Denuncian irregularidades en Buenos Aires Rock
Al instalar el llamado Buenos Aires Rock en el predio del Parque de la Ciudad, el macrismo repite su lógica de negocio inmobiliario, acumulación de capital privado, y modernización indiscriminada de espacios históricos.
El Parque ubicado en avenida De la Cruz y avenida Escalada, Villa Soldati, al sur de la ciudad de Buenos Aires, tiene una superficie total de 120 hectáreas y supo ser en los 80´s y 90´s el primer parque temático de Argentina. Hasta la asunción de Macri funcionaban 14 de los 60 juegos. En 2008 el parque fue clausurado definitivamente, y solo se podía acceder a los espacios verdes los fines de semana con un costo de $4 por persona.
Este proyecto comenzó a gestarse en abril de 2013 con el desmantelamiento de algunas de las atracciones centrales del parque, y supuso un gasto a cargo del presupuesto comunal de más de cincuenta y seis millones de pesos. Inicialmente la idea era facilitar el espacio para la realización del famoso “Rock in Río” 2013, por lo cual el gobierno de Macri firmó un Convenio de Colaboración con la empresa Dream Factory Comunicaçao e Eventos LTDA, que implicaba la cesión en forma totalmente gratuita del uso de 160 mil m2 del Parque.
Además el convenio, en su cláusula segunda, sostenía que el estado pondría a disposición los recursos oficiales para adecuar las instalaciones “a través de la construcción y/o adecuación a la infraestructura necesaria para recibir las estructuras temporales, tales como el escenario principal y demás componentes arquitectónicos, además de cerrar y vallar el recinto teniendo acceso restrictivo y controlado por la organización del evento” (ver nota), y promover el exitoso evento multimillonario. La adaptación del parque a las pretensiones estéticas internacionales de este tipo de megaventos costó 69 millones de pesos, asignados a las empresas Dal Construcciones SA -Teximco SA.
El gobierno macrista fundamentó entonces que “Rock in Rio se constituye notoriamente como el mayor festival de música del mundo” y que “promueve un relevante impacto directo e indirecto en los servicios relacionados con el turismo, hotelería y demás áreas de servicios adyacentes”.
Sin embargo “Rock in Río” fue suspendido, y muchos medios pusieron en el foco de la tormenta al gobierno nacional . Previamente la defensora adjunta del Pueblo porteña, Graciela Muñiz, con el apoyo de la Asociación de Amigos de los Parques de Diversiones (AAPD), había presentado varios amparos para anular el convenio, considerado una “concesión encubierta y gratuita”.
Con el Predio prácticamente desmantelado, el nuevo negocio fue ceder el parque al “Quilmes Rock”, realizado los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2013, para un evento que rondó los 100 mil concurrentes, cuyas entradas oscilaron entre los 150 y 800 pesos. De este modo la substancial inversión del Gobierno porteño benefició exclusivamente a la empresa Siberia SA, que por solo ciento ochenta mil pesos (el Club River Plate, por ejemplo, le pedía al Quilmes Rock 300 mil dólares por cada evento), accedió a un negocio con el que recaudó 22,5 millones de pesos.
Para ello el Ministerio de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo el Parque, redujo todo el espacio verde, demolió juegos, alteró el sector “fantasía y futuro”, e incluso desmanteló juegos históricos declarados “bienes culturales de la Ciudad”, como la Torre Espacial del Parque de la Ciudad (Ley Nº 3860) o la Calesita y Carrusel del parque (Ley Nº 3978) por ley. En lo que respecta a la gestión real del festival, ya es de público conocimiento que se produjeron múltiples ineficiencias con relación a la organización y las medidas de seguridad de los asistentes. Un ejemplo fueron los canales de ingreso y las salidas de emergencia del predio, que no contaban conlos mínimos elementos de seguridad y señalización, según lo denunció Graciela Muñiz.
En este sentido el gobierno del PRO evidenció un proceso sistemático de liberalización y desregulación de los espacios públicos, favoreciendo intereses privados y empresariales. Pero el problema estructural de esta política urbana es su carácter excluyente de algunos sectores sociales, la desprotección de la cultura popular, y el debilitamiento de la percepción social sobre los propios derechos democráticos.