requieren atención medica, el aislamiento tiene como objetivo principal evitar la propagación del virus para el beneficio de toda la sociedad” explicó Neira.

La iniciativa busca garantizar un sistema que incentive a las personas a consultar con el sistema de salud ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19, para evitar la propagación del virus. “En esta etapa donde existe circulación comunitaria, la ciudadanía es cada vez más proclive a quedarse en su domicilio para realizar el aislamiento, por comodidad o por los riesgos de seguridad que enfrentaría si dejara su domicilio durante un tiempo. Asegurando un buen trato en el proceso y una compensación por el esfuerzo individual que implica irse de sus hogares, no sólo podemos incentivar el aislamiento sino un mayor control de la circulación del virus a través de una intensificación en los testeos” sostuvo Neira.

A los mismos efectos, la legisladora solicitó además al Ejecutivo Porteño que garantice las condiciones de bienestar adecuadas a las necesidades personales de los pacientes mientras dure el aislamiento en dichas instituciones. Especialmente si se trata de casos pediátricos en los que se deberá tener en cuenta las necesidades propias de niñas, niños y adolescentes en cuanto al cuidado de la higiene, una alimentación apropiada, actividades lúdicas, contención afectiva y mobiliario acorde ese rango etario.

En este sentido, se enfatiza también la necesidad de que el Estado fortalezca la comunicación con las personas afectadas sobre el procedimiento de aislamiento, clarificando los plazos que deberán permanecer aislados y garantizando el traslado a su domicilio cuando finalice su estadía en la Institución.

«Hemos asistido a la pérdida de ciertas libertades en el combate a la pandemia y la búsqueda de frenar el contagio masivo. Sin embargo, hemos observado que el Gobierno de la Ciudad no ha puesto demasiada atención en aquellos pacientes asintomáticos o con síntomas leves que han debido aislarse con todos los perjuicios descriptos anteriormente. Por ello, es preciso que el Estado, a través de las herramientas que considere necesarias, intervenga con políticas activas para que esta derivación a Instituciones Extra Hospitalarias pueda llevarse adelante de la mejor manera y así recompensar de algún modo el sacrificio individual en pos del cuidado del conjunto social» concluyó Neira.

27 julio, 2020|CABA|0 Comments

BUENOS AIRES – Lordén solicitó que se declare a la odontología como profesión de Alto Riesgo

Mediante un proyecto, la diputada provincial Alejandra Lordén, solicitó al Congreso Nacional, que declare a la Odontología como profesión de alto riesgo, en razón de ser una de las profesiones más expuestas al momento de su práctica, al contagio no solo del actual virus COVID-19, sino también de diversas enfermedades de distinta peligrosidad.

La diputada explicó que “El servicio odontológico es una parte del equipo básico de salud, y se considera, según estudios, que es una de las profesiones que mayor nivel de exposición y de transmisión cruzada tiene”.

El Ministerio de Salud Nacional manifestó: “…en el escenario epidemiológico actual, en términos generales deben evitarse o posponerse, todas las consultas odontológicas, que no sean consideradas de emergencia y/o urgencia”.

Actualmente, solo es posible la intervención odontológica solamente en dichos casos, y lo cual se debe realizar, por supuesto, dentro de los protocolos establecidos, lo que derivó en una notablemente disminución de la actividad, sumando a eso, la falta de insumos y el elevado el costo de los existentes.” aseguró Lordén remarcando que esta problemática no es solo actual, “ya que esta profesión se encuentra en un alto riesgo permanente”.

En otras provincias ya han presentado iniciativas en el mismo sentido, lo que demuestra que el requerimiento y la necesidad es a nivel nacional” concluyó la legisladora de Juntos por el Cambio.

27 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Agenda de actividades en el Congreso Nacional para el 27 de julio

11:00 h – Reunión plenaria de las comisiones de Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
Temario: Proyecto de ley:
Expte. S – 1138/20, senadora Durango: proyecto de ley que garantiza la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del estado nacional. (DAE – 54).

Lugar: Modalidad remota | Hora: 11:00.

16:00
MIXTA ART. 55 Y 56 DE LA LEY 27.541
Temas varios.
Fueron invitados el Fiscal Federal de la Seguridad Social, Fiscal subrogante de Primera Instancia en el Fuero del Trabajo, Dr. Gabriel De Vedia; ex – funcionario de Organismos Nacionales e Internacionales de la Seguridad Social, Dr. Miguel Ángel Fernández.

 

27 julio, 2020|Agenda|0 Comments

SANTA FE – Analizaron disposiciones de transitabilidad dentro y fuera de la provincia

Se llevó a cabo una nueva reunión virtual del Comité de Emergencias COVID-19 del Departamento Castellanos, con el objeto de analizar la normativa provincial y la situación epidemiológica de la región.

A esos efectos, se trató lo regulado por el Decreto Provincial N° 647/2020 el cual dispuso las obligaciones que deberán cumplir aquellos que ingresen o transiten en la provincia de Santa Fe, entrando en vigencia a partir de las 00:00 horas del lunes 27 del corriente.

Para el caso de no residentes que ingresan y provengan de zonas de circulación comunitaria del virus, es obligatorio presentar en los accesos interprovinciales, el test de hisopado negativo con 72 horas de vigencia, o cumplimentar el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud que comprende: test de olfato, toma de temperatura, examen médico, interrogatorios, exámenes complementarios o toma de muestras.

Los residentes que realizan tareas esenciales e ingresan o transitan en zonas de circulación comunitaria del virus de *manera frecuente*, deberán limitar al máximo el contacto con otras personas (solo podrán movilizarse por razones de salud, alimentación o fuerza mayor).

Los residentes que ingresan de zonas con circulación comunitaria del virus y se quedan de *forma permanente*, deberán cumplir con aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.

La Coordinadora de la Región de Salud 2 de la Provincia, Eter Senn, presente en la videoconferencia, informó que toda persona (no vinculada a la realización de actividades esenciales) proveniente de Rosario, Gran Rosario o de zonas donde se mantiene la medida de ASPO (aislamiento, social, preventivo y obligatorio) por estar definidas como de circulación local de coronavirus, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días.

Sin embargo, aquellas que sí desarrollan actividades esenciales, al momento de su regreso al Departamento Castellanos, no podrán participar en las actividades exceptuadas del ASPO; es decir, reuniones familiares, actividades religiosas y deportivas, entre otras.

Desde el Comité de Emergencia se insiste en que se asuma la máxima responsabilidad social posible, recordando que las infracciones podrán ser penadas por la autoridad judicial.

La dinámica cambiante que genera esta pandemia lleva a que las disposiciones estén sujetas a constantes modificaciones. Por ello, mantenernos informados también nos ayuda a cuidarnos.

27 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

ENTRE RIOS – La Cámara de Diputados trabaja en proyectos ambientales

Las Comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General trataron el proyecto de Ley formulado por la diputada Carina Ramos que pretende impulsar la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público.

Además, acordaron abordar de manera intersectorial el proyecto que busca fomentar, incentivar y desarrollar sistemas de producción agroecológica. El secretario de Ambiente, Martín Barbieri, participó de la reunión.

Diputadas y diputados de las Comisiones de Legislación General y de Recursos Naturales y Ambiente se reunieron conjuntamente este miércoles, a través de la plataforma digital, para trabajar sobre un proyecto de Ley, autoría de la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que dispone «pautas y normas generales para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la provincia».
La diputada Ramos, quien además preside la Comisión de Legislación General, expresó que “desde el Estado debemos apuntar a una economía circular a partir de este sistema que clasifica los residuos desde su origen” y que la iniciativa “se enmarca en la Ley Provincial 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y nos da la posibilidad de ocuparnos hoy de esta problemática”.

El secretario de Ambiente, Martín Barbieri, quien participó de la reunión como representante de la autoridad de aplicación, afirmó que “el proyecto engloba los ejes de residuos y educación ambiental sostenidos por la Secretaría”. “Tendrá un efecto multiplicador, ya que será una práctica que irá de los espacios laborales al hogar, generando un cambio cultural”, aseguró Barbieri, quien además destacó las líneas de trabajo que se vienen sosteniendo en Entre Ríos.

La diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien compartió la experiencia de separación de residuos en Gualeguaychú, agregó que “las campañas deben formularse y sostenerse, y al ser bien aplicadas tienen resultados muy positivos”.

Asimismo, el diputado Eduardo Solari (Bloque Unión Cívica Radical) expresó su apoyo al proyecto y recalcó “la importancia de la separación de residuos secos, lo cual permite clasificar con mayor rapidez cuidando la salud de los trabajadores”.

Producción agroecológica

Posteriormente, la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente acordó en dar tratamiento al proyecto de Ley, autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano en su período como senador provincial, y de Mario Torres senador mandato cumplido, que pretende fomentar, incentivar y desarrollar sistemas de producción agroecológica, mediante la regulación, promoción, capacitación e impulso de prácticas, actividades, procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos saludables.

El diputado Sergio Castrillón (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien preside la Comisión, aseguró que el proyecto presentado en 2018 debe adecuarse al contexto actual y a las necesidades de los distintos sectores. “Con Angel Giano coincidimos en que la temática es cambiante y en que, con el fin de lograr una Ley superadora y con visión a futuro, sería enriquecedor contar con la mirada de todos los actores involucrados”, dijo el legislador.

Por lo tanto, diputadas y diputados decidieron abrir el debate del proyecto a otros sectores, como el agropecuario, producción, universidades y ONGs.

La reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Recursos Naturales y Ambiente, presidida por la diputada Carina Ramos y el diputado Sergio Castrillón, contó con la presencia de las diputadas Ayelén Acosta, Mariana Farfán, Gracia Jaroslavsky y Lucía Varisco y de los diputados José Cáceres, Juan Pablo Cosso, Néstor Loggio, Nicolás Mattiauda, Julio Solanas, Eduardo Solari y Esteban Vitor.

24 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Agenda de actividades en el Congreso Nacional para el 24 de julio

10:00
Videoconferencia
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Temas varios.
Presentación de informe de situación de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes. Fueron invitados los integrantes de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la H. Cámara de Diputados y la Comisión de Población y Desarrollo Humano del H. Senado.

15:00
Videoconferencia
COMISIÓN: FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES.

Temas varios.
Reunión informativa con la Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Marisa Graham; y los Defensores adjuntos, Dr. Fabián Repetto y Dr. Juan Facundo Hernández.

24 julio, 2020|Agenda|0 Comments

CABA – Neira: «El 47% de los porteños y porteñas no cuenta con ninguna plaza o parque de proximidad»

La Presidenta de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura Porteña, Claudia Neira, solicitó al Poder Ejecutivo, se incorporen a las medidas adoptadas, criterios equitativos en la oferta de espacios públicos y espacios públicos verdes, según cada barrio y comuna, para lograr un equilibrio de acceso en esta nueva etapa del Aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Una de las deficiencias estructurales que esta pandemia ha puesto en evidencia es la falta de acceso igualitario y equitativo al espacio público, en calles, parques y plazas. El promedio de espacio verde por habitante en la ciudad no es el mismo para todas las comunas. Estas diferencias en el acceso a los espacios verdes se hacen notar aún más en este contexto donde las salidas recreativas deben realizarse al espacio verde más cercano” advirtió la diputada del Frente de Todos.

Esta distribución desigual en la oferta verde produce que hoy casi la mitad de los porteños y porteñas no cuente con un espacio verde de cercanía para poder realizar estas salidas, con el distanciamiento social adecuado. “Según datos de la Ciudad de Buenos Aires, el 47% de la población no cuenta con ninguna plaza o parque de proximidad. Y el otro 53% accede a espacios verdes con características muy heterogéneas en cuanto a condiciones de seguridad, por ejemplo. Por eso las cuestiones de equidad en el acceso a los espacios verdes no sólo pasa por la oferta de proximidad, sino que debe abordarse a partir de un diagnóstico urbano que posibilite el cruce de diversas variables urbanísticas” señaló Neira.

En tal sentido, la legisladora pidió al Ejecutivo promover un enfoque comunal o barrial, marcando claramente cuál es el sector asignado al vecino de la comuna y que además contenga los servicios que se anuncian como seguridad o concientizadores.

«En esta etapa de la vida urbana el espacio público será el gran protagonista y por ello requiere acciones de control y sectorización. Las medidas anunciadas para la actual fase de flexibilización resultan superadoras de la reapertura anterior pero concentrar la oferta de la actividad va a contramano de los criterios de equidad y justicia socio espacial» concluyó la legisladora del Frente de Todos.

24 julio, 2020|CABA|0 Comments

CÓRDOBA – Fibrosis quística: Se aprobó por unanimidad el proyecto que solicita a los senadores que sancionen la ley

Legisladores de todos los bloques firmaron el proyecto de resolución por el cual se le solicita al Honorable Congreso de la Nación sancione con la mayor celeridad el proyecto de ley que declara de interés nacional la “Lucha contra la enfermedad Fibrosis Quística de Páncreas o Mucovisidosis”, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado noviembre de 2019.

Esto acompaña las solicitudes que en tal sentido vienen realizando pacientes, familias y asociaciones que trabajan en mejorar la calidad de vida y mayor acceso a los derechos.
Motiva este pedido de aprobación de ley, la necesidad del acceso al tratamiento de la fibrosis quística en nuestro país. El Senado de la Nación tiene en sus manos otorgar la media sanción que falta, para que esta enfermedad genética tenga su Ley Nacional. Tras años de lucha, el Congreso de la Nación Argentina tiene en sus manos una ley para resguardar a las personas con esta enfermedad.
En la undécima sesión de la cámara legislativa, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
El mismo fue firmado por 23 legisladores de los 7 bloques que componen la cámara legislativa de la provincia.
Ellos son: Marcelo Cossar, Natalia De la Sota, Aurelio García Elorrio, Luciana Echevarría, Verónica Garade Panetta, María Rosa Marcone, Marisa Carillo, Dante Rossi, Orlando Arduh, Cecilia Irazuzta, María Elisa Caffarati, Benigno Rins, Darío Capitani, Patricia De Ferrari Rueda, Liliana Abraham (presidenta Comisión de Salud) Daniela Gudiño, Juan Jure, Silvia Paleo, Raúl Recalde, Soledad Díaz García, Alberto Ambrosio, Julieta Rinaldi, Matías Chamorro.

 

24 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

BS.AS. – Es ley la Emergencia Productiva, Económica, Financiera y Tarifaria para las Pymes de la Provincia

En la cuarta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley que promueve el sostenimiento y ayuda a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses en este contexto de pandemia.

Se trata de una iniciativa impulsada por los Senadores de Juntos por el Cambio Walter Lanaro, Flavia Delmonte y Andrés De Leo, y contempla una serie de beneficios para alivianar y mejorar las condiciones de producción por las que están atravesando las micro, pequeñas y medianas empresas.
Principalmente la Ley contempla moratorias impositivas, postergación de vencimientos, plan de facilidades de pago, créditos blandos por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, subsidios, Programas de formación y capacitación, articulación entre Nación, Provincia y Municipios en cuanto a exigencias impositivas y promoción de empresas en parques industriales, entre otras. Estos, entre otros beneficios serán retroactivos al 20 de marzo, día que comenzó la cuarentena.
De esta manera, se le estará dando un respaldo a este sector que ha sido golpeado por la cuarentena, que ha visto perjudicado notablemente su actividad productiva y económica.
El sector de las Pymes es uno de los grandes motores de la Provincia y hay que ayudarlo”, señaló la diputada Gabriela Besana durante el tratamiento de la norma, y afirmó que la iniciativa tiene como objetivo, “poder auxiliar a millones de bonaerenses que apostaron por la provincia de Buenos Aires y que le están poniendo el hombro todos los días”.

Los impuestos no pueden ser otro motivo de angustia y presión, y es allí donde el Estado debe llegar como solucionador de conflictos”, expresó la legisladora.
En el mismo sentido, el diputado Santiago Nardelli señaló sobre proyecto: “es necesario e importante por la crisis que atraviesan las Pymes, y que se ha visto agravada por la cuarentena que se definió para evitar la propagación del coronavirus”.
El legislador expresó finalmente, “esta ley es una herramienta que le estamos otorgando al gobierno de la provincia de Buenos Aires para paliar los efectos de la fuerte crisis económica sobre las pequeñas y medianas empresas bonaerenses”.
Además, se obtuvo el acompañamiento de varios proyectos impulsados por Juntos por el Cambio. Uno de ellos presentado por la Diputada Laura Aprile que promueve el uso y desarrollo de un lenguaje claro y sencillo en los textos legales y formales que dicten las distintas áreas del Estado, y otro de la Diputada Anahí Bilbao para instituir el 8 de mayo como el día de la talasemia, anomalía genética hereditaria de la sangre, por la cual la producción de hemoglobina está parcial o completamente suprimida.

24 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Stolbizer: “Alberto no es un ingenuo ni un títere, eso es ser condescendiente con él”

La diputada nacional MC y dirigente del Partido GEN Margarita Stolbizer planteó que “Alberto no es un ingenuo ni lo están manejando como un títere”, ya que “eso es ser condescendiente con él”.

En diálogo con Radio de la Ciudad, expresó que Fernández “es el Presidente, tiene la lapicera, no lo están manejando, está haciendo de común acuerdo (con la Vicepresidenta Cristina Fernández) lo que han acordado, más allá de que él tiene siempre esa imagen de que es el que dialoga, pero terminó siendo una mentira”. “Eso de que volvieron mejores, cuando fue el tema de los sobreprecios en el ministerio de Arroyo, dije ‘no volvieron mejores, volvieron con experiencia para hacer lo mismo que antes’”, añadió.

Con respecto a las políticas sanitarias de Fernández en el marco de la pandemia, Stolbizer opinó: “Me da tranquilidad verlo sentado con Larreta. Me parece que ese es un marco interesante de diálogo y me parece que así es como se tienen que hacer las cosas. Creímos que se venía un momento distinto, se reunió con los gobernadores. Sin embargo, todo eso se fue diluyendo y empezaron otra vez con las confrontaciones. Confrontaciones en las que pongo también a Juntos por el Cambio, porque me parece que la polarización se profundiza por gestos de los dos lados”.

Asimismo, aseguró que “la otra tranquilidad que me dio el Presidente fue que se sentó con un comité de médicos y sanitaristas”. “Está bien asesorado desde el punto de vista sanitario y eso me da tranquilidad”, subrayó. En cambio, advirtió que “me preocupa que no tenga un asesoramiento de un comíté técnico-económico-productivo-laboral que nos pueda dar esa tranquilidad que nos dan los sanitaristas”, ya que “hay gente que la está pasando muy mal, que no sabe cómo va a sobrevivir y que lo que le ofrecen, en el mejor de los casos, son préstamos que van a tener que devolver”.

Por otro lado, Stolbizer criticó la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar una reforma judicial: “Se habla de una reforma judicial y, por supuesto, el sistema judicial necesita ser reformado. Pero la reforma que están trabajando a lo único que apunta es a debilitar a los jueces que están porque no son amigos y a crear más vacantes para los jueces amigos”. “No concibo una reforma del Poder Judicial redactada por el Poder Ejecutivo sin consultar al Poder Judicial. Una cosa de locos me parece, realmente. Acá debió haber habido una mesa amplia con los fiscales, los jueces y los profesores de Derecho para establecer un diagnóstico y buscar los consensos”, concluyó.

24 julio, 2020|Diputados|0 Comments

Es humanitario y urgente asistir a las personas con discapacidad. Por Luis Contigiani

El proyecto de resolución que presentamos junto a Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido, intenta dar respuesta a una situación muy difícil, angustiante, que están viviendo las personas con discapacidad en nuestro país.

En toda la pandemia, desde marzo hasta aquí, no formaron parte de ningún tipo de beneficio y la realidad los golpea duramente. Tienen las pensiones graciables desactualizadas, cobrando $12.500 por mes los que tienen la Pensión Nacional no contributiva y mucho menos los que cobran de las provincias, con montos irrisorios, que en algún caso llega a $300 por mes. Son montos testimoniales. Además, se suma la complicación para sostener compra de medicamentos y la atención clínica. El Programa Incluir Salud, que es federal, no está pagando a las prestadoras y estas han suprimido servicios a las personas discapacidad, como los tratamientos ambulatorios.

Las personas con discapacidad no están en la agenda, no han sido prioridad en esta pandemia. Por eso, lo primero es visibilizar el problema para después tomar medidas concretas. Para eso estamos proponiendo; Que se incorpore a las personas con discapacidad en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Que se incorpore las personas con discapacidad en el programa de la Tarjeta Alimentar, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Que se actualice el monto de las pensiones nacionales no contributivas. Que se regularice de manera urgente el pago a prestadoras del programa Incluir Salud. Hemos hablado del tema con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y también hemos remitido una nota al ministro Daniel Arroyo; desde su cartera se han comprometido a dar respuesta la próxima semana a alguno de los pedidos que hemos hecho a nombre de las personas con discapacidad. En esta línea se puede pensar también de incluirlos en el ingreso ciudadano universal que se está pensando. Puede ser una alternativa más para resolver la inclusión de las personas con discapacidad.

No nos interesa la politiquería, sino que haya medidas concretas para un sector de la población que está muy golpeado por la falta de medidas. Debemos como sociedad reparar una situación de injusticia, garantizar un ingreso que permita la dignidad de las personas con discapacidad, poder hacer sus tratamientos y tener los medicamentos que necesitan.

Diputado nacional.
23 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments

CATAMARCA – Avanzó el observatorio de violencia de género y la capacitación obligatoria en DDHH en los tres poderes

La comisión de Derechos Humanos que preside Tiago Puente dio dos despachos favorables tras su última reunión llevada a cabo de forma virtual.

El primero de los proyectos con el visto bueno de parte de la comisión es la creación de un observatorio de violencia de género en Catamarca, propuesta iniciada por Juan Denett.
Dicho observatorio pretende como finalidad establecer un sistema de información permanente destinado al monitoreo, recolección, producción, registro, análisis, investigación y sistematización de datos e información sobre la violencia de género facilitando así el acceso e intercambio de datos e información entre diferentes entidades públicas, privadas y civiles.

La segunda iniciativa con despacho fue para la capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal que Integre los tres poderes del Estado. El proyecto iniciado por el presidente de la comisión busca brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan contribuir y apoyar cambios en la cultura ciudadana, promoviendo la democratización de las relaciones sociales desde el enfoque de los derechos humanos.

23 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

CHACO – Ayala solicita informes a las respectivas autoridades para esclarecer la desaparición de Gustavo Barrios

El diputado provincial del Frente Chaqueño, Juan Carlos Ayala, presentó un proyecto de resolución, en la cual expresa su preocupación, “por la desaparición del Joven vecino de la ciudad de Resistencia, GUSTAVO EMANUEL BARRIOS, (DNI 39.313.756) de 24 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el día miércoles, 01 febrero del año 2020, en circunstancias que se desconocen o son muy confusas y que ayuden a dar con su paradero.

Asimismo, el legislador solicita “a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, a la policía de la provincia del Chaco, a la Prefectura Naval de Corrientes; al Juez Federal 2 de Resistencia, Dr. Enrique Jorge Bosch; al Poder Judicial de la provincia de Corrientes (Juzgado de Instrucción 3 Expte. 219403, a cargo de María Josefina González Cabañas), que recepcionaron denuncia de Sergio Gerardo Barrios (Padre) y de Mirta Mambrín, (DNI 17.806.307 – Madre), que a modo de colaboración nos informen: a) cual es el estado de la búsqueda de Gustavo Emanuel Barrios; b) cuáles son los canales institucionales que se han activado para dar con el paradero del mismo; publicaciones, tareas en el territorio, si se ha establecido una unidad de investigación y búsqueda; c) para el caso de que las búsquedas no hayan continuado o las mismas se muestren insuficientes, instamos de que se continúen las tareas de búsqueda, rastrillaje, con las distintas divisiones especializadas en la materia, con las debidas precauciones y cuidados en el marco del COVID 19 Y las medidas de Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio e informen sobre la situación y avances en las tareas de resolución de dicha desaparición; d) Asimismo a quien corresponda, informe estado de las actuaciones judiciales, si se han determinado quienes fueron las personas que estaban con el Joven Gustavo Emanuel Barrios al momento de su desaparición, a los fines de determinar si los mismos tuvieron responsabilidad alguna en su desaparición, situación procesal de los mismos y todo otro dato de interés que ayuden a dar con su paradero”.

En este marco, el legislador afirmó que “estos requerimientos se efectúan conforme a las obligaciones que como estado poseemos de investigar hechos de este tipo, como el de asegurar y garantizar la tutela judicial efectiva a familiares y allegados de las personas desaparecidas”.

En síntesis, el diputado provincial Juan Carlos Ayala , titular de la Comisión de Derechos Humanos, insta “para que aquellos casos que aun, se encuentran sin respuesta adecuada en la provincia del Chaco y sin ser halladas las personas desaparecidas y que el paso del tiempo no nos ha borrado de la memoria personal ni colectiva, la necesidad de investigar y dar con el paradero de las mismas”.

EL HECHO

Los familiares del Joven Gustavo Emanuel Barrio, su padre, su madre se encuentran desesperados por la desaparición del mismo y la escasa o nula respuesta dada por los organismos en donde se han realizado las denuncias pertinentes.

El joven Barrios habría desaparecido el día 01 de febrero del 2020, a horas 21.00 aproximadamente, en aguas del Río Paraná, en una embarcación aparentemente, en cercanías de la Playa Arazatí, estando con un grupo de personas, que de pronto no vieron nada, no escucharon nada hasta la fecha las búsquedas han resultado totalmente insuficientes.

La desaparición de una persona en general, ocasiona un gran impacto primario, en sus allegados, en sus familiares, en sus vecinos, en la comunidad en que vive o en la que desempeña sus labores, pero el paso del tiempo sin tener noticias sobre el paradero de las personas genera un clima de intranquilidad y zozobra en toda la comunidad en general.

La desaparición del Gustavo Emanuel Barrio llevan a requerir a las autoridades judiciales y policiales, información sobre avances en la investigación que hacen a dar con el paradero de dicha persona, como la determinación de responsabilidades de las personas que habrían estado con el mismo en el preciso instante de su desaparición.

23 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Agenda de actividades en el Congreso Nacional para el 23 de julio

DIPUTADOS

11:00
Videoconferencia
COMISION: LIBERTAD DE EXPRESION

Temas varios.
Reunión informativa con temas inherente a la Comisión. Fueron invitadas la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y la Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Dra. Victoria Donda Pérez.

11:00
Videoconferencia – CONJUNTA
COMISIONES: COMUNICACIONES E INFORMATICA; EDUCACION

Temas varios.
Reunión informativa sobre “Conectividad y brecha digital – Pandemia y Postpandemia”, participarán el Subsecretario de la Información y las Comunicaciones–Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación–, Martín Olmos; gerenta general de Educ.ar S.E. –Ministerio de Educación de la Nación–, Laura Marés y del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, Gonzalo Quilodrán.

SENADO

15:00 h – Sesión pública especial
Se tratará el temario establecido en el DPP 68/20. La sesión podrá seguirse a través del canal de Youtube del Senado y el canal 20 digital de Telecentro.

Lugar: Modalidad remota | Hora: 15:00.

23 julio, 2020|Agenda|0 Comments

SANTA FE – Basile: “En pandemia también es momento de rendir cuentas”

A más de 110 días de aprobada la controversial Ley, el diputado radical Sergio “Checho” Basile, solicitó un informe detallado de lo realizado hasta el momento por el Gobierno provincial.

La Ley de Necesidad Pública le otorgó al Ejecutivo la posibilidad de tomar deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 10 mil millones serían destinados a los municipios y comunas; más de 8.000 millones se destinarían a tomar deuda para obra pública; y casi 6.000 millones de pesos a cancelaciones de deuda flotante entre otras medidas.

Queremos saber con certeza si se consiguieron los fondos, si fueron o están siendo usados, y de qué manera” adelantó el autor de la normativa.

El pedido fue presentado por Sergio “Checho” Basile, diputado oriundo de La Capital, y está estructurado tal cual la ley original aprobada el 31 de marzo próximo pasado.

Dentro de los puntos a informar, se destaca el aspecto social y alimentario ya que se solicita conocer, entre otras cosas, si se recibió asistencia o cooperación por parte de organismos nacionales e internacionales y cuántos programas alimentarios y nutricionales se crearon para lograr la plena efectividad del derecho a la alimentación en niños, niñas y adolescentes, indicando si los mismos se aplican en comedores comunitarios y merenderos.

Asimismo, se insta a informar si se efectuaron las erogaciones correspondientes al crédito presupuestario por $2.500 millones para garantizar la efectiva aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria, y en caso afirmativo, indicar cuáles fueron los montos de las mismas con una periodicidad mensual.

En materia de seguridad se pide detalles sobre las reparticiones correspondientes que deben realizarse para garantizar la efectiva aplicación de un Programa que contemple la construcción, obtención de maquinaria, equipos y financiamiento en proyectos que atiendan la problemática.

En cuanto a contrataciones públicas -uno de los puntos más controversiales de la normativa enviada por el Gobierno provincial- se solicita saber cuántos contratos públicos fueron renegociados hasta el momento, detallando nombre y las erogaciones pertinentes de cada uno; y si las licitaciones y concursos en trámite fueron suspendidas, indicando en caso afirmativo, si se prevé plazo para su posterior reanudación.

Al respecto el legislador expresó: “ya pasaron más de 110 días desde que la Legislatura sancionó la Ley de Necesidad Pública que el Ejecutivo pedía insistentemente para ‘poder gobernar’. El tiempo transcurrido es más que oportuno para conocer qué se ha puesto en marcha hasta el momento. Qué se hizo en relación a las amplias facultades que les fueron aprobadas; con qué criterios realiza las erogaciones pertinentes a cada programa que contempla la Ley de referencia; y bajo qué conceptos percibe montos asistenciales; todo lo referido a créditos presupuestarios, entre otras cuestiones”.

Entendemos –continuó Basile– que el Ejecutivo Provincial contó en todo momento con las herramientas necesarias para hacer frente a la demanda financiera que estamos viviendo. Además, cuenta con instrumentos legales que jamás tuvo otro gobierno democrático para trabajar. Por ello, sabemos que tiene espalda financiera y recursos económicos disponibles. Tiene con qué gobernar”.

Desde nuestro bloque consideramos que, más allá de los métodos de difamación y agravio que se utilizaron para quienes ponemos límites al manejo discrecional de los recursos, siempre estamos dispuestos al trabajo colectivo, pensando en la comunidad en un momento de mucha incertidumbre, pero aún así, sin olvidarnos que somos el órgano contralor al que el Ejecutivo Provincial debe informar y rendir cuentas de lo actuado y por actuar” concluyó el diputado.

Cabe destacar que el proyecto lleva la firma de los integrantes del Bloque UCR de la Cámara Baja: Maximiliano Pullaro, Marcelo González, Georgina Orciani, Jimena Senn, Marlen Espíndola, Silvia Ciancio, Silvana Di Stefano, Fabián Bastía y Juan Cruz Cándido.

23 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

BS.AS. – Lordén: «Debemos reforzar la atención y cuidado de adultos mayores en los Hogares Geriátricos»

La diputada provincial Alejandra Lordén, solicitó al Ejecutivo bonaerense que, a través de los Organismos Provinciales que correspondan y en coordinación con las autoridades municipales competentes, refuerce las medidas de atención y cuidado tendientes a mejorar la situación de los Adultos Mayores alojados en Hogares Geriátricos durante el período de la pandemia de COVID-19.

Los adultos mayores son vulnerables a diferentes infecciones respiratorias como la influenza y la neumonía, por lo cual no es extraño que también lo sean al coronavirus. Las estadísticas muestran que la mayoría de los pacientes con cuadros graves, así como muchos de los fallecidos, pertenecen a este grupo etario” explicó Lordén.

Las medidas generales de prevención son similares para los adultos jóvenes y los mayores, pero es especialmente importante proteger a estos últimos a través de algunas recomendaciones adicionales.

Por ello, en esta actual situación crítica, el Estado provincial, más que nunca debe comprometerse con el cumplimiento pleno los derechos de las personas mayores, poniendo especial énfasis en el derecho a la dignidad en los cuidados y atención de su salud”, aseguró la diputada.

23 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

NEUQUEN – Proponen becas para estudiantes, baja de impuestos y créditos para emprendedores

La diputada del Pro-Juntos por el Cambio Leticia Esteves presentó un proyecto de ley para declara la emergencia económica en la provincia.

En sus 16 artículos, propone aborda reformas en temas financieros, sociales, tributarios y presupuestario, y propone este estatus desde el día de sanción hasta el 31 de diciembre de 2021.
«Fui elegida diputada provincial y, cumpliendo con mi mandato, mi modo de contribuir a la salida de esta crisis es con las herramientas que tengo y que puse a disposición del gobernador desde el dia que ocupé mi banca; el aporte legislativo«, explicó Esteves.

Sobre el aspecto tributario, el proyecto prevé la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones adeudados, así como la reducción de las tasas y el impedimento de crear nuevos tributos. «Es importante recordar que hace nada más que dos años, el gobierno de la provincia se había comprometido a la reducción de presión tributaria, y eso nunca se cumplió. Es una deuda que el Estado neuquino tiene con el sector productivo y comercial«, amplió la legisladora de Juntos por el Cambio.

Respecto de las propuestas del ámbito social y financiero, se prevé una beca para estudiantes, y un Programa de Ingresos Temporarios para quienes no sean alcanzados por beneficios similares implementados desde el gobierno nacional. Al declarar la emergencia presupuestaria, el Ejecutivo podría redestinar partidas pero debería abstenerse de realizar contrataciones y nombramientos, exceptuando las de sistema de salud o de seguridad. Habría lugar a excepciones que deberían ser argumentadas en un acto administrativo.

«Tenemos la posibilidad de actuar y de mostrar pluralidad de voces al mismo tiempo que brindamos una herramienta de alivio para los contribuyentes privados, de asistencia a los más golpeados por esta crisis y de aliento a los estudiantes neuquinos que merecen seguir adelante y progresar. Por eso, esta propuesta legislativa es para todos los bloques pero también para el gobernador y para todos los sectores de la sociedad«, concluyó la diputada Esteves.
El proyecto fue acompañado por los diputados Ayelén Quiroga, Karina Montecinos, Luis Aquín y César Gass del bloque Juntos por el Cambio.

22 julio, 2020|Legislaturas Provinciales|0 Comments

CABA – Proyecto para la creación de Gabinete de salud mental para la atención de profesionales y personal del servicio de salud

La diputada Lucía Romano (CC-ARI/Vamos Juntos) presentó un proyecto de ley que prevé la creación de un gabinete de salud mental en todos los hospitales públicos de la Ciudad, el cual tendrá como función la contención y atención de los profesionales y el personal del servicio de salud ante situaciones traumáticas o de estrés desencadenadas en la institución en la que desempeñan sus tareas. También se encargará de diseñar protocolos, establecer capacitaciones y métodos para abordar dichas situaciones de manera idónea y profesional.

El objetivo de la norma es resguardar y asegurar el acceso a la protección de la salud mental de todo el personal hospitalario.

La legisladora Romano se manifestó al respecto señalando que: “El estrés laboral es uno de los riesgos psico-sociales más importantes en nuestra sociedad, en el ámbito del sistema de salud afecta a los profesionales y al personal en general, quienes trabajan a diario con una gran presión que puede derivar en ansiedad, depresión y agotamiento. La estabilidad emocional de esta población debe ser una prioridad absoluta ya que es un trabajo esencial que se realiza en pos del bien común”. Por otro lado, remarcó que “el contexto de la pandemia de Covid-19 dejó al descubierto los riesgos, cuidados y restricciones que los profesionales y el personal del servicio de la Salud enfrentan diariamente. Lamentablemente también nos mostró que están expuestos a la estigmatización y agresiones por parte del resto de la sociedad, tal como sucedió con algunas personas que señalaron al personal de salud como posibles transmisores del virus entre los vecinos de los edificios, generando un fuerte impacto negativo”.

Romano finalizó diciendo que “detectar esta problemática y actuar en consecuencia para brindarles una mejor calidad de vida a quienes trabajan al servicio del cuidado de la sociedad, es esencial no sólo para su bienestar sino también para garantizar una mejor atención de los pacientes”.

22 julio, 2020|CABA|0 Comments

Derecho a desconexión: recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo libre. Por Lic. Sofía Scasserra

El derecho a desconexión se suele relacionar con el teletrabajo, pero no está solamente vinculado a éste. Llamados que no paran, mails que ingresan incesantemente, mensajes y un teléfono que no se detiene ¿cómo frenar esta locura y recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo libre? En el año 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció al síndrome del Burn Out, o síndrome de agotamiento crónico como enfermedad vinculada al trabajo. El derecho a la desconexión había sido regulado de manera pionera en Francia en el 2017, y le siguieron países como Alemania, España, Italia, Filipinas, Canadá, Bélgica y EEUU, entre otros.

La verdad es que este derecho no es solamente la potestad que tiene un trabajador a cerrar sus dispositivos electrónicos al concluir la jornada. Eso es bien difícil en un mundo donde la mayoría de los trabajadores utilizan sus dispositivos personales para comunicarse con sus empleadores. El derecho a desconexión es el derecho que tiene todo trabajador a no recibir mensajes, mails o llamadas laborales fuera del horario de trabajo y durante licencias, días de descanso y vacaciones. Es que aun cuando podamos «clavarle el visto al jefe», es muy difícil no quedarse pensando en la interminable lista de tareas que quedan pendientes para ser resueltas, y no nos permiten disfrutar de nuestro tiempo libre. Esto no solo incluye las notificaciones oficiales, sino también a mails automáticos y mensajes.

Pero, ¿Es solo eso? No, es también igualdad de género. Si la respuesta rápida fuera del horario de laboral es una habilidad adicional del trabajador, es probable que sea el hombre quien tenga esa competencia laboral. Entonces, se interpreta que está más comprometido con su trabajo, y de esta manera tiene más posibilidades de ascenso. Si nadie recibe llamados ni mensajes, estamos en igualdad de condiciones. No solo eso, sino que aquella persona que no es molestada fuera de su horario laboral ya no tiene excusas y presiones para colaborar con los quehaceres domésticos, como bañar a los niños, por mencionar alguna actividad.

Si vamos a igualar las oportunidades para todos, definitivamente tenemos que eliminar estas comunicaciones para que no sean más una habilidad laboral y sean interpretadas como lo que son: una falta de respeto y un atropello sobre la vida privada de las personas.

Para resolver este dilema, paradójicamente, la tecnología puede ser nuestra mejor aliada. Enviar mails programando el servidor para que lleguen al otro día en el horario correspondiente, utilizar sistemas de alertas instantáneos, o mecanismos tan simples como poner una advertencia antes de enviar un mail de que se está enviando fuera de horario, son algunos ejemplos.

Tener una relación más sana con la comunicación es necesario no solo por la salud de todos en todos los escalafones de responsabilidad, sino también para separar la vida familiar de la laboral, dándole a cada una su espacio y tiempo. Es salud y es igualdad de género. Recorramos el camino del aprendizaje juntos.

Por Lic. Sofía Scasserra, economista del Instituto del Mundo del Trabajo «Julio Godio», de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).
22 julio, 2020|Columnas de Opinion|0 Comments
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