Cruces del FpV y Pro por operativo en Santa Cruz

La oposición cuestionó la participación de la Policía Metropolitana en el operativo autorizado por el juez Claudio Bonadío, recientemente apartado de la causa Hotesur por la Sala I de la Cámara Federal.

En la sesión de este jueves, el bloque del Frente para la Victoria pidió insertar, en la alteración del orden del día, un pedido de informes sobre la participación de la Policía Metropolitana en el operativo del 13 de julio, en Santa Cruz. El operativo, autorizado por el juez Claudio Bonadío, fue para buscar información en oficinas en Río Gallegos de las empresas Idea SA, de Máximo Kirchner, y Valle Mitre.

La autora del proyecto, que finalmente no alcanzó quórum para ser tratado, Paula Penacca (FpV), sostuvo que el traslado de 54 efectivos de la Policía Metropolitana hacia Santa Cruz “deja al descuidado a vecinos”. Además, enfatizó en “fondos públicos utilizados” para el operativo.

Penacca expresó: “nos preocupa centralmente que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ayudó a un juez con enemistad con los acusados”.

La diputada kirchnerista añadió: “se anteponen intereses políticos de la corporación judicial y mediática por encima”.

Asimismo, el diputado Cristian Ritondo (Pro) dijo al bloque K que deberían hacer una “presentación judicial más que pedido de informes”, ya que “la Policía Metropolitana puede estar sometida a la utilización de cualquier juez” porque cumple con la ley de seguridad, sancionada en 2007 por el Congreso Nacional.

“La Policía Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad se sometieron a la ley”, manifestó el vicepresidente primero de la Legislatura.

Por su parte, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, resaltó: “no había ninguna obligación de trasladar esta cantidad de efectivos y pagar costos de este operativo”. La legisladora dijo que el operativo fue “un show mediático del juez Bonadío junto a la Policía Metropolitana”. “No tenía que ver con ningún delito cometido en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Al tomar la palabra, el diputado José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro) habló de “connivencia” y de un Gobierno de la Ciudad que “presta la Policía a una operación política, y se la niega a la ciudadanía en hospitales y comunas”. Y dijo que lo hacen para “desprestigiar a este Gobierno, porque no ven otra posibilidad de golpearlo”.

El legislador Jorge Aragón (FpV) consideró: “no había un allanamiento, no era necesaria la cantidad de efectivos que fueron, 54 policías”. Y subrayó: “fue un despropósito tamaño gasto para sólo buscar información en dos libros”.

Por otro lado, el diputado Alejandro García (Pro) sostuvo: “las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia” y “ninguna fuerza de seguridad puede decir qué órdenes judiciales quiere cumplir”.

“Algunos se quieren llevar puesta la República en la Nación Argentina”, disparó y dijo: “respetamos la república y división de poderes, por eso se cumple la orden judicial”.

“No busquemos argumentos para no avanzar con causas judiciales”, finalizó García.

En tanto, Claudia Neira (FpV) insistió en que “estamos claramente ante un hecho político”. “Fue un instrumento claro de poderes que están detrás de él” y agregó: “por supuesto que hay que cumplir órdenes judiciales, pero tienen que ser lícitas para cumplirlas”. Por su parte, Marcelo Ramal (FIT) indicó que era una discusión entre “dos socios de muchos años en la Legislatura”. “Acá está el bloque que dio votos y colaboró para su creación”, refiriendo al bloque del Frente para la Victoria que apoyó la creación de la Policía Metropolitana.

“El kirchnerismo bebe de su propia medicina”, sentenció el legislador de la izquierda.

Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) contestó: “nunca nos arrepentimos de votar para aprobar la creación de la Policía Metropolitana”. La diputada se refirió al procesamiento de Mauricio Macri, por escuchas ilegales y denunció que funcionarios del Gobierno de la Ciudad “usan a la justicia como mano de obra de algunos medios de comunicación” y “mantienen en vilo a la opinión pública”.

Cerruti calificó como un “momento complicado y triste de la justicia”, y expresó: “ustedes, los republicanos utilizan a la justicia y los medios”.

Desde el otro sector del recinto, el diputado Héctor Huici (Pro) sostuvo: “no había más remedio que cumplir la solicitud”.

“Se intenta aprobar un pedido de informes no por la Policía Metropolitana en sí, sino por la causa que es”, señaló Huici, y destacó “los problemas” que el Gobierno nacional tiene con “el Poder Judicial y leyes”. Además, recordó el procesamiento que pesa sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

“La industria hotelera es una de las formas más utilizada para lavar dinero de actividades ilícitas”, afirmó el legislador en referencia a la causa Hotesur, que investiga a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entorno y empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.

El pedido de informes rechazado solicitaba conocer qué funcionario ordenó el operativo, objetivo, cantidad de efectivos que participaron, costo del mismo, entre otros aspectos.

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