La senadora Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que contempla que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas o ubicadas en guaridas fiscales no podrán asumir cargos públicos. Propone impedir que aquellos ciudadanos que participaron en estructuras offshore, puedan ejercer cargos públicos.

En sus fundamentos, la senadora sostiene que “Más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país”.

La legisladora se refirió duramente al gabinete actual por sus vinculaciones a escándalos internacionales por los “Panamá Papers” y “Paradise Papers” y el caso del Ministro de Finanzas y Luis Caputo.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la AFIP, quien además tiene toda su plata en el exterior
“Estas estructuras financieras podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global, delitos perseguidos en el mundo entero y que preocupan a los organismos internacionales, incluido el G20 que se reunirá en nuestro país”señaló la senadora. 

Cristina Kirchner además se refirió a los daños colaterales de las Offshore: “Como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI)” y concluyó “Por eso creemos que ninguna persona que tenga una cuenta o una sociedad offshore puede ser funcionario público en ninguno de los tres poderes del Estado”.

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