Carrio presentó un paquete de leyes contra el narcotrafico que incluye la derogación de la AFI
La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-CABA) presentó un paquete de propuestas de lucha contra el crimen organizado que consta de tres iniciativas: la derogación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de una agencia federal contra el crimen organizado, la federalización de los delitos de narcomenudeo y la federalización de los delitos de torturas.
El proyecto de ley deroga la ley nacional de inteligencia y la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia, es donde se producen «las más graves violaciones a los Derechos y Garantías de los ciudadanos garantizadas en la Constitución Nacional, facilitando el desarrollo del crimen organizado», consideró la diputada en un comunicado de prensa.
La legisladora apunta a la «centralización extrema de atribuciones asignada a la AFI» que va en contra de la práctica en los países europeos de mayor experiencia democrática, por tal motivo “se propone una reforma integral de la seguridad federal para la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas”, explicó Carrió.
El proyecto de ley crea, por un lado, el Sistema de Inteligencia Nacional y, por el otro, y separado de este, el Sistema Nacional de Investigación con el objeto de luchar contra los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, sedición, tráfico de armas, tráfico de divisas, tortura, tráfico y trata de personas. También se incrementan las funciones y atribuciones del control Parlamentario a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigación.
Dentro del Sistema de Inteligencia se crea la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Argentina, que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, la que procesa, analiza e interpreta la información de fuentes abiertas. No cuenta con medios propios de reunión de información ni de investigación, como hasta ahora tenía la AFI, y prohíbe, a su vez, el agente encubierto (es decir, aquellos que cuentan con más de una identidad o doble legajo). El proyecto transparenta y restringe los fondos reservados.
Carrió propone crear la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, a fin de proporcionar a las Fuerzas de Seguridad la inteligencia oportuna para la prevención del delito y para auxiliar la ejecución de investigaciones.
Dentro del Sistema de Investigación se crea la Agencia Nacional de Investigación del Crimen de la República Argentina. Se constituye sobre la base de los siguientes elementos: Se crea una Dirección de Integración y Operaciones de Agencias Estatales, con la capacidad de coordinar la inteligencia disponible en el Sistema de Inteligencia Nacional; el Departamento de Delitos Federales, como órgano propio de coordinación principal con el Departamento Narcotráfico y Crimen Complejo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Departamento de Narcotráfico de la Dirección General de Aduana.
También se crea la Fuerza Especial de Investigaciones en base un núcleo inicial de personal especializado en investigación de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales, Migraciones, Dirección General de Aduanas y de otras áreas del estado que disponga de especialistas en investigación. La FEI queda bajo dependencia directa de la Agencia, como órgano de ejecución propio. Será la principal Fuerza de Investigación Judicial del Delito Federal. Se impulsa la creación de la Unidad Contraterrorismo, con parte y en base a los elementos especializados de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales. Esta Unidad queda bajo dependencia directa del Director General de la Agencia como órgano de ejecución propio.
Carrió también presentó un proyecto tendiente a retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. El tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico la ha entorpecido, e incluso, ha facilitado el avance del crimen organizado, observándose en este tiempo un recrudecimiento de los delitos conexos como los homicidios por encargo o por venganza.
“Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley 26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, dijo Carrió y explicó “Señalamos que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado. Se produciría un fraccionamiento de las investigaciones, puesto que la ley 23.737 no establece un parámetro para determinar a partir de qué cantidad de estupefacientes el magistrado debe considerar que se está frente a un caso de comercialización o de tenencia”.
Además produciría un fuerte dispendio jurisdiccional causado por cuestiones o conflictos de competencia, y recargaría a los tribunales criminales locales, muchos de los cuáles carecen de los recursos humanos y económicos necesarios. Y así efectivamente sucedió. Link al proyecto http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=188886
Por último, Carrió propone el proyecto de federalización de los crímenes de torturas. El delito de tortura debe ser de índole federal aun cuando fuera cometido en el territorio y por funcionarios de las provincias. Puesto que tratándose de conductas violatorias de derechos humanos le corresponde la obligación de juzgarlos al Estado Nacional como garante de los derechos humanos de todos sus habitantes.
Link del proyecto: http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=187199