Cobos insiste con la CONAEP de la corrupción
El Senador por Mendoza (UCR-CAMBIENOS) Julio César Cleto Cobos presentó el proyecto para crear la (CONAEP), la Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, según se detalla en el proyecto de ley.
Según la presentación la Comisión estará integrada por once (11) miembros y serán designados de la siguiente manera: Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno por el Poder Ejecutivo de la Nación, uno por el Procurador General de la Nación, uno por el Defensor del Pueblo de la Nación, uno por la Auditoría General de la Nación y seis por el Congreso de la Nación, por resolución conjunta de ambas Cámaras adoptada por mayoría de sus miembros presentes.
En relación a los seis miembros de la Cámara se detalla que » los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo uno (1) al oficialismo y dos (2) a los partidos de la oposición con mayor representación parlamentaria en ambas Cámaras Legislativas».
Este nuevo organismo viene a superponerse con la Oficina Antocorrupción que conduce Laura Alonso ya que «La CONAEP tendrá como objetivo investigar, reunir evidencia, analizar los procesos, corregir los circuitos para evitar su reiteración y remitir los casos a la dependencia correspondiente de los hechos relacionados con actos de corrupción, conflicto de intereses, la falta de los deberes de funcionario público, cualquiera sea la fecha de ocurrencia de los mismos, con el fin de coadyuvar a la determinación de la responsabilidad política de sus autores y su eventual sanción». reza en su articulado.
No es la primera vez que Cobos presenta este proyecto, en 2014 siendo diputado nacional hizo la misma propuesta acompañado por los diputados de aquel momento Oscar Aguad, Ricardo Buryaile, Luis Petri, Patricia Giménez y José Riccardo.
En su artículo 5º se da cuenta de la funciones de la (CONAEP) «podrá requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, poderes provinciales y municipales, del Poder Legislativo Nacional y del Poder Judicial (de sus organismos dependientes y de entidades autárquicas), que le brinden informes, datos y documentos; como asimismo que le permitan el acceso a los lugares que la Comisión disponga visitar a los fines de su cometido. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer esos informes, datos y documentos y a facilitar el acceso pedido».
Entre los fundamentos, Cobos hace un análisis del impacto de la corrupción «afecta negativamente al Estado, disminuye la recaudación impositiva y los recursos disponibles para financiar políticas públicas, al tiempo que impide planificar e implementar políticas eficaces que aborden los principales problemas del país». Y continúa «es imposible en un ambiente de corrupción generalizada implementar políticas de largo plazo y controlar eficientemente la gestión pública. En materia de justicia, la extraordinaria demora para investigar y penar los hechos de corrupción, es determinante a la hora proceder y aplicar las sanciones correspondientes».
En los fundamentos el ex Vicepresidente de la Nación es crítico de la falta de implementación de la Ley de Ética Pública 25.188 y por tal motivo «propone la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la corrupción estatal ocurridos en nuestro país».
Una crítica velada a la Oficina Anticorrupción se puede advertir en el siguiente párrafo incluido en los fundamentos del proyecto «Como es evidente, no será posible combatir la corrupción sin poner en marcha las instituciones previstas para tal fin. La Argentina tiene un serio problema de implementación de reglamentación ya existente en materia anticorrupción. Sin instituciones autónomas y fuertes que puedan investigar lo actuado por los funcionarios públicos será imposible luchar de forma creíble contra la corrupción».
Mientras tanto el Congreso aguarda una reforma de la Ley de Ética Pública.