Este jueves el diputado nacional Luis Petr​i (UCR- Mendoza) presentó un proyecto de ley para juzgar por hechos de corrupción a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales. La iniciativa modifica los delitos de “Cohecho” y de “Enriquecimiento Ilícito” con el fin de sancionar a aquel que dirija o administre asociaciones sindicales y cuenta con las firmas de diputados como Graciela Ocaña y Cornelia Schmidt Liermann del PRO y Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica.

Además, el proyecto incluye a las obras sociales de la ley 23.660, que incurra en alguna de las acciones típicas antes mencionadas. ​Dada la gravedad de dichos delitos, también se propone un aumento de las penas.

La iniciativa también lleva la firma de los diputados Carlos Fernández, Julián Dindart, Pablo Torello, David Schlereth, Gustavo Menna, Lorena Matzen, José Riccardo, Horacio Goicoechea, Hugo María Marcucci, Gabriel Frizza, Sergio Buil, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Martín Grande, Julio Sahad, Aída Ayala, Pablo Torello, Facundo Suárez Lastra, Natalia Villa, Leonor Martínez y Marcelo Monfort, ​entre otros.

“Los sindicatos juegan un rol fundamental en una sociedad democrática. Y en la Argentina, por su singular estatus legal, y sobre todo en lo que hace a la administración de las obras sociales, cumplen funciones “para-estatales” y se desempeñan como verdaderos entes de derecho público”, expresan en el comunicado los diputados.

Y agregan: “Pero numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones. Por lo que la rendición de cuentas y la transparencia en su administración también ha cobrado interés público y excedido ampliamente el ámbito de los afiliados”.

“El norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción”, concluyó el Vicepresidente Segundo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Es por ello que, a los efectos de prevenir prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros y el consecuente deber de acreditar la situación patrimonial y los motivos del enriquecimiento patrimonial de los responsables de administrar dichos fondos, el proyecto también regula la obligación de presentar declaraciones juradas por parte de quienes dirijan o administren asociaciones sindicales.

De aprobarse el proyecto, por primera vez el interés de los trabajadores afiliados en la claridad de la situación patrimonial de los dirigentes gremiales -que se ve directamente afectado cuando se produce un enriquecimiento que no guarda relación con los ingresos legítimos del dirigente- podrá estar garantizado en la ley.

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