«Basta de crear Organismos y Consejos para prevenir los femicidios. Es hora de detenerlos» por Juan José Postararo

La organización MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, informó que de lo que va de este nuevo año, en la Argentina, se cometieron 35 femicidios, entre ellos seis vinculados, además de 46 intentos. Esto da la friolera de una mujer asesinada cada 29 horas.

Los números, si bien lamentablemente no sorprenden porque no conllevan novedad (es una calamidad que desde hace años viene aconteciendo), son siempre escalofriantes: del total  50 muertes fueron violentas y entre sus victimas hay mujeres, travestis y trans. Otro detalle que impresiona: el 12% de los femicidios fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados.

Luego del caso de Úrsula Bahillo (La joven de Rojas, de 18 años quien fuera asesinada por su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez) el presidente, Alberto Fernández, anunció la creación de un Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que estará integrado por los tres poderes del Estado. Esto sin dudas hace emerger una pregunta que amerita ser debatida ¿Es necesario la creación un nuevo ente? ¿Soporta esta Argentina la creación de otro organismo o es momento de hacer accionar los existentes? ¿Necesitamos Consejos con nombre rimbombantes o acción específica, práctica, veloz y eficaz en los ya creados?

El nuevo gobierno trajo consigo una novedad que parecía ser el puntapié inicial para comenzar a darle solución definitiva, con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta.

Entre los objetivos primeros del Ministerio se estipulaba en “prevenir, asistir y proteger ante situaciones de violencia, y también de garantizar el acceso a la justicia a las personas en situación de violencia, lo que implica mucho más que la asistencia jurídica. Y también de ver las distintas interseccionalidades: indígenas, mujeres en contexto de encierro, mujeres rurales, y más”.

Si contar que la Pandemia azotara en el país, que implicó reorganizar todas las tareas del Ejecutivo planeadas para su primer año de gestión, entre los proyectos primarios aparecía el diseñar la continuidad del Plan Nacional contra las violencias machista –previsto en la Ley 26.485–, que el expresidente Mauricio Macri anunció en 2016 pero no cumplió en su totalidad y le aplicó drásticos recortes presupuestarios.

Además tiene como foco el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención y erradicación de las violencias de género en todos sus tipos y modalidades, incluyendo además la asistencia y reparación a sus víctimas; y en segundo lugar, el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales destinadas a igualdad y diversidad con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTBI+.

En su trabajo se le puede sumar la de otros organismos como Línea 144, que brindar información, orientación, asesoramiento y contención a las mujeres en situación de violencia de todo el país, la Línea 137 de Atención a Víctimas de Violencia Familiar , dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Atención a la Víctima de la Superintendencia de Violencia de Género y Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Género que tiene como finalidad promover el acceso a la justicia, a los servicios y programas de protección de derechos a mujeres, la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa, el Programa de Género y Diversidad, coordinado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que busca promover el acceso efectivo a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de aquellas personas discriminadas por su identidad de género y orientación sexual; la Oficina de la Mujer (OM), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos o la Oficina de la Mujer que brinda una guía de recursos y medidas adoptadas por los Poderes Judiciales para la atención de casos de violencia doméstica y de género en todo el país; entro otros tantos a lo largo y ancho de la Argentina.

Sin dudas a nivel organizaciones gubernamentales, el país, cuenta de sobra con instituciones creadas a tales efectos pero que poco hacen, a juzgar por las estadísticas vertidas en los primeros párrafos, para detener los femicidios o menguarlos en el mejor de los casos; originando en consecuencia lógicas dudas respecto a cuan efectivo puede resultar la idea del Presidente de sumar otro más a la larga lista.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”  le atribuyen Albert Eistein, aunque no está claro que el famoso físico sea el autor, pudiendo ser del Mariscal Rommel hasta la escritora Rita Mae Brown, pero eso es materia de otro debate. Lo cierto es que, independientemente de que labios surgió la frase, aplica a la perfección a la triste realidad que azota la Argentina. La política una vez más intenta ejecutar conocidas y poco eficaces recetas ante un eterno (y atroz) dilema: la violencia de género. ¿Por qué acaso es tan complejo erradicar de la sociedad este flagelo?

Tratar de desandar el camino en busca de entender la razón por la cual suceden  y aumentan de manera escalonada los femicidios, con todos los entes de prevención y acción constituidos, es un arduo camino que tiene como punto de partida principalmente la falta de respuestas de miembros de las fuerzas policiales, de fiscales y funcionarios judiciales.

La inacción de estos actores generan un círculo vicioso que arrancan con el descreimiento a las denunciantes; la burocracia; la incipiente articulación entre los distintos poderes a lo largo del país; y el atraso en la capacitación de los policías y operadores judiciales que se suman a un “mensaje de impunidad” que se resumen en una premisa horrorosa: el ejercer violencia contra una mujer no suele tener castigo.

Repasar los últimos momentos de Úrsula deja en evidencia lo poco que sirve la creación de decenas de Organismos Públicos si éstos no son ejercidos con la idoneidad, la capacitación, la perspectiva de género que corresponde y la articulación con la Justicia necesaria.  Cada vez que una mujer se anima a denuncia a su acosador la historia es casi calcada en cualquier punto del país: las mismas se archivan, giran y giran por un pasamano de autoridades y funcionarios, y las sanciones no aparecen sino hasta que las matan.

A éste combo letal hay que sumarle una evidente falta de presupuesto y de personal en las oficinas especializadas en violencia de género y doméstica, la ausencia de un plan efectivo para garantizar el apoyo socioeconómico a las denunciantes y aislarlas a tiempo de sus agresores, la severidad y celeridad de los Jueces para aplicar los castigos pertinentes para quienes son denunciados, o incluso aquellos que reinciden y violan las perimetrales.

Incluso ronda la sensación de la inexistencia de una política unificada en las fiscalías de cada localidad y provincia.

Otro detalle no menor es la burocracia existente para algo que amerita ser expeditivo. Cada denuncia debe tramitarse ante las fuerzas de seguridad y las fiscalías que dependen de cada gobierno local en cada una de las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires. Además, intervienen los jueces de los poderes judiciales locales, y las intendencias o alcaldías están a cargo de la provisión de botones antipánico. Es lógico que articular todo este “aparato” es engorro e implica tiempo. Pero acaso este debería ser el primer eslabón a trabajar, antes incluso que la generación de un nuevo Consejo para el Abordaje de Femicidios.

Interesante es la mirada al respecto de la abogada Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, quien advierte la necesidad del que el “sistema de justicia acompañe a las víctimas, para recibir denuncias, y transformar la práctica de expulsión de las víctimas del sistema de justicia, de descreimiento de las denuncias, de la falta de valor que se le asigna a los riesgos que corren las mujeres”.

En ese sentido resalta la evidente “impunidad y falta de perspectiva de género en las investigaciones” lo que desemboca en un mensaje “de aval de la violencia, de naturalización de la violencia, de permisión, porque el sistema no sanciona. Los delitos graves ocurren y el sistema no sanciona”.

Es claro que la situación es compleja y el horizonte, por mucho que pese, no se aprecia muy alentador. El tiempo pasa, los femicidios no cesan y la solución parece estar a millas de distancias. Se crean ostentos organismos con simpáticos nombres, pero eso no alcanza. No alcanza con la indignación de los funcionarios de turnos. No alcanza ya con las marchas, valerosas y necesarias, de miles de mujeres al grito de “ni una menos”. No alcanza siquiera con la exitosa política de visibilizar y conquistar derechos, puesto que la vida de una mujer desaparece cada vez que la tierra gira por completo en su eje.

Es necesario una postura seria, una mirada directa que apunte a identificar responsabilidades y punirlas. Es urgente una revisión de las fuerzas que tienen a cargo la prevención y acción ante los abusos y los maltratos de género. Es tiempo, o mejor dicho, ayer ya era tiempo, de que por una vez por todas en la Argentina exista un federalismo que articule esta serie de organismos para prevenir, detener y reaccionar ante cada denuncia, ante cada exposición de peligro. Es época de abandonar, por un instante, la comodidad de un escritorio y meter las piernas en el barro, arremangarse y tomar el toro por las astas. No se trata de sumar burocracia, sino de dar soluciones.  Lo gritan en silencio las miles de víctimas que ya no pueden gritar.

 

 

Para NCN por Juan José Postararo

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