Tras los primeros balbuceos y dibujados los trazos básicos llamados “palotes” para aprender a hablar y escribir, se ingresa al aprendizaje formal, empleando para realizar las tareas escolares los conocidos cuadernos. Que en nuestros avatares políticos, asociamos a los de un desconocido chofer oficial llamado Centeno, que en lugar de ejercicios didácticos, contenían un detallado circuito recaudatorio de coimas con fechas, horarios y lugares, que interrelacionaban a funcionarios con empresarios.

Su trascendencia se acrecentó no solo por las constataciones judiciales, sino por las repercusiones políticas y sociales emergentes, que como nunca antes, obligaron a que las estrategias de ocultamiento e impunidad habituales ejercidas por altos niveles estatales y sus asociados externos, debieran desarrollarse a cara descubierta. Sin embargo la trascendencia del caso excede lo meramente delictivo, para incursionar en aspectos que incidirán en nuestro futuro institucional. Inicialmente se pueden mencionar tres:

1) Corrupción mata ideología. El caso “cuadernos” ratifica que en los delitos económicos, especialmente contra el Estado, no hay ideologías o diferencias sociales. Aunados para enriquecerse, participan de la trama funcionarios, empresarios, sindicalistas, poder judicial, entidades financieras, testaferros, oficialismos, oposiciones, revolucionarios de izquierda, malvados de derecha, secretarios privados, familiares, jardineros, cocineros, artistas, etc. Los partícipes pueden cumplir roles activos, usufructuando el dinero, o pasivos necesarios, como integrantes de organismos de control, que solo exigen cargos y prebendas para no ver y dejar hacer.

2) Escala de responsabilidades. En una etapa institucional en la que los máximos líderes políticos designan cientos de funcionarios en altos niveles jerárquicos, con el único argumento de ejercer su derecho de tener “gente de su confianza”, abre el interrogante sobre como podrán desligarse judicialmente de responsabilidades en casos de corrupción que involucren a sus designados, aduciendo desconocimiento. Aspecto interesante para prestarle atención con el desarrollo de los juicios.

3) Presión intensa sobre el poder judicial. La opinión pública, en cuanto a corrupción y salvo excepciones, tiene posiciones tomadas: están los convencidos del saqueo estatal-privado; quienes piensan que no existió, y finalmente, a quienes no les importa que los delitos se hayan cometido. Por lo que ante el avance de las causas e inicio de juicios orales, las recientes estrategias comunicacionales tienen como principal destinatario al Poder Judicial, oscilando entre amenazas explícitas a jueces que avanzan en las causas, como las proferidas por el presidente Fernández, o las apoyadas en supuestos debates jurídicos, como la crítica a las prisiones preventivas de políticos (pese a que desde hace años existen miles de presos sin condena), o la puesta en escena como novedad del enigmático término lawfare, que teoriza sobre una posibilidad conocida desde hace décadas, pero que en sí no invalida hechos y constataciones probatorias. Esta presión indisimulada sobre el Poder Judicial, que recuerda a la película Kramer vs. Kramer transformada en Estado vs. Estado, alcanza obviamente a la Corte Suprema, que tiene el recordado antecedente de haber intentado el pasado 14 de mayo una insólita maniobra para dilatar el inicio del juicio oral de la causa por corrupción en obras viales en Santa Cruz, actualmente en trámite.

Los mensajes de campaña pueden subdividirse en verdaderos, posibles, falsos o intrascendentes. En principio se deberá detectar intencionalidades: información, contradicción, persuasión, engaño, cinismo, hipocresía, falacia. Una primera prueba ácida para detectar verosimilitud o desinformación evitando preconceptos, es confrontar el mensaje emitido con su alternativa opuesta, o bien, reacciones opuestas ante hechos similares. Citemos un ejemplo. Muchos de los que intentaron desacreditar como prueba a los cuadernos de Centeno aduciendo que eran fotocopias, avalaron en el año 2003 el inicio de la causa sobornos en el Senado a partir de un anónimo encontrado por Daniel Bravo, hijo del fallecido diputado socialista. Dicho anónimo dio lugar a un juicio que duró nueve años entre el 2003 al 2012, y concluyó sin culpables, porque ninguno de los más de 200 testigos citados, entre ellos el ex vicepresidente Carlos Alvarez, el sindicalista Moyano y personal de la SIDE, que no aportaron pruebas fehacientes, o bien desconocieron los hechos.

Alberto Landau es analista político independiente

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