Dictamen favorable para el DNU del Gobierno sobre servicios de telecomunicaciones
La Comisión Bicameral del Congreso Nacional de Control de los Decretos de Necesidad y Urgencia emitió hoy dictamen favorable al DNU dictado por el Gobierno que declara esenciales los servicios de TV paga, telefonía celular y fija e internet, en un plenario que no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio.
Al abrir el encuentro, el presidente de la comisión Marcos Cleri (Frente de Todos) confirmó que los legisladores de JXC pidieron impugnar la convocatoria, al argumentar que no se habían cumplido las 48 horas hábiles de anticipación y que el protocolo de funcionamiento virtual no estaba vigente.
Cleri explicó que la reunión había sido legalmente convocada con 48 horas corridas no hábiles y recordó que, por tratarse de una comisión especial, el cuerpo «puede funcionar de forma remota y dictaminar también en forma remota», al anticipar la decisión del oficialismo de avanzar con la validez del DNU.
De hecho, el diputado nacional del Frente de Todos puso de relieve que la comisión funcionó «antes que el protocolo esté vigente» y logró dictaminar sobre la validez de decretos del Poder Ejecutivo previo a la aprobación de ese acuerdo para que la cámara funcione de manera de remota, con la presencia de la oposición.
Durante la reunión, los legisladores analizaron además la validez de otros tres decretos: el de extensión de la moratoria para las pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de creación de una agencia para promover la investigación del desarrollo tecnológico.
Las repercusiones del tema
«Hoy, tanto el celular como internet hacen a la inclusión social; si alguien no tiene conexión o no puede tener celular, es un excluido», reflexionó por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que «no hay ningún problema con las empresas privadas mientras contribuyan a que todos tengan conexión».
Kicillof explicó que el carácter público y esencial «tiene que ver con la universalización del servicio y con la igualdad» y reseñó que en la provincia «quedó claro» que la disparidad en el acceso a la conectividad tiene que ver con dejar la regulación «enteramente en manos del mercado».
En forma similar se había pronunciado ayer el presidente Alberto Fernández, quien remarcó que, con la firma del decreto, se busca «defender los intereses de los argentinos» y aclaró que el Gobierno no está en «guerra» con ningún sector y que la medida no es «contra nadie».
La expresidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) durante la gestión de Cambiemos, Silvana Giudici, fue crítica con relación al DNU por considerar que los objetivos a los que apunta la norma se logran «con políticas públicas que no necesariamente consistan en regular un mercado que no debe ser regulado estrictamente con precios, con tarifas».
Planteó que, por el contrario, debe «fomentarse la competitividad para lograr tarifas a la baja», evaluó que el país necesita «un shock de inversión con reglas de juego claras» para el sector y remarcó: «En ningún lugar del mundo la TV paga es un servicio público».
En cambio, el actual titular del Enacom, Claudio Ambrosini, aseguró hoy que está «muy lejos» del espíritu del DNU pensar en «estatizaciones» y reafirmó que la idea apunta a «sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía».
Otro de los defensores del decreto fue el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien consideró «excelente» la resolución y añadió: «Es lo que pide la gente y las asociaciones de Consumidores”.
El decreto
El decreto, entre sus considerandos, remarca que durante la gestión de Cambiemos, «mediante el DNU 267/2015, se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
Subraya que esa decisión implicó abandonar «la idea del acceso a estos servicios como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».
En esta línea argumentativa, el decreto considera «necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».