Comunicación e informática: «No hay ánimo de avanzar en el proyecto sobre medios de comunicación digitales»

Sin quórum, la comisión de Comunicaciones e Informática, presidida por el diputado Juan Brügge, realizó una reunión informativa donde distintas entidades culturales y de medios expusieron sus críticas en torno al proyecto de ley que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet.

La iniciativa es impulsada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y cuenta con media sanción de la Cámara alta desde 2016. Sin embargo, de no lograrse los consensos necesarios, el proyecto perdería estado parlamentario.

Al expresar preocupación a la redacción del proyecto de ley, Martín Etchevers, presidente de ADEPA, afirmó que “hacer periodismo profesional es caro, ya que requiere tiempo, recursos, investigación, especialistas y tecnología, además de respaldo patrimonial y un editor responsable, porque tenemos que responder incluso judicialmente a lo que publicamos”.

“El periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por las plataformas digitales ni por las redes sociales”, remarcó Etchevers.

En ese sentido, hizo hincapié en el valor de la libertad de expresión al rechazar la censura, tanto pública y privada. “Nuestra prédica histórica es censura previa jamás, siempre responsabilidad ulterior, por eso discrepamos además con una exención anticipada y genérica como la que surge del proyecto”, manifestó el titular de ADEPA.

Jorge Fontevecchia, periodista y propietario de Editorial Perfil, sostuvo que “el problema que estamos enfrentando es un nuevo colonialismo económico que recrea la situación del siglo XVII y XVIII, sin que nosotros nos demos cuenta”.

“No hay un tema de libertad de expresión ni de prensa, es claramente económico, donde Google y Facebook se están quedando con el 80% de la publicidad mundial”, sentenció Fontevecchia.

Sobre el texto aprobado por el Senado, el titular de Editorial Perfil expresó que le generó “ingenuidad e ignorancia”, al tiempo que lo consideró como “un claro ataque al sistema de división de poderes, a la democracia y al periodismo como auxiliar de la justicia”.

Eugenio Sosa Mendoza, de la Asociación de Tele-radiodifusoras Argentina (ATA), a su turno, contextualizó la situación de los medios en el momento en el que se da el debate.

“Cualquier regulación que afecte a los medios de comunicación debe contemplar el dinamismo que se está dando a nivel tecnológico, competitivo, de hábitos de consumo y toda la implicancia que trae a nivel industria”, puntualizó el presidente de la entidad.

En tanto, cuestionó que los operadores globales no tengan ningún tipo de restricción en leyes que datan de décadas pasadas y que no se han amoldado a los actuales requerimientos y paradigmas.

Luego, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), Javier Delupí, criticó la falta de participación en la gestación del texto y rechazó de plano el proyecto.

“Tantas deficiencias técnicas a la redacción se entienden solamente en la soledad que lo escribieron”, enfatizó Delupí.

«En lo que va del año logramos bajar 400.000 links, que tenían contenido ilegal. Si se sanciona esta ley, ¿tendríamos que hacer más de 400.000 juicios por año? ¿Y cuándo darían de baja esos contenidos ilegales?», fustigó al finalizar el titular de CAPIF.

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Daniel Vides, titular de la entidad, subrayó que el proyecto de ley “vulnera nuestros derechos como autores y no garantiza la libertad de expresión y el derecho al trabajo.

Finalmente hizo uso de la palabra Gerardo Filippelli, coordinador de Asuntos Legales de la Cámara Argentina del Libro, quien leyó un comunicado resaltando, entre otro puntos, el hecho que «el proyecto establece que las plataformas tecnológicas sólo tienen que ser notificados por un juez para remover contenidos protegidos por derechos de autor».

Y agregó: «Eso sería imposible, por los recursos necesarios, los tiempos que insumiría y lo engorroso de ese procedimiento».

Por último, tomo la palabra la diputada Karina Banfi, quien en nombre del interbloque Cambiemos le informó a las entidades que “no hay ánimo de avanzar en el proyecto y se decidió no tratarlo durante 2018”.

En esa línea, la legisladora radical agregó: “Efectivamente creemos que la redacción no es la más feliz, creando más problemas que soluciones en un marco regulatorio, por eso la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo y buscar mayor consensos en una nueva redacción en materia de libertad de expresión ciudadana”, finalizó Banfi.