De la trampa a la transparencia

* Por Alberto Asseff

Que vivimos revolcados en el lodo y cada vez más, desgraciadamente, no existen mayores dudas. Hace 90 años lo escribió Discépolo y lastimosamente no exageró. Se quedó corto. Ha anclado en estas tierras, con fuerza, la cultura de la trampa. Hacemos y nos hacen trampas. Especialmente a la ley. Estamos plagados de trapalones y de trapazas. Hay inclusive inenarrablemente más embusteros solapados que delincuentes descarados. Es mucho decir. Y el peligro también es fenomenal. En rigor, hay que expresarlo como categoría: así no se puede continuar.

Ciñéndonos a la cuestión actual del fraude electoral, la enunciación de todas las tropelías nos conduciría a redactar un extenso opúsculo y no una sucinta nota de opinión. Por eso, intentaremos constreñirnos. Lo primero a destacar es el cinismo – peor que la hipocresía – de ciertas autoridades. Existe un alto funcionario que se halla en su cargo desde el año 2000 que con desenfado sostiene que “quien no tenga 90 mil fiscales para vigilar los comicios no puede gobernar” y agrega que “que haya o no boletas en los cuartos oscuros no es responsabilidad del Estado, sino de los partidos políticos”. La monumental deformación moral, constitucional y legal de estas dos aseveraciones ha sido tratada y comentada con inadmisible liviandad, aun por los críticos. A través de estas dos afirmaciones nos han notificado que el art.1º de la Constitución – “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa…” – está abrogada de facto. El Estado Nacional no garantiza, y declara que no tiene obligación de hacerlo, que el ciudadano pueda expresar libremente su voluntad de elegir. Por un lado se persiste con un sistema electoral arcaico y decimonónico como es el de las boletas de papel impresas por cada partido y por el otro las autoridades nos anticipan que si no está la boleta que se quiere sufragar no es responsabilidad de la autoridad. Un perfecto círculo enviciado que atrapa a la democracia, la corroe y la destruye.

Por otra parte, ahora sabemos que ni siquiera es necesario disponer de 90 mil fiscales bien entrenados y mejor remunerados – uno por cada mesa electoral del país -, sino que hay que tener fiscales en las etapas previas al comicio – cuando se alistan las urnas para portarlas a las escuela de votación, ya que en Tucumán se descubrió que varias llegaban con ‘votos’ adentro-, sino en los pasos posteriores, cuando esas urnas son conducidas a los Juzgados Electorales para practicar 48 horas después el escrutinio definitivo. Consecuentemente, hay que contar con 270 mil fiscales para cubrir tres turnos: antes, durante y después de las elecciones. O que trabajen a destajo, sin dormir.

Para la tribuna – ‘pour la gallerie” – ahora esa longeva autoridad de la repartición Electoral dice que los camiones que transportan las urnas dispondrán de GPS. Empero, ¿el GPS asegura que en el decurso del transporte, adentro del camión, no se cambien urnas o no se les troquen los votos que contienen? Entonces, hay que poner tantas sillas como partidos en el interior de los camiones para que los fiscales y el delegado de la Junta Electoral velen y custodien esas urnas, trasladándose con ellas. O como me sugirió un periodista, que se sortee entre los fiscales partidarios quién acompañará a las urnas hasta su destino.

Por supuesto que existen soluciones como la boleta única electrónica o de papel – ésta, numerada y con código de barras que posibilite un veloz escrutinio provisorio- y, ya mismo, la boleta única complementaria que resuelve el fraude consistente en el hurto de las boletas de determinados partidos. El presidente de mesa dispone de una cantidad de boletas únicas – están en ella todos los partidos que compiten – y en caso de que un elector diga “faltan boletas”, se le provee esa papeleta única de modo que pueda emitir su voluntad libremente. Esta BUC es más barata y más eficaz como instrumento antihurto y pro libertad de votar que un paquete adicional de boletas de cada partido para responder a la contingencia de su falta, como propone el funcionario mentado. El 26 de agosto pasado la Cámara de Diputados de la Nación votó por unanimidad mi pedido de tratamiento preferente de la boleta única pensada no para 2017, sino para el 25 de octubre. Empero, la presidenta de la Comisión de A. Constitucionales, que debe dictaminar, dilató la reunión aduciendo que “hay que esperar los resultados de la audiencia convocada por la Cámara Electoral para el 15 de septiembre”. Llevar a largas, harto conocida táctica para no cambiar el anacronismo electoral. A su vez, la mencionada Cámara, que bien podría establecer por Acordada la BUC, teme quedar desautorizada por falta de presupuesto. Aunque, la plata que se asignará a imprimir más boletas de cada partido supera a la necesaria para la BUC. La coherencia no peculiariza a los tramposos.

Hay que decirlo sin ambages: mientras continúe la cultura de la trampa jamás tendremos transparencia electoral, más allá de todas las ‘mejoras’ técnicas que introduzcamos en el sistema. Existe un sobresistema, el de la trampa. O lo extirpamos o nos suprimirá la libertad de sufragio que conseguimos en 1912. La cuestión no es de leyes, es de actitudes. Y es de impunidad, hoy entronizada. Sin sanción no hay norma. Lo aprendimos en la Facultad. Por eso sobrevivimos fuera de las reglas.

*Diputado nacional y del Parlasur

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