Avanza la iniciativa sobre regulación del uso medicinal de cannabis pero los cultivadores dicen que «los criminalizan»

En una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó este lunes por mayoría el despacho del proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo bonaerense sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados. El proyecto, será parte de la orden día de la próxima sesión ordinaria de la Cámara baja el próximo jueves 15 de abril.

La propuesta busca modificar la Ley 14.924 y ratificar la adhesión a la Ley nacional 27.350 creando el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis Sativa y sus derivados. Si bien todos los bloques se mostraron de acuerdo en avanzar con la Ley, desde el bloque opositor votaron un despacho en minoría, proponiendo modificaciones al proyecto oficial.

“Todos compartimos el espíritu de esta Ley. Nosotros iniciamos este camino con la presentación de un proyecto de nuestro bloque, del diputado Emiliano Balbín, y luego el Poder Ejecutivo envió el suyo, en muchos aspectos sobre la base de lo que habíamos trabajado ya desde la comisión de Salud”, indicaron los diputados opositores.

Al respecto, el diputado Daniel Lipovetsky señaló que desde el espacio buscan «que la Provincia, además de dar respuesta a los papás y mamás que buscan una solución para sus hijos, sea líder en la producción de cannabis medicinal. Y es por eso que planteamos algunas pequeñas modificaciones que para nosotros mejoran la Ley”.

El proyecto del Poder Ejecutivo bonaerense contempla la adhesión a la ley nacional 27.350 (la reglamentada por segunda vez por Alberto Fernández en septiembre del año pasado) y se concentra en el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.

Para darle acción y cumplir con las reglas de la nueva ley, el gobierno bonaerense creará la Agencia Provincial del Cannabis (APC), que será una entidad autárquica con sede en La Plata y dependerá del Ministerio de Gobierno, conducido por Teresa García. Pero Juntos por el Cambio pide que en la APC se cree un cargo de control para la oposición, algo que, por ahora, el Frente de Todos no acepta.

Desde que la ley 27.350 fue sancionada y promulgada (en marzo y abril de 2017), las organizacionesque reclamaban por el uso y autocultivo de cannabis medicinal protestaban por una reglamentación extensiva de la ley y su funcionamiento: entes reguladores, producción local, acceso a importación, gratuidad para los que no tienen acceso y, claro, autoabastecimiento.

Recién tres años más tarde, con el decreto 883/2020, en noviembre pasado, se confirmó el modo en que se regula, desde entonces, el uso, acceso y cultivo del cannabis medicinal en Argentina. Se hizo barriendo con la reglamentación parcial que estaba vigente –solo tres artículos– y con una justificación concreta: el mundo avanzó en la dirección del uso y regulación del cannabis medicinal y la ciencia muestra sus logros, al punto de que expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendaron quitar esa planta y su aceite de la lista de drogas más peligrosas y controladas.

Además, la anterior reglamentación resultaba parcial, era restrictiva y vulneraba el espíritu de la ley original: promover salud integral y acceso a toda la población a mejores condiciones de uso y consumo de cannabis medicinal, así como su potencial desarrollo en investigación. Mediante amparos judiciales y con la jurisprudencia a favor, más de una decena de personas habían obtenido fondos de obras sociales y prestadoras de medicina prepaga para sus tratamientos no contemplados en la ley.

Desde Ciencia Sativa, ONG que integra el Consejo Consultivo nacional de cannabis que trabaja con el Gobierno, la bióloga del Conicet Gabriela Calzolari define como “interesante” que se avance en la regulación de la industria, pero advierte que hay deudas pendientes: “Lo más contradictorio es que seguimos penalizados y criminalizados; no se puede ampliar la industria sin antes modificar la ley que sigue castigando a quienes tienen una baja cantidad de cannabis. Vemos buenas intenciones, pero es desesperante que no se esté hablando de despenalizar el consumo”.

El proyecto contempla la distribución de productos en hospitales y centros de salud de PBA, en la obra social IOMA, e incluso la comercialización a otras provincias argentinas de lo producido en territorio bonaerense. Y exige la incorporación al Sistema de Salud Pública el “medicamento paliativo aceite de cannabis”.

Si la ley se aprueba, se creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial del Cannabis para facilitarle el acceso a la sustancia a los usuarios con indicación médica que se inscriban en una base de datos que “deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales”.