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Alcanza a Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa, que están en emergencia conforme a la Ley 27.354

Quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal, y el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia. Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta el uno por ciento (1%) mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2018, inclusive, salvo que el poder ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente ley en los términos de su artículo 3º, en cuyo caso los convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2019.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce Ricardo Buryaile, trabajó codo a codo tanto con representantes de los productores como con legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas en la elaboración del proyecto de Ley que obtuvo media sanción del Senado en la sesión del miércoles 22 de agosto pasado.

“Estamos trabajando para que los productores de peras y manzanas vuelvan a ser competitivos en los mercados. En los últimos años sufrieron innumerables afecciones por parte del clima y por el abandono de la clase política, pero nosotros tomamos la decisión de continuar apoyando a este sector para que resurja y ocupe el lugar que merece en el sector agroindustrial”, remarcó Ricardo Buryaile.

Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sancionado por el Senado, se podrán instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la presente ley y que se hubieran devengado a partir del 1º de junio de 2016, asimismo se formularán convenios de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones a las que se refiere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una tasa de interés de hasta el uno por ciento (1%) mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2018, inclusive, salvo que el poder ejecutivo nacional dispusiera la prórroga de la presente ley en los términos de su artículo 3º, en cuyo caso los convenios abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo de 2019.

“Fue muy importante el trabajo en conjunto que se pudo hacer en la cámara de senadores con el objetivo de llegar a los productores que más lo necesitan. Agroindustria está llevando adelante un trabajo muy intenso para brindar herramientas duraderas que puedan cambiar la realidad de las economías regionales y generar arraigo en el interior productivo” señaló Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial.

A su vez, durante la vigencia de la Ley quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los contribuyentes que realicen las actividades comprendidas en el artículo 1° de la presente. Los procesos judiciales que estuvieran en trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.

Finalmente, los sujetos alcanzados por la Ley, cuyos ingresos totales por el último año calendario y/o ejercicio económico 2016 no hayan superado la suma de pesos siete millones ($7.000.000,00), tendrán los siguientes beneficios particulares, adicionales a los descriptos en los artículos anteriores:

A) Podrán incorporar a los convenios de facilidades de pago que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, deudas por la totalidad de los períodos no prescriptos.
B) Dichas deudas, desde su vencimiento y hasta su consolidación, devengarán la tasa de interés del uno por ciento (1%) mensual.

C) Se prorrogarán los pagos hasta que finalice la Emergencia Económica (365 días, prorrogable por 365 días más), momento en que se consolidará la deuda. A partir de dicha consolidación, se realizará una financiación a tasa de hasta el uno por ciento (1%) mensual en planes de pago de hasta noventa (90) cuotas mensuales.”

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La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y avanzó en el estudio de los delitos aduaneros, tributarios, el contrabando y los fraudes al comercio y la industria.
Con la presencia de su presidente, el camarista Mariano Borinsky, se decidió la creación de dos títulos nuevos, uno referido a los delitos aduaneros y otro a los tributarios.
Por otra parte en el nuevo texto del Código se incorporará el delito de evasión fiscal simple, y agravada con pena de prisión de cumplimiento efectivo, y la figura de la organización ilícita fiscal.
En relación con el contrabando, se prevén también modalidades simples, y agravadas por el narcotráfico y tráfico de armas, con penas en estos últimos casos de hasta 20 años de prisión.
Por otra parte, los expertos se abocaron al estudio de la tipificación de las conductas relacionadas con la falsificación de documentos (DNI) y se incorporó el material de registro de todo tipo de vehículos, naves y aeronaves.
Finalmente hicieron una revisión pormenorizada de los delitos contra el orden económico y financiero, estudiando las conductas ilícitas que perjudican el normal desenvolvimiento del comercio y de la industria.
La Comisión está presidida por el camarista de la Casación, Mariano Borinsky, e integrada por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el ex ministro de Justicia bonaerense, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Patricia Susana Ziffer.
También participan la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y el representante del Ministerio de Seguridad, Diego Richards.

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En la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación se reunió la Comisión para tratar las problemáticas con causa climatológica que atraviesan las provincias y que soluciones se pueden otorgar en el mediano plazo.

En representación de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, a cargo de Santiago Hardie, el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, Hugo Rossi, encabezó la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), propiciando al Ministro de Agroindustria para que homologue los decretos provinciales de emergencia y/o desastre agropecuario de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Chaco.

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires presenta diversos decretos entre los que se encuentran declaraciones de estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones para las explotaciones rurales de los partidos General Arenales, Lincoln, Daireaux, Guaminí, Bolívar, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, General Villegas, Rivadavia y Pellegrini.

Por otro lado, la provincia de La Pampa decretó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones para las explotaciones agrícolas y agrícolas- ganaderas de lotes restantes de Quemú-Quemú (abarcándolo hoy casi en su totalidad), la totalidad de lotes de Catriló y parte del Departamento Capital.

Por su parte, la provincia de Chaco prorrogó la emergencia y/o desastre agropecuario en los departamentos 2 de Abril y Fray Justo Santa María de Oro; además de la ampliación de las zonas declaradas en el Decreto N° 1101/17, que incluye al departamento Quitilipi, Gral. Güemes y Mayor Luis J. Fontana.

Ante las necesidades planteadas por los productores respecto al estado de los caminos, el subsecretario Rossi recordó que para los municipios afectados por la emergencia, se lanzaron dos líneas de leasing de 125 millones de pesos cada una, a través de Nación Leasing y Provincia Leasing, para la compra de maquinarias viales por parte de los municipios declarados en emergencia y/o desastre agropecuario. Las mismas cuentan con un descuento del 10% en la compra de maquinarias viales, e incluyen doce cuotas adicionales a las 36 que tienen habitualmente las compras de maquinaria.

Del encuentro participaron la funcionaria de la dirección de Economía, Estadística y Mercados Agropecuarios bonaerense, Pilar Palmieri Paso; el director de Agricultura de La Pampa Carlos Ferrero; y el subsecretario de Agricultura de Chaco, Jorge García.

Participaron del encuentro funcionarios del Ministerio de Agroindustria, AFIP, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, Banco Central, Banco Nación, Ministerio del Interior, y Ministerio de Trabajo; además de representantes de Federación Agraria Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y FONAF.

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Desde las 8 hs de ayer y con más de un centenar de expositores anotados, se desarrolló la Audiencia Pública en el Salón Azul, conectada a través de una teleconferencia con El Calafate.

Tras la apertura a cargo de los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman fue el turno del vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González quién destacó que “tenemos en la provincia una larga trayectoria de preservar el medioambiente”. Luego expusieron el diputado Mario Barletta, como titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y el senador Fernando Solanas, como presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, quién cuestionó el proyecto “por razones ambientales, económicas e institucionales”.

Tras ellos habló el diputado Julio De Vido, como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles en la Cámara baja, y destacó el impulso que le dio a estas obras el ex presidente Néstor Kirchner y el acuerdo que firmó con China la ex presidente Cristina Fernández para el financiamiento de la obra.

El senador Guillermo Pereyra, como titular de la Comisión de Energía, Combustibles y Minería manifestó estar “totalmente de acuerdo con este proyecto” y a continuación su par santacruceño Alfredo Martínez sostuvo que está “convencido de que tenemos que apoyar esta obra”.

Después fue el turno del secretarios de energía de Corrientes, Eduardo Melano; el Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli; Hernán Casañas (Director Ejecutivo de Aves Argentinas), Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre y Pedro Friedrich (Director de Fundación Banco de Bosques) y el constitucionalista, Daniel Sabsay.

También compartieron sus puntos de vista, los intendentes de Puerto Santa Cruz, Néstor González y el de Puerto Santa Cruz, Andrés De Santis; de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Carlos Romero y de la Cámara Argentina de Constructoras de Ingeniería, José Pablo Chelmicki. Asimismo los decanos, Marcos Daniel Actis, de la Facultad de Ingeniería de La Plata y Guillermo Melgarejo de la Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional Patagonia Austral.

La audiencia, que preside el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, secundado por la vicepresidente segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Giménez, estuvo conectada a través de una teleconferencia con la ciudad santacruceña de El Calafate.

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Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne propondrán a los ministros de Hacienda provinciales un nuevo esquema de distribución; estará basado en sus necesidades, pero también en sus mejoras en materia de recaudación y equilibrio fiscal.

Los veinticuatro distritos enviarán a sus ministros de Economía para que, a partir de las 17, serán recibidos por el ministro de Interior Rogelio Frigerio en la Casa Rosada y, una vez acomodados, escucharán al subsecretario de Relación Fiscal con las Provincias, Paulino Caballero, quién les detallará el primer borrador para la nueva norma. Para que se produzca la modificación de la ley de reparto, sancionada en 1994 y sin cambios desde entonces, tiene que haber acuerdo de los 24 gobernadores, para ser sancionada en el Congreso y luego ser ratificada por las respectivas 24 Legislaturas.

El subsecretario de Relación Fiscal con las Provincias, Paulino Caballero, adelantó en los últimos días que ya se establecieron las bases y la metodología con la que se va a trabajar: “Es una ecuación entre el gasto consolidado de cada Estado y cuánto tendría que recibir de la renta nacional ese nivel de Gobierno o jurisdicción”. “La capacidad fiscal es capacidad de recaudación, porque hay provincias que prácticamente no hacen nada en recaudación tributaria y recaudan muy poco de su potencial recaudatorio”, indicó el funcionario.

A fuerza de sucesivos parches, la norma de coparticipación vigente hoy favorece a Nación, que recibe una tajada de cerca del 70% del total a repartir, en detrimento de los gobernadores. Sólo en enero pasado, las provincias recibieron $56.525 millones en ese rubro automático.

Se calcula que el proyecto de ley ingrese al Congreso una vez que hayan pasado las elecciones legislativas de octubre.

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