Desde el Ejecutivo resaltaron que la información clasificada sea regulada por ley

El subsecretario de Inteligencia Juan Martín Mena participó en la reunión conjunta de Comisiones de la cámara alta que busca dictaminar mañana el proyecto para reformar la ley de Inteligencia Nacional. Su ponencia versó en el rol de la información recabada por los organismos de inteligencia.

En ese sentido, el funcionario consideró que la prioridad del Estado debe estar enmarcada en una política de conocimiento para todos los habitantes, salvo en caso de que esté fundada la peligrosidad de su difusión.

En sintonía, aclaró que hasta el momento la confidencialidad está configurada por un decreto presidencial. Al respecto, el proyecto de la Casa Rosada plantea las condiciones para restringir la publicidad de la documentación. Mena resaltó que estas configuraciones deben quedar «enmarcada en una ley y no en un decreto».

La intención en este apartado es evitar un abuso respecto a la reserva de la información, «para que se amolde estrictamente al marco legal argentino».

Según, consideró el ex funcionario del Ministerio de Justicia, el principio rectdebe ser el conocimiento y la publicidad. Para ello, el articulado fija un tope en la clasificación a 25 años, para abandonar el concepto de que el secreto debe ser mantenido sin límite temporal. A su vez, contempla la posibilidad de que el presidente pueda desclasificar material de la AFI en caso de que sea conveniente.

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