Cornejo sobre el megaproyecto: «es un impuestazo que aplica sobre los sectores productivos y los ahorristas»
El diputado nacional de Juntos por el Cambio y jefe de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó al Gobierno por el proyecto de emergencia económica y la suspensión de la movilidad jubilatoria, al advertir que la administración de Alberto Fernández «podría haber empezado mejor».
En esa línea, el legislador ratificó que el radicalismo conforma con el PRO y la Coalición Cívica resolvió que «la iniciativa del oficialismo es invotable porque se trata de un impuestazo que aplica sobre los sectores productivos y los ahorristas», además de que representa un «ajuste fiscal muy fuerte que lo pagan básicamente los jubilados».
«No es la solución manotear el bolsillo de los jubilados ni las facultades extraordinarias. Podrían haber empezado mejor. Es ajuste», agregó Cornejo, que también se expresó a través de sus redes sociales.
Al respecto, expresó: «Ajuste que duele. Jubilados, clase media, sector productivo y ahorristas. No es por ahí. Este proyecto es invotable».
«Hay que mirar qué hacen los dirigentes peronistas, no lo que dicen», alertó Cornejo, y recordó: «Con los mismos argumentos y casi los mismos legisladores, estatizaron y privatizaron YPF y el sistema previsional. Por eso no hay que confiar en sus discursos».
Tras advertir que con este proyecto el Frente de Todos busca «cerrar el Congreso», Cornejo hizo foco en la suspensión de la movilidad jubilatoria, afirmó que esa determinación «posibilita a nuevos juicios» y abogó por «sentarse y ver cómo construimos un sistema previsional sustentable, no esto».
Además, el diputado también apuntó a la totalidad del proyecto oficial y sostuvo que «le dicen ‘solidaridad’ a sacarle plata a los jubilados y están haciendo un nuevo desdoblamiento cambiario, que ya demostró que no funciona».
Y siguió: «Habrá que ver cuál es la conducta de la Corte Suprema si esto sale aprobado. Ya tienen definido el concepto de emergencia y esto está muy lejos de ese concepto», cerró.
El megaproyecto promovido por el Gobierno busca declarar la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.