Columnas de Opinion

La reforma cosntitucional que este mes cumple 20 años buscó integrar en la Constitución los modelos parciales liberal (1853) y social (1957) con una visión más completa, humanista y medioambiental.

La reforma constitucional se juró un 24 de agosto de 1994. Y tiene actualidad en vista de la polarización en estas PASO.
El 24 de agosto se cumplen 25 años de la jura de la Reforma Constitucional de 1994, y esto ocurre en el contexto de las elecciones del 2019. Las opciones electorales plantean una polarización entre un modelo liberal y uno social que obtuvo un resultado contundente en las PASO realizadas el 11 de agosto.

Para el destacado sociólogo Eduardo Fidanza, esta polarización hace presente “el debate inconcluso” entre el liberalismo y el populismo, mientras que para la reconocida economista Marina Dal Poggetto expresa “una puja distributiva”, tanto entre el capital y el trabajo como entre el sector privado y el sector público, pero ambos coinciden en la necesidad de lograr una síntesis.

En tal sentido, la Constitución Argentina ya ha superado esos modelos parciales, el liberal y el social, con sus puntos de vista aparentemente aislados y excluyentes, integrándolos en un modelo más amplio o abarcador. Y como dijo Alberdi: “La política no puede tener miras diferentes de las miras de la Constitución”. Entonces, ¿cuál es el modelo político, económico y social de la Constitución Argentina en el siglo XXI?

La Constitución de 1853, de orientación liberal, estableció básicamente los derechos individuales de la libertad y la propiedad en los artículos 14 y 17, respectivamente; el territorio federal en el artículo 3, los bienes públicos en el artículo 4, la forma de gobierno republicana en el artículo 1, y la llamada cláusula del progreso en el artículo 67, inciso 16, que prevé los medios conducentes al progreso económico y cultural, de acuerdo con el espíritu de la época moderna, inspirado en la ideología del progreso hacia un mundo mejor, que parecía poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia.

Posteriormente, la Reforma Constitucional de 1957, de neto corte social, estableció los derechos del trabajador, de los gremios y los beneficios de la seguridad social, en el artículo 14 bis. Con respecto a los derechos del trabajador, determinó las condiciones del trabajo incluyendo en la retribución no solo el salario, sino también la participación en las ganancias de las empresas, como una distribución equitativa de los ingresos resultantes de la producción en la medida de la contribución a su realización.

Finalmente, la Reforma Constitucional de 1994, de carácter humanista y medio-ambiental, estableció la cláusula de protección del ambiente como bien colectivo en el artículo 41, para asegurar el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano” y para que el ejercicio de la “industria lícita” (artículo 14) sea sustentable, y la nueva cláusula del progreso en el artículo 75, inciso 19, “conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”, lo que configura “el modelo de país a construir en el próximo milenio”, “un programa, un proyecto nacional para los argentinos del siglo XXI” (diario de sesiones de la Convención Constituyente, páginas 3911 y 3912).

La nueva cláusula del progreso del artículo 75, inciso 19, es una complementación de la cláusula del progreso originaria de 1853, que une el progreso económico con la justicia social, ya que “al desarrollo humano le interesa tanto la generación de crecimiento económico, como su distribución” (diario de sesiones de la Convención Constituyente, página 3912), y el desarrollo integral de la persona humana en su doble sentido individual y social, es decir, el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Y la reforma también le otorgó jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, a los tratados y convenciones sobre derechos humanos que son complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución.

En la Constitución Argentina, la visión liberal y la visión social se integran en una visión más completa: el modelo de desarrollo humano y progreso económico con justicia social. La Constitución ha seguido un camino de integración de los modelos parciales liberal y social -los cuales más allá de las apariencias no son excluyentes sino complementarios- hacia un modelo más amplio y abarcador del desarrollo humano, en su doble dirección individual y social, que incluye al mismo tiempo el progreso económico y la justicia social.

La injusticia distributiva y la división o “grieta” social que existe en nuestro país no proceden de la aplicación del modelo constitucional sino de su omisión.

El modelo de desarrollo humano y de progreso económico con justicia social es el camino de la unión nacional en el siglo XXI. Porque la Constitución, como dijo Alberdi, es “la carta de navegación” para la confluencia de los argentinos. De manera que la polarización política, la injusticia distributiva y la división o “grieta” social que existe en nuestro país no proceden de la aplicación del modelo constitucional sino de su omisión.

Cabe entonces preguntar: ¿por qué el modelo de desarrollo humano y progreso económico con justicia social no se ha puesto en práctica de manera integral?

En primer lugar, porque las visiones parciales, tanto la liberal como la social, no ven la comunidad política, económica y social de forma completa. La visión liberal ve a los individuos y la visión social ve al conjunto de la sociedad, pero no captan la parte media o común que comparten unos y otros individuos: no perciben la parte central de la los bienes públicos (artículo 4, CN), la parte central de las ganancias de las empresas (artículo 14 bis, CN) y la parte central del medioambiente (artículo 41, CN), por lo que carecen de una visión integral.

En segundo lugar, porque las visiones parciales no siguen el camino de la integración creciente de la Constitución en su evolución histórica. Primero, la integración política (1853): la unión de los ciudadanos en los bienes públicos. Segundo, la integración económico-social (1957): la participación de los trabajadores y los capitalistas en las ganancias de las empresas, o sea, la unión productiva-distributiva. Y tercero, la integración humano-ambiental (1994): el desarrollo humano de todos los habitantes en el ambiente común.

En tercer lugar, porque las visiones parciales liberal y social no comprenden que la parte central de los bienes públicos, de las ganancias de las empresas y del medio-ambiente es el término medio de la comunidad, lo que significa la parte de unión entre unos y otros ciudadanos, el núcleo o el centro de integración de los diferentes polos de la sociedad, es decir, la cosa compartida sin la cual la comunidad se desintegraría. Así, el término medio es la clave de interpretación del sentido de la integración constitucional.

De modo que las propuestas electorales del 2019, para ser legítimas y positivas, deben encuadrarse dentro del modelo de desarrollo humano y progreso económico con justicia social de la Constitución vigente, no siendo válido volver al pasado con visiones parciales -liberal o social- que contradicen el camino de la integración creciente recorrido en la historia constitucional.

*Abogado constitucionalista

(*)

Las nuevas empresas de base tecnológica que irrumpieron en los últimos años en diversas industrias, muchas de ellas tradicionales, generan dudas y planteos novedosos en cada lugar en donde comienzan a tener presencia. Lo mismo sucede en este momento con las fintech y uno de los temas que comenzó a ponerse en discusión en el sector financiero es si debe existir una regulación específica en el mercado local para estas empresas.

En el caso de las fintech nos encontramos con una situación diferente a la de algunos emprendimientos globales, ya que el sector financiero está altamente regulado, existen soluciones distintas que no compiten de manera directa con los sistemas tradicionales y escapan de la mirada omnipresente de los modelos que surgen de Silicon Valley y de otros centros de innovación a escala global. Estos factores brindan herramientas para discutir y buscar respuestas que se adapten a las problemáticas locales.

Como la discusión que se está dando en la Argentina es casi una copia del proceso natural de maduración que ha tenido el mercado globalmente, cuando las fuerzas disruptivas de las fintech cobraron una mayor magnitud a medida que crecieron en cantidad y proporción con respecto a la banca tradicional, analizar cómo lo resolvieron en otras geografías nos dará herramientas para pensar una solución propia. Nuevas tecnologías y procesos nos ayudan para tomar mejores decisiones e identificar quien se puede beneficiar de un crédito y también los que no.

Por ejemplo, el resultado de las regulaciones en Europa y Asia fueron muy dispares. En Letonia, Lituania, Suecia y Finlandia, optaron por pegar de lleno por el lado del tope de la tasa de interés y produjo una contracción de la oferta de las fintech y un mercado desatendido al que estas empresas daban una solución. Esta opción ha sido llevada al extremo en algunos casos: en Georgia, en el cual el tope de la tasa de interés fue tan drástico que produjo una salida masiva de todas las empresas de préstamos on-line del mercado dejando a toda la población que era desatendida por los bancos sin una oferta diferente. La ausencia de prestamistas no bancarios eliminó efectivamente una opción regulada de muchos, en beneficio del mercado gris.

Otros países, como la República Checa y Dinamarca, adoptaron una estrategia pro mercado y de consenso, donde el Banco Central validó y discutió con las empresas y diferentes entes gubernamentales -las equivalentes locales de la AFIP, la Comisión Nacional de Valores o el Ministerio de Modernización- para crear una regulación que proteja al consumidor, con un marco claro y conciso para los distintos referentes del mercado, sin asimetrías y desventajas para los distintos jugadores.

Finalmente, en el Reino Unido, el entorno regulatorio alentó la innovación en el mercado fintech y es un modelo tomado como referencia por otros reguladores. Cuando surgió la preocupación de que algunas personas estaban teniendo dificultades con su deuda, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera, FCA, por sus siglas en inglés) se encargó de analizar cuidadosamente la situación. La FCA estaba liderada por los principios de una fuerte protección del consumidor y un mercado viable. Hoy en día, los consumidores del Reino Unido tienen un buen acceso al crédito y salvaguardan contra una deuda inmanejable según las reglas que protegen y reconocen la naturaleza de los préstamos digitales de pequeña suma y la importancia de garantizar una opción regulada con seguridad.

¿Cuál es el camino que debería tomar la Argentina? Esta es la dicotomía en la cual nos encontramos y recién ahora comenzamos a discutir. En esta disyuntiva no debemos olvidar principios que son claves para una futura regulación: proteger a los consumidores a través de una regulación completa y práctica que llegue a todos los actores del mercado; mejorar la experiencia del usuario con una competencia sana y, sobre todo, tener en cuenta que una regulación excesiva puede alejar a las empresas de participar en el mercado y dejar a los usuarios sin opciones ante sus necesidades financieras.

La regulación que efectivamente impide una opción regulada niega a las personas que busca proteger, la protección de la ley. En los próximos meses esta sana discusión entre los distintos actores debe avanzar y plasmarse en una regulación que tenga como finalidad los puntos anteriormente descritos y que permita hacer crecer y madurar al mercado, proteger a los consumidores e impedir que cualquier participante tenga una ventaja frente a otros. Como empresa del sector fintech es nuestra responsabilidad trabajar para que esto se cristalice en un futuro cercano.

Por Salvador Calogero – Director ejecutivo de la compañía 4Finance en la Argentina.

Lo primero que habría que decir es que la heladera le ganó al televisor. La situación económica, la falta de trabajo, el temor a perder el trabajo, una inflación que no supieron dominar en estos casi cuatro años, un aumento de la pobreza y en general una perspectiva de futuro muy difícil, de alguna manera le ganó a la publicidad y al marketing y a un discurso que afectó a millones de argentinos y desmejoró fuertemente su calidad de vida.

Fue una contundencia absoluta del peronismo que no lo pudo registrar ninguna encuesta de opinión. En líneas generales se presumía un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, pero no con la contundencia que tuvo a nivel nacional y mucho menos con una diferencia de casi 17 puntos en la provincia de Buenos Aires.

Indudablemente, la sociedad castigó fuertemente una política económica que oradó la vida cotidiana de todos los argentinos. Fue un peronazo, muy similar a aquel de 1985, donde el presidente Ricardo Alfonsín también había logrado un triunfo contundente y se hablaba de alfonsinazo. Hoy el peronazo se produjo en todo el país.

Esta situación abre una serie de interrogantes y faltan todavía dos meses largos para las elecciones del último domingo de octubre. Ahora entra a jugar la madurez de la dirigencia política argentina, fundamentalmente porque el gobierno quedó muy debilitado, un gobierno que indudablemente va a tener que abrir fuertemente sus políticas, va atener que empezar a dialogar de otra manera para poder llegar de la mejor forma a octubre.

Fue una elección de internas abiertas y simultáneas contundente y casi imposible de poder revertir. En estas cifras hay una voluntad manifiesta de la sociedad argentina de generar un cambio y eso se manifestó fuertemente. En este escenario encontramos un gobierno que va a tener que ser protagonista central para generar gobernabilidad y esperemos que la oposición este a la altura de las circunstancias, que no surja la soberbia por el triunfo electoral.

El pueblo argentino se manifestó, cuando se elige las elecciones tienen sus costos. Se le dio una carta blanca muy fuerte a la oposición y fundamentalmente al peronismo. Esperemos que hoy el peronismo esté a la altura de las circunstancias y pueda generar la institucionalidad necesaria para poder llegar al acto electoral de octubre de la mejor manera posible, que Mauricio Macri termine su mandato y que pueda entregar el bastón de mando a un nuevo presidente de la República.

Por Carlos Germano – Consultor y analista político, director de Germano y Asociados.

A diferencia de 2015, no hubo competencia interna en ninguna de las listas participantes que postulaban a la categoría «Presidente y Vicepresidente». Sólo seis de las diez precandidaturas en competencia superaron el piso del 1,5%. Sin embargo, el hecho de que dos alianzas conciten en su conjunto más del 80% y la necesidad de mejorar la perfomance de Juntos por el Cambio (JxC), podría determinar que algunos competidores más afines al oficialismo puedan ser tentados a retirar sus candidaturas en una búsqueda desesperada por mejorar la chance de esa alianza.

La fuerza Consenso Federal (CF) de Roberto Lavagna podría gestar un acuerdo programático con el Frente de Todos (FT) si se precipitaran ciertos acontecimientos políticos y económicos que requieran brindar certeza y previsión a la ciudadanía.

El nivel de participación en las Paso 2019 fue bastante similar al de 2015 (75%) pero bastante inferior al de 2011 (78,7%). No obstante, lo holgado de la diferencia obtenida por la fuerza ganadora (FT) respecto a al oficialismo (JxC) deja en duda que un eventual incremento en la participación en las elecciones generales de octubre (mayor en las presidenciales que en las de medio término) sirva para acortar esa brecha.

Es más, alguno de los seguidores de la alianza oficialista podrían sentirse desesperanzados de concurrir a las urnas, especialmente la franja de mayores de 70, que no se encuentra obligada a sufragar.

Con un porcentaje mayor al 45% y una diferencia mayor del 10% respecto al segundo, el Frente de Todos se constituye en virtual ganador de no mediar acontecimientos extraordinarios.

Buena parte del desacierto de las empresas encuestadoras, al intentar prever resultados, se puede explicar en la existencia del denominado voto «pudor». La demonización de un candidato por parte de los medios masivos de comunicación, encolumnados detrás de la figura del candidato oficial, provoca que el votante no esté dispuesto a revelar su simpatía con el candidato cuestionado y prefiera callar o mentir al respecto. Tal como aconteciera -a nivel internacional- en los EE.UU. en 2015, con Donald Trump en su disputa con Hillary Clinton.

El aprovechamiento político de ciertas investigaciones de corrupción llevadas adelante por un sistema de jueces federales sospechados de manipulación, sumado a la sensación de que el actual gobierno no ha conseguido avanzar con firmeza en el combate contra ese flagelo, y que algunos indicadores de percepción realizados por organizaciones internacionales revelaran que uno de cada dos argentinos intuye que el Presidente y algunos de sus funcionarios podrían estar involucrados en hechos de ese tipo, provocó en la práctica la neutralización de ese factor en amplias franjas del electorado a la hora de incidir en el sufragio, sumado a los padecimientos económicos que postergan a la ética y la transparencia como factores decisivos para determinar el voto.

La mayor inversión en materia de recursos económicos durante la campaña -la ventaja que suele dar el ser oficialismo- y el uso y abuso de las redes sociales -incluso dentro de la denominada veda electoral- no tuvieron para la alianza que encabeza el actual mandatario la incidencia esperada, en tanto la subestimación del ciudadano puede constituirse en un factor adicional de rechazo, si se repiten ciertas técnicas y se usan discursos poco realistas.

Las dificultades acontecidas a la hora de proveer datos oficiales, mientras sus candidatos hablaban de una «mala elección», pone en evidencia que ya se contaba con ellos y que no se trasmitieron en igualdad de condiciones para la ciudadanía, provocando una quebrantamiento al debido acceso a la información pública.

Dicho comportamiento no puede admitirse ni repetirse en los comicios generales de octubre; y obliga a que la Cámara Nacional Electoral y los jueces federales con esa competencia dispongan las medidas preventivas necesarias para evitar que ese tipo de situaciones pongan en duda la transparencia del escrutinio.

Por Marcelo Bermolén – Abogado. Especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral. Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

Sin reproches, sin enrostrarles a los votantes que votaron con el bolsillo, que no pensaron en el asfalto, el SAME, el Metrobús y las cloacas. Con redoblada confianza, octubre es posible. El electorado no está compuesto – ni acá ni en ninguna parte – por serafines y querubines. Son ciudadanos sometidos a múltiples tensiones y en la Argentina a una pulsión adicional, la mentada grieta.
Se ha simplificado la hondura de histórica división argentina. No se trata únicamente de honestos vs. ladrones o de republicanos vs autoritarios. Lastimosamente, nuestro pueblo – a horcajadas de tantísimas frustraciones y de un cúmulo de descréditos, muchos aviesamente suscitados – tiende a suponer que honestos en las cumbres dirigentes existen muy pocos y que autoritarios son casi todos. O, como mínimo, que nuestro desapego por las instituciones es una mala formación cultural que atraviesa a todos los partidos y abarca a todas conductas. La desunión es más honda. Se trata de que a pesar de tener más de 209 años de vida emancipada aún no hemos acordado el modelo básico para nuestra vida en común. Por eso se sigue escuchando que ‘tenemos que definir qué país queremos’. Si la dirección todavía está indeterminada, ¿cómo pretender que la Argentina avance? Se sabe, no hay viento favorable para la nave que no sabe adónde se dirige.
El presidente le ha propuesto al país apertura, modernización, institucionalidad. Sólo sobre esas bases – le ha dicho a la Argentina – se podrá progresar. Por eso, por caso, su empeño en lograr el preacuerdo Mercosur-Unión Europea al que recibió hasta con indisimulada emoción. El canciller casi lloriqueó al anunciarlo. Empero, ese mismo convenio fue fulminado como ‘tragedia’ por el entonces precandidato opositor a gobernador bonaerense. Y el ahora candidato a presidente Fernández expresó hace unos días que él no va a cerrar la economía, pero que protegerá los intereses de la gente. Es decir, la apertura es vista con aprensión porque es una amenaza de desamparo del trabajo argentino. No es algo propicio, sino una pócima ácida que habrá que digerir. Casi como aceite de castor.
Son dos ópticas totalmente contrapuestas. Para el presidente, la apertura es la que generará más trabajo y actividad; para el candidato que lo enfrenta, esa misma apertura generará más desocupación y miseria. Para el oficialismo, es el camino a la riqueza. Para la oposición es la ruta a la pobreza.
En este contexto decir que el presidente es responsable de haber mantenido vigente al sistema que ejerció doce años y medio el poder, entre 2003 y 2015, es cuanto menos, una ligereza. Ese régimen se sostiene porque la Argentina no ha saldado cuál es su derrotero. La propuesta de ‘Paz, Administración, Progreso’ de hace 140 años fue abandonada por la de ‘justicia y distribución’. Se relegó la expansión de la economía, apostando a repartir lo preexistente. No es casual que un dirigente pensante como Frondizi haya propugnado en 1956/57 el desarrollo. Detectó que en él estaba la clave. Sin embargo, terminó echado, al igual que se honrado sucesor. El país, de tumbo en tumbo, ganado por el estancamiento. A la postre, la injusticia original no fue reparada y la promesa de un país que daría “un brinco magnífico”, al decir de Ortega y Gasset, se volatilizó. Llegamos a este crucial punto de endeudarnos hasta el tuétano para seguir distribuyendo mendrugos y hacer estructural a la pobreza. En contraste con antaño, cuando era sólo el estadio inicial del ascenso social propio de un país en constante progreso.
Por eso, para que octubre sea posible – en el sentido de que no demos un paso enorme para atrás -, hay que exigir a la oposición que se defina acerca de qué modelo económico alternativo propone. Si apostará, como Perú y Colombia, a multiplicar el comercio internacional y al despliegue del mercado de capitales o retornará a los cepos, controles y variopintos dirigismos, ínsitos del estatismo que subyuga a esa parte de la Argentina.
En los dos debates presidenciales obligatorios – me honro en haber sido coautor del proyecto de ley – no se debe hablar sólo de política doméstica. Hay que examinar la ubicación internacional de la Argentina. Su economía abierta. Su integración a las grandes corrientes de capitales y de comercio. Precisamente, el pensador español citado aseveraba que “la primera política es la internacional pues de ella derivan todas las restantes”.
Tengo la convicción de que debatiendo lo grande, la ciudadanía descubrirá la pequeñez de miras del contrincante y sobre todo que quienes se ofrecen como opción son lo pretérito.
En la Argentina dos meses pueden ser una eternidad. Ojalá que ese lapso alcance para una mutación memorable de la voluntad del pueblo.

Por Alberto Asseff – Candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio

¡Vamo a Volve… Vamo a Volve!…¿A dónde Van a Volver?. Creo que así se dice.

Parece que no aprendieron nada a lo largo de estos casi cuatro años en el ostracismo, primero aún no se dieron cuenta que la elección por los puntos es el 27 de octubre -no ganaron nada-, segundo, si hubo un ganador no fueron ustedes, ganó el peronismo con Alberto Fernández como líder del espacio y acompañado por los gobernadores, sectores sindicales y sociales que no tienen nada que ver con el kirchnerismo o La Cámpora y mucho menos con la multiprocesada Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué parte no entendieron y no aprendieron? vienen del desierto y lo seguirán estando sino consiguen comprender que el 70% de los ciudadanos no se los banca; son piantavotos, soberbios y su jefa debería estar tras las rejas en un país normal; veo que para ustedes el corrupto es un ser heroico con los cuales ustedes compartirían espacios e ideas. Deberán encolumnarse detrás de Alberto, no sea cosa que les pase algo parecido a lo que les pasó a los Montoneros y otras fracciones de izquierda en los 70′, cuando el general Juan Domingo Perón los echo de la Plaza de Mayo.

Tal vez no lo sepan, porque todavía no habían nacido y es muy probable que se hagan llamar La Cámpora sin saber e ignorar quién fue Cámpora; Héctor Cámpora gobernó 49 días el país y tuvo que volver Perón, para también echarlo de una patada en el tuje, porque era un incapaz y nunca entendió que fue puesto allí para cubrir un espacio que nunca fue para él. ¿Lo entienden?

Y ahora los veo actuar como si fueran a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre, les recuerdo que Sergio Massa, Victoria Donda, Pino Solanas y hasta el mismo Alberto, no son kirchneristas. Ustedes, si gana Alberto, solo estarán para acompañar, no se agranden que no van a salir en la foto. También recuerdo sus caras de terror después del 10 de diciembre del 2015, cuando no sabían que sería de sus vidas. Voy a ser bien sincero, estaban cagados. La Cámpora y el cristinismo mostraron que no tenían ni idea qué era ser oposición y estar sin poder en el bolsillo.
Así que les recomiendo, primero esperar el 27 de octubre para festejar algo, en principio ganara el peronismo, ustedes o se adecuan a los nuevos tiempos o les va a pasar lo mismo que les pasó a todos aquellos que querían saber más que el líder y de todos aquellos que habían luchado por años en el peronismo. No sean imberbes. Dejen de hacer papelones. Vamos… chocalatada con vainillas y a hacer noni.

La discusión en esta elección siempre fue entre dos miedos: el miedo a que vuelva Cristina o el miedo al ajuste de Macri. La respuesta fue contundente: la angustia económica pudo más. La mayoría creyó que el rumbo no era el correcto.

El gobierno basaba su optimismo en tres factores:

1) Que haya una mayor participación electoral para así poder captar ese segmento que le dio ventaja en 2015 y 2017: la asistencia fue igual a la de las PASO de hace 4 años atrás.

2) Que le responda el voto de la zona centro del país: el desempeño electoral fue mucho menos auspicioso de lo esperado.

3) El miedo al regreso de CFK: los resultados están a la vista.

Ninguno de los 3 factores se comportaron dentro de lo esperado. El proceso político iniciado con la campaña de 2015 tiene varios rasgos atípicos, y por lo tanto era factible que sucedieran sucesos extraños, para un lado o para el otro. El tamaño de la paliza electoral es un dato en sí mismo. El mensaje de la ciudadanía fue: “así no, a otra cosa”.

Entre las cosas que fueron extrañas está el desempeño electoral de Vidal: pasó de cuasi salvadora de la Patria a protagonizar una derrota casi tan fuerte como la de Macri. Otro mensaje potente: “vos sos socia, también te vas”. Y como si esto fuera poco Rodriguez Larreta salvó la ropa, pero estuvo por debajo de las expectativas pese a que siguió haciendo veredas hasta el mismo día de la elección.

Otra señal de atención está referida a la efectividad de las campañas. Sin duda que lo realizado por el oficialismo fue mucho más profesional y organizado que lo de Alberto. Pero está claro que cuando existe una ola masiva decidida a manifestarse en una dirección, no hay big data ni redes sociales que la frene.

La pregunta del millón es si este resultado se puede revertir. En política todo es posible. El oficialismo puede imaginar tres fuentes de votos: el voto en blanco, los votos del 20 % que no optaron por los dos grandes polos y los que no fueron a sufragar. Sobre todo la tercera fuente era la que más entusiasmaba.

Sin embargo, si los actores que cuentan no creen que Macri puede ser reelecto, eso es definitorio. Difícilmente los mercados, los empresarios, los gobernadores peronistas y los sindicalistas estén pensando en qué pasará en octubre, sino cómo influyen sobre Alberto a partir del 10 de diciembre.

El debate dejó de ser electoral para pasar a ser eminentemente político. La principal tarea de Macri es cómo evita que la economía entre en una zona de fuerte turbulencia, para no ser solo recordado como el primer presidente no peronista que terminó su mandato después de 91 años. Está claro que no logró evitar la lógica del bombero: un peronista viene a apagar el incendio que provocó un no peronista.

Con varios resultados sorprendentes –entre ellos, la derrota de Macri en Mendoza- queda mucha tela para cortar. La sociedad decidió que no se la puede someter a una exigencia económica tan grande sin que crujan sus cimientos básicos.

(*) Consultor político. Presidente de Consultora Carlos Fara y Asociados. Ex presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos

Las PASO del 11 de agosto, con su sorpresivo resultado, nos dejan tres incógnitas sobre elementos tradicionales de las campañas y del comportamiento electoral, pero también, un cuarto efecto inesperado de la misma lógica de nuestro particular sistema electoral.

El primer elemento a analizar es cómo respondió el electorado a las campañas. La campaña para las PASO fue, para los dos grandes bloques, una “campaña de fidelización” de votantes propios, quedando a la espera de que la performance del otro sea la que empeore, y sus votos migren a terceras fuerzas. Esto, que parecía potenciar la polarización, fue una realidad solamente para uno de los dos grandes bloques. El Frente de Todos supo capitalizar adecuadamente esto, aprovechando las críticas a la gestión económica, mientras que Juntos por el Cambio no pudo reforzar este esquema, viendo como algunas de las terceras fuerzas obtenían votos que en elecciones anteriores fueron al macrismo. ¿Este esquema se sostendrá en la campaña de aquí a octubre o habrá cambios?.

El segundo elemento es la diferencia entre lo observado en las encuestas y el resultado. Si bien ya la opinión pública pareciera estar acostumbrada a que las encuestas “no acierten” en predecir el resultado -lo que no es su función-, es evidente que hay un problema de penetración de las mismas. Las PASO cumplieron, como se anticipaba, en brindar información sobre las preferencias políticas que no estaba disponible, y que permite a los actores políticos y a la ciudadanía reaccionar a ello. Sin embargo, las encuestas fiables son necesarias para analizar escenarios y modificar la gestión cotidiana, tanto del gobierno, como en la oposición. ¿Podremos contar con modelos que den fe de los cambios en la opinión pública de aquí a octubre?

El tercer elemento a considerar es la participación. Si bien la asistencia a los comicios por parte de los votantes no fue particularmente baja, la misma siempre aumenta en las elecciones generales. Aún queda un importante número de votantes por persuadir, además de los aproximadamente 3 millones de votos que obtuvieron las terceras fuerzas más cercanas a Macri. ¿Podrá el oficialismo revertir el resultado a partir de votos provenientes del ausentismo? ¿O será Alberto Fernández el que irá a la caza de estos votos?

Hacia adelante, la incógnita principal es cómo la dirigencia política administrará la información que las PASO dio sobre la opinión pública. Ni el gobierno ni la oposición esperaban una diferencia suficiente como para especular con el casi seguro triunfo de una de las opciones en octubre. No obstante, no podemos saber cómo va a funcionar esto en la práctica. En la misma “noche electoral”, múltiples analistas señalaban que el Presidente debía comenzar un proceso de transición pautado. Sin embargo, aunque suene difícil, Macri aún podría revertir el resultado. Esto deja tanto al gobierno como al Frente de Todos en una difícil posición desde el punto de vista del votante: ¿quién será el responsable de lo que ocurra entre hoy y las elecciones de octubre? Este efecto no esperado de las PASO debiera llevar a una reflexión a todos los actores políticos: las campañas electorales deben ser llevadas con una responsabilidad aún mayor que la vista hasta ahora. El desafío de la clase política en estos días no solamente será poder administrar la incertidumbre ante, por ejemplo, los mercados, sino también administrar sus reacciones ante un electorado que todavía tiene que volver a votar por ellos en menos de tres meses. Esta última incógnita no solo es coyuntural, sino que también nos deja una nueva enseñanza sobre el funcionamiento de un sistema peculiar, que gira en torno al aprendizaje de votantes y dirigentes desde la experiencia.

(*) Politólogo. Profesor en las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Investigador del IDICSO (USAL) en administración electoral.

El triunfo por 15 puntos de la fórmula Fernández-Fernández, es una victoria contundente, quedando además 2 puntos por encima del 45% para ganar en primera vuelta. Ello implica que la principal fuerza opositora queda con grandes posibilidades de ganar en primera vuelta. La diferencia en puntos respecto al oficialismo, es casi imposible de revertir, no es tan fácil de revertir como en 2015, porque entonces en las PASO entre el primero y el segundo (Scioli y Macri) sumaron 68%. Ahora, las dos principales fórmulas, reúnen 80%. Es decir que resulta imposible revertir la diferencia sobre este porcentaje.

El efecto “ganador” queda en manos de la principal fórmula de la oposición. El gobierno esperaba un empate y los mercados el fin de semana mostraron que pensaban iba a ganar Macri por pocos puntos. La suba de 8% del Merval, los ADRS en Wall Street y la caída del riesgo país en la tarde del viernes 9 de agosto, así lo mostraron. En lo estrictamente electoral, Macri ha perdido el voto de las ciudades, que eran el epicentro de su apoyo electoral. En términos muy simples, el aumento de pobreza, de desempleo, desigualdad y un gobierno que ha tenido tres de sus cuatro años en recesión, explican esta pérdida de apoyo en los sectores medios y en particular en los medios-bajos.

Para la primera vuelta faltan dos meses y medio, y la combinación de riesgo electoral y volatilidad económica, plantean problemas de gobernabilidad, en los cuatro meses que restan de este período. El aumento de las posibilidades de la fórmula Fernández-Fernández, de ganar la elección presidencial, acentúa las dudas sobre la transición económica. Macri debe evitar ahora la experiencia de Alfonsín en 1989. Perdió la elección el 14 de mayo y ante el riesgo que implicaba Menem para los mercados en ese momento, se precipitó una crisis económica, que obligó a adelantar la entrega del poder del 10 de diciembre al 9 de julio. Entre la derrota electoral y el adelanto de la entrega del poder, mediaron 54 días. Ahora entre las PASO y la primera vuelta hay 73. La gobernabilidad hoy en realidad es más importante que la campaña electoral. Cualquier alternativa de recuperar la confianza sólo en el marco del oficialismo, no alcanzará. Cambiemos tiene sólo 5 de 24 gobernadores, no tiene mayoría en ninguna cámara y ya le es muy difícil negociar con sectores del peronismo. Cabe señalar que en lo que va del año el Congreso sólo sancionó 9 leyes, la cantidad más baja en el mismo período desde 1983. Además, Macri ha perdido las PASO en todos los distritos, menos Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández tuvo definiciones claras contra la grieta y la venganza.

Pero Macri en sus manifestaciones en la tarde del lunes 12 de agosto, respondió como en campaña, diciendo que todavía podía ganar una elección, que el resultado de las PASO, parecen haber hecho imposible.

(*) Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

A diferencia de 2015, no hubo competencia interna en ninguna de las listas participantes que postulaban a la categoría «Presidente y Vicepresidente». Sólo seis de las diez precandidaturas en competencia superaron el piso del 1,5%. Sin embargo, el hecho de que dos alianzas conciten en su conjunto más del 80% y la necesidad de mejorar la perfomance de Juntos por el Cambio (JxC), podría determinar que algunos competidores más afines al oficialismo puedan ser tentados a retirar sus candidaturas en una búsqueda desesperada por mejorar la chance de esa alianza.

La fuerza Consenso Federal (CF) de Roberto Lavagna podría gestar un acuerdo programático con el Frente de Todos (FT) si se precipitaran ciertos acontecimientos políticos y económicos que requieran brindar certeza y previsión a la ciudadanía.

El nivel de participación en las Paso 2019 fue bastante similar al de 2015 (75%) pero bastante inferior al de 2011 (78,7%). No obstante, lo holgado de la diferencia obtenida por la fuerza ganadora (FT) respecto a al oficialismo (JxC) deja en duda que un eventual incremento en la participación en las elecciones generales de octubre (mayor en las presidenciales que en las de medio término) sirva para acortar esa brecha.

Es más, alguno de los seguidores de la alianza oficialista podrían sentirse desesperanzados de concurrir a las urnas, especialmente la franja de mayores de 70, que no se encuentra obligada a sufragar.

Con un porcentaje mayor al 45% y una diferencia mayor del 10% respecto al segundo, el Frente de Todos se constituye en virtual ganador de no mediar acontecimientos extraordinarios.

Buena parte del desacierto de las empresas encuestadoras, al intentar prever resultados, se puede explicar en la existencia del denominado voto «pudor». La demonización de un candidato por parte de los medios masivos de comunicación, encolumnados detrás de la figura del candidato oficial, provoca que el votante no esté dispuesto a revelar su simpatía con el candidato cuestionado y prefiera callar o mentir al respecto. Tal como aconteciera -a nivel internacional- en los EE.UU. en 2015, con Donald Trump en su disputa con Hillary Clinton.

El aprovechamiento político de ciertas investigaciones de corrupción llevadas adelante por un sistema de jueces federales sospechados de manipulación, sumado a la sensación de que el actual gobierno no ha conseguido avanzar con firmeza en el combate contra ese flagelo, y que algunos indicadores de percepción realizados por organizaciones internacionales revelaran que uno de cada dos argentinos intuye que el Presidente y algunos de sus funcionarios podrían estar involucrados en hechos de ese tipo, provocó en la práctica la neutralización de ese factor en amplias franjas del electorado a la hora de incidir en el sufragio, sumado a los padecimientos económicos que postergan a la ética y la transparencia como factores decisivos para determinar el voto.

La mayor inversión en materia de recursos económicos durante la campaña -la ventaja que suele dar el ser oficialismo- y el uso y abuso de las redes sociales -incluso dentro de la denominada veda electoral- no tuvieron para la alianza que encabeza el actual mandatario la incidencia esperada, en tanto la subestimación del ciudadano puede constituirse en un factor adicional de rechazo, si se repiten ciertas técnicas y se usan discursos poco realistas.

Las dificultades acontecidas a la hora de proveer datos oficiales, mientras sus candidatos hablaban de una «mala elección», pone en evidencia que ya se contaba con ellos y que no se trasmitieron en igualdad de condiciones para la ciudadanía, provocando una quebrantamiento al debido acceso a la información pública.

Dicho comportamiento no puede admitirse ni repetirse en los comicios generales de octubre; y obliga a que la Cámara Nacional Electoral y los jueces federales con esa competencia dispongan las medidas preventivas necesarias para evitar que ese tipo de situaciones pongan en duda la transparencia del escrutinio.

(*) Abogado. Especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral. Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

Hay que aguantar la tendencia de los ciudadanos a atesorar dólares como refugio ante la crisis. Es muy difícil proyectar por la volatilidad. Esto se debería ir aclarando a lo largo de la semana con medidas que refuercen cierto grado de previsibilidad. Decimos «cierto», ya que el cisne negro de la elección hace que la solución requerida no sea técnica, sino política.

En una posición conservadora, lo ideal es adelantar la entrega del poder porque el macrismo tiene poca credibilidad para hacer un programa de transición exitoso (me recuerda cuando Raúl Alfonsín perdió casi todo el 6 de septiembre de 1987, incluida la provincia de Buenos Aires que se la llevó Antonio Cafiero). Lo ideal es intentarlo buscando que Alberto Fernández defina, al menos en parte, sus líneas de acción con el Fondo Monetario Internacional y el núcleo de su equipo económico. Aquí es clave fortalecer la gobernabilidad.

Por si esto fuera poco, el contexto internacional está complicado por una aceleración de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El gobierno no tuvo fuerza política ni convicción propia para encarar las reformas, lo que queda es aguantar la tendencia de los ciudadanos a atesorar dólares que actúan como refugio ante la crisis. Puede vender reservas, usar la venta de futuros, subir la Leliq.

Hay necesidades importantes de financiamiento el año entrante por 20.000 millones de dólares.

La monetización en pesos respecto al PBI es baja en la serie histórica, de 13%; esto supone menor presión sobre el dólar. Esta tarde de lunes, el mercado de futuros se encuentra en 70 pesos. Si se impone la suba del dólar se reedita el ciclo recesivo del año pasado, con inflación, caída de salario real.

La recesión está instalada, la economía no subirá de aquí a fin de año y menos con el resultado electoral. Respecto al gobierno de Alberto Fernández es una incógnita si será una posición pragmática de mercado y diálogo, o un sistema más autoritario discrecional y estatizante propio de la segunda gestión de Crisitna Fernández de Kirchner.

(*) Lic. en Economía (UBA). Director del Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.

Por Claudio Hugo Naranjo, periodista y escritor

En una elección para el infarto, el oficialismo pierde los distritos más importantes del territorio argentino. La provincia de Buenos Aires con su conurbano, destroza por más de 11 puntos al macrismo, esta avalancha de votos se registra considerablemente en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, San Juan y es muy ajustada la diferencia en Córdoba y Mendoza. La ciudad de Buenos Aires es el único distrito que Juntos por el Cambio logró un triunfo claro. La provincia de Santa Cruz, tierra emblemática del kirchnerismo, es ganada por Alicia Kirchner que supera a Eduardo Costa.

Las próximas horas serán determinantes con el manejo que hagan los vencedores en sus discursos, el mundo está expectante de sus decisiones; lo peor es un triunfalismo avasallador que pierda el tino en lo nacional e internacional. Frases de venganza o impunidad no harían nada más que espantar y asustar a los mercados, los cuales mañana mismo podrían mostrar su descontento.

Un Frente de Todos, especialmente Alberto Fernández y Cristina Fernández, tomando el triunfo con mesura y darles a los argentinos y a los mercados un racional mensaje, haría que la oya económica no implosione y darles seguridad, que lo dicho en campaña no habría sido una mentira envuelta en la sin razón.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya acaba de perder su bastión, la diferencia es casi inalcanzable y la ciudadanía se expresó con mucha bronca; Mauricio Macri, tiene una sola bala de plata para el 27 de octubre, formar un nuevo gabinete y enamorar con prestigiosas figuras al electorado que dejó de creerle. Vidal no perdió por el presidente o Marcos Peña que se negaron a desdoblar la elección provincial, la gobernadora cometió errores de sentido común, que la llevaron en los últimos 45 días a perder parte del electorado. Macri, por supuesto, ayudó y mucho.

Donald Trump pregunta quién es Alberto Fernández, la embajada norteamericana comienza a trabajar para la ¿transición?, se aguarda la misma cintura política del peronismo, el aislamiento fue el producto de varias derrotas, la incursión que llevó a cabo este gobierno en lo geopolítico, es el camino a seguir. El peor error que puede cometer el peronismo es volver a Venezuela e Irán, allí quedará demostrado que engañaron a todo un pueblo nuevamente. Nicolás Maduro es un dictador asesino, al cual se lo debe condenar.

Las horas por venir pueden ser un preludio de lo que dijo el presidente al votar… «

Axel Kicillof y Verónica Magario{
Nos estamos jugando los próximos 30 años”; si el peronismo lo entendió, el cambio será inexorable. Todos de acuerdo.

Por Leandro Querido (*)

Resulta inexplicable. En estas elecciones 2019, los partidos políticos podrán controlar como nunca antes los datos que surjan de las mesas de votación, sin embargo, este importante cambio pretende ser opacado por planteos partidarios que hablan de «fraude comunicacional». Increíble pero real. A la «narrativa del fraude» no le importa la verdad, ni le preocupan las cuestiones técnicas, solo busca deslegitimar los resultados, y al hacerlo dañan la institucionalidad democrática del país.

El principal problema con el que nos encontramos es la falta de una definición universal de lo que es el «fraude electoral». El ciclo electoral consta de distintas fases, que van desde el establecimiento del cronograma, el empadronamiento de los electores o la inscripción de candidaturas, hasta la jornada electoral propiamente dicha, la transmisión de datos, la totalización o consolidación de resultados, la publicación de los mismos y la adjudicación de los cargos. Podemos concluir que hay fraude electoral cuando se alteran los resultados de una elección y estos no reflejan la decisión de la voluntad popular.

Durante el ciclo electoral encontramos diferentes etapas en las que se pueden presentar prácticas fraudulentas o algún tipo de irregularidad o delito o infracción electoral.

Aunque algunas de esas prácticas son entendidas como fraudulentas, y justifican la anulación de la elección (sea esta en una mesa o en un distrito) en otros casos se trata de actos lamentablemente naturalizados.

Aunque Argentina, a nivel nacional no ha tenido problemas importantes en sus elecciones no podemos decir lo mismo a nivel provincial, donde nos encontramos con verdaderos enclaves autoritarios.

Según la metodología de la OEA, las irregularidades que se pueden dar en una elección son en primer lugar la impericia o negligencia. Es decir, cuando funcionarios electorales, por desconocimiento, se desvían de lo que establece la ley y las normas electorales. En segundo lugar, cuando advertimos acciones deliberadas para alterar los resultados como por ejemplo compra de votos, urnas «embarazadas», voto múltiple, entre otras. Y, por último, manipulación de las reglas. Lo que equivale a manipulación de los distritos electorales para sobre-representar a una fuerza política, eliminación de partidos, impedimentos para que ciertos grupos voten, etc.

Ahora bien, cuando nos referimos a las elecciones nacionales no se dan ninguna de las tres instancias mencionadas por la OEA. Contamos con una autoridad electoral proba como la Cámara Nacional Electoral, que funciona en muchas ocasiones como filtro de malas decisiones de jueces federales que entienden en materia electoral y que por momentos quedan muy asociados a referentes políticos provinciales con poco apego a la integridad electoral. Tampoco se ha advertido que la autoridad electoral argentina haya mostrado intenciones de modificar o manipular un acto electoral, esto ocurre actualmente en otros países de nuestro continente. Y con respecto al tercer punto que hace a la manipulación de reglas, podemos decir que los cambios emprendidos por el gobierno actual han estado apegados a la norma. El gobierno tenía un mandato de cambio conferido en el triunfo electoral del 2015. Llevó adelante una audaz reforma electoral centrada en el instrumento de votación. El proyecto conocido como Boleta Única Electrónica fue aprobada en la Cámara de Diputados. No tuvo la misma suerte en el Senado, ámbito en donde pesa la representación de las provincias cuyos sistemas electorales son verdaderas trampas para la ciudadanía. Ahora el gobierno implementará un cambio en la forma en que se enviará la información que producen las mesas de votación. Este pequeño gran cambio no se implementa de la noche a la mañana, se discutió durante todo el año pasado y los resultados fueron producto de una intensa licitación pública llevada a delante por el Correo Argentino. Ante este cambio se produce otro rechazo de los que se sienten muy a gusto en el esquema anterior, una postura reaccionaria a los cambios tecnológicos y a la innovación. El argumento no pasa por cuestiones técnicas, sino que se estructura a partir de la «narrativa del fraude».

En las próximas elecciones primarias, así como en las generales, se implementará un nuevo sistema de transmisión de datos. El Correo hará el escaneo desde cada escuela, a través de un software diseñado por Smartmatic. En líneas generales, el proceso es el mismo solo que la transmisión del telegrama se hará directamente desde las escuelas, y no desde los CTD. Esto le dará rapidez y homogeneidad a la carga de datos electorales.

Se han hecho varias pruebas y simulacros, siendo el último el pasado sábado 20 de julio. Distintos partidos políticos, así como organizaciones de la sociedad civil y periodistas, participaron y pudieron ver el proceso desde el escaneo del acta hasta la totalización.

Sin embargo, distintos actores políticos, sabiendo que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, que el software no puede modificar los datos, que los apoderados de los partidos se quedan con copias de las actas, que además estos pueden fotografiar los telegramas, y que el simulacro salió según lo previsto, agitan el fantasma del fraude.

Resulta preciso dejar en claro que estructuralmente es imposible que se haga un fraude en el escrutinio provisorio, por la sencilla razón de que solo tiene validez informativa, pero no legal. Una situación irregular y sin sentido que quedaría rápidamente expuesta al realizarse el escrutinio definitivo que hace la justicia electoral.

La narrativa de fraude atenta contra la legitimidad de las instituciones democráticas, y pretende generar un caldo de cultivo para poner en duda los resultados electorales. Un acto de irresponsabilidad inmenso, que habla de actores políticos con un ínfimo compromiso con la integridad electoral. Porque una cosa es tener dudas sobre el nuevo sistema a implementar y disiparlas por los canales institucionales y otra cosa muy distinta es hacer de esto un eje de campaña electoral para sembrar dudas sobre los resultados. Los partidos políticos y los candidatos en las democracias avanzadas se concentran en las propuestas de campaña, en tratar de convencer al electorado con propuestas superadoras a las del oficialismo si es que esta fuerza se encuentra en la oposición. En cambio, cuando la campaña electoral se concentra en estas denuncias mediáticas sin sustento el costo democrático para las sociedades es muy grande porque uno espera que los partidos anti sistema, verdaderas expresiones testimoniales, apelen a estas estrategias no los partidos que además de tradicionales presentan algún nivel de competitividad.

Lo cierto es que con este cambio nuestro país acorta la brecha con respecto a la mayoría de los países de la región que han incorporado tecnología en sus procesos electorales, en cambio la polémica adicional mencionada solo podrá inscribirse en otro caso de fake news que en esta oportunidad cuenta con el agravante de ser sostenida por actores políticos que son protagonistas en esta elección.

(*) Politólogo. Director de Transparencia Electoral.

Por Diego Mestre (*)

Los legisladores tenemos el deber de observar permanentemente las demandas de los argentinos y honrarlas sancionando normas que los representen y los ayuden a vivir mejor. Hace tiempo, se recibieron en el Congreso de la Nación 160.000 firmas, recolectadas en una campaña de internet iniciada por el Dr. Gastón Marra, pidiendo una ley que limite el derecho al sufragio pasivo. En otras palabras, se trata de impedir a personas condenadas por delitos de corrupción ser candidatas a cargos públicos. Hoy, el número de firmas escaló a 250.000 y sigue en ascenso. El número de argentinos involucrados en la petición es elocuente. Además, el mensaje no podría ser más claro: resulta inadmisible que personas con bajos estándares éticos y morales representen al pueblo o tomen decisiones políticas que afecten su bienestar.

El artículo 16 de nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes. El único requisito para ocupar un cargo público es la idoneidad. Sin embargo, los tiempos que corren nos obligan a reformular y ampliar ese concepto. Hasta ahora, la falta de idoneidad está relacionada con la designación arbitraria o con la ineptitud. Pero no hay nada que impida que personas condenadas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos y eventualmente acabar ocupando un cargo público. En esa dirección fue el paso que dio la Comisión de Asuntos Constitucionales en conjunto con la de Justicia, que tengo el honor de presidir. Es un logro inmenso reactivar este debate: es una deuda de larga data con los argentinos.

En el pasado hubo iniciativas similares que no llegaron a tratarse. Algunas proponían que una sentencia de primera instancia fuera suficiente para limitar el derecho a ser candidato. Una ley así, por ejemplo, hubiera impedido que Julio De Vido (desaforado, preso y condenado por la corrupción que desencadenó la tragedia de Once), sea candidato en las próximas elecciones. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) expresa: “Todo ciudadano goza del derecho de elegir y ser elegido salvo que exista una sentencia de condena dictada por un juez competente en el marco de un proceso penal”.

El nuevo proyecto que estamos tratando honra los principios de inocencia y debido proceso. Esto significa que la condena debe ser ratificada en segunda instancia para dar fundamentos irrefutables a la prohibición de ser candidato.

Contempla, principalmente, condenas por las numerosas variantes de la corrupción. A saber: cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude. Además, “todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción”. El ejemplo de Brasil es exitoso: se aprobó una normativa similar y acabó impidiendo que 2045 candidatos condenados sean candidatos (Lula da Silva incluido).

Hace dos años, un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó a Carlos Menem, condenado por contrabando agravado de armas, para ser candidato, poniendo en evidencia la necesidad de una norma que explícitamente impida que casos como este proliferen. Con una ley como esta, se hubiera impedido que el ex presidente se candidatee, asuma como legislador y continúe blindado detrás de sus fueros. Tal vez su proceso no hubiera durado más de 20 años. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, «el promedio de duración de una causa de corrupción en la Argentina es de 14 años”. No es un secreto que la Justicia necesita mucha más velocidad en conseguir las condenas. Y ese es uno de los objetivos en los que se concentra el Plan Justicia 2020, para agilizar, modernizar y acercar esta institución al pueblo.

En conclusión, la ley de ficha limpia debe ser apoyada por todos y cada uno de los legisladores. Creo que es absolutamente necesaria para que Argentina acelere la reconstrucción institucional que comenzó en diciembre de 2015, cuando se le puso fin a un populismo epidémico que acabó corrompiendo hasta los últimos rincones del Estado. Que quede claro: idoneidad es, sobre todo, integridad.

(*) Diputado nacional UCR-Córdoba. Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Las encuestas mienten, sobrevaluadas, desacreditadas y en proceso de extinción, por ser herramientas vetustas de las viejas prácticas políticas, pagas por todos los candidatos y los partidos en pugna; en las últimas horas, hombres bien y de mucho dinero e influencias políticas a cargo de 19 encuestadoras dieron ganando 17 de ellas a Alberto Fernández-Cristina Kirchner por cuatro puntos sobre Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, Una segunda de esas 19 dio empate técnico y una diferencia para el oficialismo.

Estos mismos representantes, todos ellos con su mejor cara de piedra recorriendo estudios de televisión, divididos y pagos por esos medios y por las fracciones políticas para las cuales hacen el trabajo de entregarles el diario de Yrigoyen, intentando vaciar de contenido el razonamiento de los ciudadanos, dicen que solo le dan de dos a cuatro puntos a Axel Kicillof sobre la gobernadora María Eugenia Vidal. Mienten.

Si Aníbal Fernández se calla o lo consiguen callar, ya que se ve claramente para quién trabaja el candidato a concejal de Pinamar, la gobernadora perdería la provincia por amplio margen de votos por varias razones de la vida cotidiana. A la gobernadora, desde La Rosada le prohibieron adelantar la elección y jugar mano a mano con Kicillof, victoria que hubiese estado asegurada, pero como todos sabemos Mauricio Macri y Marcos Peña se negaron, aduciendo que la boleta larga le otorgaba más chances al Presidente.

Mentiras, erraron el pronóstico, hoy Macri si pierde la provincia puede entregar la Nación; en la provincia los intendentes volvieron sobre sus pasos y decidieron darle el apoyo a Kicillof después de la lapicera de Máximo; un dato que esos encuestadores desconocen porque solo hablan con los altos mandos, en el bajo fondo, allí donde la base social está quebrada a Macri y a Vidal la está esperando con toda la artillería pesada de los votos, en principio el 11 de agosto, donde las PASO ya se convirtieron el Primera Vuelta y para terminar el 27 de octubre donde están decididos a culminar el año electoral.

No conocer realmente lo que piensan los que hoy la están pasando muy mal es desconocer el medio en el que nos movemos; esto no es Viena, al electorado enojado –que se multiplicó- no le importa absolutamente nada las causas judiciales que la siguen de cerca a Cristina, la corrupción no es un tema que los desvele. El desempleo, la comida y la inseguridad sí.

“Así no se puede vivir”, es el latiguillo del 80% de los bonaerenses, que los funcionarios digan que ‘mean agua bendita todas las mañanas’, primero habría que verlo y chequearlo más de cerca, de todas formas, este discurso purificador ha dejado muchos heridos en estos últimos tres años y medios y Vidal y su gente ha hecho oídos sordos. Cuando digo que los ‘están esperando’, no es un mensaje político de intendentes o concejales, es un mensaje que baja directamente de la gente. Los encuestadores mienten descaradamente, privilegian sus sobres y los votantes de Cambiemos no entienden como millones de compatriotas deciden entre la corrupción pasada y la ola purificadora de los oficialismo nacional y provincial. Son los mismos que tratan a esta gente de negros de mierda, por volver al peronismo kirchnerista.

En dos semanas la sorpresa no tendrá límites y no mande a hacer ninguna encuesta, baje a los barrios, en el barro están losa votos. Los están esperando.

Por Mercedes Possio

El Politólogo Rodrigo de Casas, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, analizó la medida del gobierno de volver a jerarquizar la cartera que se ocupa del campo. Con este decreto del Gobierno, la cantidad de ministerios sería la misma que la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su primer año de mandato.

Algunos datos:

• Este año vuelve a crecer la cantidad de ministerios nacionales, acorde a la tendencia desde 1983.
• El promedio anual de ministerios desde la vuelta a la democracia (1983 a 2019) es de 10,75. La cantidad actual de ministerios se encuentra dentro de este promedio.
• Con el decreto del Gobierno, la cantidad de ministerios sería la misma que la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su primer año de mandato en 2008.
• En 2017, Argentina tuvo 21 ministerios, es decir, llegó a estar a tan solo a un ministerio de diferencia con el récord histórico de 22 ministerios que existieron entre los años 1952 y 1954.
• En 2018, se redujo un 52,38% la cantidad de ministerios. La mayor reducción de la historia de un año a otro.
• El gobierno de Macri tuvo otro récord pero en sentido inverso. Fue el gobierno que registró el mayor aumento de ministerios de un año a otro, desde la vuelta de la democracia. Entre 2014 y 2015 se registró un incremento del 31,25%, ya que en 2014 hubo 16 ministerios y 2015 finalizó con 21.

Reflexiones

• Es atribución exclusiva del presidente, según el art. 99 de la CN el nombrar ministros y organizar el gobierno de la manera que crea conveniente.
• En términos de gestión, el cambio será casi insignificante. Quizás un paso menos en procesos de firmas y de tomas de decisiones. No implica nuevos cargos o escalafones más allá de la recuperación del rango de ministerio.
• El nombre de Agricultura, Ganadería y Pesca es una fórmula ya utilizada en varias oportunidades. Nuevamente, el aspecto más importante a resaltar es el simbólico, más aún en tiempos de competencia electoral.
• La señal política que el gobierno nacional busca trasmitir con esta decisión da cuenta de su propuesta programática para un segundo mandato y de su búsqueda de asegurar apoyos para lo que se avecina como una elección pareja y peleada voto a voto.
• En cuanto a propuesta programática: la jerarquización del sector busca mostrarlo dinámico frente a los nuevos desafíos que presentará, entre otras oportunidades, el Acuerdo UE-Mercosur y la apertura de nuevos mercados en Asia (la gripe porcina africana deja abierta las puertas a la exportación argentina)
• Finalmente, de cara a la pelea electoral, el Gobierno busca con esta señal “premiar” el desempeño de uno de los sectores más pujantes de la economía. También intenta blindar su alianza con la región centro y pampeana del país, donde encuentra su base de sustentación política más firme.
• Observaciones y consideraciones de Rodrigo de Casas,
• politólogo y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral:

La lógica interna de las industrias culturales implicaba en el siglo XX, la promoción de lo singular, lo sorprendente, incluso lo “anormal”. Hoy, en este tercer milenio convierte al estereotipo consumidor, de una incesante y siempre azarosa fabricación de prototipos: discursos políticos, culturales, películas, canciones, vestimenta, gastronomía y pseudointelectuales de nuevo cuño, sin ideales que alcanzar, sin afán de investigar nuevos rumbos donde el conocimiento imponga criterio, salvo seguir cual manada a líderes cocinados en usinas del imperio, siempre en desmedro de pueblos sojuzgados y sus circunstancias de vida degradadas.

Cual intelectual heterodoxo e iconoclasta, considero que los auténticos intelectuales deben desarrollar y cuidar de las «suposiciones colectivas» que sostienen los ciudadanos. Además de ello, renovar, recrear, rehacer, reconstruir, abrir, imaginar o transformar esas asunciones sociales compartidas que, resistentes al cambio, tienden a rutinizar su existencia en términos de tradiciones establecidas. El intelectual, al abrirse a las interpretaciones alternativas de la realidad, amplía la perspectiva de los ciudadanos y trata de transformar el mundo mediante un pensamiento que abre mentes. Al estar dotado de un valor de prestigio, asociado a la atribución de un intelecto elevado sobre la media, quienes son identificados con el término, la actividad pública de los intelectuales que previa o simultáneamente se dedican al pensamiento tiene una dimensión y una repercusión muy valiosas, y que confieren altos valores humanísticos a quien ejerza tal función, con responsabilidad, altruismo, solidaridad, inclusión, todo lo expresado tan alejado de la esencia y fines de los comediantes de la Cultura postverdadera, quienes han firmado la solicitada de apoyo a Mauricio Macri, tan asimilados a un accionar discriminatorio, fanático, pleno de resentimiento, acompañando al referente más cercano al autoritarismo en acto de exclusión al diferente y a la verdad.

Maníacos y melancólicos, de hecho, Argentina, en años pasados, se privilegiaba el momento político de la transmisión cultural, hoy travestida, siguiendo tendencias que obedecen al devenir de una historia que ya no le pertenece.

Una reconstrucción recelosa descubre la “manipulación ideológica” y el “control social” detrás de los aparatos de producción cultural postverdadera, meras herramientas de encuadramiento y sujeción. La dominación entonces: la comunicación.

Comunicación, que apreciamos, insisto con cierto «asco», en una solicitada firmada por una fauna discordante de autodenominados ¿intelectuales?, que apoyan a Macri en las elecciones a llevarse a cabo este año… personajes con una mirada colonizadora, algunos sin memoria del pasado, donde el autoritarismo «gorila», con la memoria siempre presente de la pesada bota de la dictadura cívico militar como referente ineludible de estos ¿intelectuales?, que hizo estragos en Argentina. Fantoches, a quienes el término «intelectual» no se asimila a su inocultable resentimiento, odio, discriminación, autoritarismo, prejuicio a todo lo que atente al presidente de cartón pintado Mauricio Macri y sus ansias de llegar a ser un emperador de un triste carnaval. Si algo da sentido al real y verdadero intelectual, es la aversión, los prejuicios y al dogmatismo, al autoritarismo y a la discriminación, tan asimilados estas maneras y modos a Macri y su banda, tan afectos a confrontar con el pensamiento y la libertad de expresión, discriminando, excluyendo al dotado de talento intelectual liberador. Los firmantes, están tan asimilados a ser intelectuales, como yo, a ser Minos en el Laberinto de Creta.

El trabajo de desencantamiento no tiene fin, por suerte ¿Cómo dudar de que llegó el día en que algunos métodos de análisis incongruentes llegaron a sustituir a la cultura y la política, por el neofascismo, los paraísos fiscales y los negociados entre bambalinas, a espaldas del pueblo?

Hoy, los burócratas de lo mediático con sus herramientas rudimentarias y magros medios dejan bien justificado su des-hacer: la conclusión es evidente, lo apreciamos de manera harto elocuente en esta solicitada de gorilas en la niebla de una Argentina en caída libre.

Solicitada irrisoria de los autodenominados intelectuales de Macri, sin lugar a dudas, arquetipos de lo que jamás debería ser un intelectual. En ese panfleto no hay una posición de los personeros de la Sociedad del Espectáculo (Guy Debord dixit), que firman, en relación a la igualdad, la solidaridad, la verdad, la libertad y la vida en la diferencia. Se construye un panóptico del odio, resentimiento, confrontando de manera ruin a todo lo que no sea sumar ganancias… pasquín dirigido a la infecta burguesía, redactado por orden de la cúpula del partido del Cambio. Los firmantes de la solicitada deberían preguntarse de dónde provienen, pues algunos como Sebreli son antiguos militantes de democracia de izquierda igualitaria sartreana. El «gorilismo» penetró en el no ser de estos ridículos personajes, que desean eliminar toda visión de libertad, proyectos populares, que las clases dirigentes con la bota militar han provocado horrores en Argentina… su mirada de América Latina, es imperial y colonizadora. Esta nueva forma de colonización de las conciencias que devienen en sujetos vacuos, violentos, penetrados por la interpelación de un pasado ficcionalizado, ha ganado una derecha liberal gorila que ha atrapado a un 25 por ciento de faranduleros trepadores consumistas de basura… han construido un sistema de destrucción, económica, social, una parte importante de la sociedad empobrecida, triste y degradada.

A través de signos hiper-evidentes notaremos el fin de la Democracia y su desaparición, devenidos en saber a ciencia cierta, que la Aldea Global es un negocio de enormes dimensiones, donde las corporaciones en su deber y haber manipulan nuestras existencias instaladas en las otrora repúblicas democráticas: corporaciones petroleras, corporaciones eléctricas, corporaciones medicinales, corporaciones armamentísticas, corporaciones mediáticas, corporaciones sindicales, corporaciones del espectáculo y demás…¿Debería poder probar, que es cierto?

Soy un ser, devenido en escéptico y desconfiado, ante la estafa, el fraude, el asesinato y la mentira, como moneda corriente del mundo en que permanezco, un ser acribillado por el milagro del recuerdo de mejores tiempos, donde la dignidad y honestidad eran valores reconocidos.

Constatar que el blindaje mediático mercenario tapa y justifica el sistema offshore, un instrumento al alcance de un puñado de ignorantes ricachones mafiosos, cumpliendo roles inespecíficos en cualquier región del mundo, poderosos de la política y clowns del espectáculo y el deporte, con influencias y dinero, ganados en contactos de todo tipo y color. Blindaje mediático ocultando cifras inimaginables de dinero, que, de manera regular y cotidiana se moviliza por circuitos financieros, facilitando el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el ocultamiento de saqueos al erario y las utilidades ilícitas.

Desde este lugar, la muerte del sentido no conmueve, ni conduele. Ni tampoco el nacimiento esplendoroso de cenotafios y sepelios, en una auténtica primavera de la muerte eterna… cisma de la intrascendencia, sin haber conquistado el hombre ni la cima y la sima.

El mundo ya no es el mejor lugar para esconderse. Ya no necesitamos dioses ni gurúes. No esperemos nada, excepto de nosotros mismos.

Por Eduardo Sanguinetti  – Filósofo

La propuesta del gobierno que crea el Servicio Voluntario en Valores para jóvenes a cargo de Gendarmería tiene un fin meramente electoralista. En este contexto de crisis y ajuste, se necesita educación, capacitación y oportunidades y no más cuarteles.

La única explicación que encontramos para entender la resolución adoptada por el gobierno de Cambiemos que crea un Servicio Cívico Voluntario en Valores, para jóvenes de 16 a 20 años, bajo la órbita de la Gendarmería Nacional, es la cercanía de la elecciones presidenciales y la necesidad de captar el voto que se siente atraído por este tipo de propuestas de derecha. Las razones dadas por la ministra de seguridad, relativas a brindar “formación”, “contención” y “capacitación” a chicas y chicos postergados por su propia administración, no hacen más que reforzar esta idea, dado que ya existe la institución escolar para cumplir con estas tareas o, en su defecto, hay diversas herramientas estatales que brindan asistencia social.

El intento de reponer, con una imagen remozada, el perimido Servicio Militar es una reacción ante las evidentes consecuencias que ha tenido la implementación del modelo neoliberal en nuestro país y que condena a millones de personas a la exclusión y la indigencia. Para los responsables de esta debacle, que golpea más duramente a niñas, niños y adolescentes vulnerables, es más fácil y, al parecer, más conveniente electoralmente promover alternativas como esta, aunque no resuelvan ninguno de los problemas actuales, que implementar políticas de inclusión tendientes a garantizar los derechos y a generar más oportunidades.

Por el contrario, se pone el foco en la represión y la mano dura, y se le adjudica a la Gendarmería, que ha sido muy cuestionada por sus recientes intervenciones en las protestas sociales, como la que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado, un rol de formadora de “valores democráticos y republicanos”. Más allá de lo contradictorio que resulta esta decisión del gobierno en relación a los derechos humanos, la misma altera la misión original de la fuerza, inherente al servicio de vigilancia de la zona de frontera y de la protección de objetivos concretos. Es claro que su normativa, estructura organizativa y doctrina difiere enormemente de la requerida para la pretendida función que se le encomienda.

Al mismo tiempo, la Gendarmería no es una fuerza destinada a brindar trabajo ni a generar conocimientos, ni capacitación. No podría adoptar una instancia de formación que no sea la de las técnicas de patrullaje, vigilancia, represión, uso de armamento y tratamiento de detenidos. Entonces, ¿cuál sería la intención que subyace a esta idea y que se justifica con loables fundamentos? ¿Se quiere capacitar en oficios y dar oportunidades a una franja social excluida o lo que se pretende realmente es enseñar la doctrina militar a quienes, hoy en día, no encuentran alternativas viables para su futuro?

Como decíamos, esta medida sólo busca tentar a los sectores más reaccionarios que ven con buenos ojos reactivar la militarización y la represión frente a la crisis económica y social y la falta de políticas de inclusión. La inutilidad del servicio militar obligatorio, abolido tras el asesinato del soldado Carrasco, ya ha sido probada y es popularmente conocida. No volvamos a recorrer caminos que fracasaron y trabajemos para salir adelante con propuestas superadoras que beneficien al conjunto de la sociedad.

Alicia Gutiérrez –  Diputada Provincial – Partido SI (Solidaridad e Igualdad)

Durante mi gestión como Gobernador de Mendoza pusimos en marcha un programa educativo y de inclusión social denominado Servicio Cívico Voluntario. Veníamos de la crisis del 2001 y las consecuencias sociales eran evidentes y profundas. El programa aunó esfuerzos de la provincia, el Ministerio de Defensa a cargo de José Pampuro y las universidades. Fue una herramienta muy útil para reincorporar al sistema a adolescentes de entre 16 y 25 años que no habían completado su trayectoria escolar. En ese entonces, la implementación del sistema de EGB 3 y Polimodal provocó que algunos que terminaban séptimo grado en un establecimiento y debían cambiar de escuela para completar el tercer ciclo, desertaran abandonando sus estudios. Para que tuvieran una oportunidad justa, les ofrecimos hacer ambos años en uno, así lograban finalizar y además recibir capacitación en oficios, comida, deporte y educación en valores. Asimismo, pusimos en marcha un sistema de becas monetarias para todos aquellos que se incorporaran al Servicio Cívico Voluntario.

Estos cursos de estudios y oficios -no de formación militar-, se llevaron a cabo con docentes provinciales en instalaciones del Ejército y de organismos públicos. Los más de cuatro mil participantes asistieron a jornadas completas en las instalaciones de las Fuerzas Armadas y cerca del 80% de los inscriptos lograron recibirse. Eran jornadas extendidas, allí almorzaban y además concurrían a talleres sobre valores. Este tipo de formación fue uno de los pilares fundamentales del programa; se buscaba que los jóvenes asumieran como propio el desafío de la superación personal y la autoestima. Valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto, el compromiso y el esfuerzo en el trabajo son modeladores de buenos hábitos y repercuten directamente en la persona y en su vida en sociedad. Por eso, la experiencia ofreció un marco integral de educación y contención y permitió que muchos jóvenes continuaran el secundario, accedieran a un trabajo digno y se formaran como personas.

Por otra parte, las universidades públicas y privadas promovieron la concurrencia de sus alumnos, que fueron invitados a participar como voluntarios para dar clases de apoyo y organizar talleres relacionados con sus estudios. De este modo y por medio de tutorías, los universitarios pudieron retribuir a la sociedad parte de lo que habían recibido y todos contribuyeron con la construcción de un futuro mejor.

A los hombres y mujeres que formaron parte del Servicio Cívico Voluntario en Mendoza, se les ofreció una respuesta concreta y herramientas para superar dificultades. También aprendieron que es tan importante dar como recibir, por lo que se los instó a practicar la solidaridad y el voluntariado. Al finalizar el ciclo, los participantes donaron los productos realizados en los talleres y aplicaron lo aprendido para ayudar a otros. Fue así que muchas escuelas, hospitales, hogares de ancianos e instituciones de todo tipo, se vieron favorecidos con tareas de soldadura, carpintería, electricidad, costura industrial, etc., que los estudiantes del Servicio Cívico ofrecieron, orgullosos de contribuir activamente con su comunidad.

Finalmente, creo que el Servicio Cívico Voluntario fue una gran experiencia educativa y una solución para esa franja etaria de jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Por eso a lo largo de los años he insistido con su aplicación en todo el país. Este programa posees una fuerte impronta educativa y de formación en oficios y valores y de ser aplicado en su totalidad, puede transformarse en una gran oportunidad para quienes hoy no la tienen.

En el contexto del vigésimo quinto aniversario del infame atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el presidente Mauricio Macri decretó la creación de un registro de entidades vinculadas al terrorismo. ¿En qué consiste esta medida y qué impacto tendrá?

«El día miércoles el presidente de la República, Mauricio Macri, formalizó mediante un decreto (489/2019) publicado en el Boletín Oficial, la creación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET). Hasta este día, Argentina se regía por los datos que proveía las Naciones Unidas acerca de estas entidades, aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) ya había recomendado a sus países miembro la elaboración de una lista propia».

«La Corte Suprema había señalado a Jihad Islámica, brazo armado de Hezbolá, como autor del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992). Asimismo, miembros de Hezbolá están imputados en la causa por el atentado a la AMIA. Estas condiciones son suficientes para poder predecir que la organización mencionada será incluida en el REPET».

«Hezbolá surgió hacia finales de los años ‘70 como un desprendimiento de Amal, un partido político libanés que agrupaba mayoritariamente a musulmanes chiítas, durante la Guerra Civil en ese país (1975-1990). Al calor de la Revolución Islámica que sucedió en Irán en 1979, este nuevo grupo tomó un carácter confesional más profundo que su entidad original. A comienzos de los ‘80 comenzará a cooperar con Irán. Hacia el final de la Guerra Civil, se negará a entregar sus armas, al igual que lo hicieron las demás agrupaciones guerrilleras, y escudándose en un entendimiento con Siria, que por entonces ejercía un poder de veto brutal en los asuntos libaneses, logrará conservar su arsenal. En 1992, participó por primera vez de las elecciones legislativas. Recientemente, formó parte de la coalición que logró la elección de Michel Aoun como presidente del Líbano en 2016, y obtuvo una muy buena performance electoral en los comicios de 2018″.

«Esta decisión será celebrada, entre otros, por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que el viernes estará de visita por Buenos Aires, y también Israel, con quien el gobierno de Macri proyecta relaciones estratégicas. Asimismo, seguramente acordarán con la medida el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que lidera Arabia Saudita, enfrentada a Irán por el liderazgo regional, así como por la Liga de Estados Árabes (LEA). Ambas organizaciones tienen a Hezbolá en su lista de agrupaciones terroristas. El vínculo con Irán, en cambio, se tensará, si cabe, aún más, lo mismo con el Líbano y Siria, cercanos al gobierno de Teherán».

Analista internacional y docente e investigador de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde además dirige el Núcleo de Estudios de Medio Oriente.

Puede ser que esté equivocado, pero las acciones y «gestos» que la Administración Nacional viene desarrollando desde hace unos años parece darme la razón.

Uno de los presupuestos «básicos» para el diseño e implementación de una política pública en una nación republicana y federal es el diálogo (hablar y ESCUCHAR) con las autoridades jurisdiccionales y hasta los sectores con intereses legítimos en la materia que se trate (en nuestro caso la Circulación terrestre y su SEGURIDAD VIAL). Más aún, a mi entender (como ya saben, puede estar errado), una buena política puede llevar hasta el extremo de ser «cautivante» para el desarrollo de ese «diálogo».

Nada de eso ha pasado en estos últimos años.

Por el contrario, las «acciones» VERIFICADAS han sido no sólo inconsultas, sin «audita» partes, sino también «prepotentes» (…que impone su poder o su autoridad sobre otros sujetos para sacar un provecho o para ostentarlo). De «cautivante» NADA…

Repasemos algunos ejemplos:

1. La Nación postergó los plazos comprometidos para la incorporación de tecnología de seguridad esencial en la Industria Automotríz (EPS, ISOFIX para las sillas infantiles, etc., etc.), sobre un parque automotor que circula por todo el territorio de la república.

2. Creó una autoridad de comprobación (agentes de la ANSV) sumándola a una autoridad de aplicación (Gendarmería Nacional) sobre rutas y autopistas nacionales, obviando una facultad no delegada por las Provincias a la Constitución Nacional (igual sólo puede prosperar si hay Convenio).

3. «Obliga» a la expedición de una Licencia Nacional de Conducir para poder aspirar a la LINTI (Licencia de Transporte Interjurisdiccional), todo bajo la esfera de la ANSV, organismo «virgen» en la materia de transporte.

4. Aumentan las dimensiones de los vehículos de transporte de cargas (alto 4.30 mts.), incorporan el bitren, habilitan el acoplado en vehículos de transporte de personas (Turismo). Todos estos vehículos circulan por todo el territorio de la república.

Podría estar un rato largo dando ejemplos. Aclaro que no me refiero en este caso al «fondo» de cada medida (no hago ahora juicio de valor) sino a la «forma» en que se impuso (o se pretendió hacerlo).

El último ejemplo de este proceder es la «virtualidad» en el control de la Licencia Nacional y las Cédulas Verde y Azul que acreditan la tenencia del automotor.

Asi, de «prepo» nomás… y ya, en las últimas disposiciones, ni siquiera «invitan» a las Provincias a adherir a las mismas. Total, ¿para qué?… Mendoza y Santa Fe ya «observaron» la vigencia de la norma en sus territorios. ¿Se habrán sentido «prepoteadas»?.

De «cautivante» NADA…

¿Política Pública?…naaaa

¿La República?, ¿Seguridad Vial?. Bien, gracias…

Eduardo Bertotti, director de la Institución de Seguridad y Educación Vial