Más irregularidades en las gestiones de Boudou y Dominguez

Como anticipó NCN, esta semana salieron a la luz una serie de denuncias de irregularidades en el Congreso de la Nación. Los acontecimientos que se le imputan a la gestión del tándem Amado Boudou y Julián Domínguez parecen crecer conforme la nueva conducción se establece en sus despachos.

Fuentes muy bien informadas sostuvieron que los presidentes de las cámaras hasta diciembre de 2015 maniobraron dinero junto con los sindicatos de presencia parlamentaria para orientarlo a la campaña de Julián Dominguez y de Áxel Kicillof.

Más allá de las versiones que cada vez toman más notoriedad, lo cierto es que, a través del documento que en forma exclusiva publicó NCN, se desprende que el Congreso aportó 160 millones de pesos a los sindicatos. Mediante la resolución 003 del 16 de julio del año pasado, y amparándose en la figura de ‘ayuda social’, la Asociación de Personal Legislativo, ATE y UPCN recibieron una masa de recursos proporcionales a los trabajadores que representan.

Boudou y Dominguez aprobaron la erogación por parte del Congreso, como ente empleador, del 2 por ciento de los sueldos de cada trabajador para que vaya destinado a los gremios. La cifra alcanza los 160 millones. Fue repartida, desde el primero de agosto, en forma proporcional a la representación de cada sindicato. Por eso, la asociación que conduce Norberto Di Próspero (APL) fue la que mayor cantidad de dinero recibió.

Por otra parte, la figura a la que se apeló para girar el dinero fue la de ‘ayuda social’. El objetivo, según afirma la resolución, es el de contribuir con los sindicatos para que “logren sustanciales mejoras en la calidad de vida de los trabajadores legislativos”. Resulta clave dimensionar que este ítem tiene la particularidad de no requerir contraprestación alguna. Es decir, se giró el dinero incondicionalmente en el mejor de los casos: librado al criterio de las autoridades de cada organización.

Fuentes parlamentarias afirman que ese dinero no se dispuso para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, sino que volvió parcialmente a las arcas de campaña del entonces presidente de Diputados Julián Domínguez y Kicillof.

Otro ítem a evaluar para ver qué figura representa ese movimiento de fondos del Palacio es la Ley de Asociaciones Sindicales. La resolución afirma actuar en sintonía con la Ley 23.551, pero al respecto tiene un artículo claro que se expide en la materia: “Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros” (art. 9).

Este apartado busca resguardar la independencia política de las organizaciones de los trabajadores. La idea es evitar que se genere una dependencia futura o, directamente, la compra de condicionamientos.

Resta prestar atención a cómo se van moviendo las piezas. Pero tanto Boudou como Dominguez deberán dar señales firmes que fundamenten la institucionalidad en su gestión. Así como los gremios demostrar que ese dinero fue aplicado para el beneficio de los trabajadores y no para alimentar el aparato de la burocracia sindical.