El Bloque Cambiemos presentó una iniciativa para evitar el desdoblamiento de las elecciones provinciales con las nacionales, medida que anunció en los últimos días el gobernador Arcioni. En sus fundamentos se argumenta la crisis financiera que vive la provincia, situación que ameritó la creación de la Ley de Emergencia Económica. La decisión le implicará al Estado un costo aproximado de $70 millones. “Claramente acá no hay un interés colectivo sino que prima el interés del Gobierno”, señaló Conde

“Es un verdadero despropósito desde lo político e institucional que el Poder Ejecutivo Provincial pretenda fijar las fechas de las elecciones desdoblándolas de las nacionales”, comenzó expresando el presidente del Bloque, Eduardo Conde.

En este sentido especificó que desde el punto de vista jurídico-constitucional, “no existe ninguna atribución del Poder Ejecutivo para que pueda emitir un decreto fijando las elecciones. El régimen electoral en nuestra Constitución establece la potestad exclusiva y excluyente de la Legislatura para estos fines. La inexistencia de un Código Electoral le permite encubiertamente al Ejecutivo arrogarse esta potestad para fijar la fecha pero esto sería lo propio si hubiera una norma de fondo, y consecuentemente el único rol que cumpliría el Ejecutivo por vía de decreto sería formalizar desde el punto de vista administrativo las elecciones conforme al régimen sustancial. Pero no existe esa posibilidad”, explica.

Ante ello, “invoca la norma nacional del Código Electoral, y sobre esta base pretende fijar las fechas de las elecciones, contradiciendo la manda del ordenamiento nacional que dice que esa fecha es octubre”.

Costo excesivo en épocas de crisis

Por otra parte, remarcó el abogado el alto costo financiero que le generará la decisión de Arcioni al Estado, que ascendería a los $70 millones. “El costo de la elección tendrá que ser solventado por la provincia y no se compadece con la situación financiera que atravesamos”, expresó.

En el proyecto de ley fundamenta que “es de público y notorio conocimiento la gravedad de la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia del Chubut, afectando severamente el funcionamiento de todos los Poderes y organismos del Estado, entre cuyas consecuencias más visibles y emblemáticas se encuentran la imposibilidad de pagar en tiempo y forma los haberes de los trabajadores públicos y los créditos de los proveedores. La situación antedicha extiende sus efectos negativos sobre toda la población de la provincia”.

En el contexto indicado, la Legislatura sancionó la Ley VII N° 81 que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, tendiente a dotar al Poder Ejecutivo de herramientas eficaces para reducir el gasto público, especialmente en cuestiones improductivas o que no impliquen la satisfacción de necesidades prioritarias.

“La profundidad de la crisis impone el deber de todos los Poderes del Estado de contribuir en la adopción de todas las medidas necesarias para contribuir en la eliminación de gastos superfluos o innecesarios. En orden a los antecedentes en la materia que trata el presente proyecto, cabe mencionar que las elecciones de autoridades provinciales realizadas en los años 2007 y 2011 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo para fechas distintas de las elecciones nacionales, mediante Decretos N° 457/07 y N° 630/11”, manifiesta.

Argumenta que “la atención se centraliza en el costo que implica para la Provincia del Chubut desarrollar un proceso eleccionario en fecha distinta de la establecida por el Estado Nacional el cual, según estimaciones objetivas, ascendería en la actualidad a $70 millones aproximadamente. En el escenario económico sintetizado, de extrema gravedad y compleja solución, tal gasto no puede ser justificado de manera alguna, por lo que resulta necesario establecer las medidas legislativas necesarias a fin de evitar el dispendio innecesario para las arcas públicas”.

Compartinos: