Buscan regular la publicidad no deseada en servicios de telefonía

Llanos Marcelo diputado nacional fpvEl Diputado Marcelo Llanos (FPV), integrante de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, elevó al Congreso un proyecto de ley para proteger a los usuarios de telefonía (fija o móvil) frente a eventuales abusos de la oferta de bienes o servicios telemarketing.

La iniciativa apunta a regular el envío, contratación y cobro de información a través de mensajes interactivos que efectúan distintas empresas de servicios a través de transferencia de datos por las líneas telefónicas. El servicio que otorgan va desde chistes y horóscopos hasta recomendaciones sexuales y fotos eróticas. Ese tipo de prestación tiene un costo para el usuario que muchas veces no se lo identifica con claridad.

Otro aspecto del servicio es que la suscripción es muy sencilla, casi automática, y no sucede lo mismo cuando alguien quiere darse de baja. Además, otra variable en la adquisición de la prestación es la aceptación del contrato en forma involuntaria, mediante la presión de un botón del celular. Así, entra en vigencia un servicio con un costo, que puede ser insignificante para el usuario, y aprende a convivir con él en muchos casos, pero que en definitiva, para la empresa prestadora del mismo se traduce en sumas altamente redituables solo por enviar en cadena un mensaje de texto. A tal punto que, según explicó Llanos, por este tipo de telermárketing no solicitado las empresas de telefonía facturan mensualmente millones de pesos.

La propuesta del diputado nacional establece que “el proveedor (de la línea) está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización”. Además que “la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.

La iniciativa prohíbe “la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.

Llanos detalló que las estrategias de estas prestadoras “generan perjuicios económicos y personales ya que las empresas realizan llamados o envían mensajes en momentos inoportunos, molestando a los usuarios a cualquier hora e interrumpiendo sus tareas, y hasta pueden resultar estafados por la contratación de bienes o servicios no solicitados con pleno conocimiento de sus derechos y deberes”.

El referente del kirchnerismo destacó que en nuestro país “existen 55,4 millones de líneas en uso de telefonía móvil y son numerosos los reclamos de usuarios que se vieron afectados o estafados por el cobro de prestaciones que no fueron aceptados por escrito por los mismos, en pleno conocimiento de la totalidad del contrato”.

Norberto Capellán, Presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (entidad de la que forman parte Personal, Claro, Movistar y Nextel) aseguró «desconocer» ese tipo de convenios y operaciones de los servicios de datos. Cabe aclarar que las compañías prestadoras del servicio telefónico no son las que mandan el mensaje inoportuno, pero sí son las que le cobran al usuario el costo del mismo y por eso, este el proyecto de ley apunta a su responsabilidad en la transacción.

Asimismo, Capellán indicó que las telefónicas tienen una cantidad cercana a las 12 millones de consultas por mes. Llanos intuyó que “que gran parte de los llamados son por reclamos», dando así, una dimensión de cuántos usuarios podrían verse afectados por este negocio millonario.

Un comentario en «Buscan regular la publicidad no deseada en servicios de telefonía»

  • el 6 de junio de 2013 a las 13:16
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    ¿por qué no trabajan mejor en otorgarle el estado de interés público y así poder regular la prestación completa del servicio que hace años deja mucho que desear?

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