CFK pasa de las palabras a la acción en su ofensiva contra los Movimientos Sociales

La ofensiva de la vicepresidenta, Cristina Fernández,  contra los Movimientos Sociales comenzará en breve un segundo capítulo. Podemos decir que luego de las palabras ahora llegan los hechos.

Según pudo averiguar en exclusiva NCN, la mandataría ya está pensando en el 2023 y busca “diezmar uno de los apoyos más importantes con que cuenta el Presidente Fernández”.

En este sentido la movida de la Presidenta del Senado pretende atacar dos puntos centrales: vaciar el caudal de votos que, desde las Organizaciones Sociales, cuenta el actual Presidente y por otro un intento para  congraciarse con una clase media harta de piquetes y asistencialismo.

Así entonces, aquellas palabras vertidas en su última aparición pública, en donde sostenía que el «Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas», fue una especia de “preparación estratégica” del terreno político para la embestida que llega desde el seno de Patria Grande.

Las fuentes consultadas aseguran que CFK ya está organizando que sus Diputados se amalgamen en un apoyo contundente al proyecto presentado por Itaí Hagman, que ingresó en mayo pasado a la Cámara Baja, y contempla la creación de un “Salario Básico Universal (SBU)”.

Una idea que, paradójicamente, camina por la misma línea que se impulsa desde el Foro Económico Mundial, uno de los centros mundiales visto como enemigo por la ex Presidenta.

NCN tuvo acceso a la iniciativa donde se aprecia que el monto del SBU propuesto equivale a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto y la cobrarían las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares.

Se establece, a su vez, que cobrarán el 50% del SBU aquellos monotributistas de categoría A y otros asalariados.

Según consta en el propio texto del proyecto de ley, es objetivo del SBU es:

a) Garantizar la protección social universal para todos los trabajadores y trabajadoras bajo todas las formas de trabajo y empleo.

b) Dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo.

c) Desarrollar el sector de la economía popular correctamente registrado, organizado y auditado.

d) Establecer un esquema coherente e integrado de políticas de seguridad social que combine objetivos de ingresos, de trabajo y de educación.

e) Aumentar la autonomía y la libertad de acción individual, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía.

f) Redistribuir el excedente producido por nuestra sociedad, de forma tal de asegurar un piso de derechos para el conjunto de la población.

g) Garantizar políticas que promuevan la equidad de género.

h) Promover el federalismo a través del impulso a la igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. 

I) Reparar desigualdades injustificadas generadas en las retribuciones salariales asignadas por el mercado laboral.

j) Promover el reconocimiento y la adquisición de plenos derechos para las personas que realizan actividades laborales informales y/o enmarcadas en políticas sociales. k) Reducir sustancialmente la tasa de indigencia en la Argentina.

La Alianza con el Conurbano

La jugada cuasi de ajedrez, fiel al estilo CFK, también contempla el conurbano y la búsqueda de adeptos ya comenzó. En la semana, tal lo retratado por este medio, fue noticia el encuentro en su despecho del senado con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien -según dijo- le “acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo” .

Ese concepto, justamente, es rechazado por el Evita y otras organizaciones sociales que afirman que Cristina los “estigmatiza” al plantear que los planes no son una forma de trabajo.

El mensaje político llegó directo a Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, quien recogió el guante y ya acudió en dos oportunidades al despacho de la vice para hablar sobre el futuro de los planes.

Por su parte el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, inició contactos con jefes comunales del oficialismo y la oposición para sondearlos con un proyecto en común.

En este punto, el intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, aliado de Máximo Kirchner, aportó un dato político. “Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”, .

Insaurralde defendió a Cristina porque “habla de cara a la sociedad con la espalda de una responsabilidad colectiva”. Y postuló que “los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado, cuyo primer mostrador son los municipios ”.

El Proyecto