“Creemos que la elección de los miembros de la magistratura es un tema de política legislativa”

El ministro de Justicia Julio Alak (FPV) expone en el plenario de comisiones que analiza las reformas de la denominada democratización del Poder Judicial. Las dudas acerca de los proyectos que pudieran surgir en el debate con los legisladores serán respondidas por el secretario de ese ministerio Julián Álvarez.

La reunión conjunta cuenta con la presencia de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Presupuesto y Legislación General. Al igual que la semana pasada en la Cámara alta, el ministro explica las iniciativas de la Casa Rosada acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de las cámaras de casación y el proyecto que busca instaurar un marco regulatorio a las medidas cautelares. Si hoy se logra dictamen favorable en las comisiones, mañana a la 1330 se tratarían sobre tablas en el recinto el paquete de medidas para democratizar la justicia.

El ministro manifestó que la postura del oficialismo radica en que “creemos que la elección de los miembros de la magistratura es un tema de política legislativa”. También agregó que desde su perspectiva “acá hay seriamente un déficit democrático”.

Alak aclaró que para el oficialismo no hay inconstitucionalidad en la letra de los textos.

Señaló que es preferible que los representes de la Magistratura sean elegidos por 20 millones de argentinos ante que sean seleccionados por 700 jueces y 20 mil abogados. “Es apostar a que sea el pueblo el que elija”.

Asimismo, indicó que el paquete de iniciativas está fundamentado en que “el Poder Judicial no es de los jueces o de los abogados, sino del pueblo. Debe ser el pueblo el que elija en forma directa sus representantes”.

Respecto a la creación de tres cámaras de casación, el ministro aclaró que se pretende agilizar los procesos judiciales que llegan a la Corte Suprema. Con la creación de estas nuevas cámaras se alivanaría la labor del máximo tribunal.

En referencia a las medidas cautelares indicó que espera que en el futuro estas herramientas legales sean parte de un Código Contencioso Administrativo. Destacó que todos los gobiernos provinciales han impulsado una reforma equivalente al proyecto que se está discutiendo esta tarde y que el único Estado indefenso frente a este recurso es el Estado Nacional.

Se preguntó si esa indefensión de Argentina no se debe a intereses corporativos que han bloqueado iniciativas parecidas en el pasado.

 

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