El legislador radical por Córdoba, Marcelo Cossar, votó en contra de la ley que establece multas de 5 mil a 500 mil pesos para cordobeses que incumplan los protocolos de emergencia.

En la Unicameral de Córdoba, el oficialismo aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Excepcional del Gobierno Provincial que establece exorbitantes multas para quienes incumplan las disposiciones vigentes en emergencia, proyecto que fue denunciado por todos los bloques opositores por innumerables fallas de técnica y criterio legislativo.

Cossar se refirió a cada uno de los artículos cuestionados y expresó: “La sociedad cordobesa, nuestra gente, no puede más. Después de 100 días de confinamiento en emergencia, necesita otras respuestas de parte de quienes gobiernan y ninguna de esas respuestas parece estar llegando a tiempo”.

Las principales críticas del radical se centraron en la falta de “respuestas inteligentes en la gestión cotidiana de la crisis, que exige abordar los problemas sectoriales que asfixian a la industria, al comercio, a los servicios, al empleo y a los menguados salarios. La sociedad cordobesa no quiere más penalidades ni multas.”

Asimismo, expuso como criterio de racionalidad el salario mínimo vital y móvil en Argentina para fijar un techo a la pretensión punitiva estatal. Al respecto, realizó una comparación con cifras en España, donde el salario mínimo alcanza 950 euros y la multa por no utilizar barbijo es de 100 euros, es decir, poco más del 10 por ciento.

En el caso de Córdoba, la multa por no utilizar barbijo llega a los 5000 pesos para un salario mínimo nacional de 16. 875 pesos, es decir, el 30 por ciento, lo que demuestra irracionalidad instrumental entre fines y medios.

¿Qué se esconde detrás de ello? – preguntó – ¿El gobierno espera cobrar 100 mil pesos por reuniones sociales en los barrios populares? ¿O la cacería de infractores se va a llevar adelante en zonas residenciales de la Provincia?”.
Las críticas formuladas por Cossar también alcanzaron al debilitamiento institucional que promueve esta ley, que otorga facultades legislativas al gobernador Schiaretti, viola principios básicos de tributación y avanza sobre autonomías municipales.