| Es sabido que como resultado de la cuarentena declarada desde fines de marzo los ingresos fiscales que ya venían en caída han entrado directamente en zona de derrumbe y que, en ausencia de la posibilidad de acceder a la colocación deuda, la única fuente de financiamiento actual es la emisión monetaria. Esta también venía creciendo de modo sostenido desde fines del año pasado, pero en el mes de marzo pegó un salto descomunal. Se estima que habría rondado los 500.000 millones de pesos, el equivalente a un tercio de la base monetaria. En una economía donde el sistema financiero, la fabricación y comercialización de alimentos y de productos de consumo masivo están en manos de un puñado reducido de capitalistas, el pasaje de esa emisión a los precios es inevitable. A la luz de lo expuesto, un impuesto sobre la riqueza que permita financiar la lucha contra la pandemia está a la orden del día. De hecho es un debate no solo local sino internacional.
A qué uso debe dirigirse
Ahora bien y antes de entrar directamente en el tema del impuesto propiamente dicho es necesario preguntarse: ¿qué gastos se pretenden financiar? Sucede que los sectores kirchneristas que han agitado la necesidad de este tributo no plantean bajo ningún punto de vista cesar de inmediato el pago de la deuda pública. El tema no es para nada menor, porque si de lo que se trata es de dotar de recursos al Estado vale tanto aumentar la recaudación como discutir el destino de esos fondos (excluimos, desde ya, la idea de bajar gastos que agitan sectores de la derecha). Dentro de los gastos del Estado el pago de la deuda ocupa un lugar fundamental. De hecho en lo que va del año solo por vencimientos de deuda en moneda local el gobierno ha gatillado casi 200.000 millones de pesos. Y en materia de deuda en dólares, los pagos también han continuado sin alteraciones. Solo ahora el gobierno ha decidido postergar hasta el 2021 la cancelación de los vencimientos de deuda en dólares bajo jurisdicción local, para seguir pagando los vencimientos bajo jurisdicción extranjera en manos privadas, a los organismos multilaterales de crédito, al Club de París y la deuda en pesos.
Según una cuenta realizada por el diario BAE, donde escriben los economistas enrolados en el ala izquierda del kirchnerismo, el impuesto que estarían considerando sería imponer un tributo del 2% a los multimillonarios. La estimación de recaudación sería de aproximadamente unos 28.000 millones de pesos. Calculado en dólares, al tipo de cambio oficial, representa unos 430 millones de dólares. Se trata de una cifra que está muy por detrás de los vencimientos de la deuda hasta fin de año –si se suman pagos en dólares y en pesos. De acuerdo a la información los pagos sumarían unos U$S 3.300 millones de deuda bajo legislación extranjera, más unos 700.000 millones de deuda en pesos. Si sumamos todo y lo calculamos en moneda local, el total de vencimientos que el gobierno piensa pagar rondan los 900.000 millones de pesos. Como vemos, una cifra que supera en 32 veces lo que se recaudaría por el eventual impuesto. Es cierto, claro, que el gobierno piensa refinanciar la deuda en pesos, pero hasta ahora lo ha logrado solo parcialmente debiendo recurrir a la emisión. A esto se le debería agregar, además, los subsidios estatales a la clase capitalista. Si a esto le sumamos que en todos estos casos esos empresarios han operado o despidos, o suspensiones, y recortes salariales, estaríamos casi en presencia de un impuesto que las patronales pagarían con sus ahorros en los costos laborales. Así, el impuesto sobre los ricos sería usado para pagarles a los ricos. La política del ala izquierda del kirchnerismo es un recurso extremo para salvar la política de pago de la deuda usuraria.
Qué fondos deben ser gravados
Dejando de lado por un momento la cuestión del pago de la deuda, es necesario añadir que el alcance del impuesto que están discutiendo en el kirchnerismo es por demás conservador. En lugar de gravar a las grandes fortunas, el riesgo es que se termine haciendo recaer el impuesto sobre la clase media que posee una casa y un auto. La propuesta más audaz, de establecer un impuesto sobre los fondos blanqueados bajo el macrismo, fue rápidamente abandonada con el argumento que sería declarado inconstitucional por la Justicia. Pero contra lo que dicen ahora dentro del kirchnerismo, la idea tenía mucho sentido. El blanqueo macrista fue declarado un éxito sin parangón, no solo a nivel nacional sino también internacional. Los fondos que se declararon superaron los 110.000 millones de dólares, lo que equivale en la actualidad a un tercio del PBI anual de la Argentina. Todos los especialistas declararon que el éxito se debió a dos factores: que la penalidad era baja y que se permitía mantener los fondos declarados en el exterior. A pesar de esto, sin embargo, lo blanqueado está muy lejos de representar la totalidad de los fondos que se mantienen fuera del alcance del fisco. Un informe reciente de la AFIP dio cuenta que a partir de un cruce de datos con algunos países, encontraron cuentas superiores a 1 millón de dólares que totalizan los 2.600 millones de dólares. Anticiparon que si el cruce se hace con cuentas superiores a los 700.000 dólares el número final crece exponencialmente.
Por lo pronto el reporte de la revista Forbes del año 2017 señalaba que los 50 millonarios más importantes de la Argentina sumaban un patrimonio de unos 70.000 millones de dólares. En un sentido similar, el anuario de la AFIP del 2017 informaba que el 1% más rico de la población declaraba activos por US$ 89.252 millones en el capítulo Bienes Personales, de los cuales el 74% estaba en el exterior. Estamos hablando acá solo de los fondos declarados por el 1% más rico. Si se amplía la brecha al 5% más rico y se incorporan las ganancias presuntas que no fueron declaradas es probable que ese monto crezca considerablemente. Finalmente, los activos que la clase capitalista tiene en el exterior son muy superiores a todas las cifras citadas más arriba. Según el informe del Indec del primer trimestre del año 2019 estos activos totalizaban US$ 296.587 millones, un 80% del PBI de aquel entonces.
Todos los datos económicos muestran que la acumulación de riqueza se concentra en una minoría de la población. La acumulación de un PBI por parte de la clase capitalista argentina en el extranjero es una expresión extrema de parasitismo. Este capital es un producto social que se fue desviando de la acumulación de capital en el país para formar una enorme reserva de valor en el extranjero, fuera del alcance del Estado y de la desvalorización que imponen las crisis. Por eso, cada bancarrota nacional ha reforzado esta tendencia a la fuga de capitales.
Cómo debe ser el impuesto
El impuesto que debe aplicarse debe ir sobre la totalidad de estos fondos y el patrimonio estimados por el Indec. Dada la envergadura de la crisis que tenemos que afrontar, el impuesto debiera ser del 10% sobre el 5% más rico para permitirle al Estado hacerse de una masa de recursos significativa.
Un impuesto a la riqueza que se precie de tal debería incluir los paquetes accionarios que constituye una fuente de evasión a través de sociedades especiales constituidas para refugio de patrimonios que escapan a la tributación. Esto debería complementarse con un gravamen especial a las ganancias de los bancos, mineras y el capital agrario que han sido los grandes ganadores estos últimos años. Estos sectores tienen espaldas suficientes, con las rentas extraordinarias que han acumulado, para financiar un fondo para hacer frente a la emergencia social, sanitaria y productiva.
Además, se debe aumentar fuertemente el impuesto a las ganancias sobre las categorías más altas y liberar del mismo a los salarios.
Una medida de este tipo debiera ir acompañada de la apertura de los libros de las empresas ante comisiones obreras independientes, para evitar las evasiones sistemáticas que los capitalistas cometen contra el fisco, la nacionalización de la banca y de las sociedades de bolsa, todas vías clásicas utilizadas para la fuga de capitales.
Y de la nacionalización para garantizar la continuidad de la producción, bajo control obrero, de toda empresa que cierre o despida, incluyendo las que operan en negro, garantizando la continuidad de las fuentes de trabajo sobre la base de la denuncia simple de los trabajadores que se encuentren en esa situación.
Advertimos que el kirchnerismo está muy lejos de querer aplicar un impuesto de este tipo. No solo reculó del planteo de utilizar como base imponible los fondos declarados en el blanqueo. Ahora ha designado como encargado de presentar la propuesta a Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop. Los banqueros duermen tranquilos.
El Partido Obrero plantea ir a fondo: impuestos progresivos al gran capital. No al pago de la deuda. Nacionalización de la banca y el comercio exterior. Apertura de los libros de las empresas y sociedades. Control obrero. |
