La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, endureció su postura contra los supermercados presentando un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de «abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir grandes proveedores. «La presente ley será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso desde la producción hasta la distribución final de alimentos y productos alimenticios», fundamenta la iniciativa.

El año pasado la líder de la Coalición Cívica, había desatado su furia cuando, en plena sesión en la Cámara de Diputados, aseguró que no va más a los supermercados por el «abuso» sobre el pacto de precios. Eran épocas de las primeras disparadas en el precio del dolar y aumentos incierto de la inflación.

«Tenemos que ejercer los derechos a los supermercados. Yo no voy más. Es nuestro deber hacer desarrollar la ley de defensa de la competencia en un país donde la corporación y el monopolio han regido 70 años», dijo la diputada oficialista en el recinto.

«La podríamos llamar la ley del chivo, porque en el medio de la inflación fui a comprar un chivo y valía 6000 pesos, cuando en ojo de agua vale 600 pesos. ¡Lo pagué en dos cuotas!», se indignó y agregó: «Nunca pensé que un chivo que sale $600 en ojo de agua podría salir 6000 en un supermercado. Lo que está hablando justamente del abuso del pacto de precios».

En contreto, el proyecto plantea como objetivos: resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimenticia, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores; y contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de de productos alimenticios suficientes y de calidad.

“Si existiera una situación de desequilibrio en el caso de los contratos alimenticios, será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito», propone el proyecto de Carrió.

La iniciativa crea un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos, tanto de reposición como de logística inversa, o la misma distribución, dado que estos mecanismos resultan la principal barrera de entrada a los supermercados, lo que significan costos adicionales que limitan la concurrencia de otros proveedores.

En cuanto a la participación en las góndolas, la iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica estipula que «la participación en góndolas será equitativa
para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales. Está prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características».

«Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales», señala Carrió en su presentación.

Además, plantea que «la forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los supermercados, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría. Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos.
Los productos de menor precio conforme la unidad mínima comparativa del artículo 30 de la presente ley deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros», agrega.

«Todo programa gubernamental, tanto nacional como provincial o local, que tengan por finalidad brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, deberán estar señalizados con carteles indicadores que faciliten su identificación respetando las pautas de exhibición de precios», propone la diputada de Cambiemos.

El enojo de Carrió contra los supermercados, sesión de mayo de 2018:

 

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