Columnas de Opinion

Todos recordamos la tragedia de Cromañón.

Fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón durante un recital de la banda de rock Callejeros. Provocó una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina y dejó un saldo de 194 muertos y 1432 heridos.

Para que sucediera “Cromagnon” se encadenaron una serie de situaciones irregulares que individualmente podrían haber pasado desapercibidas. El local estaba sobrepasado en su capacidad, sus techos estaban revestidos con telas inflamables y tóxicas, la banda se auto promocionaba como “la más bengalera del rock”, y las puertas de emergencia estaban cerradas con candados. De repente una bengala incendió “el techo” y la única puerta de salida se obturó por la estampida de quienes querían huir. Un cóctel explosivo que terminó siendo una trampa mortal para 194 personas que solo querían disfrutar de música en vivo.

Cromagnón fue producto de la negligencia, la corrupción, la desidia, la ignorancia y la connivencia de policías, políticos, empresarios y músicos.

Hay un antes y después de Cromagnon en múltiples sentidos.

Los familiares de los jóvenes fallecidos y los sobrevivientes conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, tanto por las muertes como por los daños sufridos. En lo político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un juicio que terminó con la destitución del entonces Jefe de Gobierno Anibal Ibarra por considerarlo responsable político de la tragedia. A la hora de votar, Ibarra (que promediaba su segundo mandato) solo tenía 6 legisladores propios sobre 60. Allí sucedió el pacto/traición (que dura hasta hoy) entre el macrismo y Jorge Telerman (que terminó asumiendo la jefatura de gobierno en versión afrancesada).

En cuanto a lo sociocultural, la tragedia concientizó a la comunidad sobre el estado precario de los boliches bailables y los espacios destinados a espectáculos musicales. De repente gobierno porteño revisó el estado de las discotecas y clausuró una gran cantidad antes de impulsar distintas leyes de asistencia, subsidios y ayuda a los familiares de las víctimas y de fijar nuevas condiciones edilicias para la habilitación de boliches y espacios para eventos. Esta última norma (con nuevas condiciones edilicias para lograr las habilitaciones) fue copiada por muchos gobiernos provinciales y municipales, que buscaron “curarse en salud” a partir de la trágica experiencia porteña.

La erradicación de la corrupción policial y de los inspectores municipales, y la connivencia de ambos con los empresarios (dueños de los negocios y el dinero), no se pudo, puede, ni podrá, imponer por ley. Sin embargo la tragedia de Cromañón será siempre una nube negra para policías, políticos o empresarios que quieran desviarse del camino que divide lo que está bien, de lo que está mal.

La semana pasada, cuando habían trascendido las declaraciones judiciales de los jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, hubo una palabra que destrozó almas y corazones: “caducó”. Eso decía uno de los jóvenes sobre Fernando, según lo que se podía leer en las transcripciones de lo declarado en Juzgado.

Esta semana, que se conocieron los audios y mensajes de WhatsApp que compartieron “los rugbiers” asesinos, Lucas Pertossi le puso su voz a aquel texto frío: “Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”. Terrible. Sin embargo, Lucas resultó ser el más ubicado en tiempo y espacio, y reconocer lo que estaba pasando, lo que había pasado. A su primer audio le siguieron una serie de intercambios que confirman la desaprensión y el desprecio por el otro: “Estoy buscando a este Ciro, es pajero… Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo… es más lolo este Ciro”; “No se cuenta nada de esto, a nadie, eh”; “Ey, posta posta, estamos yendo al Mc Donald’s. Ahora vamos para el centro a ver qué onda, capaz lo cruzamos…”, casi entre risas especulaban con la posibilidad de regresar al lugar donde habían asesinado Fernando.

Estos chicos son los mismos que (ya detenidos) quisieron involucrar a Pablo Ventura como autor de la golpiza “como una broma”; y los mismos que ahora declaran no saber por qué están detenidos o que ésta es una causa fogoneada por los medios.

Tal vez la cárcel los ayude a encontrar “el centro”. Tal vez la presión mediática ayude a que (como en Cromañón), haya un antes y después de Fernando.

Ricardo Varela, director de Diario Sur

El nuevo gobierno tiene tres decisiones claras. Las está ejecutando puntillosamente. La primera es relativizar hasta su desaparición a la corrupción como plaga social. La segunda es reimplantar el relato. La tercera consiste quitarse de encima en su período constitucional el peso de la deuda.
Las tres intenciones ameritan breves comentarios. A la corrupción ni por asomo piensan erradicarla y mucho menos castigarla, incluyendo el resarcimiento – recuperación – del Estado por los bienes que le fueron detraídos, en verdad saqueados. Por el contrario, el objetivo casi confeso es naturalizar a la corrupción hasta el extremo de justificarla con argumentos clasistas. Si los dirigentes provenientes del voto de los sectores empobrecidos roban, eso les permite alcanzar y ejercer la representación política. Si así no fuera, sólo accederían a los cargos los ricos. Esta no es una aseveración caprichosa de quien escribe. Es lo que han dicho algunos actores del oficialismo, pero sobre todo es lo que está construyendo el gobierno con la introducción del llamado ‘lawfare’ y con el inocultable pacto de impunidad, incluyendo la neocolonización de lo que queda de la Justicia republicana independiente.
El relato reimplantado es el que los actuales gobernantes han demostrado en el pasado ser eximios. Son capaces de sostener sin inmutarse que subiendo impuestos la economía crecerá o que eliminando la exigencia de escolaridad para percibir la AUH, los pobres se dignificarán o que manteniendo el gasto público exorbitado se combate la recesión. Esto último lo expresó sin rodeos el ministro de Economía en su presentación en la Cámara de Diputados el 12 de febrero: “la austeridad fiscal es contraindicada en un escenario de recesión”. Pueden reducir las jubilaciones y aplanar la pirámide – menospreciando el esfuerzo aportante, igualando a quienes nunca lo hicieron con quienes mes a mes de toda su vida laboral tuvieron deducciones para el fondo previsional – y presentarlo con toda bambolla como un logro de la justicia social que promueven.
En lo atinente a la deuda, primeramente relatan una falacia descomunal. Dicen que el gobierno anterior y la avidez de los prestamistas – asimilados a usureros – son los causantes del endeudamiento. La realidad es que al dejar el gobierno el 9 de diciembre de 2015 la a la sazón presidente dejó un debito de us$240 mil millones y una plantilla burocrática incrementada en casi dos millones de agentes (incluidos los provinciales y municipales) con un gasto público extraviado. Para gradualizar el ajuste ineludible el gobierno del presidente Macri apeló al endeudamiento hasta que diversas circunstancias hicieron irrumpir la crisis de mercado en abril-julio de 2018, agravado por la derrota del 11 de agosto de 2019 que ennegreció aún más las perspectivas e hizo crecer la desconfianza. Todo esto, al margen de innegables errores de conducción sobre todo en el área económica y también comunicacional del gobierno que culminó el 9 de diciembre de 2019. Empero, no se dice que gran parte de la deuda tomada en el mandato anterior fue para pagar servicios a los prestamistas externos y para evitar un ajuste drástico. También para mantener los planes sociales, en una estrategia que contuvo algunos desaciertos – como no establecer un término temporal y no exigir la contraprestación laboral, a la par de condicionar su pago a que no sirvan para ‘piquetear’ todos los días con perturbación evidente de la paz social y del clima de trabajo que debe imperar en un país elementalmente organizado. Lo segundo es algo que no encubren desde el gobierno actual: la meta es “empezar a pagar la deuda a partir de 2023”. Falta que digan sin subterfugios que las amortizaciones y cancelaciones de intereses será a partir del 10 de diciembre de ese año 23 para quede claro el objetivo de que “pague el que viene”.
En tanto, se habla hasta el hastío de las tasas o índices; de inflación, de precios, de desempleo, de interés que fija el Banco Central, de recaudación tributaria, de inversión (que si no remonta, jamás creceremos), de cien aspectos. Pero hay una tasa de la que nadie del gobierno – y de muchos sectores influyentes – habla: la tasa de honestidad – se podría agregar la de idoneidad para la función pública.
Mientras no exijamos a ambas, honestidad e idoneidad, difícilmente saldremos adelante. La propia señora Georgieva, en su reciente discurso en el Vaticano, en nombre del FMI, lo expresó redondamente: “Sabemos que la corrupción obstaculiza el crecimiento y carcome las bases de la economía y de la sociedad”. Acá, en el gobierno, nadie parece haber tomado nota ni se hizo eco. Por eso ni el presidente, ni ninguno de sus ministros, ni nadie en representación del oficialismo siquiera hace alusión al vocablo corrupción. Testado del diccionario gubernamental, pero mucho peor, eliminado de las preocupaciones.
Así no se recupera la confianza y sin ella no podrá haber crecimiento. En la simpleza de esta ecuación está implícita la extrema gravedad de las premisas falsas del gobierno.
*Diputado nacional de Juntos por el Cambio

En una nota publicada en Página 12, el periodista Alejandro Modarelli se pregunta “¿Qué hay detrás del ataque homofóbico al dirigente del FIT?” para reflexionar sobre las repercusiones en las redes de una foto con mi hermano del año 2012. Como bien señala Alejandro, se utilizaron prejuicios homofóbicos con el objetivo de hacer pasar un ataque político a la izquierda. No es la primera vez que asistimos a este tipo de operaciones y sabemos que no será la última. Al mismo tiempo, he recibido importantes muestras de apoyo, como las del propio Alejandro en su cuenta de Twitter el mismo día.

Sin embargo, y más allá de las intenciones del periodista, en la nota hay algunas inexactitudes que quisiera aclarar. La foto fue publicada en mi cuenta de Instagram hace más de un año y fue posteada con un comentario supuestamente gracioso el pasado viernes 14 de febrero por una persona que desconozco. Ni fui el autor de su publicación a propósito del día de San Valentín ni, por lo tanto, tuve el objetivo de sacar algún rédito político para que se hable de mí (lejos estoy de pensar “que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”).

Ese mismo día compartí tuits de varias personalidades que, al igual que el autor de la nota, salieron al cruce de esos ataques. Lejos de quedarme “mudo”, en la noche del sábado, día en que mi apellido fue TT por este “debate”, publiqué en mi cuenta la foto con un breve texto que decía: “Esta hermosa foto con mi hermano, que me encanta, llenó de odio Twitter. ¡La homofobia mata! Por suerte son muchxs lxs que repudiaron esos comentarios”. En Instagram y Facebook recibí miles de likes de apoyo y comentarios antihomofóbicos en su enorme mayoría. Siento humildemente haber contribuido a la defensa de la amistad y el amor entre varones, en el sentido de las muy interesantes referencias a Foucault y Pasolini que señala Alejandro en su nota.

Por otra parte, una importante preocupación que motiva esta respuesta, es que en la nota hay una cuestión que puede generar confusión (involuntariamente) en un terreno caro a mi tradición política. Alejandro señala en relación a muchos de los comentarios de quienes me atacaron en las redes que “hacía tiempo que no resurgía dentro del debate político, y sin otro origen que una interpretación falsa de una selfie, el tortuoso vínculo que mantuvo en el siglo XX la izquierda masculina tradicional con la homosexualidad. Ya se sabe: de Stalin a Castro, Del Caño tenía que hacerse cargo hoy de cada una de las iniquidades antisexuales del socialismo real”. Muchas veces quienes defienden el sistema capitalista como único horizonte posible intentan instalar un sentido común igualando el socialismo al stalinismo, tergiversando la historia real.

Ni yo, ni la corriente política en la que milito desde los 15 años tenemos una relación “tortuosa” con la homosexualidad. Tengo el orgullo de ser trotskista, es decir, formo parte de la corriente que defiende la Unión Soviética previa a la degeneración stalinista, la que, en sus primeros años y bajo la dirección de Lenin y Trotsky, eliminó la criminalización de la homosexualidad y cesó la persecución de los homosexuales.

En 1921, el médico Magnus Hirschfeld, organizó el Encuentro Internacional para la Reforma Sexual, reuniendo a científicos de todo el mundo que pusieron como ejemplo la legislación de la Rusia soviética, donde la revolución había eliminado las leyes zaristas represoras de la homosexualidad por ser “contradictorias con la conciencia y la legalidad revolucionaria”. En el “mundo occidental” supuestamente democrático, recién en 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de tratar la homosexualidad como una enfermedad. ¡Setenta años después que la Rusia de los bolcheviques! Entonces, ¿por qué debería hacerme cargo de las políticas de Stalin, de Mao Tse Tung o Fidel Castro, cuyos regímenes burocráticos fueron duramente cuestionados desde la izquierda por la corriente histórica a la que pertenezco? Cuestionamientos que llevaron a la muerte o a la cárcel (en la ex URSS, China o Cuba) a muchos de mis compañeros de causa. El trotskismo ha criticado esos regímenes por su política de conjunto; lo que incluye también la criminalización de la homosexualidad, en épocas en las que el movimiento de mujeres y el de la diversidad sexual no eran tan potentes como en la actualidad.

Hace una década, Ediciones del IPS –la editorial que impulsa mi partido- publicó el libro “La mujer, el Estado y la revolución”, de la historiadora norteamericana Wendy Goldman. Ahí está muy bien documentada la lucha política e ideológica del Partido Bolchevique, durante los primeros años de la Revolución Rusa, contra todos los valores impuestos por la burguesía y la autocracia zarista. En aquellos años se debatía cómo dar pasos en la liberación de la mujer, se cuestionaba el trabajo doméstico, las relaciones de pareja basadas en la subordinación de las mujeres al poder patriarcal y el matrimonio tal como era concebido tradicionalmente. Todos esos debates fueron borrados por años de estalinismo.

Agradezco la oportunidad, a partir de la nota de Alejandro, de clarificar nuestra posición histórica.

Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS

Hace décadas que declinamos como nación. Indicar si el inicio fue 1930 o el decenio de los cincuenta no ayuda para pensar el futuro porque nos disocia antes de empezar el camino de la recuperación. La decadencia es mucho más honda que un índice, por caso el de pobreza. En 1976 el sector pobre de nuestra sociedad no superaba el 5%, pero ya llevábamos años acumulados de caída. Sobre todo en el optimismo y en las expectativas propias de ser algo respetable en el mundo ¿Cómo pretender que los foráneos crean en nuestra potencialidad si nosotros descreemos de ella? Nuestro mal no está afuera. Se halla acá. Mora con nosotros. Convive cotidianamente entre nosotros. La deuda externa no es un maleficio impuesto por factores exógenos. Es el producto liso y llano y también funesto de nuestras ineptidudes, de nuestra mediocridad, de nuestro fracaso sobre todo dirigencial. Esa frustrante cumbre, que no representa la proverbial pujanza de nuestra nación, está contagiando para abajo su incapacidad manifiesta en su (mal) desempeño arriba.
Tres ejemplos recientes patentizan la hondura del decaimiento nacional: para la asignación universal por hijo ya no se exige la certificación previa de escolaridad, la gran condición para percibirla; cuando en el mundo desarrollado casi el 80% de los chicos de 3 años están escolarizados, acá apenas llegamos al 41; y en contraste con el aplauso que en toda la tierra se brinda a los emprendedores, acá se suspende el trámite ágil por Internet para crear empresas, sobre todo micro.
No se puede desmentir, a la luz de estos tres datos, que acá existe una objetiva intención de que no seamos más educados y más libres. No es una conjetura contrafáctica, sino lastimosamente fáctica: se le tiene miedo a la libertad y a la educación. La inferencia es tan inexorable como siniestra: un pueblo ignorante y sometido es manipulable. Esta conclusión – que está muy lejos de ser antojadiza – nos ubica fuera de la geopolítica mundial. Nos descuelga del mapa. No porque estemos lejos de Washington, París, Berlín o Pekín, sino porque estamos a años luz de las corrientes tecnológicas que están transformando al planeta, desde la cuántica hasta la inteligencia artificial y la robótica ¿Alguien supone que los tesoneros europeos, los sacrificados chinos o surcoreanos, los esforzados japoneses o los pujantes emprendedores norteamericanos forjaron los países que tienen durmiendo la siesta y esperando que el Estado les provea – vía abundantes, frondosas ‘políticas públicas’- las ‘soluciones’. Por supuesto que el Estado tiene un papel preponderante que es el de asegurar la libertad y la seguridad, junto con promover el bienestar con la sutileza de quien interviene sin hacerse notar.
Existen inquietantes cuestiones en el mundo. La alianza transatlántica – EEUU-EUROPA – atraviesa por un período crítico. La ‘Primavera árabe’ cayó en el actual escenario de inestabilidad, altamente preocupante. La lentificación del crecimiento chino, agravada por el coronavirus, parece un palo en la rueda de la locomotora mundial. Nuestra América, otrora el Mundo Nuevo, hoy es una geografía política y económica problemática por aquí y acullá.
Es decir, que la Argentina no es la única anormalidad de este mundo. Empero, es ‘nuestra’ anormalidad. Es la que nos duele en el alma. Y más allá de las complejidades que sufren los otros, las nuestras las detectamos como muy gravosas por algunas razones que hasta resultan inexplicables.
“Para pagar debemos primero debemos crecer”. Es una aseveración equívoca pero con apariencia de verosímil. Ahora bien ¿cómo crecer si lo saliente de este gobierno ha sido en los noventa días de ‘gestión’ subir impuestos a los que producen, a los que generan trabajo, a los que tienen sus ahorros invertidos aquí y registrados legalmente? Ergo, como no vamos a crecer, no vamos a pagar ¿Viviremos con lo nuestro? ¿Los emprendedores se irán a Montevideo, Asunción y Santa Cruz de la Sierra? ¡Qué paradoja! Los tres países que se desprendieron de nuestra nación originaria, hogaño se desarrollan a partir de nuestras trabas y decadencia.
¿Qué hacer? Lo contrario de lo que venimos realizando. Menos impuestos, menos gasto, menos despilfarro, ninguna impunidad – es la única forma de no padecer corrupción -, menos burocracia y regulaciones, menos inseguridad – personal y jurídica -, menos deseducación, menos clientelismo disfrazado de asistencia social, menos vagancia, menos violencia, menos grieta. Y siguen los menos.
Asimismo, en vez de un plan ‘secreto’- como sorprendentemente dijo tener el presidente -, se le dé a conocer al país cuáles son las directrices orientativas que el gobierno impulsa para que seamos un país republicano y desarrollado.
Con una mirada optimista podría decirse que somos afortunados pues no es que tengamos que hacer más, sino menos de lo que venimos (des) haciendo. La fórmula casi es memotécnica y por tanto sencilla: dejar de hacer lo que hace añares hacemos, es decir cambiar.
Los ejes de esa mutación están claros: educación, libertad, trabajo.

*Diputado nacional de Juntos por el Cambio

El hijo de todos. La marcha que acompañó este martes a los padres de Fernando Báez Sosa fue casi tan abrazadora y contundente como la que se hizo hace 16 años, en el mismo lugar, por Axel Blumberg. Aquella fue una de las concentraciones más convocantes desde la restauración democrática de 1983, donde se calcularon 150 mil personas con velas y al grito de Justicia. Axel, hijo único como Fernando, había sido secuestrado y asesinado al ir a buscar a su novia a Martínez con el auto de su mamá. «Hoy Axel es el hijo de todos», dijo entonces su padre envuelto en lágrimas. Hoy Fernando también es el hijo de todos. Estudiante, inocente, con toda la vida para armar, como Axel.

Esta marcha, como aquella, no tuvo banderas políticas, pero tal vez detrás de cada paso arrastrado por la multitud hubo una consigna que alentó a seguir: «Esta es la marcha de los buenos», tal como dijo este martes como en un susurro, Graciela Sosa, la mamá de Fernando. Por eso detrás del dolor más íntimo y profundo de la familia y los amigos, los manifestantes formaron un bloque compacto, solidario, de combatientes contra la violencia.

En 2004, la multitud reclamaba a puro grito y aplausos «mayor seguridad» y «justicia» por Axel, y su padre presentaba un petitorio para reformar la ley y elevar las penas de los condenados por homicidios y secuestros. Esa misma noche, tras la marcha, el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguraba que «el gobierno nacional hará todo lo que haga falta para terminar de una vez y para siempre con este flagelo de la inseguridad. A este reclamo drástico, vamos a ofrecer respuestas drásticas».

Axel fue secuestrado en la puerta de la casa de su novia, Estefanía. Su cuerpo apareció en un descampado de Moreno, con los ojos vendados y un tiro pegado a sangre fría en la sien. Su padre recordó hace poco que aún hoy lo visitan algunos compañeros del colegio y su ex novia, ya casada. A ella, como a las chicas de su edad, la vida la fue llenando de tiempo y de a poco la separó de la tristeza.

Hoy existe la ley Blumberg y nuevos reclamos. Y aún duelen las marchas que piden por los hijos de todos.

Por Diana Baccaro

Las reacciones de la opinión pública ante determinados hechos suele ser absolutamente impredecible o no tanto…?

1- Temas serios que realmente y a priori deberían preocuparnos y ocuparnos más…realmente nos preocupan…?
Hace menos de un mes un senador de la Nación por Formosa, tomó una difícil decisión en contra de los intereses del establishment político al que inclusive pertenece, sobre un tema espinoso proponiendo que la clase política acompañe al resto de la sociedad en el ajuste , lo que implicó pagar un costo importante y el riesgo de quedar aislado dentro de su propio ecosistema político y social, el impacto a nivel nacional se hizo sentir con fuerza, al punto que Cristina en el Senado y Massa en diputados salieron presurosos a anunciar el congelamiento de sueldos, dietas etc. de legisladores nacionales por 6 meses , sin embargo a nivel local NADIE, pero absoluta y literalmente NADIE, de la clase política local ni por de izquierda ni por derecha, ni oficialismo ni oposición, NADIE de la prensa, NADIE de las ONG, NADIE del sindicalismo, NADIE de sectores religiosos. NADIE de los ciudadanos por redes sociales ,se hizo eco de semejante e inédita iniciativa porque no se trataba de un personaje periférico de la polític, sino del presidente del bloque de senadores de la principal fuerza opositora. En fin la propuesta que bombardeaba el corazón mismo de una clase política privilegiada en Formosa, un tema que impactaba en el centro del escenario un debate clave como es la ética, la solidaridad y el compromiso social en el ejercicio de política, demostró no interesarle a NADIE.

2- Somos entonces una sociedad Tilinga y Cholula que prioriza los temas farandulescos y cholulos…?
Alcanzó sin embargo que a este mismo Senador lo ubiquen como invitado en un palco circunstancialmente al lado de una mujer ligada al espectáculo y la farándula para que ahora si se muevan las redes sociales, los medios de prensa y hasta algunos sectores políticos estimulados por la internas de mayo en la UCR y hasta medios del oficialismo provincial que siempre agudos observadores de la paja en el ojo ajeno y casi ciegos a la hora de ver las vigas en el propio, y a pesar de que la misma bailarina se ocupó de desmentir contundentemente la versión sobre alguna relación con el Senador, que por otra parte estaría en todo su derecho pues es viudo y sin compromisos. Y uno se pregunta…? Porque este tema tuvo mucho más impacto que el anterior…?, nos preocupan realmente a los argentinos y a los formoseños temas como la corrupción, la inflación ,la educación, la salud administradas con austeridad y honestidad…? O solo fingimos ocuparnos de estos temas por ser políticamente correctos pero como nos parecen aburridos estamos más pendientes temas triviales o tilinguerías y salimos corriendo detrás de ellas.

3) Medimos con la misma vara moral a los integrantes de la clase política según o tenemos una vara para unos y otra vara para otros según a que fuerza política pertenecen…?
Ya estamos en carnavales y como todos los años vamos a volver como se repite cada año a ver al gobernador , ministros, funcionarios, diputados o sindicalistas bailar alegres, insinuantes y muy sensuales con rumberas y travestis de todas las comparsas que participan ligeros de ropas y con muchas plumas, inclusive se habla mucho de relaciones románticas que se iniciaron en estas circunstancias , y la verdad que nunca escuche ni leí a nadie criticarlos .A pesar que todos los indicadores socioeconómicos, educativos de salud etc. nos siguen ubicando en los útimos lugares.

Y yendo ya la historia nacional entre la política y la farándula que por cierto es muy rica, especialmente entre el PJ y la farándula arrancando por aquel histórico e inmortal romance entre Perón y una promisoria estrella en ascenso de la radionovela como fue Evita, o el mismo Perón con una muy popular bailarina argentina en Caracas conocida con el nombre artístico de Isabelita , me refiero a María Estela Martínez que luego llegaría a ser pte. De la nación,pero más cerca en el tiempo en el caso del inefable Carlitos Saúl, y sus festejadas relaciones con varias vedettes y artistas que fue una impronta en su década de gobierno, y más recientemente casos como el de Urtubey con Isabel Macedo, Ottavis con Xipolitakys , Insaurralde y Jesssica Cirio, Luli Salazar y Arcioni el gobernador de una Chubut incendiada y tantísimos otros.

Y acá viene la última pregunta …porque lo que se condena y cuestiona estas actitudes a algunos sectores de la política y como contraartida al Pejotismo no solo se les tolera, sino que hasta se les festeja. Tenemos los argentinos una doble vara Moral, una que rige para evaluar la conducta de los Pejotistas y otra para los demás.

*Delegado coordinador del Plan Belgrano en Formosa

En los últimos días la noticia del asesinato de Fernando Báez Sosa, a manos de 10  rugbiers, en Villa Gesell fue el tópico que acaparó la agenda mediática y por consiguiente, la atención social.

El horrendo caso dejó en descubierto, casi a flor de piel, el grado  de hipocresía que maneja gran parte de la sociedad.  La doble vara impune que ostentan algunos medios, que acaso no son otra cosa que un fiel reflejo de lo que emana el pueblo.  Porque está claro que entre ambos existe un circulo vicioso de oferta y demanda constante. Uno muestra lo que muchos consumen y a la inversa. Acaso será otra línea de análisis el averiguar cuál es el “huevo” y cual la “gallina” de esta ecuación. Poco importa a esta altura.

Lo que uno transmite y el otro recibe, en este caso, fue un claro ejemplo de cómo nos manejamos como sociedad: pasamos de un reclamo por disminuir la edad de imputabilidad a cuestionarnos el estado de las cárceles con solo mirar la foto del “asesino”.

Porque en casos similares, cuando los sospechosos portaban gorra con visera, vestían casacas de fútbol y acaso su piel era de una tonalidad trigueña, el debate era claro. El mensaje conciso. La solución una sola y efectiva: “erradicar a los delincuentes desde los 10 años”. No existía otra alternativa posible. Se necesita extirpar del pueblo esa “lacra” que se genera desde chico. Que no tienen solución y solo se la combate aprensándolos, desde niños y para siempre. O, en casos más benévolos, con una vuelta inmediata de la «Colimba».

Ahora bien, cuando la foto que refleja el noticiero son de muchachos de ojos claros, de una clase social por sobre la media, con remeras de marcas conocidas, la cuestión transita “otros niveles”. Aparecen entonces sociólogos y psicólogos que se preguntan en qué contexto vivirán estos chicos si son aprendidos. ¿Qué seguridad o nivel de higiene presentan nuestras cárceles? transcriben los zócalos del noticioso.

O peor aún, subyace una especie de duda filosófica repugnante: ¿Qué nos pasa como sociedad para llegar a esto?. Es decir, nos interpelamos que clase de “virus” infectó nuestro hábitat para que estos chicos “llegaran” a matar.  Es tan impregnado el grado de hipocresía y clasicismo, que no nos damos cuenta que se intenta buscar una explicación porque damos por sentado que chicos de clase alta, de rasgos faciales determinados, no pueden matar. Entendemos que fueron “infectados” por algo o alguien para llegar a ser asesinos.

Que los vídeos juegos. Que la aparición de la  Ultimate Fighting Championship (UFC). Que el alcohol. O la dependencia a la tecnología u otras series de conjeturas, son temas centrales en los paneles de la TV.  Lo analiza doña Rosa en la cola de la verdulería y lo grita desde una esquina el encargado de edificio al del kiosco, cada mañana.

Postales que poco se asemejan al caso contrario: de tener cara oscura se entiende el porqué matan sin necesidad de eruditos. No hace falta preguntarse nada. La respuesta al Porque “está en sus genes”. «¿Qué se puede esperar de una chico de clase baja?” reclama el taxista al locutor de la radio. Porque se “drogan con paco y no le importa trabajar” interpela la señora en la peluquería. Porque son “planeros que perdieron la cultura del trabajo y buscan la fácil”.  

Así del maltrecha esta nuestra sociedad. Así de hipócrita. A nadie parece importar el verdadero motivo. Solucionar la matriz que conlleva a que pibes (a secas y sin prejuicios) maten a otros. Solos o en manadas. A puños o a disparos. Parece que primero hay que ver quien fue para preguntar acaso el porqué.  Difícil es lograr erradicar la violencia que nos asecha si primero no comprendemos que es algo que atraviesa horizontalmente las clases sociales.

Es necesario educar y entender que ningún chico nace “chorro”. Ni los de zona norte que hablan tres idiomas, ni los que reciclan cartón junto al carrito de sus padres.

Debemos dejar de analizar desde el prejuicio y abocarnos al verdadero motivo. Ahondar profundo, en detalle, en la historia cultural Argentina. Porque no se trata de escalafones sociales sino de patrones psicológicos.

Que por un lado está el “macho” que asesina por la conjunción de años de una cultura patriarcal predominante con la mezcla letal de una debilidad emocional y rasgos patológicos innatos.

Y otro caso es aquel que, producto de la desigualdad social de años, no ve otro futuro que la droga y por consecuencia tristemente lógica, la delincuencia.

Pero ninguno de los dos se soluciona con la frialdad de una postura que corresponde a un grado de sectarismo cruel. Ni prohibición de boliches o video juegos para algunos, ni fusilamiento masivo en Plaza de Mayo para otros.

Abordar a la solución de esta realidad implica, a su vez, un análisis desde diversos vectores. Lo primero que se debe concebir es que todo argumento debe realizarse desde la racionalidad. Ya que es imposible pretender que un familiar o amigo de una víctima, pongamos por caso de violación, no exija la captura y la inmediata ejecución del delincuente. Por esta claro aquí el intervenir del corazón, el sentimiento, la emoción. Y así no es como debe entenderse la aplicación de la justicia.

Es necesario apuntalar una mejora en varios niveles.  Aparece entonces la figura del Estado. Un Estado fortificado es el primer eslabón para enajenar una serie de soluciones a esta continuidad de conflictos. La Educación debe ser otro eje principal. Debemos erradicar la cultura “machista” de todas las esferas socio-políticas.

Suprimir al máximo los niveles de marginalidad, mediante el trabajo. Aplicar políticas verdaderas para evitar que los niños, que ahora delinquen y viven merced a la droga, tengan otro futuro, es tarea primordial. Se debe procurar que los padres tengan los medios para darles una vivienda digna, alimentación diaria, asistencia social.

A medida que estos ápices se ejecuten, aplicar una reforma carcelaria completa. Que los complejos penitenciarios no sean un infierno en la propia tierra, sino el lugar para que, quien haya cometido un error (cualquier que fuera), tenga la posibilidad de redimirse, de reformarse para una futura inserción en la sociedad. O, en casos extremos, sean el lugar de contención para quienes no pueden convivir en el marco de una comunidad.

Porque indudablemente un árbol que tiene putrefacta sus raíces no sanara, simplemente, cortándole algunas ramas o preguntándonos que “virus” afecto algunos de sus frutos.

Para NCN Juan Jose Postararo 

El presidente dijo que “tiene un plan, pero es secreto”. Triplemente inédito. El carácter arcano, la ausencia de planificación – tan cara al fundador del justicialismo, más allá de su real efectividad – y el prematuro desgaste – que despilfarra ese tiempo de ‘oro’ que son los primeros cien días de gobierno- del flamante jefe del Estado.
Ignoramos si el plan secreto se limita a la reestructuración de la deuda – ¡qué lástima que hayan desechado el verbo reperfilar, mucho más garboso!- o abarca a toda la economía. En este interrogante está implicada una duda crucial: si para pagar hay que crecer, ¿para esto no es necesario un plan previo o a lo sumo simultáneo con la negociación de la deuda? Los acreedores es de manual que cuando tienen a la vista un plan de gobierno consistente planteado por funcionarios confiables se allanan a prórrogas, reducción de tasas y hasta quitas. Empero, con el secretismo que confesó el presidente da la sensación que las conversaciones sufrirán contratiempos.
A su vez existe un enorme inconveniente para este andar sin plan: desalienta al país entero, el que votó por el presidente y el que sufragó por su antecesor. Cunde, aumenta el pesimismo. Se vuelve a escuchar aquí y allá, por doquier, que “a esto no lo arregla nadie” por el simple y sombrío motivo de que “no tiene arreglo”. Paralela y consecuentemente, se incrementan las inversiones en Montevideo y el este oriental – del Uruguay, claro -, en Asunción, en Santa Cruz de la Sierra y en Miami. Y, lo más alarmante, suben las residencias físicas de argentinos en esos lares. Los ciudadanos que invierten afuera o emigran son quienes poseen capitales y, sobre todo, actitud emprendedora y conocimiento. A este ritmo, ¿cómo crecer para pagar – y mejorar nuestra vida, obviamente -si cada vez menos argentinos están dispuestos a invertir y generar empleos y bienes?
Cualquier principiante sabe que para desarrollar una economía la presión impositiva debe descender. No hay que estudiar en Harvard para saberlo. Igualmente, es imposible crecer con inflación, máxime si supera el 50%. El primer capítulo de un plan económico es la estabilización de los indicadores básicos.
Por otra parte suele soslayarse que el éxito de un plan como el que necesitamos – que debe ser explícito – radica en el plano cultura, que en la Argentina está peligrosamente irresuelto o, peor aún, en proceso de retrogradación. Entre nosotros existen muchos ciudadanos y sectores organizados que creen – me atrevería a decir que hasta de buena fe – que el modelo de máxima regulación, de las políticas públicas cada vez más abundantes, del incremento del gasto fiscal, de la suba de impuestos, no sólo a los ricos, sino también a la clase media – ¿castigo de paso a los ‘contreras’? -, de la ampliación incesante de derechos – sin ninguna obligación correlativa – y del cuestionamiento progresivo a la libertad económica es el que pondrá a la Argentina de pie, siguiendo el eslogan de la campaña. No reflexionan para qué lado cayó el Muro de Berlín, ni que la creación de riqueza no es magia, sino trabajo y creatividad, que la prosperidad no deviene de un decreto del Superior Gobierno, sino de la actividad libre y emprendedora de los habitantes. Con este regulacionismo creciente pasamos del ‘país-promesa’ que vaticinaba Ortega y Gasset hace un siglo al pueblo pobre y mendicante que hoy somos y sufrimos.
La tarjeta alimentaria puede tener noble inspiración, pero su instrumentación exhibe nula innovación y lamentable reiteración de los mecanismos clientelares de los nuevos punteros, los ‘gerentes de la pobreza’. Como nunca se aplica ‘pan para hoy (escaso), hambre para mañana (abundante)’.
El nuevo gobierno está en lo cierto cuando pretende estirar los plazos de la deuda, aunque parece una intención excesiva eso de que ‘pague el que viene’. Pero lo inaceptable es que no comprenda que hay que alentar la inversión, clave para crecer. No es hora redistributiva, sino productiva. Si se apela a persistir en ensanchar lo público y estrechar lo privado, inexorablemente avanzará la pobreza para todos.
Nadie está autorizado a extraer conclusiones falaces de la frustración del presidente Macri en erradicar el flagelo de la inflación, la madre de todas nuestras calamidades. Puede ser que hubo la concurrencia de impericia, falta de política territorial, excesiva apuesta a las redes. Poca ‘rosca’ y también paradojalmente demasiada ‘rosca’ que resultó estéril y contraproducente. Porque los que ‘rosquearon’ a la postre fueron desairados por los virajes electorales de último momento de sus interlocutores. También puede ser que no se haya luchado contra las mafias con la cirugía mayor que exige su erradicación. Pero el modelo de la libertad, de un capitalismo inteligente con vocación social, que se planteó en 2015 sigue incólume como la única solución de fondo para el empobrecimiento argentino. Si erramos en este angular punto, la decadencia será ineluctable.

*Diputado nacional de Juntos por el Cambio (partido UNIR)

El último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano destaca que la reestructuración de la deuda pública constituye el principal condicionante del futuro de la economía y la política argentinas.

“Poco o nada se conoce aún respecto del enfoque que se dará a dicha restructuración. Queda como alternativa hurgar en las ideas del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de serlo. En tal sentido, se cuenta con su presentación ante la UNCTAD de noviembre pasado. En aquella ocasión, su propuesta central era suspender los pagos de capital e intereses durante 2020 y 2021, para avanzar en la generación de superávits gemelos que permitieran hacer frente a los compromisos de la deuda reprogramada, a partir de 2022”, observa Víctor Beker, director del CENE.

“Para reperfilar la deuda de acuerdo con dichos lineamientos, ya como ministro, especificó un horizonte para el 31 de marzo. Es la tarea actual del ministro convencer a la mayoría de los acreedores de que se trata de la única alternativa a la declaración unilateral del default y la interrupción de pagos por tiempo indeterminado”, continúa el economista.

Sin embargo, su análisis subraya que la experiencia de lo ocurrido con la deuda de la provincia de Buenos Aires es indicativa de que la propuesta de suspender pagos por dos años es inviable. “En el caso de la provincia, ni siquiera fue aceptado diferir pagos por tres meses. ¡Ni qué hablar de dos años! Por lo tanto, se supone que, al igual que sucedió con la provincia, se dará un más o menos prolongado intercambio de ofertas y contraofertas”.

Al respecto, Beker postula que “la reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y el de cuenta corriente”. Y, para concluir, recuerda que, en los últimos procesos de reestructuración, las quitas fueron del 10% en el caso de Uruguay; del 35%, en el de Ucrania, y del 46%, en el de Argentina en 2005, mientras que, en el de Puerto Rico, la propuesta presentada por el gobierno de la isla a los acreedores contempla una quita del 48%.

Hernán Murúa

Lamentablemente, cada tanto suceden incidentes de tránsito en nuestras rutas que involucran algún tipo de transporte público de pasajeros, muchos de ellos de los que poseen doble piso. De hecho, el 80% de los vehículos de larga distancia de pasajeros son de doble piso. Este no es un dato menor porque implica miles de personas que se trasladan en ellos cada día, a lo largo de Argentina. Las tragedias suceden por una multiplicidad de factores entre los que podemos considerar el error humano producto de la imprudencia o falta de descanso de los choferes y la rotación de los mismos, el alcohol y el consumo de estupefacientes, el exceso de velocidad, el mal estado de las unidades y de las rutas, y la particularidad del diseño de las unidades de doble piso, entre otros.

Argentina perdió décadas atrás el mejor, más efectivo, sustentable y seguro medio de transporte masivo de personas y mercaderías: el ferrocarril. Hoy, camiones y colectivos cubren estas necesidades, por lo que sabemos que son fundamentales para el traslado y la economía. En otros países se utilizan en distancias cortas, con fines turísticos e inclusive hay países que prohíben su uso. No pretendemos sacar de circulación las unidades de doble piso porque sabemos la importancia que tienen, pero si adoptar medidas integrales para minimizar los riesgos. Ahora, si las investigaciones determinan que no son seguros y desaconsejan su uso, se deberá dar un plazo lógico para la adecuación y reconversión del sistema.

Todos los caminos se diseñan geométricamente con una velocidad de directriz que permite transitar con mayor seguridad, tanto en las rectas como en las curvas y se proyectan con un diseño geométrico y otro estructural. Este último tiene que ver con la resistencia por el desgaste del tránsito, del tiempo, etc. (Por eso se hacen las mediciones de las cargas de los vehículos para medir el desgaste que estos generan). El diseño geométrico en tanto, se hace en función de la velocidad directriz, por eso las velocidades máximas. En las curvas aparece la fuerza centrífuga que tiende a sacar el vehículo hacia afuera y si el radio de giro es corto, la velocidad debe disminuir. El primer problema que afrontan los vehículos al entrar en una curva es el deslizamiento que se calcula para que esto no suceda y el segundo es la posibilidad de volcar.

En particular, uno de los problemas de los vehículos de doble piso se relaciona con el diseño y la velocidad, por ejemplo en las curvas. Al ser los ómnibus de doble piso más altos y tener el centro de gravedad también alto, la posibilidad de vuelco aumenta con relación a vehículos más bajos. Esto pasa cuando se excede la velocidad de diseño por lo que la unidad no va a deslizar, se va a volcar; por eso es crucial respetar las velocidades máximas en cada tramo del camino.

Estudios demuestran que la incorporación de un segundo eje móvil en la parte delantera daría más estabilidad a las unidades, existió una normativa al respecto pero las empresas no cumplieron con la misma. Deberíamos insistir con esto y agregar elementos de seguridad como toboganes inflables o algún sistema de escaleras auxiliares, reducir las velocidades máximas permitidas a estas unidades y mayores controles sobre el descanso de los choferes.

Hemos presentado en el Congreso de la Nación varios proyectos relacionados con la seguridad vial, como la capacitación obligatoria de choferes que conduzcan en alta montaña, las medidas de seguridad que deben tener las unidades de transporte público, la incorporación del GPS y el límite de velocidad. Esto no es suficiente; debemos avanzar con un marco jurídico que considere las unidades de doble piso para dar más seguridad a los usuarios y eliminar al máximo las posibilidades de recurrencia de estos siniestros.

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) comparte la inquietud de muchas personas que están preocupadas por su propia salud y la de sus familiares y amigos. La aparición de cualquier enfermedad nueva es motivo de gran preocupación y debe tomarse con suma seriedad.

Hasta el presente, la amplia mayoría de los casos notificados (99%) de coronavirus (2019-nCoV) se han registrado en China. La mayor parte de los casos registrados en otros países tienen vínculos directos con Wuhan u otras localidades de China. En este contexto, la OMS cree que todavía es posible interrumpir la propagación del virus, siempre que los países pongan en marcha medidas enérgicas para detectar los casos de manera temprana, aislarlos y tratarlos, hacer el seguimiento de los contactos y promover las medidas de distanciamiento social que correspondan según el riesgo.

América Latina recibe turistas y comercio de China, por lo que existe la posibilidad de que haya algún caso importado. Sin embargo, la Región no corre más riesgo que cualquier otra. Además, los países de la Región han progresado mucho desde los brotes de dos otros coronavirus emergentes, SARS en 2002 y MERS en 2012, y saben muy bien qué hacer: fortalecer la vigilancia y la capacidad de los laboratorios, crear zonas de aislamiento y manejar los casos sin infectar al personal de salud.

Por lo pronto, la declaración formal de una emergencia de salud pública de importancia internacional establecida por la OMS, sobre la base de las recomendaciones de un comité de expertos, es parte de un tratado internacional, el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de contener una emergencia sanitaria de una dimensión internacional sin interferir innecesariamente en el comercio o los viajes.

La declaración de la emergencia confirma que estamos todos juntos en esta situación y que el mejor camino por delante es la colaboración y la transparencia.

En este camino, la OMS está trabajando con redes de científicos, médicos clínicos, gobiernos, expertos en las cadenas de suministros y asociados de los sectores público y privado para coordinar la respuesta al coronavirus en diversos aspectos técnicos. Esto es la provisión de suministros, el trabajo con especialistas para acelerar el acceso a opciones terapéuticas y el intercambio de información con expertos que atienden los casos para asegurar la mejor atención posible y minimizar la mortalidad.

No hay ningún tratamiento específico para este nuevo coronavirus; el tratamiento se basa en el cuadro clínico. Se están investigando algunas opciones terapéuticas y la OMS está ayudando a coordinar esta labor con una amplia gama de asociados.

Además, según la evidencia acumulada hasta ahora sobre coronavirus, la OMS no recomienda restricciones a los viajes y comercio porque no generan grandes beneficios en contener el brote, pero sí pueden producir perjuicios socioeconómicos importantes en los países.

De todas formas, todavía es mucho lo que no sabemos acerca de este virus y la OMS está siguiendo la evolución de este brote minuto a minuto. Ante este panorama, como suele suceder con toda nueva enfermedad, la preocupación aparece en la población. Por eso es tan importante manejarnos con la información correcta y con fuentes fidedignas.

A pesar de no contar con una vacuna lista para prevenir el coronavirus en humanos, tenemos, de todas formas, medidas de prevención muy simples de realizar para evitar este virus: lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, toser correctamente tapándonos la boca con el codo y tomar las precauciones que se siguen habitualmente para evitar la gripe.

El Director General de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha hecho un llamamiento en contra de la propagación de rumores e información incorrecta, cuya circulación tiene muchos efectos negativos, incluida la estigmatización y la discriminación hacia las personas de las zonas afectadas por el brote.

En unos brotes anteriores, el temor y la desconfianza han obstaculizado y han dificultado la provisión de recursos y la actividad económica.

Este brote está impactando muy fuerte a China, pero sus acciones para compartir información y la secuencia del virus para poder detectarlo en otros países han sido y siguen siendo, hasta ahora, claves para evitar su extensa diseminación fuera de China. La OMS cree que es todavía posible controlar este brote con medidas clásicas de salud pública bien implementadas y con solidaridad global.

Nuevamente el Congreso de la Nación trató el tema de la deuda pública Argentina, una dinámica que lleva décadas y que no logra tener un corte definitivo. Es un tema urgente porque nuestra economía se encuentra paralizada, sin financiamiento y con una fuerte expectativa en los mercados financieros internacionales sobre la renegociación que se llevará adelante.

A veces, en política importan más los gestos que las necesidades técnicas. Debemos dar una señal a los acreedores del respaldo político que tiene la misión negociadora del Ministro de Economía. Por eso tratamos en el Congreso una ley que se transforme en un instrumento político que fortalezca la negociación. El sentido es darle fuerza al negociador, que el oficialismo actual y la oposición -que es el oficialismo anterior- coincidan en ese respaldo categórico, para renegociar la deuda pública emitida con legislación extranjera.

De hecho, el Poder Ejecutivo ya cuenta con las herramientas necesarias para iniciar la restauración de la sostenibilidad de la deuda porque ya fue otorgada en la delegación de facultades de la ley de emergencia aprobada en diciembre último y se encuentra vigente en la ley de administración financiera que contempla dichas atribuciones. Además, los títulos públicos que van a ser renegociados tienen incorporada la clausula de prorroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y se rigen por ley extranjera que ya se encuentra en las condiciones de los bonos de 2005, 2010 y 2016.

La ley es el respaldo a una política pública que solo puede otorgar el Congreso, pero también es cierto que no solucionamos el problema de fondo. No abordamos los problemas que nos llevaron a depender del financiamiento externo, los cuales no surgieron durante los últimos cuatro años.

Es importante aclarar que el universo de la deuda a restaurar que considera la ley, no es toda la deuda pública argentina, solo representa la deuda regida por ley y moneda extranjera. Estos son mayoritariamente bonos y títulos públicos emitidos en los canjes 2005 y 2010 regidos por Ley New York e Inglesa, cuyas condiciones contractuales están contenidas en un contrato firmado en 2005 con el Banco de New York. También los títulos públicos emitidos en el 2016 en moneda extranjera y bajo Ley New York, con el mismo banco. Además, quedan aún por reperfilar la deuda con el FMI del programa Stand By y que además las provincias accedan a esta posibilidad porque esta problemática afecta a todos los estados provinciales.

El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de noviembre último muestra la posición de la Argentina en materia de Deuda Pública: «El Tesoro argentino posee un total de USD 324.000 millones de Deuda Pública Bruta, de los cuales el 20% vence en el año 2020 y el 62% en los próximos cuatro años. En el año 2020 Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por concepto de capital e intereses por más de USD 63.800 millones (aproximadamente 15% del PIB). Estos vencimientos están compuestos por USD 14.800 millones de intereses y USD 49.000 millones de capital» y agrega «La concentración de los vencimientos en el corto plazo se encuentra acentuada en el primer semestre de 2020, donde se hallan los vencimientos de las Letras del Tesoro reperfiladas. Los vencimientos del primer semestre 2020 alcanzan los USD 44.700 millones, de los cuales las LETES y LECAPs representan la tercera parte.»

Estamos frente a una coyuntura que requiere voluntad y grandeza política para hacer frente a esta etapa difícil de Argentina sin comprometer las finanzas nacionales y provinciales. Estos acuerdos no deben ser coyunturales ni limitarse a la deuda; debemos también ser capaces de lograr consensos básicos para resolver el daño en la economía familiar que genera la inflación, corregir los desequilibrios fiscales, eliminar la pobreza y la marginalidad, disminuir la presión fiscal que aplasta la productividad y destruye la competitividad y salir definitivamente del estancamiento y la recesión, entre otros.

Debemos negociar la deuda con un apoyo político fuerte del gobierno y la oposición pero también construir confianza, diseñar políticas públicas sustentables en el tiempo que no se basen en el endeudamiento, la emisión monetaria o el renegociar constantemente la deuda pública; para diseñar los motores de nuestro desarrollo económico.

(*) Senador nacional por Mendoza (UCR-Cambiemos). Ex vicepresidente de la Nación.

Por ahora lo que hubo fueron pinceladas de iodo  y rezos. Tras la gira por Europa del Presidente y del Ministro de Economía  se insinúa el acuerdo con los acreedores de la deuda pública .

El acuerdo se habría  sellado con el Fondo Monetario Internacional y sólo faltaría  la aprobación  de los Estados Unidos y de dos de los  fondos de inversión  más fuertes.  Se estima que el FMI estiraría el plazo a 10 años con 3 de gracia y con los acreedores privados se tomaría un plazo de gracia de 4 años con una quita promedio del 15 %.

Habría  además  un plazo para el pago de los intereses. Todo lo expuesto hasta aquí  haría factible la preparación  del presupuesto 2020 ( hasta aquí  el país se maneja con el presupuesto del año pasado) y este, junto con el programa monetario, una vez aprobado por el Parlamento sería  la llave final de negociación.

Luego con el acuerdo de la deuda cerrado estaríamos en condiciones de iniciar el Consejo Económico  y Social, ley mediante.  Dicen que el Presidente le volvió  a pedir a Lavagna que se ponga al frente de esta institución.  Parece que previo presupuesto acorde a la necesidad de la nueva institución,  el Dr Lavagna aceptaría.

De ser así  en marzo tendríamos el plan definitivo, armonizado con el Consejo Económico y Social. Con todos los actores adentro.

Empresarios, Sindicatos, Universidades, Organizaciones Sociales, Entidades de Bien Público y Credos Religiosos.

Y, chau grieta. Hasta nunca.

Juan Latrichano, economista y contador público

La noticia de que el presidente Alberto Fernández evalúa impulsar una norma para penalizar a quienes nieguen o relativicen los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, generó un debate en la agenda pública e hizo rápidamente que el hashtag “negacionismo” sea tendencia en redes sociales.

Surge inmediata la pregunta en el inconsciente colectivo ¿Se trata de una forma de vulneración a la Constitución por limitar arbitrariamente la libertad de expresión?

Para poder dirimir y entender este debate, es menester situarse históricamente en el origen y concepto del delito de negacionismo y qué es lo que se entiende como tal.

Los primeros antecedentes los podemos encontrar en Europa al concluir la II Guerra Mundial. La comunidad internacional después del conflicto comenzó a tomar conciencia en cuanto a los atroces, graves e inaceptables hechos ocurridos, principalmente a manos de los nazis en el III Reich con sus políticas de exterminio. Ante estas conductas reprochables y la preocupación de la comunidad internacional, se inició la persecución de los responsables de estos crímenes, sometiéndolos a complicados procesos penales encaminados a obtener condenas que fueran ejemplificadoras.

En simultáneo a estos procesos comenzaron a surgir corrientes de grupos sociales en Alemania quienes justificaban la política nazi de exterminio en contra de los judíos, incluso poniendo en duda la existencia del holocausto. Esta corriente negaba continuamente los terribles hechos acaecidos intentando borrar estos actos de la historia de la humanidad. A esta expresión de negación y justificación de los crímenes se le llamó “revisionismo histórico” hoy conocido como negacionismo.

No sólo Alemania avanzó en este sentido. Austria contempla en su ordenamiento jurídico la Ley que prohíbe el Nacional-Socialismo, sancionando la apología de este movimiento.

En Reino Unido, Dinamarca o Suecia, la libertad de expresión no tiene límites penales más que, en el caso de las publicaciones, el delito de difamación.

Francia es un caso interesante. Si bien existe la llamada Ley Gayssot (90-615 de 1990) que castiga los actos racistas, antisemitas, xenófobos y la apología de los crímenes contra la humanidad, en febrero de 2012, el Consejo Constitucional había censurado una ley aprobada en el tramo final de la presidencia de Nicolás Sarkozy, que penalizaba la negación del genocidio reconocido por la legislación francesa, sobre la base del ejercicio de la libertad de expresión.

Fue recién en 2016 cuando la Asamblea Nacional de Francia votó favorablemente y por unanimidad la enmienda enviada por el gobierno que penalizará la negación de los crímenes de lesa humanidad. Los delitos previstos en el nuevo proyecto son: Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Reducción a la Esclavitud, Explotación de personas y Crímenes de Guerra.

La modificación también contempla penar la negación de hechos cuya antigüedad no permita un reconocimiento por parte de un tribunal, pero son históricamente reconocidos, como el genocidio de armenios de 1915 que fuera reconocido por el Parlamento de Francia en 2001.

Si nos dirigimos a nuestro continente, bajo el lema de ser el país “de la libertad de expresión” los Estados Unidos no posee una ley de este tipo siendo a su vez  sede del Institute for Historical Review (Instituto para la Revisión Histórica), considerado la principal organización negacionista del mundo.

Más cercanos a nosotros, está el caso de Perú que en 2012 se ingresó un proyecto llamado “Negacionismo de los delitos de terrorismo” que según Human Rights Watch tenía que ser archivado por ser incompatible con el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, el texto quedó como pendiente y no se aprobó.

¿Podemos argumentar una vulneración a los Derechos Humanos Universales?  Lo cierto es que en virtud al derecho internacional, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, sino que admite limitaciones y restricciones.

Efectivamente, el derecho a la honra y dignidad de las personas prevalece por sobre la libertad de expresión. Y la Convención Americana de Derechos Humanos así lo ratifica, al establecer en su artículo 13, n.° 5, la prohibición de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.

Por otro lado es cierto que el negacionismo atenta en contra de todo respeto por la dignidad humana. Porque no hay duda que estos dichos violentan directamente a quienes fueron víctimas de las peores vejaciones, torturas y desapariciones forzosas de familiares.

Es aquí cuando las victimas encuentran un “vacío legal” (Ante la inexistencia del delito) para defender su dignidad vulnerada y la honra propia y de su familia, a pesar de que éstos sean derechos consagrados constitucionalmente.

¿Es posible hoy cuestionar el número de Desaparecidos en la última Dictadura Militar Argentina? ¿Qué se busca al argumentar que “fueron menos de 30 mil? ¿Importa acaso que fueran uno, dos o cien mil?

Desde otra óptica ¿No es incoherente que el Estado ofrezca por un lado asistencia a víctimas del Terrorismo de Estado, de violaciones de Derechos Humanos y sin embargo no castigue a quienes los siguen violentando?

Sin dudas el camino adecuado de cara al posible debate deberá centrase en balancear la “dignidad” y la “igualdad” de los seres humanos con un ejercicio licito de la libertad de expresión.

Incluso es interesante acaso iniciar, de una vez y para siempre, el ejercicio de modificar desde la educación.  Incentivar a los más jóvenes, desde la cultura, de los espacios públicos, a conocer la historia. A entender sobre lo que implica el respeto al otro. Dejar de sancionar y comenzar a educar.  En éste y otros temas que corrompen nuestra sociedad.

Para NCN Juan Jose Postararo 

La ley de sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional, imprescindibles para atender una emergencia económica y social que no admite demoras. En este sentido, avanzar con la renegociación de la deuda constituye un proceso vital para liberar los recursos primordiales para responder las necesidades de las argentinas y los argentinos.

La actual coyuntura presenta desafíos que deben encararse de forma integral, a sabiendas de que no hay sostenibilidad social sin finanzas públicas que la permitan. Pero que tampoco hay sostenibilidad de la deuda si no se atiende la cuestión productiva y social, en línea con la conocida frase de que «los muertos no pagan sus deudas». Un enfoque que el actual gobierno viene sosteniendo desde la campaña electoral.

La tarea no es sencilla ya que la herencia recibida es ciertamente gravosa. Entre 2015 y 2019, la deuda total pasó del 48,6% al 90,9% del PBI y los servicios totales pagados anualmente se cuadruplicaron, pasando del 10% al 40% del PBI. No hay que perder de vista los altos intereses que se pactaron, lo cual deteriora directamente el presupuesto público. Son pruebas contundentes de que la sociedad no debe validar nunca más un modelo económico de ajuste y endeudamiento que es contrario al interés nacional.

El anterior gobierno se encargó en tiempo récord de transformar la virtud en defecto. Basta para ello recordar la emisión de los bonos para pagarles a los buitres, cuando el gobierno envió un prospecto en el cual se definía a la Argentina como tierra de oportunidades. Se destacaba la baja relación deuda/PBI del 13% con privados, la envidia de cualquier país. Lo mismo podría decirse con la favorable evolución de las variables sociales y el nivel de actividad.

En este esquema, la deuda (mayormente en moneda extranjera y a corto plazo) funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos internos, sin incrementar las capacidades productivas y las posibilidades de repago. Los dólares que ingresaron por un carril terminaron financiando, por el otro, la fuga de divisas al exterior, incentivada por el marco de desregulación irrestricta de los flujos de capitales. Las cuentas no cerraron por ningún lado. No fuimos pocas las voces que alertamos sobre los peligros del programa económico de Cambiemos. No hacía falta otra cosa que hurgar en la historia reciente para saberlo. Omitir estas enseñanzas no era un descuido sino una clara muestra del sesgo ideológico que guió a la anterior gestión.

El texto con media sanción de Diputados sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Además, en el cronograma que dio a conocer el gobierno, se indica que en la segunda semana de febrero el Ministerio de Economía presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Parlamento. Todo un avance en materia de rendición de cuentas ante la sociedad, en las antípodas del desdén hacia el Poder Legislativo que acompañó al anterior gobierno en lo que hacía al manejo de la deuda: los acuerdos con el FMI son un botón más de prueba de esta conducta antirrepublicana.

Desde mi punto de vista, el involucramiento del Congreso Nacional constituye un hito relevante que refuerza la idea de que éste es un proyecto para la sostenibilidad hecho en la Argentina, y para los argentinos y las argentinas. Un aporte para comenzar a sembrar sobre la tierra arrasada que dejó el anterior gobierno.

(*) Diputado nacional del Frente de Todos. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Presidente Partido Solidario.

Los vecinos y vecinas del barrio de Caballito tomamos conocimiento al comienzo de la semana que, el día 28 de octubre del 2019, -un día después de perder las elecciones-, el ex presidente Mauricio Macri a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia le cedió a la Ciudad de Buenos Aires 31 inmuebles “en compensación de deudas”, entre los cuales se encuentran las 17 hectáreas de la ex playa de cargas del ferrocarril de Caballito.

El 5 de diciembre pasado, en una sesión maratónicas en las que el Jefe de Gobierno porteño intentó hacer uso de su mayoría absoluta que caería el 10 de diciembre cuando asuman los nuevos legisladores y legisladoras, se trataron un sinfín de proyectos legislativos entre los que se encontraba la cesión de tierras de Caballito. Sin embargo, la presencia de más de 500 vecinos y vecinas encontradas ese mismo día en Acoyte y Rivadavia frenó ese intento de atropello por parte de Macri y Larreta.

El 5 de diciembre pasado en la Legislatura Porteña se trató la cesión de tierras de Caballito, en simultáneo más de 500 vecinos y vecinas se encontraron en la esquina de Acoyte y Rivadavia para reclamar por la injusta cesión de tierras de Nación a CABA que no tenían otro fin más que el destinarlo a negocios inmobiliarios privados. La presencia multitudinaria y la defensa de los legisladores del bloque del frente de todos en el recinto evitaron que la administración de la Ciudad pueda proceder a la venta de los terrenos.

Hace más de veinte años venimos luchando para que en los terrenos nacionales del ex playón ferroviario se construya un gran parque. Los que vivimos, caminamos y visitamos Caballito sabemos la necesidad que tiene nuestro barrio respecto a los espacios verdes, de hecho, es uno de los más afectados de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que debería ser una prioridad para Horacio Rodríguez Larreta, lo utiliza para continuar con sus negocios inmobiliarios. Sabemos perfectamente que los espacios verdes mejoran la calidad de vida de los y las ciudadanas, pero aún así, utilizan estos terrenos para seguir con la especulación inmobiliaria.

Los vecinos y vecinas de Caballito, organizadamente impedimos siete veces la construcción del shopping más grande de América Latina en el mismo predio que quieren ceder. Por eso, vamos a seguir acompañando la iniciativa de organizaciones y vecinxs para crear en esas casi 17 hectáreas un “Gran Parque Ferroviario” que garantice la participación vecinal en su planificación y desarrollo. Ese gran parque no sólo beneficiaría al barrio de Caballito, sino que también se convertiría en un gran pulmón verde para toda la ciudad. Además, debemos proteger las propiedades históricas que se encuentran dentro de dicho predio, como lo son la Casa de Riestra y la Estación de los Deseos.

Creemos que con mayor participación y compromiso, contando con el apoyo de organismos nacionales y fomentando la movilización ciudadana del barrio, lograremos finalmente concretar el deseo de que allí nosotros, nosotras y las próximas generaciones disfrutemos de esas manzanas como merecemos y no que se pierdan ante un nuevo negocio inmobiliario fomentado por Horacio Rodríguez Larreta.

Osvaldo Balossi es comunero de Caballito por el Frente de Todos. Para Nueva Ciudad

Tras los primeros balbuceos y dibujados los trazos básicos llamados “palotes” para aprender a hablar y escribir, se ingresa al aprendizaje formal, empleando para realizar las tareas escolares los conocidos cuadernos. Que en nuestros avatares políticos, asociamos a los de un desconocido chofer oficial llamado Centeno, que en lugar de ejercicios didácticos, contenían un detallado circuito recaudatorio de coimas con fechas, horarios y lugares, que interrelacionaban a funcionarios con empresarios.

Su trascendencia se acrecentó no solo por las constataciones judiciales, sino por las repercusiones políticas y sociales emergentes, que como nunca antes, obligaron a que las estrategias de ocultamiento e impunidad habituales ejercidas por altos niveles estatales y sus asociados externos, debieran desarrollarse a cara descubierta. Sin embargo la trascendencia del caso excede lo meramente delictivo, para incursionar en aspectos que incidirán en nuestro futuro institucional. Inicialmente se pueden mencionar tres:

1) Corrupción mata ideología. El caso “cuadernos” ratifica que en los delitos económicos, especialmente contra el Estado, no hay ideologías o diferencias sociales. Aunados para enriquecerse, participan de la trama funcionarios, empresarios, sindicalistas, poder judicial, entidades financieras, testaferros, oficialismos, oposiciones, revolucionarios de izquierda, malvados de derecha, secretarios privados, familiares, jardineros, cocineros, artistas, etc. Los partícipes pueden cumplir roles activos, usufructuando el dinero, o pasivos necesarios, como integrantes de organismos de control, que solo exigen cargos y prebendas para no ver y dejar hacer.

2) Escala de responsabilidades. En una etapa institucional en la que los máximos líderes políticos designan cientos de funcionarios en altos niveles jerárquicos, con el único argumento de ejercer su derecho de tener “gente de su confianza”, abre el interrogante sobre como podrán desligarse judicialmente de responsabilidades en casos de corrupción que involucren a sus designados, aduciendo desconocimiento. Aspecto interesante para prestarle atención con el desarrollo de los juicios.

3) Presión intensa sobre el poder judicial. La opinión pública, en cuanto a corrupción y salvo excepciones, tiene posiciones tomadas: están los convencidos del saqueo estatal-privado; quienes piensan que no existió, y finalmente, a quienes no les importa que los delitos se hayan cometido. Por lo que ante el avance de las causas e inicio de juicios orales, las recientes estrategias comunicacionales tienen como principal destinatario al Poder Judicial, oscilando entre amenazas explícitas a jueces que avanzan en las causas, como las proferidas por el presidente Fernández, o las apoyadas en supuestos debates jurídicos, como la crítica a las prisiones preventivas de políticos (pese a que desde hace años existen miles de presos sin condena), o la puesta en escena como novedad del enigmático término lawfare, que teoriza sobre una posibilidad conocida desde hace décadas, pero que en sí no invalida hechos y constataciones probatorias. Esta presión indisimulada sobre el Poder Judicial, que recuerda a la película Kramer vs. Kramer transformada en Estado vs. Estado, alcanza obviamente a la Corte Suprema, que tiene el recordado antecedente de haber intentado el pasado 14 de mayo una insólita maniobra para dilatar el inicio del juicio oral de la causa por corrupción en obras viales en Santa Cruz, actualmente en trámite.

Los mensajes de campaña pueden subdividirse en verdaderos, posibles, falsos o intrascendentes. En principio se deberá detectar intencionalidades: información, contradicción, persuasión, engaño, cinismo, hipocresía, falacia. Una primera prueba ácida para detectar verosimilitud o desinformación evitando preconceptos, es confrontar el mensaje emitido con su alternativa opuesta, o bien, reacciones opuestas ante hechos similares. Citemos un ejemplo. Muchos de los que intentaron desacreditar como prueba a los cuadernos de Centeno aduciendo que eran fotocopias, avalaron en el año 2003 el inicio de la causa sobornos en el Senado a partir de un anónimo encontrado por Daniel Bravo, hijo del fallecido diputado socialista. Dicho anónimo dio lugar a un juicio que duró nueve años entre el 2003 al 2012, y concluyó sin culpables, porque ninguno de los más de 200 testigos citados, entre ellos el ex vicepresidente Carlos Alvarez, el sindicalista Moyano y personal de la SIDE, que no aportaron pruebas fehacientes, o bien desconocieron los hechos.

Alberto Landau es analista político independiente

Las vacaciones son un hecho social: A 75 años de su conquista

¿Por qué un régimen de alquileres para estudiantes?

Cuando terminé la secundaria, a mis 17 años, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles: ¿qué quiero estudiar y dónde? No era una opción no hacerlo y al haber nacido en un pequeño pueblo de la Provincia de Buenos Aires, necesariamente tenía que trasladarme a una ciudad universitaria, situación que viven miles y miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país.

Trasladarte a una ciudad universitaria, más cerca o más lejos, de por sí tiene las complicaciones propias de una mudanza y un cambio de vida pero mucho más cuando venís de una familia de clase media, media baja, y sabés que tenés «el mango contado».

Si vas a una universidad pública sabés que la matrícula no la pagas, pero: transporte, comida, apuntes, servicios, alquiler…vivir. En fin, no cualquiera puede hacerlo.

A raíz de mi experiencia como estudiante y el haber conocido tantas otras en mi paso por la Federación Universitaria Argentina, pude detectar que para la mayoría era (es) un gran problema el hecho de alquilar un departamento (casa, residencia) ya que el requisito de la garantía inmobiliaria siempre resulta un impedimento. Si vas de Chubut a estudiar a la UBA, quizás no tengas un pariente con propiedad en CABA que te preste la garantía. Ahí empiezan tus problemas.

Teniendo en cuenta esto, presenté un proyecto que tiene como objeto establecer un régimen de alquileres especial para estudiantes universitarios y terciarios. La idea es que quienes quieren y tienen las herramientas para estudiar una carrera de grado no encuentren un impedimento en el mercado inmobiliario.

Sencillamente, el proyecto busca ampliar las opciones del sistema de garantías, estableciendo que el locador debe aceptar cualquiera de las que se mencionan a continuación: garantía inmobiliaria de bien situado dentro del territorio de la Nación; seguro de caución; garantía de fianza; garantía personal del locatario o del fiador, que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este inciso. Además, «se considera abusivo el requerimiento del locador que exija de forma excluyente una garantía sobre bien inmueble situado en lugar determinado».

Por otro lado, se propone la creación de un sistema de Fianza Estudiantil a través del Banco de la Nación Argentina.

Para tener una idea del universo que abarcaría esta ley y a modo de ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (Censo de Estudiantes 2011), un 13,5% de los/as estudiantes de grado señalaron haber realizado un cambio de residencia por motivo de estudio, es decir unos 30.977 estudiantes de grado que se radicaron en la CABA, provenientes del Gran Buenos Aires y, principalmente, del resto de la provincia de Buenos Aires (14.422 estudiantes) y de otras provincias (12.255 estudiantes).

Por su parte, el Anuario Estadístico 2017 de la Universidad de Córdoba detalla que, de un total de 122.140 estudiantes matriculados en dicho período, 40.412 proceden de localidades del interior de Córdoba y 30.229 de otras regiones del país, los cuales en conjunto representan al 57% de estudiantes.

En síntesis, cuando se trata de ampliar posibilidades y facilitar el acceso a la educación, creo que es importante que todos hagamos un parate e intentemos llegar a consensos que nos permitan crecer y progresar como país.

Sin dudas, apostar a la educación es uno de nuestros grandes desafíos. Este proyecto busca, humildemente, aportar a ese objetivo y estoy dispuesta, junto a otros diputados y diputadas, a trabajar para que sea ley.

(*) Diputada nacional por el radicalismo bonaerense. Ex presidente de la Federación Universitaria Argentina nacida el 16 de mayo de 1992, es ex dirigente estudiantil y actual diputada nacional por la Unión Cívica Radical provincia de Buenos Aires. En 2016 fue elegida la primera presidente de la Federación Universitaria Argentina.

Podríamos hacer un revisionismo histórico de los vaivenes que ha tenido nuestro sistema tributario a lo largo del tiempo pero no nos alcanzarían los pocos caracteres que tengo permitidos para esta nota.

Tal vez se pueda resumir con tres palabras: la deuda, el compromiso y la caja. Veamos:

¿A qué llamo «la deuda»? No señor lector, no me refiero al FMI o los holdouts. Me refiero a un gran pendiente que tenemos como país y consiste básicamente en ponernos de acuerdo como repartir los recursos públicos. Una nueva ley de coparticipación federal, con reglas claras y que defina cuáles son los parámetros para la distribución del ingreso.

¿El «compromiso»? Bueno, hubo varios… No es por meter el dedo en la llaga, pero por mencionar uno: la reforma constitucional del 94 comprometía a sancionar una nueva ley de coparticipación antes de la finalización de 1996… Se nos venció un poquito el plazo. Pero vamos a ahondar en el acuerdo firmado por los gobernadores provinciales, el jefe de gobierno de la CABA y el presidente de la Nación en el año 2017, llamémosle Consenso Fiscal Parte I. En dicho acuerdo se comprometía entre otras cosas consensuar una nueva ley de coparticipación federal en algún horizonte no tan lejano (permítanme por ahora la inocencia).

Con esta iniciativa también se buscaba re-adecuar cómo las provincias generan recursos públicos y cómo los gastan. En lo que hace al principal y más distorsivo impuesto provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, este compromiso buscaba, entre otras tantas cosas: Eximir inmediatamente a las exportaciones de bienes (hasta ese momento solo la provincia de Misiones las gravaba). Eximir antes del 31-12-2019 a las exportaciones de servicios, esto es servicios prestados en Argentina con utilización económica en el exterior. Y, progresivamente bajar la carga tributaria en varias actividades pero fundamentalmente en la industria manufacturera hasta llegar a eximirla en 2022.

Asimismo, en materia de impuesto de sellos y de impuesto inmobiliario algunos de los compromisos fueron: No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios; Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de impuesto a los sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,5% a partir del 1 de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022; Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal.

La Nación también comprometió varios cambios respecto a compensaciones a provincias y también algunos que hoy nos podrían llamar un poquito la atención, como por ejemplo: No crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales.

¿Qué pasó luego? La «caja»… otra vez no cierra. ¿Mucho gasto público para los ingresos que tenemos o poco ingreso público para afrontar los gastos? El paradigma del ajuste.

La historia continúa con la firma de un «consenso fiscal parte II» en 2018 que modifica el primer acuerdo y entre otras cosas suspende el compromiso de no incrementar Bienes Personales.

Y ahora, tenemos un nuevo acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2019, el Consenso Fiscal parte III. Esta nueva modificación vino a suspender todos los compromisos arriba citados (entre tantos otros no mencionados en este artículo) hasta el 31 de diciembre de 2020. Claramente, esta ¿última? modificación viene a permitir el incremento de impuestos provinciales o suspensión de reducciones de alícuotas que elevarán la carga tributaria provincial para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos y del impuesto inmobiliario, entre otros. Esto se suma a la creación de nuevos impuestos y elevación de alícuotas en el orden nacional, que nos siguen posicionando como uno de los países con la mayor presión tributaria de la región.

Comenzó el 2020, y nuestro sistema tributario sigue reflejando esa deuda que tenemos hace más de 20 años: no nos podemos poner de acuerdo. Continuamos con compromisos pospuestos u olvidados que terminan siendo rehenes de las políticas de corto plazo. Y otra vez esa caja que no cierra…

(*) Contador Público (UADE). Licenciado en Administración de Empresas (UADE). Asociado por el Dpto de Asesoramiento Fiscal de SMS–San Martin Suarez y Asociados.

Hablamos de corrupción de menores. Hablamos de un delito de corrupción de una niña mujer, efectuado por un Juez del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro; con sentencia y condena a prisión.

Hablamos a la sociedad, a las mujeres víctimas de violencia sexual, a las niñas vulneradas y corrompidas por un juez. Hablamos en contra de una resolución y comunicación corporativa, contraria a las demandas de la sociedad. Hablamos de negarnos y oponernos a indultar a un violador.

Como dijo el ex presidente Néstor Kirchner, “a la Constitución hay que leerla completa”. En el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, parece que hace rato que no la leen completa y ni hablar de la forma en que la aplican. El apriete hacia el Legislador provincial José Luis Berros (y por elevación a toda la sociedad), quién manifestó lo que cientos de rionegrinos y rionegrinas de a pié piensan del Poder Judicial, no hace más que ratificar los dichos de Berro; operan como una “casta”.

Cuándo el STJ decidió “evaluar” la destitución del ex-juez Bernardi (quien fue condenado por corrupción de menores), ¿no se les ocurrió defender la Constitución o “exaltar” su “espíritu”?. Y cuando los funcionarios responsables de darle comida podrida a nuestros estudiantes en los comedores escolares (caso Flavors) fueron absueltos, ¿no les preocupó la “consolidación de las instituciones republicanas y la ética solidaria”?.

¿Se imaginan lo que le pasaría a un/a ciudadano/a cualquiera, que no cuenta con ningún tipo de inmunidad (Art. 182 de la Constitución Provincial) o protección, que osare decir algo cercano a lo que dijo el Legislador José Luis Berros?. Como dice el dicho popular, “hay que pegarle al chancho, pa’ que salte el dueño”, aunque en este caso no se pueda distinguir bien quién es quién en “la banda de los viejos».

El jefe del Estado Argentino, Alberto Fernández, anunció que impulsará «una reforma integral del sistema de Justicia» (…) » Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales y linchamientos mediáticos» (…) “Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ser usado para perseguir a los opositores.”

En Río Negro, también quiero un Sistema Judicial que no nos avergüence.

Legislador Provincial

Existes dos mecanismos de protección de derechos reconocidos internacionalmente que son vitales en la defensa de los derechos humanos: el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. En el primer caso es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y en el segundo el Comité y Subcomité contra la Tortura los organismos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realizan el monitoreo y recomendaciones a los Estados. Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se rigen por los Principios de París, y los Mecanismos por la Convención y Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En el marco del Federalismo en Derechos Humanos, que es aplicable a nuestro país, y atento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y que tienen rango Constitucional, las Provincias deben adecuar su normativa a los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos.

En el caso de la Provincia de Entre Ríos, la designación del Defensor del Pueblo Provincial aún está pendiente desde el año 2008 año en el que fue incorporado a la Constitución durante la reforma. Posteriormente, mediante Ley N° 9931 fue reglamentado el funcionamiento y mecanismo de designación a través de una Comisión Bicameral Permanente. Preocupa esta situación, ya que los entrerrianos están desprotegidos e imposibilitados de apelar y hacer presentaciones ante el Defensor del Pueblo Provincial para solicitar medidas de protección ante vulneraciones de derechos. Reiteradamente la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) ha realizado peticiones respecto a la necesidad de la designación.

En relación al Mecanismo Provincial de Prevención contra la Tortura, la Legislatura de la Provincia sancionó en diciembre de 2017 por Ley N° 10.563 la creación de un Comité Provincial como ente autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, siendo la Provincia de Entre Ríos la 9na en tener un Mecanismo Provincial, adecuando los alcances del Protocolo Facultativo. Sin embargo, a la fecha, continua pendiente su conformación. La Comisión Bicameral de Derechos Humanos aún no ha definido los dos representantes de la sociedad civil de los nueve que se han postulado, y tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no han designado a sus representantes. Esta situación genera condiciones de desprotección de las personas privadas de libertad y de aquellos que se encuentran en contextos de encierro.

Otro punto de preocupación es la ausencia de consenso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo en la Ciudad de Paraná. Se habían cumplido los procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 9.389, pero una maniobra de bloqueo político dilata la designación. La Defensoría del Pueblo de Paraná es una institución reconocida y de prestigio que ha intervenido en múltiples conflictos y casos de violación y vulneración de derechos a lo largo de los 17 años de funcionamiento. Tengo la experiencia de haber trabajado en conjunto con la Defensoría durante el mandato de Martha Benedetto que como Defensora Adjunta ejercía las competencias y de Irina Chausovsky como Coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría.

Es de suma importancia que durante 2020 los Legisladores Provinciales y los Concejales de la Ciudad de Paraná arbitren los medios para que estas instituciones fundamentales de protección de derechos humanos estén en pleno funcionamiento

*Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos