Con consensos, el oficialismo firmó el dictamen para el proyecto de Ley de Alquileres
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy un proyecto que contempla cambios en la ley de alquileres y propone mejores condiciones para los inquilinos.
Con una gran cantidad de público presente en la sala, la Comisión escuchó a representantes del sector inmobiliario, así como a agrupaciones de inquilinos, quienes brindaron su postura respecto a la normativa.
El titular de la Comisión, Daniel Lipovetzky, recordó que “hace 30 años que no hay una nueva ley de alquileres, la última fue sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín”. “Estamos resolviendo una omisión de 30 años que involucra a más de 7 millones de argentinos que están vinculados a un contrato de alquiler”, dijo Lipovetzky.
El dictamen modifica la media sanción proveniente del Senado y ahora deberá debatirse en el recinto de Diputados. De aprobarse, volverá a la Cámara alta para su sanción definitiva.
“Hemos logrado un dictamen de mayoría, con disidencias parciales. De aquí al recinto buscaremos lograr un texto que reúna todas las observaciones planteadas”, explicó el presidente de Legislación General.
Entre los principales puntos, el dictamen contempla que la duración mínima del contrato sea de tres años; una actualización del precio semestral bajo un índice de promedio entre inflación (IPC) y salario (CVS); y el registro obligatorio de contratos ante la AFIP.
Asimismo estipula un mes de depósito para los tres años de contrato y devolución de ese depósito actualizado al valor del último mes del alquiler; expensas extraordinarias e impuestos que gravan la propiedad a cargo del propietario y la negociación de la renovación con 60 días de anticipación.
“El objetivo es que a partir del 1° de enero de 2019 tengamos una nueva ley de alquileres en Argentina”, resumió Lipovetzky al cierre de la reunión de Comisión.
INMOBILIARIAS E INQUILINOS
Durante la reunión, expusieron diversos exponentes del sector inmobiliario y de asociaciones de inquilinos. Entre ellos, Armando Pepe, del Colegio Profesional Inmobiliario de CABA, evidenció la “preocupación del sector respecto al tema de las garantías y la posibilidad de brindar el alquiler sólo con el recibo de sueldo”. “Van a asustar a los propietarios y ellos van a retirar sus viviendas del mercado”, advirtió.
Asimismo, Leonardo Frankember, del Colegio Inmobiliario de Córdoba, dijo que “no se puede poner las economías provinciales y a nuestro sector en riesgo; el Estado tiene que generar que haya más viviendas en alquiler, los propietarios no son todos millonarios”.
Eduardo Brigada, de la Federación Inmobiliaria Argentina, manifestó que “toda intervención del mercado inmobiliario, que es muy sensible, siempre ha sido desastroso” y se quejó de que la nueva norma “está devaluando la profesión” de martilleros y corredores públicos.
En nombre de los inquilinos, expuso Nire Roldan, del Frente Nacional de Inquilinos, quien indicó que “no existe un registro de cuántos son los inquilinos” a nivel nacional y que “padecen el problema de la marginalidad y la exclusión”.
“Hoy cada trabajador paga casi el 50% de su sueldo en un alquiler. Basta de abusos en los contratos, como las expensas extraordinarias. Esta ley va a ser un adelanto en resolver uno de los problemas más grandes de Argentina: la vivienda”, agregó.
Por su parte, German Schierff, en nombre de inquilinos de La Plata, consideró que se trata de “una posibilidad histórica de que los diputados avancen en una medida necesaria para la cotidianeidad de los inquilinos; estamos pidiendo condiciones equitativas para el acceso”.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, negó los argumentos del sector inmobiliario y dijo que “siempre que hubo regulación hubo un acceso justo a la vivienda”.
LA POSTURA DE LOS DIPUTADOS
A la hora de expresar sus posturas, hubo acuerdo entre los diputados en avanzar en una nueva normativa con respecto a alquileres.
El diputado Felipe Solá, del bloque FUNA, dijo que el objetivo era “regular el mercado, sopesando los poderes relativos de cada uno: el derecho a la vivienda y el derecho a cobrar una renta”.
Carla Pitiot, del mismo bloque, adelantó que presentaría un dictamen propio en sintonía con un proyecto del diputado Juan Fernando Brügge, y propuso una opción alternativa sobre las garantías. Además explicó que busca “incluir un capítulo para proteger a los que acceden a créditos hipotecarios”.
En ese marco, Brügge pidió “ubicar cuáles son las situaciones jurídicas” y alertó sobre un posible avance en relación a competencias provinciales. “El cambio respecto al depósito no me parece equitativo, tenemos que hacer el equilibrio necesario”, añadió.
Además, la diputada Araceli Ferreyra, del Peronismo para la Victoria, propuso “una cláusula que prohíba toda discriminación de género”, que impida pedir información sobre los hijos o el estado civil de los inquilinos.
Desde el FpV-PJ, la diputada Vanesa Siley adelantó que su bancada acompañaría en disidencia, con “algunos cambios que hacen más fácil el acceso a la vivienda”, aunque respaldó la posibilidad de que la ley salga este año.
En nombre de Argentina Federal, el diputado Javier David reclamó “ir en un camino razonable”. “Hay mucho que mejorar en el texto, es perfectible y hay voluntad de escuchar a todos los sectores. El objetivo es conseguir una muy buena ley”, dijo, antes de adelantar que Argentina Federal también acompañaría el dictamen con disidencias.
Fuente: Prensa HCDN