20 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Diputado radical realizó una jornada de debate por el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Crimen Organizado

El diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Carlos Fernández, encabezó este viernes una jornada sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Crimen Organizado que tuvo como protagonista al especialista Edgardo Buscaglia.

“En Argentina existen 18 de un total de 23 tipos de delitos organizados. El tráfico de drogas es uno solo, mientras que el más grave es la compra venta de seres humanos”, aseguró Buscaglia luego de recordar un artículo de su autoría publicado en 2003 por las Naciones Unidas. “Esto surge de diversos estudios realizados en los que se tomaron como muestra causas penales y civiles de distintos países”, explicó durante la conferencia que contó con el apoyo del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Entre las observaciones que realizó Buscaglia, quien actualmente se desempeña como Director del International Law and Economic Development Center y como Investigador Principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), están las de “medir el crimen organizado” tal como expresa “el artículo dos de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada”.

En ese sentido, “ante un mundo de escasos recursos” el asesor en reformas judiciales recomendó “definir que es prioridad”. “Argentina debería tener, de acuerdo a la gravedad de los delitos, un presupuesto en el que se refleje el combate a los diversos tipos de crímenes. Si bien el narcotráfico es grave, para muchos podría ser más grave el tráfico de personas”, propuso.

Otro punto a evaluar, según explico el experto, “es la reacción del Estado ante delitos específicos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta el tráfico de armas”. “Los países deben ir más allá del ámbito judicial. Tienen que abarcar otros ámbitos como puede ser la prevención social. El Estado debe darle atribuciones a otras entidades públicas y a la sociedad civil inclusive para poder decomisar y reasignar bienes decomisados a fines ligados a la atención de víctimas de la delincuencia organizada”, agregó. “Este es uno de los 18 vacios legales que tiene Argentina. No cuenta con una ley que le obligue a los jueces, como ocurre en Italia, a decomisar bienes de bandas ilegales”, insistió.

Al momento de referirse a la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate del Crimen Organizado, Buscaglia aseguró que “aunque Argentina va a aumentar la capacidad punitiva del Estado, la experiencia indica que cuanto más soldados, más policías y más tecnologías se usan en esta lucha, más aumenta el delito”. “Las bandas criminales reasignan recursos patrimoniales intocables y aumentan los niveles de corrupción”, explicó.

“Los grupos criminales crecen cuando aumenta la presencia del ejército en las calles, aunque no porque este sea malo. Para que el plan de frutos Argentina tiene que avanzar también en el ámbito legal y luego en la puesta en práctica de esas leyes”, adhirió. “Los países de mejor práctica no colocan a sus soldados solamente en la frontera, sino que generan acuerdos bilaterales de equipos de inteligencia conjunta en donde los miembros del ejército operan en el exterior junto con las agencias de países vecinos”, concluyó.