El triunfo de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires duró poco ya que la Justicia entendió que la Legislatura no tenía facultades para actuar sobre el tema.

La Justicia le dio la razón a las inmobiliarias declarando la inconstitucionalidad de la ley 5859, aprobada por la Legislatura porteña y que fue oficializada a fines de 2017, la cual fijaba un tope a las comisiones inmobiliarias y delega el pago en los propietarios de las viviendas.

En su fallo, la Cámara expresa con claridad que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al Corredor que interviene en la operación.

“El fallo va a contramano de los derechos de los inquilinos”, dijo Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, y aseguró que tienen tiempo hasta el martes a la mañana para apelar, lo que harán. “Presentaremos un recurso ante la Cámara – la misma que falló en contra de ese punto clave de la ley – y pasará al Tribunal Superior de Justicia porteño”. Hasta entonces, “la ley sigue vigente”.

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