Citaron a indagatoria al senador Montenegro por lavado de dinero

Gerardo Montenegro, senador del Frente de Todos, fue uno de los 37 legisladores que el miércoles pasado avaló la jugada de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para designar a los nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura. Asimismo, declaró como imputado ante el juez federal de Santiago del Estero, Santiago Argibay, quien lo citó a indagatoria por una denuncia de lavado de dinero.

El senador de Santiago del Estero integra el bloque del Frente de Todos desde 2013. También fue citada su mujer y miembros de las cooperativas que habrían sido utilizadas para desviar fondos millonarios.

La causa judicial contra Montenegro inició a partir de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Mencionado organismo detectó graves irregularidades en el patrimonio del senador y le mandó un informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que finalmente hizo la denuncia ante la Justicia federal de Santiago del Estero.

Al senador se lo acusa de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones de subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas aparecieron familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde el año 1998.

Uno de los casos más emblemáticos fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente relacionada a la esposa de Montenegro, María Teresa Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla, quien figura como secretario. En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial.

Los investigadores detectaron que entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a las cooperativas. También, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a una SRL llamada JMSC, propiedad de María Teresa Sciolla y de su hijo.

La UIF detectó que esa sociedad, creada en 2009, fue usada para comprar una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 que manejaba el hijastro de Montenegro y un BMW 503 221i Cabrio. Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.

En la denuncia de la PROCELAC aparecen mencionadas las cooperativas “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y “Cambalache”. Otra de las cooperativas adjudicadas a Montenegro se denomina “Consumo y Crédito 1 de mayo”.

Montenegro ocupa una banca desde 2013 pero su actuación como senador siempre fue intrascendente. En 2014, por ejemplo, fue uno de los cinco senadores que no emitió una sola palabra en el recinto. No fue la única vez. No obstante, en 2019 obtuvo la reelección por otros seis años impulsado por el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, que lo sigue respaldando.

La causa judicial contra Montenegro y sus familiares está en manos del juez federal Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, aunque su pliego fue impugnado en ese entonces por Elisa Carrió. La fiscal es Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General.