El proyecto de nueva Ley de Ética Pública comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados donde una de las discusiones centrales esta referida a las declaraciones juradas de los sindicalistas.

Al respecto, la diputada nacional Soledad Carrizo, aseguró que hace ya un año, “promovía en el marco de estos proyectos incorporar un régimen de declaraciones juradas patrimoniales dirigido específicamente a los miembros de los órganos de gobierno y administración; que hoy el nuevo proyecto de ética para la función pública retoma en su articulado”.

“Estas propuestas que desde el año 2014 vengo trabajando a través de diferentes proyectos forman parte de un proceso integral de readecuación democrática y ética institucional para sindicatos y obras sociales, persiguiendo el propósito de revertir la desconfianza ciudadana sobre ambas organizaciones, su crisis de representatividad, pero sobre todo con el objetivo de promover la auto pro actividad de estas entidades y un compromiso de su parte en el establecimiento de estándares de transparencia y prevención de ilícitos”, manifestó Carrizo.

En este sentido, Soledad Carrizo expresó que el nuevo proyecto de ley que comenzó a discutirse en la Honorable Cámara de Diputados, “dispone a las entidades sindicales entre los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas, prescribiendo que quienes integren los órganos directivos y de administración deberán presentarlas como requisito de permanencia en el cargo; asignándoles la responsabilidad de aportar a la transparencia, buscando debilitar los incentivos que favorecen a la corrupción dentro de estas entidades”.

“Un año antes”, agregó la diputada nacional, “el día 08 de marzo de 2018 presenté 2 proyectos de ley dirigidos en el mismo sentido, los proyectos de ley 0567-D-18 y 0568-D-2018 de modificación de la ley 23.551 de asociaciones sindicales y la ley 23.660 de obras sociales, proponiendo la alternancia en órganos de dirección de ambas entidades y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción; proyectando hacia al ámbito de las organizaciones sindicales instituciones propias de la lucha contra la corrupción e incluyendo algunos aportes de la ley de acceso a la información pública sobre el uso de fondos públicos”.

“Ambos proyectos que hoy esperan su tratamiento, pretenden que estas organizaciones asuman un papel activo, una autorregulación en materia de transparencia buscando el desempeño legal y ético de sus dirigentes; buscando que sean las propias entidades sindicales quienes incorporen en sus estatutos reglas de conducta ética, sistemas de control y buenas prácticas para prevención de la corrupción y regímenes de incompatibilidades y conflictos de intereses para sus dirigentes”, aseguró la legisladora nacional .

“En Argentina, la incorporación y regulación del principio de transparencia y prevención de la corrupción en la ley de asociación sindicales y de ética pública, y con ello la consecuente adopción de reglas propias por parte de los estatutos sindicales permitirá un fortalecimiento institucional tanto para un mejor cumplimiento de sus fines cuanto en la creencia de legitimidad por parte de sus miembros y de la sociedad en general. Las entidades sindicales deben ser actores centrales de este proceso de reconfiguración y modernización, y deben participar de forma activa del fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción, procurando prevenir y corregir las deficiencias en su gestión”, concluyó.

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