Columnas de Opinion

Ni la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres ni la paridad de género en el Congreso son deseos individuales o caprichos colectivos. Para las mujeres, en Argentina, la posibilidad efectiva de ocupar espacios de poder y decisión política es un derecho constitucional.

Pero todavía cuesta. Por eso legisladoras y legisladores de diferentes fuerzas políticas presentamos un proyecto para avanzar en la paridad de género en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Vale historizar para entender la importancia de este tipo de normas. La sanción de la Ley 13.010 para otorgar derechos políticos a las mujeres en 1947 fue un hito legislativo y la concreción de una lucha de décadas.

En 1991 la Ley conocida como «de cupo» (24.012) estableció que un 30 por ciento de los cargos legislativos debían ocuparlos mujeres. Para 1995 habíamos pasado de 13 a 27 por ciento. Siguió en ascenso hasta un 40 por ciento en 2007 y se estancó como si hubiera un nuevo techo invisible.

En 2017 se promulgó la Ley 27.412, de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. La sanción se construyó de manera transversal y colaborativa, junto a diputadas de diferentes bloques, en una coyuntura en la que confluían una marcada fragmentación legislativa, cierta resistencia al avance hacia la paridad al interior de los partidos y la demanda de las mujeres movilizadas.

Nuestro trabajo por la paridad no empezó ni terminó ese día, y todavía no logramos superar el 42 por ciento. Vale preguntarnos por qué.

En primer lugar, todavía no encabezamos las listas: en el año 2019 (primera elección nacional con listas paritarias) sólo el 19 por ciento de las nóminas fueron lideradas por nosotras.

En segundo lugar, hubo dificultades a la hora de interpretar la ley cuando se produce una vacante. En algunos casos, se requirió la intervención de la justicia electoral, trayendo más confusión: las respuestas de los tribunales fueron variadas y contradictorias.

Así surgió la necesidad de presentar un proyecto de ley que garantice la finalidad de la Ley de Paridad: cumplir con la Constitución Nacional. Según el artículo 37, «(…) La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas».

Planteamos que -hasta tanto se alcance la paridad de género en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación- cada vez que se produzca una vacante, ingrese la candidata mujer que siga en la lista. Será una medida transitoria hasta lograr que el 50 por ciento de la Cámara seamos mujeres.

También proponemos incorporar un artículo que especifique que el sexo del candidato/a estará determinado por su identidad de género auto percibida, según la Ley 26.743.

Recientemente el bloque Frente de Todos se convirtió en el primero en lograr la paridad. La aspiración es lograrlo en toda la Cámara de Diputados y Diputadas. Es un compromiso con una democracia que no excluya: igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género.

Por Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por el Frente de Todos.

Argentina se encuentra en pleno proceso de negociación de su deuda con un grupo variado de acreedores. En este marco, necesitamos insertarnos en un círculo virtuoso de estabilidad, crecimiento y desarrollo; que nos permita consolidar las variables económicas y cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades asumidas.

Hay un fuerte interés de los mercados financieros internacionales por la renegociación que se lleva adelante, y vale decirlo, con altas expectativas para que llegue a buen puerto. Sustentabilidad, fiabilidad y previsibilidad; son elementos fundamentales a la hora de repensar la deuda argentina. Tenemos la firme voluntad de honrar nuestros compromisos, compatibilizando con la realidad que vivimos y posibilitando el crecimiento sostenido y duradero de nuestro país.

Efectivamente, a las características propias del sistema económico argentino se suma un fenómeno mundial casi sin precedentes: la pandemia de la COVID-19 que ha frenado la economía global, y profundizado los problemas preexistentes en una gran cantidad de naciones alrededor del Orbe. Es imposible abstraer la negociación con los acreedores de este nuevo escenario, porque el contexto condiciona el crecimiento y la capacidad de pago de las naciones.

La deuda pública Argentina es un punto central en nuestra economía, tanto en su relación entre el Estado Argentino y los acreedores, como también en la necesidad de poder disponer en un futuro de nuevas fuentes de financiamiento.

El Estado Argentino en su conjunto está en la búsqueda de una solución realista, a través de un diálogo sincero y de buena fe. Cumplir es el objetivo de todos, y hay un fuerte consenso entre las distintas fuerzas políticas de avalar las negociaciones que se llevan a cabo para refinanciar la deuda pública. En el propio Congreso de la Nación plasmamos en una ley ese respaldo mayoritario.

El mundo debe saber que queremos encontrar una salida sostenible que nos permita crecer, cumplir y generar beneficio a nuestra sociedad. Además, buscamos reconstruir la confianza y poner en marcha políticas públicas que no se basen en el endeudamiento, la emisión monetaria o la renovación de la deuda pública. No es una tarea fácil pero sí posible.

El desafío que tenemos por delante es grande y requiere múltiples acciones. Planteamos un período prudente de gracia en el pago de los intereses para generar políticas económicas eficaces, restablecer el crédito interno, crear empleo privado genuino y de calidad, recuperar el dinamismo de la actividad privada, poner en marcha el aparato productivo y explotar las potencialidades de nuestras riquezas naturales, exportar productos de calidad -como nuestros vinos- en forma masiva y recuperar la movilidad social ascendente que nos caracterizó en el pasado.

El éxito de esta negociación, además de garantizar a los acreedores el cobro de sus títulos y bonos, redundará para nuestro país en un menor costo de financiamiento de la actividad pública y privada, una menor emisión monetaria, el crecimiento del comercio exterior, una revalorización del valor de los activos locales y en definitiva un mejoramiento de la situación de la economía post pandemia.

Argentina necesita tiempo para construir una economía razonable; pedimos un plazo prudente para hacerlo y está en manos de nuestros negociadores y acreedores acordar, por el bien y la prosperidad de todos. Confiamos plenamente en que así será.

Valeria Pita.

Doctora en Historia, investigadora del Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. CONICET-UBA

El protocolo para realizar testeos está obsoleto respecto de las medidas de aflojamiento de la cuarentena que se están adoptando. Fundamentalmente la habilitación de mil fábricas en la provincia de Buenos Aires, pero también de comercios de importancia en el área metropolitana. Lo mismo en Córdoba y otros centros urbanos muy afectados. También respecto de la operatoria en los llamados “barrios vulnerables”.

Ocurre que cuando se detecta un caso de Covid-19 se aísla a quienes tuvieron contacto estrecho, pero no se los testea. Esto empieza a transformarse en una bomba activada para la expansión de la pandemia, máxime cuando se abren paso los lobbies empresariales y la enorme agitación de la derecha contra la cuarentena ante la que va cediendo el gobierno. También vale, desde luego, para aquellos casos de legítima desesperación de sectores autónomos o cuentapropistas que no logran sobrevivir por la ausencia de una intervención del Estado a la altura de sostener la cuarentena. Sin quererlo pueden contribuir a una explosión de la pandemia.

Vamos a los casos. En la ex Papelera del Plata (actual Sofsty) se detectó un caso de Covid-19, se aisló a 50 compañeros de trabajo de contacto estrecho, pero no se testeó a ninguno de ellos. El sindicato paralizó la actividad y el intendente de Zárate preventivamente cerró la empresa. Pero no se testeó a los cincuenta trabajadores aislados.

Lo propio ocurrió en la tercerizada MCM del ex Ferrocarril Roca, donde los trabajadores pararon por el mismo motivo, no se testeó al conjunto de los compañeros de trabajo, a partir de un trabajador que ante el contagio de su padre se autoaisló. Sus compañeros, que tuvieron contacto estrecho, pidieron testeos y la respuesta de la patronal fue amenazar con despidos ante el paro y la movilización. Y, peor aún, la respuesta de Trenes Argentinos, el ente estatal madre: “Trenes Argentinos no testea a nadie”. Así de simple.

En la Villa 1-11-14 se detectó un caso en un comedor del Polo Obrero, pero el equipo emplazado en el barrio no testeaba al resto de los participantes de ese centro. Los compañeros lograron el testeo movilizándose para exigirlo hasta el lugar donde estaba emplazado el equipo, pero el testeo a todos los que tuvieron contacto no forma parte siquiera de ese operativo tan publicitado por Larreta: “vamos en busca del virus”. Así podríamos continuar con otro caso del Polo Obrero de Soldati donde apareció un caso, pero no se testeó a su familia aunque se la encuarentenó.

Examinemos lo mismo pero a partir de un ejemplo contrario. Una empresa fabril de zona norte del Gran Buenos Aires, por iniciativa de sus dueños, al ser habilitada para trabajar por las últimas medidas de Kicillof, decidió por cuenta propia testear a sus 97 obreros. ¡Siete de ellos dieron positivos! El cálculo costo beneficio de este industrial que gastó $300.000 resultó en ganancia porque se habría infectado rápidamente toda la fábrica.

Como se aprecia, estamos ante un problema crucial: el protocolo de testeos y sus costos, cuestión íntimamente vinculada. Veamos.

El protocolo oficial del Ministerio de Salud establece que se testea solo a quienes tienen determinados síntomas. Por lo tanto no se testea a quienes se aíslan, quienes a su vez pueden haber tenido otros contactos estrechos que propalan el virus. En la Argentina el promocionado plan Detectar, anunciado por el Ministerio de Ginés, sin embargo no cambia la disposición de testear solo a quienes presentan síntomas.

Es claro que el testeo a quienes estuvieron cerca de un infectado es lo que hicieron países que han testeado masivamente como Alemania o Corea del Sur. Porque cuando se habla de testeos masivos, nadie se refiere a testear a toda la población de millones de habitantes, sino a seguir la ruta del virus mediante testeos masivos sobre esa ruta, la de los contactos estrechos de quienes se contagiaron. O, por caso, al personal de empresas que abren, de manera preventiva.

¿Por qué no se hace? Por los costos, claramente. El costo de base está en unos $2.200 por testeo, pero si el laboratorio se tiene que trasladar hasta la fábrica o lugar del testeo colectivo se estira a $3.000 por el despliegue de personal y de elementos de protección de ese personal. Sin embargo se ha conocido por los medios, que personas en forma individual han llegado a pagar $5.000 por un test dado que tuvieron un contacto estrecho y quisieron someterse al examen que ningún centro de salud les hace porque no está en el protocolo del Ministerio.

Luego viene el problema de quién asume esos costos. En el caso de una tercerizada del Neumático la empresa contratada no asumía el costo para un grupo de más de 20 trabajadores, Fate tampoco lo quiso asumir y terminó asumiéndolo la Obras Social del Neumático, algo que escapa a sus posibilidades económicas (y de la mayoría de las obras sociales) si los casos empiezan a transformarse en masivos.

En un caso de la sucursal Constitución de un fuerte supermercado se testeó a 100 trabajadores de los cuales 12 dieron positivos (alarmante porcentaje). El costo de este testeo es hoy motivo de una disputa entre Osecac y la ART correspondiente. La patronal, por su parte, se lava las manos. Indudablemente la ART tiene una responsabilidad puesto que el Covid-19 ha sido declarado enfermedad profesional.

Pero ¿y el “Estado Presente” nacional y popular? Indudablemente ante una cuestión de salud pública de supremo interés popular el Estado es absolutamente responsable.

La población asiste ahora a saltos importantes en la cantidad de infectados. Eso crecerá inevitablemente. Los expertos han establecido que la velocidad de circulación del virus que era 1 cada 100.000 habitantes al principio de la pandemia en la Argentina, ha evolucionado a 1 cada 5.000 habitantes: veinte veces más.

Indudablemente estamos ante un problema fundamental para el movimiento obrero que ha empezado a intervenir como no se veía hace mucho. En defensa del salario, de los puestos de trabajo y de su salud por medio del cumplimiento de los protocolos de salud.

En esa batalla, las comisiones obreras, los cuerpos de delegados y seccionales sindicales tiene el problema de los testeos colectivos como parte de los reclamos. Los mismo en los barrios más vulnerables donde las condiciones dificultan la cuarentena.

El Estado tiene que proceder a una inversión masiva y legislar en favor de los testeos a los colectivos involucrados en la circulación del virus. Una vez más, insistimos en la centralización del sistema de salud y en proveer los fondos necesarios para afrontar la pandemia mediante el no pago de la deuda y un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas como el presentado por el FIT. En última instancia, la cuestión de la salud y la economía es qué clase social paga la crisis y los costos de afrontar la pandemia.

Nestor Pitrola, Dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda

La escuela es la casa en tiempos de cuarentena. En Argentina, 10 millones de estudiantes están en sus casas.

Hoy en nuestro país la educación virtual es sinónimo de brecha educativa,  se ha convertido en un río que está en permanente desborde con el correr de los días.La desigualdad tecnológica es intrínseca a la social.

Los docentes del país no pudimos darnos el lujo de la demora, contra viento y marea asumimos tempranamente la responsabilidad y misión de nuestro trabajo. Hemos hecho un esfuerzo contrarreloj para tener la mejor calidad educativa que podemos acceder en tecnología y estar dando clases en este contexto excepcional, sin recursos, tanto de los chicos como de nosotros los docentes pero hay autoridades que no dan el ejemplo como nuestros legisladores.

Qué dice la ley de Educación Nacional Nº 26206 sobre la educación a distancia. La misma define la educación a distancia en sus ARTÍCULO 104. La Educación a Distancia es una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, (…).ARTICULO 105.  A los efectos de esta ley, la educación a distancia se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/ as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.

La educación virtual debe ser considera vital en este siglo XXI puesto que es parte hereditaria del artículo 14 de la Constitución Nacional cuando expresa el derecho de “enseñar y aprender” hoy enseñamos y aprendemos distinto a 1853 pero el derecho tiene plena vigencia.

Los docentes y alumnos observamos que la brecha tecnológica que poseemos aumentó la desigualdad en estos tiempos, muchos alumnos no pueden continuar sus estudios de forma virtual por problemas de acceso a una computadora, hay casas en que tres hermanos acceden conun celular que se debe pagar abono, a los docentes les pasa lo mismo. Las TIC están en la vida diaria, su uso va haciéndose cada vez más común, convirtiéndose en algo imprescindible pero….

Hoy, en esta sociedad digital el tiempo avanza rápido, no pide autorización para entrar y aprender cómo se debe. Si, lo sostengo es avanzada pero… ¿Para quién es?

La revolución tecnológica trae pobreza, no hay una revolución social que amplié los derechos como por ejemplo que se cumpla el verdadero derecho de aprender en condiciones dignas. Lallegada de es los nuevos conocimientos y herramientas en el aprendizaje tienen que ser integrada y es acá donde se tiene hacerse presente el gobierno, los ministerios, legisladores todos esto con la atenta mirada del docente que está presente en el aula ya sea virtual o presencial , el enseña, guía, interactúa en cuáles serán las ventajas y las desventajas de usar estas nuevas herramientas para hacer del aprendizaje más efectivo y  a la vez un conocimiento significativo, científico, cooperativo y colaborativo.

Pero…vivimos en Argentina y me pregunto ¿no se estará forjando una nueva forma de analfabetismo educativo? ¿No se está fragmentando el aprendizaje y por consiguiente el conocimiento, generando un nuevo tipo de analfabetismo “el tecnológico”? Las revoluciones sociales- políticas, no se tienen que quedar en el limbo de las ideologías o campañas políticas de turno tienen que plasmarse en ejemplos igualitarios.

Con la llegada de las Nuevas Tecnologías al aula se estimula un cambio en el tipo de estrategia en los alumnos, con ello llega la desaparición de observadores pasivos y receptores repetitivos, superando los tradicionales hábitos de memorización utilitaria. A todo esto se le suma un componente que corre a niveles supersónicos, la brecha digital que se refiere exclusivamente a la tecnología cibernética. Por ende la brecha digital en países como Argentina que sufre hoy un atraso tecnológico puede causar analfabetismo digital.

El analfabetismo digital es otra manifestación particularmente grave de la exclusión social en los países menos desarrollados, dado que acentúa la brecha intergeneracional y de conocimiento, evitando que los más jóvenes se beneficien de la experiencia y la sabiduría de las generaciones que les precedieron en otros países a todo esto sumémosle la carencia del concepto que es trabajar colaborativamente o cooperativamente y esto se da en educación en muchos docenes que son de este siglo pero con mentalidad del Siglo XX, por lo tanto estas y otros características creo yo, hacen que se esté fragmentando el conocimiento.

Somos docentes del siglo XXI, somos los gestores en el aula de aprender también en la virtualidad, pero el mundo se nos presenta como no igualitario en el acceso a la tecnología,unos tendrán recursos en TIC para avanzar en una sociedad híper conectados, otros  intentarán poseer esos recursos pero hoy no son oídos.

La solución es que nuestra visión de responsabilidad educativa de futuro este mejor hecha que nuestro presente.

Daniela Leiva Seisdedos. Profesora de Historia. Personalidad Destacada de la Educación por el Concejo Deliberante de La Plata. 

En el mes de marzo presenté un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal de la actividad turística en todo el territorio nacional, por un plazo de 180 días, con motivo de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus. Hoy, 2 meses después, se hace cada vez más imprescindible abordar este tema y brindar soluciones a un sector fundamental para el mundo del trabajo y que ha sufrido, como pocos, los efectos de una cuarentena tan necesaria como complicada para las economías de los países.

Las medidas que el Poder Ejecutivo ha tomado, en el sentido de ejercer la debida protección de la población, no nos impide reconocer los efectos adversos, desde el punto de vista económico han provocado. La actividad turística, en todas sus formas, directas o indirectas, comenzando con los operadores, y continuando con hotelería, gastronomía, espectáculos, ferias, congresos y demás rubros relacionados, se encuentran sufriendo las consecuencias de esta pandemia.

Nuestro país, gran receptor del turismo internacional debido a sus extraordinarias bellezas naturales en toda su extensión, entre otras atracciones, no escapa a la problemática mundial, incluido en su turismo interno también bloqueado casi en su totalidad. Salvo nuestra querida Jujuy que con un estricto control de normas sanitarias, desde el viernes próximo retomará la  actividad turística en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, en una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena dispuesta por la provincia y aprobada por el Gobierno Nacional.

El proyecto presentado, y que aún no ha sido podido tratar en el Senado, declara la emergencia económica y fiscal de la actividad turística en todo el territorio nacional, por un plazo de 180 días e indica que están alcanzados por los beneficios aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad turística contemplada en el marco del Anexo I de la ley 25997. Dentro de los beneficios, durante el período establecido, quedarán suspendidos los procesos judiciales en trámite y la iniciación de nuevos juicios, como así también los plazos procesales de prescripción y/o caducidad y se Instruye a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a prorrogar los vencimientos de obligaciones de impuestos, y de la seguridad social, mientras dure la emergencia, y la implementación de planes especiales de pago para el caso de existencia de deudas por tales conceptos. Asimismo, se implementará un amplio plan de compensación de todas las obligaciones fiscales.

Además, propone que deberá contemplarse la instrumentación de líneas de crédito para el sector afectado y que durante el período de vigencia de la emergencia, y hasta 90 días posteriores a la finalización de la misma, será de aplicación el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para todas las empresas afectadas, quedando prohibido el despido de personal, como así también las modificaciones en las condiciones laborales.

La sociedad, en Argentina y en el mundo, se encuentra en situación crítica, preocupada, asustada y en estado de alerta máxima debido a esta nueva enfermedad que nos ha invadido y no podemos aún controlar. El brote del COVID-19 o comúnmente conocido como Coronavirus, nacido en China y que ahora se encuentra en expansión por todo el mundo, ha obligado a medidas extremas como la cuarentena generalizada en varios países del mundo y cierre de sus fronteras. Indudablemente Argentina no escapa al problema y de allí las recomendaciones de aislamiento en nuestros hogares, en especial para las personas de alto riesgo y hasta el cierre de las fronteras de varias provincias entre sí y del país todo con el exterior.

Las Cámaras y Federaciones que nuclean al sector han receptado y concentrado las inquietudes y preocupaciones de todos sus integrantes y el Estado Nacional no puede menos que hacerse eco de las mismas y actuar en consecuencia, es por ese motivo y en procura de lograr un paliativo que contribuya a aliviar el trance que éstos se encuentran atravesando, que he presentado el proyecto y he propuesto algunas medidas que espero sean receptadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Creo que una vez que comencemos a superar este flagelo y el salir de nuestras casas vuelva a parecerse a la normalidad que solíamos transitar se va a presentar una enorme posibilidad para desarrollar la infraestructura turística de nuestro país ya que el turismo local va a ser el primero que elijan, por diferentes motivos (seguridad, protocolos sanitarios, etc.), los viajeros. Allí estaremos para aportar ideas, propuestas y soluciones para que este sector, que mueve la economía y genera innumerables puestos de trabajo, encuentre una rápida reactivación por el bien de todos.

Silvia del Rosario Giacoppo

Senadora Nacional (Juntos por el Cambio/Jujuy) 

Presidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación

Fotografía : Crédito Javier Corvalan El Tribuno- Salta

La pandemia ha expuesto nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, a la par de desnudar y agudizar las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca. Esto nos impulsa a mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad y la naturaleza desde otra perspectiva. Mientras tanto, recuperamos aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrar una salida diferente a esta crisis, a partir de una reconfiguración integral que sea social, sanitaria, económica y ecológica.

Está probado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica (transmitida de los animales a las personas) que se gestó y proliferó por la insana relación de dominación que tiene el ser humano con la naturaleza. Por eso, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo que provocó la actual pandemia, un grupo de trescientos académicos, comunicadores, organizaciones y referentes sociales convocamos un Pacto Ecosocial y Económico.

La propuesta inicial, desarrollada por la socióloga y escritora Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale, fue publicada primero por la revista Anfibia y luego en el libro El futuro después del COVID-19 —editado por A. Grimson, titular de Argentina Futura, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación—.

Entre los trescientos firmantes iniciales se cuentan Beatriz Sarlo, Fernando “Pino” Solanas, las actrices Leonor Manso y Mirta Busnelli, el escritor y periodista Cristian Alarcón, el dramaturgo Rafael Spregelburd, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Soledad Barruti y Gabriela Massuh, el referente mapuche Jorge Nahuel, la Asamblea Popular por el Agua, de Mendoza, el Observatorio Petrolero Sur, Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, los médicos Damián Verzeñassi y Medardo Avila Vásquez y el constitucionalista Roberto Gargarella.

Los cinco puntos basales del Pacto son:

1. Ingreso ciudadano universal. La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que abra la posibilidad de una vida digna. Lejos de ser algo irrealizable, el ingreso universal está hoy en el centro de debate de la agenda global.
2. Reforma tributaria progresiva. Debe reconfigurarse el actual sistema fiscal en un sentido equitativo que incluya el impuesto a la herencia y a las grandes fortunas, además de nuevos impuestos y exención de subvenciones a las actividades contaminantes.
3. Suspensión del pago de la deuda externa. Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión económica global y nacional. Además, mantiene al país en un espiral extractivista para generar divisas con las exportaciones al extranjero.
4. Sistema público de cuidados. En pugna con el paradigma de la individualidad y la hipervigilancia, se hace necesario contraponer una cosmovisión de la solidaridad y la interdependencia, reconociendo que la supervivencia nos incumbe como seres sociales. Es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.
5. Transición socio-ecológica radical. La coronacrisis evidenció los efectos de un modelo depredador, que pone al sistema capitalista por sobre la naturaleza y la degrada sin reparos, sólo para aumentar el capital. Detrás de la pandemia llega una crisis aún mayor: la climática. Es hora de Argentina comience una transición socio-ecológica radical entendida como una salida del modelo productivo fósil y extractivista, garantizando una transición justa hacia las energías limpias y la agroecología.

La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default.

Damos a conocer este manifiesto, firmado por centenares personas del quehacer social y cultural, conscientes de que la fuerza del mismo estará en las posibilidades de que éste se constituya en la base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.

Las adhesiones pueden enviarse al correo granpactoecosocialyeconomico@gmail.com

Mauro Fernández

comunicador y activista. Durante doce años fue representante de Greenpeace como coordinador de campañas, asesor en política climática y delegado de la organización ante el G20 y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Fotografía : Crédito Javier Corvalan El Tribuno- Salta

Algunos médicos comenzamos a encontrar en nuestra especialidad particular, la psiquiatría, que la vivencia y la experiencia de la pandemia por COVID-19 afectaba a nuestros pacientes de manera peculiar.

Sentimientos variados como ansiedad, miedo y angustia son cotidianos. Pero aquellos que presentan alguna vulnerabilidad previa muestran síntomas floridos, ideas obsesivas intrusivas y recurrentes, reacciones de estrés aguda y síntomas autonómicos simpáticos antes de salir de casa o previo a subirse a un transporte público. En pacientes con patologías más graves, descompensación o desestabilización, síntomas psicóticos o ataques de pánico.

En nuestro “Trauma en épocas de COVID-19”, dentro del Observatorio Clínico de Salud Mental y Adicciones de la Universidad de Belgrano, partimos de la pregunta acerca de si esta pandemia puede ser experimentada como un evento traumático. En ese sentido, hay factores que pueden ser considerados como “predictores de trauma”:

• La mayor pandemia en más de cien años;
• el aislamiento de los pacientes en los hospitales, cuando resultan sospechosos o reciben un resultado positivo para COVID-19, quedando sólo en contacto con el personal de salud que utiliza severas medidas de protección;
• el miedo a la muerte por síndrome respiratorio agudo severo;
• el pobre entendimiento del mecanismo de contagio y la consecuente incertidumbre;
• las declaraciones de cuarentenas por parte de los gobiernos, al principio en ciudades y finalmente en naciones enteras, que genera preocupación acerca de la extrema gravedad de la situación vivida, y
• el confinamiento y aislamiento social.

La bibliografía sobre trastorno por estrés post traumático revela que los indicadores que deberían considerarse a la hora de sospechar dicho trastorno son: los recuerdos intrusivos o recuerdos vívidos que desencadenan respuestas autonómicas y ansiosas prominentes, y los trastornos del sueño como el insomnio o la hipersomnia.

En este punto, nos interrogamos acerca de la posibilidad de prevenir el desarrollo del trastorno por estrés post traumático en estos pacientes, mediante intervenciones tempranas en principio de tres tipos: psicosociales, psicoterapéuticas y posiblemente farmacológicas.

A nivel psicosocial, es posible llevar a cabo un trabajo integral en un ambiente en donde se propicie la recuperación del trauma. Lo mismo en las psicoterapias, que deben estar orientadas a la recuperación. En la proporción del ambiente de recuperación, la formación de un vínculo terapéutico será fundamental para ayudar al paciente en la contención. Se está intentando avanzar en propuestas farmacológicas que eviten la consolidación del recuerdo traumático, utilizando fármacos que tengan efecto conocido sobre la consolidación de la memoria.

Es evidente que debemos seguir investigando para poder tener dispositivos de contención y más pruebas farmacológicas para trabajar en la prevención.

Delfina Lahitou Herlyn 

Dra en Psiquiatría

Integrante del Observatorio Clínico de Salud Mental y Adicciones de la Universidad de Belgrano

La geopolítica no tomó vacaciones en medio de la pandemia. Es que, como sostenía Napoleón, “la política se halla en la geografía”. Como la pandemia no admite que la política baje las persianas, la geopolítica continúa sin ‘feria’ – como la insólita de nuestro Poder Judicial. Una prueba la ha dado en estos días Australia.
El enorme país oceánico fue parte de un movimiento crucial en 2018. Cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo del Transpacífico, Australia y otros once países medianos suscribieron un pacto comercial, con implicancias políticas. A la mesa del convenio se sentaron Japón – la tercera economía del mundo -, Canadá, México, Vietnam, Nueva Zelanda, entre otros. Este antecedente cobra relieve en este momento pandémico caracterizado por la declinación norteamericana y una China a la defensiva, con inesperadas dificultades internas y también el frente exterior.
Los celebrantes de 2018 tienen un común denominador. Todos son países medianos en un planeta que – como la Argentina de antaño – tiene ‘movilidad ascensional’, es decir que países otrora pobres – el mejor ejemplo, Vietnam – hoy son intermedios y mañana podrán incorporarse al podio principal.
En estos días el primer ministro australiano Scott Morrison fue el primero en promover una investigación internacional sobre el origen del coronavirus no obstante que China es el principal destino de las exportaciones australianas y que sólo por visas estudiantiles Camberra obtiene inmensos beneficios económicos a raíz de que son legión los chinos que van a estudiar en las universidades australianas.
El premier hizo, además, una videoconferencia con sus pares de Estados de todas partes del mundo. El asunto central fue intercambiar experiencias entre los que habían dado ‘respuesta temprana’ al Covid-19. Así, en la reunión telemática también estuvieron Austria, Dinamarca, Grecia, Israel y Singapur. Cabe preguntarse por qué nuestro país no estuvo presente en esa sala virtual a pesar de que nos ufanamos de haber sido precisamente uno de los países que reaccionaron tempranamente ¿Será el síndrome de insignificancia? Más allá del ‘relato’ interno, parece que afuera han detectado ese morbo vernáculo. Que duele físicamente, pero sobre todo en el alma argentina. Aquel viejo país que se encaminaba – más allá de sus crisis, de su corrupción – hacia el primer escenario mundial, un siglo después cayó en la irrelevancia. Ya no somos modelo ni de los vecinos.
Hoy la geopolítica exhibe como nunca el protagonismo del multilateralismo con alto dinamismo. Ciertamente, el globalismo ha ingresado en un tramo de su devenir que se caracteriza por los cuestionamientos y las dudas. Hay interrogantes sobre cómo será el derrotero de acá en más. Empero, creo muy apresuradas las conclusiones como esa de que “se terminó la globalización”. Por el contrario, todo hace pensar que – con otros formatos, donde el rol de las potencias intermedias será crecientemente importante – la mundialización proseguirá su marcha. Seguramente armonizado con un resurgente soberanismo de los Estados. Ensamblar las dos velocidades para imprimirle motricidad al mundo no es una rareza. China, por caso, no dejó ni un minuto de reclamar soberanía en el Mar homónimo, hasta construyendo islas artificiales, mientras revivía la ‘Ruta de la Seda’ con notoria vocación global. Es otro falso dilema eso de globalización vs nacionalismo. Coexisten y convivirán por mucho tiempo. La clave está en saber combinarlos.
El contraste con la Argentina es tan evidente como hasta inexplicable. Nuestra política exterior – ¿existe? – en este medio año del gobierno asumido el 10 de diciembre logró más que un flamante congelador: enfrió todos los vínculos regionales al punto que no tenemos un buen compañero de ruta en parte alguna de América del Sur. Además, no dimos ni la más mínima señal a nuestra vecina África, no conversamos especialmente con ninguna de las potencias intermedias, amenazamos con retirarnos desopilantemente de las negociaciones comerciales del Mercosur con terceros países y sólo dialogamos con Italia, Alemania, Francia y España para, cual mendicantes en que nos hemos transformado, para suplicarles apoyo para no pagar la deuda.
La política exterior es tan decisiva como la interior. Integran un solo haz. Y la geopolítica no es solo una disciplina que guía los movimientos hacia afuera. Bien valdría aplicarla para orientar nuestra estrategia interna hacia una demografía más equilibrada, hacia la potenciación de los recursos – como los del mar -, hacia la reorganización político institucional – para encontrar el modo de hacer en serio un país federal y para evitar que diez conglomerados del conurbano que ocupan 2.000 km2 ‘gobiernen’ a una nación de 4 millones de km2 y otros tantos de espacios marítimos. Para, en suma, corregir tantas deformaciones que padecemos, como la pretender y proclamar la ‘soberanía’, pero no tener moneda.
Flaquean nuestras fuerzas internas, tanto en el plano espiritual como material. La recuperación vendrá de una doble vía: la de adentro y la de afuera. En el interior, apostando al emprendedurismo y ensanchamiento del trabajo privado, auxiliado por un Estado inteligente. En el exterior, forjando alianzas y acuerdos que amplíen el horizonte comercial y reubiquen a la Argentina como nación mediana, con aspiraciones de ascender.

Alberto Asseff es Diputado nacional

LA POSPANDEMIA Y LA OPORTUNIDAD PARA PONER EN PRACTICA EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ENTRE LOS PROPIETARIOS DEL CAPITAL Y LOS TRABAJADORES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 BIS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia que “nadie se salva solo” sino que necesita la solidaridad de los demás, tanto en lo que respecta a la salud como a los bienes y servicios esenciales para la subsistencia: “todos estamos en el mismo barco”, ha dicho el Papa Francisco.

En el ámbito económico, la paralización generalizada de la actividad económica por la pandemia ha provocado una disminución significativa de la producción, siendo suficiente unos pocos días para hacer patente que los propietarios del capital de las empresas (edificios, equipos, máquinas, etc.) no pueden hacer nada sin el trabajo de los trabajadores, así como el trabajo de los empleados no puede hacer nada sin el capital empresario, es decir, que la participación de ambos factores es imprescindible para realizar la producción.

Y si los dueños del capital empresario no pueden hacer nada sin la participación del trabajo de los trabajadores, entonces la concentración del poder económico en manos de quienes poseen el capital y la falta de la capacidad de ahorro de los trabajadores que la crisis ha dejado al descubierto no resulta razonable, o sea, la concentración de la propiedad del capital privado y la situación de precariedad de los trabajadores, cuyos salarios tuvieron que ser pagados parcialmente por el Estado, resulta injustificada.

Por ello, la salida de esta crisis se convierte en una gran oportunidad para poner en práctica el programa de participación entre los propietarios del capital y los trabajadores establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que incluye la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de las empresas.

Esta distribución de la nueva riqueza producida entre los capitalistas y los trabajadores, que permite superar la enorme concentración de la riqueza y contribuye a la difusión de la propiedad mediante la generación de la capacidad de ahorro de los trabajadores, constituye el núcleo de la democracia socioeconómica.

El artículo 14 bis de la Constitución Argentina cambia la supremacía de poder de los propietarios del capital sobre los trabajadores, por la “colaboración en la dirección” de las empresas que permite un equilibrio de poder entre ambas partes, y también cambia la apropiación exclusiva de las ganancias por los dueños del capital con exclusión de los trabajadores por “la participación en las ganancias de las empresas” que reparte los beneficios entre ambos partícipes; esta norma se inspira en el modelo alemán de “cogestión” empresaria y mediante la distribución equitativa de las ganancias entre los partícipes de la producción permite superar la puja distributiva entre el capital y el trabajo, y reducir la desigualdad injustificada.

La experiencia histórica de la “cogestión” en la Europa alemana y nórdica (Suecia, Noruega, Dinamarca), implementada desde mediados del siglo XX, ha demostrado que el modelo de la cogestión empresaria, que consiste en compartir el poder de dirección y los beneficios de las empresas entre los propietarios del capital y los trabajadores, genera una mayor productividad económica y una reducción de la desigualdad social.

Las reglas de “cogestión” han logrado establecer un equilibrio de poder más justo entre el capital y el trabajo tras la segunda guerra mundial. En el caso concreto de Alemania, la Constitución de 1949 dio sustento a las leyes de 1951-1952 y a la ley de 1976 sobre la cogestión, prácticamente intacta en sus grandes líneas hasta la actualidad, por la cual los representantes de los trabajadores cuentan con la mitad de los derechos de voto en los consejos de administración de las empresas, y si bien en un principio los accionistas privados se opusieron con firmeza, las normas de cogestión se aplican hoy desde hace más de medio siglo y son objeto de un amplio consenso por sus resultados exitosos.

En la reciente obra “Capital e Ideología”, el economista francés Thomas Piketty afirma: “Estas normas han favorecido la aparición en la Europa germánica y nórdica de un modelo social y económico a la vez más productivo y menos desigualitario que cualquier otro modelo que se haya puesto en la práctica hasta el momento. En mi opinión está justificada su aplicación inmediata en otros países”.

“En resumen -dice Piketty-, la cogestión es una de las formas más elaboradas y sostenibles de institucionalización del nuevo equilibrio de poder entre el capital y el trabajo; un equilibrio de poder que está en construcción desde mediados del siglo XX, como resultado de un largo proceso de las luchas sindicales, obreras y políticas iniciadas durante la segunda mitad del siglo XIX”.

En nuestro país, la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección» integra el plexo de derechos y garantías que, de conformidad con la manda establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, las leyes deben asegurar al trabajador a fin de conferir protección al trabajo en todas sus formas.

Este derecho fue incorporado a la Carta Constitucional en la reforma de 1957, mediante el citado artículo 14 bis, en cuyo debate previo se destaca la influencia de la encíclica Quadragésimo Anno, de Pío XI, y del modelo de las leyes de cogestión alemana de 1951 y 1952.

En las sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1957, el convencional Peña sostuvo:
“Producción y distribución están en íntima interdependencia: distribuir más equitativamente la renta nacional para que, aumentados los ingresos, se amplíen los mercados a fin de absorber la producción; producir más en cantidad y calidad para elevar el nivel de vida de la población por medio de una justa distribución”, y agregó que “es natural que el empeño de la mano de obra por una mayor producción se acentúe en la medida en que el trabajo es llamado a asumir responsabilidad dentro de la empresa y a manifestar sus puntos de vista sobre el particular, como asimismo cuando se le garantiza que obtendrá ventajas reales e importantes de esa producción aumentada.

La experiencia es ilustrativa de la mayor productividad con la participación del trabajo en la dirección de la empresa. El caso de Alemania Occidental después de la ley de cogestión y de los consejos de establecimientos, es una demostración de ello”.

De manera semejante, el convencional  Horacio Thedy se pronunció a favor de la “participación de los
empleados y obreros en la gestión de las empresas y en la distribución de sus utilidades. Ese es el
concepto recogido de las leyes en vigor en Alemania y en los Países Bajos”.

Sin embargo, y a pesar del éxito ampliamente reconocido del modelo social e industrial
germánico y nórdico, caracterizado por un alto nivel de vida y de productividad, y una moderada desigualdad social, en nuestro país, salvo algunas excepciones como la del artículo 29 de la ley 23696 sobre el régimen legal de las privatizaciones de ciertas empresas públicas (“el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”), hasta el momento no se ha puesto en práctica el programa de participación en la gestión y en los beneficios de las empresas entre los propietarios del capital y los trabajadores, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución e inspirado en el modelo alemán de cogestión empresaria, lo cual muestra que una Constitución abierta a la difusión de la propiedad de la nueva riqueza producida no es suficiente, sino que es necesario que las fuerzas sociales y políticas consigan aprovechar esas nuevas oportunidades.

La historia de los regímenes de “cogestión” alemana y nórdica es la prueba de que los grandes cambios son el resultado de la confluencia de acontecimientos de corto plazo y de transformaciones intelectuales, constitucionales y legales de largo plazo. La experiencia histórica del modelo de cogestión alemana estuvo enmarcada por la reconstrucción de la postguerra y por la necesidad de superar la división y la lucha ideológica entre el capitalismo de Alemania Occidental y el comunismo de Alemania Oriental.

Por ello, considero que el inicio de la reapertura económica pospandemia es una gran oportunidad para poner en práctica el modelo de participación entre el capital y el trabajo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es un programa de participación en la dirección, en al producción y en las ganancias de las empresas, y que permite superar la puja distributiva capitaltrabajo.

Este programa constituye un cambio estructural en la relación de poder, pasando de la supremacía del capital sobre el trabajo a la colaboración de los trabajadores en la dirección de las empresas, y también un cambio estructural en la distribución primaria o en la fuente de los ingresos, pasando de la apropiación exclusiva de las ganancias por el capital con exclusión del trabajo a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas como complemento del salario, lo que genera la capacidad de ahorro e inversión de los trabajadores, reduce la concentración del capital y produce la difusión de la nueva riqueza producida.

En efecto, el modelo participativo del artículo 14 bis de la Constitución Argentina permite pasar de la oposición bipolar capital-trabajo a la participación de ambos polos en los beneficios como un tercero compartido; es una nueva estructura de la comunidad productiva caracterizada por el término medio de la participación en la dirección, en la producción y en las ganancias de las empresas que constituye el centro de unión entre el capital y el trabajo.

Además, la participación capital-trabajo en las ganancias empresarias según el artículo 14 bis, desarticula la carrera precios-salarios que genera inflación y produce un cambio estructural en la distribución primaria de los ingresos que contribuye a reducir la desigualdad socioeconómica.

Thomas Piketty, en su obra “Capital e Ideología” ya citada, destaca la importancia del cambio en la distribución primaria de la renta mediante la aplicación de las reglas de “cogestión” para transformar el conjunto de la distribución general de la renta y la riqueza, y lograr una mejor distribución del poder económico:
“Es evidente que una política de transferencias, sea monetaria o en especie, no puede ser suficiente para abordar de manera satisfactoria una distorsión tan elocuente de la distribución de la renta primaria (antes de impuestos y transferencias)” entre el capital y el trabajo; “parece ilusorio tratar de contrarrestar esta evolución únicamente mediante una política de redistribución ex post.
Esto último es obviamente esencial, pero también es necesario prestar atención a las políticas que permiten cambiar la distribución primaria de la renta en su origen”.

“Es importante destacar que los diferentes regímenes desigualitarios observados en la historia se caracterizan principalmente por la forma en que determinan la distribución primaria de los recursos”.
“En otras palabras, es esencial centrarse al menos tanto en las políticas de “predistribución” (las políticasque afectan al nivel de desigualdad primaria) como en las políticas de “redistribución” (la reducción de la desigualdad de la renta disponible a partir de una desigualdad primaria dada)”.

El cambio en la distribución primaria de la renta entre el capital y el trabajo, según el modelo participativo del artículo 14 bis de la Constitución Argentina, es la clave de la justicia social, y setrata de un modelo de reparto justo capital-trabajo sin coste para las finanzas públicas, lo que resulta especialmente valioso en estos tiempos de creciente desigualdad social y de déficit fiscal, y quetambién incentiva “la productividad de la economía nacional” (art. 75, inc. 19, C.N.) y promueve“la generación de empleo” (art. 75, inc. 19, C.N.), ya que la capacidad de ahorro de los trabajadores puede canalizarse a la inversión productiva.

Por todo esto, pienso que la puesta en práctica del modelo de participación capital-trabajo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional debe formar parte de la agenda política de la recuperación económica pospandemia como una de las reformas estructurales que necesita nuestro país, para transformar el conjunto de la distribución general de la renta y la riqueza y, de esta forma,  contribuira una mejor equilibrio del poder económico y reducir la desigualdad social, ya que el “progreso económico con justicia social” (art. 75, inc. 19, C.N.) comienza con la participación en la dirección y en las ganancias de las empresas entre el capital y el trabajo, y como dice Piketty, «lapandemia actual podría acelerar la transición hacia otro modelo económico, hacia una organización más equitativa, más sustentable, de nuestro sistema económico internacional».

Guillermo M. Ruiz  Abogado constitucionalista
E-mail: gmruiz@fibertel.com.ar

Según datos del Observatorio MuMaLá, en lo que va del 2020 se registraron 104 femicidios en todo el país (1 cada 29 horas), 89 intentos y otras 16 muertes violentas en proceso de investigación. 41 femicidios fueron cometidos desde las primeras medidas de restricción por el Covid-19, dispuestas el 12 de marzo. Da mucha bronca saber que cuando esta nota sea leída, alguna de estas cifras habrá aumentado. En Argentina, el Estado hace rato está en deuda con las víctimas de violencia machista: entre 250 y 300 femicidios por año son las cifras relevadas al menos en la última década. «Ni Una Menos, Vivas y libres nos queremos», es un reclamo a viva voz desde hace tiempo.

La pandemia profundizó las precariedades vigentes de los sectores más vulnerables de nuestro país, principalmente las mujeres e integrantes del colectivo LGBTTIQ+. Se agudizaron todas las desigualdades estructurales y en particular, a partir del aislamiento social preventivo, las situaciones de violencias de género. Sabemos que para las víctimas que conviven con su agresor, el hogar no es un lugar seguro.

En los últimos años, casi el 80% de las víctimas de femicidios no había hecho denuncia previa. ¿Faltó información, asesoramiento, tener a mano la Línea 144? Es probable, pero lo principal a tener en cuenta es que ninguna víctima va a denunciar al agresor con quien vive sin garantías de protección, de sustento económico, de contención, de acompañamiento respecto a todo lo que le viene por delante. Imagínense cuando además hay hijes de por medio.

Por otro lado, los escenarios futuros de salida de la cuarentena anuncian una fuerte crisis económica y pronósticos de hasta un 50% de pobreza en la población, cuestión que nos alerta y moviliza. Conocemos la debilidad de las redes de atención, asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia machista existentes a nivel local en todo el país: la falta de equipos inderdisciplinarios y recursos materiales, acordes a la demanda de intervención en estas situaciones.

Vemos como el gobierno intenta dar respuesta al pedido de distintos sectores en medio de esta crisis. Sin embargo, en materia de prevención y erradicación de las violencias de género la emergencia está muy lejos de ser abordada. Días atrás cientos de organizaciones hicimos un pedido concreto en este sentido al presidente Alberto Fernández, solicitando en concreto una mayor inversión en prevención y asistencia: ampliar los programas de asignación económica para mujeres y diversidades en situación de violencias de género, también para familiares de víctimas de femicidios; agilizar el procedimiento de la Ley Brisa; fortalecer a las organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, bisexuales (+) y de familiares de víctimas de violencia de género, quienes estamos en contacto directo con ellas en todo el territorio del país e inversión en áreas de políticas de género en provincias y Estados locales para equipos interdisciplinarios de acompañamiento y asistencia.

Pedimos además que el Estado garantice el acceso a la Justicia, habilitar mecanismos accesibles y rápidos para hacer efectivas las denuncias. También para determinar las medidas de protección a las víctimas y sanción a agresores, y para su instrumentación. Necesitamos una mayor inversión en dispositivos electrónicos para agresores (tobilleras, muñequeras). Solicitamos que haya Patrocinio Jurídico Gratuito en todo el país, para las víctimas y sus familiares.

Si queremos que el «Ni Una Menos» sea en nuestro país una política de estado debe contar con presupuesto acorde, no hay respuesta de política pública sin recursos. Quienes no nos resignamos a seguir sumando víctimas de femicidios día a día esperamos una respuesta urgente, a la altura de las circunstancias.

Por Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá.

Distanciamiento social; «tapa boca», aplicaciones de seguimiento, bancarización forzosa…

Los personeros que idearon la «Pandemia» y sus esbirros gerenciadores de los estados dependientes, aceleran los tiempos de la virtualidad a la vez que destrozan los vínculos y lazos comunitarios.
Es el éxtasis del individualismo, disfrazado de sanitarismo, y que en la Argentina equivale a quebrar lo que pueda quedar en pie de una Comunidad Organizada.
¿O acaso yo soy el único que cree que nos están empujando a la fuerza a la digitalización tecnotrónica en todos los ámbitos de la vida y que eso nos hace más dependientes y controlables?

¿Nadie dice nada que hay al menos tres generaciones que quedan afuera «del nuevo sistema» porque no comprenden, no tienen los medios, ni se adaptan mentalmente a lo vertiginoso de los cambios que nos están imponiendo? ¿Y los excluídos? ¿Los que pertencen al 40 % de la economía informal; o los que tienen sus emprendimientos pero «no califican» porque a pesar de la «Pandemia» a nadie se le ocurre impulsar una ley o decreto que saque del veraz o toda base de datos persecutoria similar a los compatriotas que hoy necesitan reinsertarse en el perverso sistema…sólo para sobrevivir?

La realidad es que aquel que no tiene  un «smarthphone» e internet no puede operar. Peor aún…no puede trabajar! Una locura! ¿Y todos lo ven normal?

Pero al esfuerzo de los pueblos no lo acompañan los grandes titiriteros. Los Rotschild, Rockefeller, JP Morgan, Chase Manhattan, y tantos otros que adoran al «dios dinero» y que reseteando este demoliberalismo en decadencia y  con certificado de defunción desde la crisis de los brokes inmobiliarios del 2008; ahora pretenden seguir dominando el mundo.

Nos preguntamos en Argentina…¿Y la Banca? No abre ventanilla, no da créditos a tasa cero para las PyMEs, no hace absolutamente nada para ayudar al pueblo. Más aún. Si alguien no tiene tarjeta de débito, le  retiene su sueldo porque no le  permite extraer por ventanilla. Entonces le dicen: que home banking, que banca virtual por celular, que TOKEN, que cuenta DNI…todo esto lleva horas de horas y finalmente le dirán  que no puede disponer de su dinero por la «bendita» tarjeta de débito. ¿Pero se la envían? No, los bancos no están haciendo esa tarea. Pero mientras usan nuestro dinero.

Y ya cabe preguntarse, aunque en forma retórica, claro está; ¿Quién manda acá? ¿La dictadura tecnocrática bancaria o el Estado Nacional? En Argentina es  actividad esencial una Ferretería pero no los Bancos. Los grandes  beneficiados de esta crisis que su régimen de avaricia y usura ha provocado.

En Argentina ni se piensa en nacionalizar la Banca. En o pagar la deuda externa porque el pueblo no tiene qué comer y la economía real está pauperizada. Ni siquiera se tiene la visión o el conocimiento de qué según estimaciones, al terminar la «Pandemia», serán más de 40 países los que declaren el «default». Entre ellos Italia, poniendo en riesgo la «zona euro». Sin duda uno de los efectos no deseados, o daños colaterales que los globalistas no preveían.

Sin embargo en nuestro país están muy preocupados por ofrecer pagos a los bonistas aunque sería mejor llamarlos «bonoleros», como les decía Juan Manuel de Rosas, a esos especuladores de la «timba financiera», también conocidos como buitres. ¡Y todo, sin dejar de pagar intereses de la deuda al FMI! Es un verdadero aquelarre.

Lo hemos dicho hasta el cansancio. Y hasta un liberal como Melconian coincide con nuestro diagnóstico. Si no hay dinero; que se emita y se ponga esa plata en los bolsillos de todos mis compatriotas que no tienen un «mango» porque no pueden salir a trabajar. O mejor todavía, hay que crear cuasi monedas para que podamos hacer transacciones aquí. Y nada de Bancos, y movilizarse. Hagan llegar el dinero a la casa de cada argentino. ¿No se puede? En Italia lo hicieron con los jubilados. Y las boletas de todos los servicios llegan a nuestras casas.¡Sí que es posible de hacer! Pero hay que tener voluntad política.

Y todo lo que escribo es para seguir cuidando la salud. Porque sino el pueblo va a salir a la calle. Con o sin virus.

Federico Gastón Addisi es Dirigente Peronista. Director Cultura Fund Rucci. Columnista de NCN. Historiador revisionista y escritor.

La igualdad es un añejo ideal. Su búsqueda debe ser incesante, aunque de antemano sabemos que es una utopía. Se debe persistir en encontrarla porque las quimeras son más que buena salsa para la vida. Son, en rigor, estímulos para crear, innovar, bucear dónde está lo nuevo.
Hay tres igualdades. La de oportunidades, la que nos equipara para abajo y la que nos empareja para arriba. En verdad, la de oportunidades es hermana gemela o, dicho de otro modo, interactúa con la que apunta al equilibrio hacia el estadio superior.
La pobreza puede ser transitoria o estructural. La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX se distinguió como la nación de mejor comportamiento en el hemisferio sur del planeta en materia de movilidad social. Criollos o inmigrantes desposeídos, trabajando lograban moverse a la clase media en menos de una generación. Un fenómeno social formidable que hizo del nuestro un “país promesa”, al buen decir y mejor pensar de Ortega y Gasset. No hubo pensador de ese primer tramo del s.XX que dejara de identificarnos como la nación con más futuro de todo el orbe. El francés Clemenceau y el inglés Toynbee, para mencionar a dos de los más eminentes.
¿Qué factor los inducía a sostener esa prospectiva? Si tuviésemos que encontrar la principal causa, no existe duda en que era la extraordinaria movilidad social ascendente de la Argentina de hace un siglo.
En algún momento de nuestro devenir ese movimiento ascensional se estancó para paulatinamente revertir su dinámica. La Argentina socio-económica comenzó a derramar más pobreza que prosperidad. No interesa puntualizar en qué instante – letal – comenzó ese degradante proceso. Cualquier fecha que pongamos podría ser motivo de un reproche partidista y así distraernos de la cuestión central de estas líneas. No aspiran estas notas a enrostrar a ningún sector en especial, sino a subrayar la responsabilidad común de nuestra nación que en una encrucijada de su historia tomó el rumbo decadente. Que, con pequeños vaivenes, prosigue hasta hoy.
La declinación nacional tiene nombre y apellido: nos transformamos en país-fábrica de pobres desplazando al país anterior que febril y pujantemente producía argentinos plenos de genuinos derechos y de bienestar o perspectivas de obtenerlo. Prerrogativas que el Estado no regalaba, sino que eran el resultado del trabajo. Que, por supuesto, el Estado alentaba con reglas virtuosas e incentivadoras de todo el circuito benéfico de ahorro e inversión, trabajo y producción.
El punto fatal de nuestro desplome como país prometedor, con regocijo por el futuro – todo lo contrario, en un llamativo claroscuro, de la abrumadora incertidumbre que hoy nos atormenta-, lo signa la etapa en que la pobreza dejó su índole transitoria para cristalizarse como un segmento indeseado de nuestra sociedad.
Ahí, en ese momento nefasto, la mala política vio la veta del aprovechamiento electoral de la pobreza. En lugar de empeñarse en erradicar esa estructura malsana, se decidió a usarla. Así, cuanto más ancha sea la franja pobre del electorado – sumado a la creciente ignorancia fruto venenoso de la caída de la calidad educativa – más perdurable es y será su entronización en el poder.
Es esa miopía – o esa perversa mirada – la que se empecina en ampliar los planes asistenciales en lugar de crear las condiciones para que la economía privada se despliegue creando trabajo. Hemos arribado así a una situación de vulnerabilidad, de labilidad, de nuestro país con más asistidos que trabajadores, incluidos los no registrados. Una ecuación insostenible.
Como estamos en medio de una doble pandemia – sanitaria y económica – se debe deslindar claramente que un ingreso o bono o como se lo llame para la emergencia de los más necesitados está absolutamente al margen de nuestra censura al asistencialismo como método para empobrecernos definitivamente.
Están buscando la igualdad para abajo, una equiparación tenebrosa. Están aspirando a extender la pobreza. Si esta aseveración suena exagerada, lo diremos de otro modo: yerran. Así como van nos empobrecerán a todos y ‘todas’. Uso los dos géneros – innecesarios en nuestra espléndida lengua – ahora sí para ponerle marca política a esta deplorable estrategia del pobrismo como vía hacia la igualdad.
Una igualdad empobrecedora que nos está transformando en una rareza planetaria: un poderoso país fallido. Un mayúsculo contrasentido. Una irracionalidad producto de una pésima política ejecutada por actores de una manifiesta mediocridad. El calificativo más leve, obtusos y mezquinos,
Es hora de un movimiento socio-político contracultural que troque – ¡por qué no decirlo con su nombre, cambie! – este atajo hacia el abismo.
Para reparar, amparar y proteger a los pobres hay que adoptar el rumbo de la prosperidad sin tenerle miedo a las libertades, incluida las económicas.
El engaño de fabricar pobres en nombre de políticas públicas que los ayuden ha quedado desenmascarado. El fracaso es prueba irrefutable. Es urgente virar el rumbo, Me atrevo a decir que hay que pegar un calculado volantazo.

*Alberto Asseff, Diputado nacional (Juntos por el Cambio)

En Argentina, como en todo el mundo, nos debatimos sobre cómo mantener actividades indispensables sin que esto suponga poner en riesgo la vida de las personas que tienen que llevarlas adelante. En nuestro sistema republicano y democrático es clave el funcionamiento de las instituciones legislativas que se debaten por estas horas entre la legalidad, la practicidad y la implementación de tecnologías.

Diversos aspectos son fundamentales a la hora de analizar la situación. En primer lugar, no se trata de virtualizar las sesiones sino de realizarlas en pleno ejercicio de las potestades para las cuales están facultados los legisladores desde el lugar donde se encuentren. Es necesario entonces pensar las reglas a fin de adaptar las condiciones del quorum y la aprobación de las leyes para evitar en la medida de lo posible cualquier judicialización que pueda sobrevenir. Como bien dijo la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo tiene todas las facultades para modificar y aplicar su reglamento.

Desde Fundación Vía Libre nos oponemos sistemáticamente al voto electrónico, sin embargo no vemos problema en que, tomadas las medidas de seguridad apropiadas, se pueda votar una ley de manera remota. ¿Por qué? Por una diferencia sustantiva y esencial: el voto de los legisladores es público, no secreto como el de la ciudadanía. Con una condición menos que cumplir, lo que se debe asegurar es la integridad y seguridad de ese voto, teniendo como garantía además el hecho de que un legislador podrá corroborar debidamente que su voto es contado como efectivamente se emitió.

Un aspecto clave a tener en cuenta es la jurisdicción de la sesión. Poco se habla de esto y es uno de los temas más importantes a la hora de analizar la soberanía tecnológica de un país: la jurisdicción de aquello que ocurre en línea. Es por esto que la recomendación central en esta materia es no ceder jurisdicción a un Estado extranjero a través de la utilización de plataformas privativas localizadas en otros países. En esos casos, la jurisdicción de la sesión quedará comprometida y bajo el mandato de ley extranjera. Argentina cuenta con infraestructura apropiada y desarrollos informáticos a la altura de las necesidades, por lo que la recomendación es que se realice con sistemas libres, abiertos y bajo jurisdicción argentina y que cualquier adquisición de tecnologías para este fin se haga con criterios de estricta evaluación de necesidad, austeridad y transparencia.

Es clave revisar la seguridad de los sistemas de identificación, ya que las aplicaciones conocidas hasta el momento no cumplen con estándares suficientes en la materia. El Estado argentino no se ha caracterizado por desarrollar aplicaciones confiables en los últimos años. La aplicación MiArgentina no es la excepción en ese sentido.

De esta manera, la seguridad final de la sesión estará dada por el método más analógico posible: la confianza pública, la responsabilidad y el deber de cada legislador y cada legisladora de respetar y aceptar la voluntad del voto mayoritario, evitando generar escándalos y operaciones impropias del momento crítico por el que estamos atravesando.

Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social, magíster en Propiedad Intelectual de FLACSO y presidenta de la fundación Vía Libre

Los desastres que han asolado a la humanidad han dejado un recuerdo particularmente intenso, ya sea un terremoto que mata e impone su horror de golpe o una epidemia que tiene un efecto acumulativo como una guerra con un enemigo oculto donde muchos sienten que pueden ser sus víctimas porque se ha declarado una sentencia de muerte sobre sus vidas que en cualquier momento puede ejecutarse.

No podemos dejar de prever los efectos comunitarios e individuales surgidos después de la pandemia.

Es comunitario porque pone de relieve la importancia de los vínculos personales, familiares e institucionales que las personas que habitan un mismo territorio poseen y que pueden favorecer o dificultar la aparición y la resolución del sufrimiento psíquico.

Los organismos sanitarios internacionales señalan que tanto para los países de alto nivel de ingresos como para aquellos de bajos niveles de ingresos el abordaje comunitario debe ser prioritario especialmente desde una perspectiva de salud pública.

La salud mental comunitaria es un objetivo, individual y de toda la población de un territorio, y requiere una metodología de trabajo concreta, que implica compartir tareas e intenciones con otros recursos del propio territorio, sanitarios, sociales, laborales, asociativos, instituciones de diversa índole, etc.

Abarca la problemática de la edad infanto-juvenil, de la edad adulta y de la vejez y los ámbitos de los trastornos mentales y de las adicciones. Por eso debemos intentar actuar con la mayor racionalidad posible y entonces:

• Capacitar para la elaboración de un diagnóstico de salud de la comunidad, detección de necesidades asistenciales, formulación de estrategias de abordaje y optimización de recursos institucionales y comunitarios en salud mental.
• Sistematizar enfoques teóricos, estudios empíricos y desarrollos metodológicos y técnicas relevantes en el campo de la promoción de la salud mental, de la prevención del trastorno mental, del aspecto comunitario de los tratamientos y de la rehabilitación psicosocial en salud mental.
• Proporcionar las bases conceptuales y los recursos metodológicos necesarios para la comprensión y evaluación de situaciones personales, familiares y comunitarias marcadas por la presencia de un problema de salud mental.
• Familiarizar con el estudio interdisciplinar de la salud mental y adicciones y de las experiencias y relaciones que implica.
• Dotar de competencias profesionales para la intervención en el campo de la salud mental comunitaria a partir de diferentes disciplinas y trabajando en equipo y en red, bajo el paradigma de la “recuperación” o “restablecimiento”, teniendo como objetivo la mejora de la calidad de vida.
• Ofrecer un marco institucional para el análisis, la reflexión, la discusión en grupo y el diseño de proyectos de investigación, desde una perspectiva interdisciplinaria y multi profesional sobre la problemática comunitaria o sobre un paciente en particular.

*Esteban Tancoff es licenciado en Psicología

Esta es la semana que recuerdo como la luz de mi hijo se fue apagando. El 1 de mayo de 2002 llegué a la avenida del Libertador para encontrarlo agonizando. El conductor que lo había atropellado (Eduardo Sukiassian), se escapó.

Fueron siete días en que mi mente y alma quedaron en un limbo hasta que el 8 de mayo, Kevin partió.

Prometí a Kevin ser la voz de quienes luchan por un cambio en la Argentina, nunca imaginé que 18 años más tarde seguiría exigiendo que se escuche a las víctimas, que se tenga en cuenta nuestros derechos, que no tengamos que ser nosotros los contralores de un sistema judicial deficiente.

Hace un poco más de una semana todos vivimos varias horas de tensión viendo a presos subirse a los techos y quemar instalaciones exigiendo excarcelaciones. Gracias a estos hechos violentos y delictivos lograron obtener una mesa de diálogo con autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Servicio Penitenciario. Allí se logró tratar el tema de compensación de penas y métodos alternativos de cumplimiento.

Mientras tanto la sociedad escuchaba al director de la Comisión por la Memoria, Cipriano García, en una comunicación decir que «existe un plan para lograr la mayor liberación de presos posibles aunque esto implique presionar a los jueces». Y habló de «un momento histórico» con respecto a la liberación de presos.

Nadie, absolutamente nadie se preocupó por las víctimas. Tuvimos que salir a través de las redes a pedir #NoLosLiberen. Pero no porque tenemos sed de venganza. Si la tuviéramos, no esperaríamos años para poder llegar a juicio, mas años hasta que la sentencia queda firme y después aceptar beneficios que se otorgan. Pedíamos que se cumpliera con la Ley de Víctimas que establece que las víctimas tienen derecho a ser informadas y escuchadas previo a cualquier decisión que tenga que ver con cambios de las condiciones de reclusión.

Nosotros no elegimos ser víctimas. Yo no elegí ver agonizar a mi hijo y extrañarlo cada día y noche de mi vida. Quienes están detenidos, eligieron sus acciones y ahora una sociedad con sus impuestos paga a un servicio penitenciario para que puedan resociabilizarse y salir con la frente bien alta.

La liberación de presos generó el rechazo de toda la sociedad. Tratamos de comprender por qué el juez de Casación Victor Violini a través de una acordada abrió las puertas a más de 2.300 delincuentes. Lo escuché decir en una nota que él es juez y tiene que cuidar la vida. Sí, señor Juez, la vida de todos.

Vimos como los defensores oficiales presentaban pedidos de excarcelación. Lo hicieron en el marco de este habeas corpus colectivo. Los sueldos de estos defensores, así como también el de los jueces y fiscales, lo paga toda la sociedad mientras que los abogados de las víctimas lo tenemos que pagar con nuestro trabajo ya que todos saben que los fiscales no nos representan.

Ahora escuchamos el anuncio de nuestro gobernador Kicillof diciendo que se va a ampliar las cárceles. Se van a abrir 1.350 nuevas plazas. ¿Por qué no se pensó en esto antes? ¿Por qué no se encontró la manera de solucionar las malas condiciones en las penitenciarías antes de sentarse en una mesa de dialogo con asesinos?.

Ahora, ¿qué respuesta les daremos a esas jóvenes que tienen a sus violadores viviendo nuevamente cerca de su casa? ¿Cómo ayudaremos a quien perdió a un ser querido en manos de un delincuente que hoy goza de este beneficio?

Las víctimas siempre estamos varios peldaños más abajo en las consideraciones de la Justicia. Las víctimas revivimos lo que nunca hubiéramos querido vivir una y otra vez debido a la falta de igualdad ante la ley.

Viviam Perrone, integrante de la Ong Madres del Dolor y del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados.

Hace pocos días, con motivo de lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa «Nast, Lucio César», desde Justicia Legítima se publicó un documento con un título muy sugestivo: La pandemia como coartada, por haberle concedido el beneficio de prisión domiciliaria a un represor condenado a 22 años por crímenes de lesa humanidad. En rigor nos pareció oportuno el caso para activar alertas y prevenirnos de que la impunidad de esos crímenes nos vuelva a tirar tarascones a los tobillos licuando el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Veamos: Si los argumentos de esa concesión tuvieran como base una verdadera razón humanitaria estaría blindada a todo cuestionamiento y en tal caso nos obligaría a leer la decisión solamente en clave moral. Es decir, si esto fuera auténtico, la concesión de la prisión domiciliaria, aun de un genocida, sería inobjetable. ¿Ahora, esto es así? Desde ya anticipo que esa decisión está muy lejos de ser inobjetable. En efecto, los votos que formaron mayoría en ese fallo tienen a todas luces un déficit argumental que la deslegitima y desemboca en una conclusión que no se compadece en absoluto con la propia motivación invocada. De ahí el título de la pandemia como coartada del documento de Justicia Legítima. Allí no hay ninguna razón que justifique la decisión arribada. Pero, el problema más grave y que obliga a estar atentos, es lo que, inevitable y lamentablemente trae consigo esa sentencia, que es el efecto cascada hacia adelante y que, so pretexto de humanizar la condena, podría significar la consagración de una gracia que eche por tierra el castigo de los criminales de la dictadura. Aquellos crímenes atroces que «conmueven la conciencia de la humanidad».

Ahí está el nudo gordiano: al conceder el beneficio sin fundamentos válidos, la pena impuesta de cárcel efectiva queda reducida en su esencia y se debilita en su valor fundamental. Y esto exige una reflexión: ¿Es la prisión domiciliaria una atenuación de la pena? En tal sentido, es oportuno el esquema de análisis de Kai Ambos en Impunidad y Derecho Penal Internacional: «¿Pueden también las atenuantes de las penas, o sea, las reglas sobre circunstancias de atenuación punitiva desarrollar un efecto comparable al de la impunidad?».

Es evidente que esa pregunta es indicativa y como tal la respuesta afirmativa es única y no admite discusión. Es decir, la prisión domiciliaria no es igual a la prisión carcelaria y como tal la conclusión es forzosa.

Ahora bien, cuál es la trascendencia del fallo o lo que es mejor, cuál es su centro de gravedad. De qué se habla cuando decimos impunidad. Cómo afecta a las víctimas una decisión semejante. En lenguaje benjaminiano -a mi juicio, el que mejor expresa la idea- la impunidad encierra una nueva victoria del verdugo y cuando ello ocurre, la víctima no descansa en paz. Así la violencia sigue ganando terreno y se recicla en mil cabezas, como la Hidra de Lerna de la mitología.

Queda claro que la injusticia que sufrieron las víctimas de la dictadura nunca será saldada; es imposible saldarla. Pero, si desde el derecho empezamos a reconocerla, esa respuesta de justicia sería una forma de impedir que ese verdugo ande suelto (metafóricamente hablando) y consecuentemente una nueva derrota de las víctimas. Lo que para Walter Benjamin sería una segunda muerte. Hacer Justicia desde la memoria es sin duda un imperativo impostergable. Justicia y Memoria van de la mano.

Entiendo que en decisiones de los tribunales como las que motivan esta nota, sobrevuela una banalización del horror a partir de una impunidad solapada y, como expresa Garzón Valdés, «…se corre el peligro no solo de ofender a las víctimas sino también de socavar la fe en el contenido moral del derecho penal».

Y una última reflexión: frente a situaciones como estas surge claramente la selectividad del sistema y la aplicación lisa y llana de una doble vara.

Jorge Auat, ex fiscal general e integrante de Justicia Legítima.

Pablo Giachello

Periodista

Candidato a Gobernador

Norberto E. Calducci

Periodista

Candidatoa Senador por el Fit

Ante la crisis actual que vive el mundo a causa del Coronavirus, múltiples han sido las hipótesis que intentan explicar su causa, como así también los fines o consecuencias a los que se puede llegar una vez pasada la “Pandemia”.

No es este el lugar para desarrollar tales ideas, pero nos detendremos en una en particular por entender, según nuestro análisis, que guarda directa relación con cuestiones de índole social y laboral. Y por lo tanto económicas. Sin por esto caer en el materialismo histórico. Nos explayaremos.

Nosotros aceptamos como probable, la teoría que señala que el COVID19 se trata de un experimento social, como así también de una guerra bacteriológica de baja intensidad, lanzada por el denominado “Deep State” de los EEUU con múltiples fines. Entre ellos podemos mencionar, la intención de esmerilar el poder de Donald Trump para evitar su reelección presidencial –siendo éste, enemigo acérrimo de los poderes globalistas- , el reseteo económico financiero internacional que se encuentra en una burbuja imposible de sostener y que arrastraría a todo el sistema bancario y sobre todo a la FED a la bancarrota.

En la misma línea, la imposición de la moneda virtual y la desaparición del papel moneda lo que quitaría a los estados nacionales un alto grado de soberanía al no poder emitir su propio circulante. No podemos dejar de mencionar, la maximización del nivel de vigilancia (con la excusa de velar por la salud global) que va desde el reconocimiento facial, pasando por la implementación de chips, hasta la realización de todo trámite on line. Sin duda, la explosión del “big data” en su máxima expresión. Finalmente, podemos mencionar, una reconfiguración o agudización del proyecto mundialista que pasaría del supracapitalismo financiero a un modelo tecnofinanciero cuyo proyecto de “producción” sería la IV Revolución Industrial”, y su paradigma social, el de la IA y la robótica a desmedro de los trabajadores, renta básica universal mediante.

Aceptamos como válido que todo esto puede ser discutible. Pues los acontecimientos se están suscitando y aún no se define cómo será el proyecto emergente. Pero si bien podemos estar de acuerdo con que todo lo hasta aquí mencionado puede ser sólo una tesis, no podemos dejar de decir que la dinámica de este proceso que ya lleva más de un mes, empieza a arrojar para el ojo entrenado, verdaderas certezas.

Veamos alguna de ellas.  Para la OIT, según publica Clarín el día 8 de abril del presente año, por el COVID19: «Se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses»; en tanto que en

la región de Latinoamérica y el Caribe es posible se pierdan 14 millones de puestos de trabajo.
De acuerdo a este dato duro de la realidad, y tratando de hacer un correcto análisis, no es difícil determinar a quién beneficia este verdadero “trabajicidio”. A nuestro juicio, el Coronavirus vino a hacer el trabajo sucio que las empresas no podrían hacer sin enfrentar millones de juicios, reclamos gremiales y un aumento exponencial en la conflictividad social. No nos gusta ser portadores de malas noticias, pero es más que probable que toda esta masa de trabajadores nunca recuperen sus empleos. Y esto simplifica el salto hacia su reemplazo –en línea con la tesis que defendemos- por la IA y la robótica.

Pero si nuestro trabajo puede ser atacado o sospechado como inconsistente, trataremos de dar al menos otro dato interesante que parece avalar nuestra teoría.

Pocos como nosotros venimos siguiendo el derrotero intelectual y político del “objetivo” Profesor e Historiador Yuval Noah Harari, hombre ligado como hemos dicho reiteradamente al Foro de Davos (principal impulsor de la IV Revolución Industrial). En declaraciones a Clarín,  del 6/4/2020 sostenía lo siguiente: “Otro posible impacto  (del Coronavirus; la aclaración es de quien escribe) es la aceleración de la automatización y la implementación de robots, inteligencia artificial y aprendizaje automático en trabajos que hasta ahora eran hechos por humanos. Lo que está pasando ahora en la crisis es que hay mucha presión en muchas industrias para reemplazar a los humanos. Sí un trabajo puede ser hecho por un robot, aunque el robot no sea tan bueno como el humano, en este momento es mucho más conveniente porque no se pueden contagiar.

Entonces, si hay una fábrica que tiene solo robots y una fábrica que tiene solo humanos, la fábrica humana, aunque sea un poco mejor en producción, ahora está cerrada por la cuarentena y el miedo al contagio, algo que podría significar un estímulo inmenso para que muchas compañías experimenten con un sistema de producción automatizado.

El tema es que cuando la crisis se termine, difícilmente volveremos a donde estábamos antes. Hay muchas industrias que podrían atravesar un proceso de rápida automatización, sobre el que se viene hablando mucho en los últimos años y que, mientras que en condiciones normales podría haber tomado 10 o 20 años, por esta epidemia ahora tomará solo dos o tres meses”.

Para redondear, no nos interesa demasiado con  que el lector coincida con nuestra hipótesis geopolítica, como sí nos importa, que sepa ver las evidencias que los efectos de esta crisis mundial está dejando en la humanidad y quiénes son los que de ellos se benefician.

Federico Gastón Addisi es Dirigente Peronista. Director Cultura Fund Rucci. Columnista de NCN. Historiador revisionista y escritor.

Los coronavirus son una familia de más de 50 virus que causan enfermedades en distintos animales. Hasta el 31 de diciembre de 2019, 6 integrantes de esta familia se habían identificado como patógenos también para las personas. Entre ellos se describieron en los años sesenta al 229E y el OC43, y actualmente en conjunto con NL63 (2003) y HKU1 (2005), representan la causa del 15 a 30 % de los resfríos estacionales. Los dos coronavirus restantes son SARS-CoV (Coronavirus del Síndrome Agudo Respiratorio Grave) y MERS-CoV (Coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente), y ambos causaron brotes epidémicos en 2002 y 2012 respectivamente.

Y así, en la vísperas de 2020 (31 de diciembre de 2019), se reporta la existencia de SARS-CoV-2 (que primero tuvo otros nombres), cuya denominación deviene de su gran parecido con aquel descripto en 2002. El origen de COVID-19 (Coronavirus Infectious Disease 19) es entonces causado por un virus emergente, un virus cuya existencia no se conocía o, al menos, no se había reportado anteriormente su capacidad de infectar humanos. A los pocos meses de su emergencia mostró tener un potencial pandémico, algo que no había ocurrido con los anteriores.

Así, tenemos una situación de salud pública de relevancia mundial, donde aún quedan muchas preguntas por responder, y lo que más necesitamos son herramientas para luchar contra la COVID-19, como las vacunas o antivirales.

Muchas veces se confunden antivirales con vacunas o, incluso se usan como sinónimos, por lo que es importante marcar sus diferencias y el por qué del hecho de que su desarrollo lleve distinta cantidad de tiempo.

Los antivirales inhiben algún paso en el proceso de replicación viral. Cuando un virus entra a una célula tiene que seguir una serie de pasos para poder generar nuevas copias de partículas virales que luego salen e invaden otras células, e incluso nuevos «anfitriones». Los antivirales frenan algún paso de este proceso.

El objetivo de las vacunas, en cambio, es inducir una respuesta inmunológica protectiva para que, en caso de entrar el sistema inmune, el mismo pueda responder con mayor rapidez y de manera eficiente a esos virus.

Otra diferencia es que ya conocemos una gran variedad de antivirales que son efectivos para diversos virus. Entonces es factible, al poder cultivar in vitro SARS CoV2, probar si alguno de estos es efectivo, es decir, si reduce la capacidad del virus de crecer en cultivo. Si alguno funcionara es posible pensar en probarlos en humanos con la ventaja de que en general ya se conocen, es decir se sabe cuáles son sus efectos adversos, con qué medicamentos interacciona, entre otros.

En cambio, las vacunas deben ser sintetizadas sin ningún conocimiento previo y hay que iniciar el proceso desde el inicio.

Es por esto que, la aplicación terapéutica de antivirales ya conocidos puede ocurrir antes que la de las vacunas.

Sin dudas, es necesario que el trabajo sea simultáneo en pos de avanzar en ambas estrategias. Mientras, generamos conocimiento, compartimos datos, y nos quedamos en casa.

*Docente Investigadora, Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes y Juan Manuel Carballeda, Investigadora CONICET, Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes.

LA PANDEMIA AVANZA EN EL MUNDO Y EN ARGENTINA AFECTA CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS Y FALLECIDOS A LA REGIÓN DEL AMBA, SIN SOLUCIONES DE FONDO AÚN A LA VISTA Y CON LA CUARENTENA SEGMENTADA COMO LA RESPUESTA COMUNITARIA MÁS EFICAZ. PROPUESTAS, CAMBIOS DE HÁBITOS Y LA GESTIÓN DE LA CRISIS EN RELACIÓN CON OTRAS GRANDES CIUDADES.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estima que el pico de la pandemia de coronavirus podría darse para la segunda quincena de mayo , con 2200 pacientes leves en hoteles, 600 camas suplementarias de internación general y al menos otras 200 para terapia intensiva, según el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, que, en un paso de comedia, debió rectificar declaraciones del 22 de abril, en las que los medios reflejaron posibles “3.000 casos diarios”, en afirmaciones que según el funcionario “malinterpretaron sus dichos”.

En tanto toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en coordinación con las políticas del gobierno nacional, el de CABA y el de la Provincia de Buenos Aires, flexibilizará bastante poco las condiciones de la cuarentena que rige por el decreto 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo pasado, en todo el territorio nacional, con sus sucesivas prórrogas.

El AMBA está compuesta por localidades y barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, unos cuarenta municipios, con la concentración urbana de mayor densidad del país, alrededor del 30% de la población total con cerca de 15 millones de habitantes.

Prevalece la constatación empírica de que el AMBA registra mucho más de la mitad de los contagios de toda Argentina por lo que una apertura desordenada del aislamiento social preventivo podría implicar un retroceso de todo lo logrado con tanto esfuerzo, tal como lo demuestran experiencias en otros países.

A partir del 27 de abril, en principio hasta el 11 de mayo, la tercera fase nacional del aislamiento social preventivo es la de una cuarentena “de segmentación geográfica” (1) en la que se seguirán habilitando áreas y actividades determinadas que no representen riesgo de contagios masivos, principalmente en el interior del país, donde no se registre circulación comunitaria del virus en conglomerados de menos de medio millón de habitantes.

CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba emitieron un comunicado conjunto en el que aclararon que “en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora”, anunciadas el 25 de abril por el presidente Alberto Fernández, pero dejadas al criterio final de cada jurisdicción.

De este modo en CABA el paisaje de una vuelta de los chicos a las calles y menos aún a clases o de los adultos mayores circulando sin restricciones no figura en las previsiones inmediatas, al menos durante el inicio de los meses más fríos del año en los que proliferan estacionalmente todo tipo de infecciones respiratorias.

Por el momento, en CABA comenzaron a funcionar las consultas médicas y odontológicas únicamente con turno previo y se habilitaron determinadas actividades puntuales como los bancos y las terminales de pagos de servicios con sistemas de turnos o asistencia por terminación de los números de documentos.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, y su ministro de Hacienda Martín Mura, anunciaron recientemente la suspensión de “gastos no indispensables” y la revisión de contratos de servicios de la Ciudad, luego de las polémicas y el pedido de explicaciones legislativas por la compra de barbijos a precio excesivo, a más del ciento por ciento de su valor, y las denuncias de irregularidades en la contratación “intrafamiliar” de hotelería para cumplir servicios públicos durante el primer mes de cuarentena.

PROPUESTAS DEL FRENTE DE TODOS EN CABA

El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña impulsó en el marco de la pandemia varias iniciativas en defensa de los intereses populares, que generaron resistencias en el oficialismo de Juntos por el Cambio.

Por ejemplo el cobro de un impuesto extraordinario y por única vez a bancos, operadores financieros, ART y AFJP de la Ciudad con el objetivo de financiar en la crisis los sistemas de salud y educativo. La iniciativa lleva la firma de los legisladores Manuel Socías, Matías Barroetaveña y Santiago Roberto.

Otras propuestas fueron la universalización de viandas escolares, impulsada entre otros por la legisladora Lorena Pokoik, y la agilización de entregas de dispositivos tecnológicos que permitan mejorar los planes de contingencia de educación a distancia forzados por el aislamiento comunitario.

María Rosa Muiños, Lucía Cámpora, María Bielli, Ofelia Fernández, Javier Andrade y Claudio Morresi, entre otros, llevaron adelante variados proyectos vitales en la emergencia (2).

Algunas de sus iniciativas se refirieron a informes de abastecimiento de elementos de protección personal para trabajadores/as del GCBA en la prevención del Covid-19; fortalecimiento de políticas de prevención y atención a situaciones de violencia de género en el marco del aislamiento social;  atención prioritaria de personas en situación o riesgo de calle; asistencia a inquilinos/as y hotelados/as; suspensión por 60 días de todo desalojo correspondiente al ámbito de CABA de los inmuebles ocupados como vivienda y declaración de la emergencia sanitaria en CABA por epidemia de dengue.

La propuesta dirigida a bancos y entidades financieras pide gravar con el uno por ciento de lo que hayan abonado en 2019 de Ingresos Brutos a empresas o personas que hayan superado los 30 millones de pesos de pago de impuestos en ese año.

La argumentación del proyecto agrega que “durante 2019 el conjunto de los bancos ganó más de 420 mil millones de pesos, mucho más que los 253.789 millones de 2018. Buena parte, por operaciones de tipo especulativo (Leliq y otras) en las que le prestaban al Banco Central al 80 por ciento dinero que tomaban de los ahorristas al 30 por ciento. Otros sectores económicos altamente concentrados experimentaron en los últimos años rentas extraordinariamente elevadas. Por ejemplo, la AGIP informó que el año pasado el e-commerce generó en Argentina unos 6.800 millones de pesos”.

Cabe señalar, por agregar apenas un dato, que mientras se desarrollaba este “festín financiero”, al sector de Salud de la Ciudad se le destinó el presupuesto más bajo de los últimos trece años, casi como un hito del aniversario de igual cantidad de años del PRO y sus aliados al frente de la gestión de la ciudad más rica del país.

¿QUÉ SE JUEGA CADA DÍA?

Desde los barrios populares hasta los balcones de clase media y alta flota en el aire casi un mantra, todo lo que haremos “cuando esto pase”, con la potencia simbólica que implica lo que no se nombra, pero se sabe que está allí, al acecho, invisible y mortalmente peligroso.

De alguna manera las vidas de los que no cumplen con tareas esenciales también ingresaron en un estado de respiración artificial, se ingresó al “modo espera”, adaptando lo mejor posible la convivencia hogareña, con expectativas generales casi mágicas en el pronto hallazgo de alguna vacuna o cura instantánea.

Mientras tanto los hábitos cambian con velocidad, oscilando entre la solidaridad y la desconfianza. Aflora el miedo al cuerpo de los otros y las desigualdades sociales y económicas se vuelven más patentes, pero a la vez se destaca una épica del cuidado en común, con gestos de generosidad hacia los prójimos y compañeros en esta existencia que se nos revela en su enorme fragilidad.

Se extrema la higiene, ayudamos más a los vecinos mayores, abrazos y besos como saludos de afecto pasaron al archivo, mientras pesan las jornadas parecidas unas a otras, marcadas por rutinas antes impensadas.

Claramente no es lo mismo afrontar una cuarentena prolongada plenos de comodidades y con ingresos asegurados, que en los espacios reducidos y llenos de carencias de innumerables barrios populares, donde se convive en un obligado “aislamiento en comunidad”.

Por ello los sectores más postergados deben ser prioridad absoluta también en las políticas de CABA en consonancia con la línea de acción del gobierno nacional y a esto apuntan las propuestas del Frente de Todos.

Lo que la realidad, como única verdad, nos impone  es asumir que la cuarentena como herramienta del Estado tomada justo a tiempo permitió en poco más de un mes achatar con éxito la curva de contagios y sobre todo ganar tiempo de prepararnos en modo activo para un escenario de incremento de los casos que llegará inevitablemente en los próximos meses.

Si hacemos bien las cosas, el ritmo de contagiados y especialmente de internaciones graves no crecerá hasta el punto de hacer colapsar nuestro sistema sanitario como ocurrió en Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y, muy posiblemente, sucederá en la vecina Brasil.

La salida gradual de este esquema en CABA, en tanto no se encuentre una cura, podrá llevarse a cabo a futuro en nuevas fases, de manera estrictamente planificada con todas las herramientas con las que contamos como comunidad organizada.

La dinámica es vertiginosa y puede cambiar en cuestión de días, según las conductas y responsabilidades sociales que asumamos de modo mayoritario y el manejo con sintonía fina de la emergencia económica que conlleva la sanitaria.

Las cifras pavorosas de fallecidos y contagiados de Covid en megalópolis como Madrid, Londres, Barcelona y Nueva York, donde las medidas restrictivas y de aislamiento social se aplicaron tarde o de manera ineficaz, hablan por sí solas del camino correcto por el que transita la región de AMBA y Argentina en conjunto. De no haberse tomado las decisiones correctas hoy estaríamos inmersos en un desastre sanitario de grandes proporciones.

El “cuando esto pase” todavía no se asoma en el horizonte, pero con seguridad ni las sociedades ni sus necesidades económicas, productivas y normativas volverán a ser las mismas cuando se logre doblegar a la pandemia o al menos contenerla razonablemente.

Desde nuestra perspectiva algo sí queda bien en claro, se saldrá de esta situación con un Estado presente, eficiente, que se preocupe por las mayorías populares y ponga en primer lugar la dignidad humana.  Pero, a la presencia del Estado, hay que sumarle el compromiso colectivo e individual y la solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas del país para alcanzar el deseado objetivo de “aplanar la curva” de contagios, y de este modo responder adecuadamente a las necesidades sanitarias de todos sin que colapse el Sistema Sanitario.

Links:

(1) Ver sinopsis del estado de situación del Plan Estratégico de Respuesta Integrada al Covid-19 al 25 de abril: https://drive.google.com/file/d/1lcOjFKvAsnco81jE8dGQr78haAxXlSrZ/view?usp=sharing

(2) Ver Proyectos del Frente de Todos en CABA ante la pandemia de Covid-19 en: https://drive.google.com/file/d/1Y9sar7NTKOmyg2ejHX09geGxqzBIjNRq/view?usp=sharing

Proyectar CIUDAD se propone como un espacio para la reflexión y generación de ideas para el desarrollo de políticas de Estado para la Ciudad.

Dijo el «peronista Melconian«, en sintonía con el «destituyente» Addisi:

«¿Estoy buscando algún mecanismo de financiamiento alternativo? No solo del gasto público, sino de la ayuda que le voy a dar al sector privado. Por ejemplo, con una ‘coronamoneda’ alternativa al peso, que no me inunde el mercado, que tenga vencimiento dentro de algunos años»

«¿Vos querés que en un año 44 millones de tipos financiemos este conflicto de la pandemia? Inventate una ‘coronamoneda’ nacional para pagar parte de estos gastos, con un perfil de vencimiento que haga de cuasimoneda y aceptala para pagar impuestos».

Amén.

Un tiempo antes había dicho que había que emitir cuasimonedas, lisa y llanamente.
Se le da dinero a la gente, no 10 mil pesos miserables, no se emite (lo que para mi no sería tanto problema antes que mis compatriotas mueran de hambre y las empresas quebradas) y evitamos que la inflación «coma» el poder adquisitivo del dinero que ponemos en los bolsilos.

Y seguimos girando en el marco de una economía de emergencia.
En la que por supuesto como dijo el propio FMI, no hablemos de deuda externa hasta el 2024. Y yo diría que en la destrucción en que quedarán las economías reales de los países; de deuda externa…no hablamos más.

Y terminemos con Bretton Woods: Ahora.

El ex presidente, piloto de tormentas, Eduardo Duhalde, dijo algo parecido: ««En un contexto de crisis como la del 2002, la experiencia de la cuasimonedas fue muy exitosa, porque no van a la inflación». Y sobre la deuda: «Creo en un pagadios (de la deuda) porque no se puede pagar». Toma mate. Y si, además que no se puede es ridículo estar en guerra y pagar la deuda. ¿O Alberto quiere parecer Aleman en Malvinas?

Mientras, Donald Trump que si pudiera haría volar la Reserva Federal emite la ley del paquete de ayuda por coronavirus de $ 2.2 billones de dólares. Claro, ellos tienen la FED se dirá. Es cierto, pero no deja de ser una muestra.

¿Y qué hace el «liberal Alberto»?

Básicamente acata todo lo que dice el Banco Central. Da «ayudas» miserables en efectivo. Manda a buscar acuerdos con los tenedores de deuda. Pide plata al FMI!!!! Y declara serio y seguro: «Las cuasimonedas están desterradas» «fueron solo una emergencia de la convertibilidad».

El mundo del revés?

Federico Gastón Addisi es Dirigente Peronista. Director de Cultura de la Fundación Rucci.  Columnista de NCN. Historiador revisionista y escritor.