El FpV logró alzarse con la Ley de Hidrocarburos

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Julian Dominguez volvió a presidir la sesión

El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar en soledad la reforma a la ley petrolifera con 130 votos a favor y 116 en contra. El Movimiento Popular Neuquino, habitual aliado del oficialismo, dividió sus votos. Por su parte, la oposición rechazó de manera contundente la medida del Ejecutivo Nacional, la UCR, el Frente Renovador, Unión Pro, el FAP, el FIT, Compromiso Federal, Unión por Córdobay Unidad Popular.

Sí apoyaron la ley el Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro y los monobloquistas del PJ La Pampa, el Movimiento Solidario Popular, el FIS y el Movimiento Popular Fueguino.

Luego de 14 horas, la oposición desplegó diferentes argumentos: aseguró que la reforma avasalla las autonomías provinciales y sólo beneficia a YPF, además de “blanquear” las condiciones del polémico acuerdo firmado entre la petrolera estatizada y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

Los bloques disidentes también criticaron el límite a las regalías que perciben las provincias, la posibilidad de prorrogar las concesiones y el uso del fracking que habilita la ley.

El articulado en cuestión, que fue elaborado en acuerdo entre las provincias petroleras y el Ejecutivo, es un complemento normativo para las leyes 17.319 y 26.197 y tiene como objetivo estipular el marco práctico de la explotación tanto tradicional como no convencional de la materia prima y su tratamiento. Más allá de ser legislación de carácter nacional, existe el compromiso de que, una vez sancionada, las distintas legislaturas concreten las adhesiones necesarias para llevarla a cabo.

A su vez, en lo que será una jornada a doble cámara en el Congreso, la propuesta fijará los requisitos mínimos en los mecanismos de selección de los concesionarios, el establecimiento conjunto de instrumentos de promoción para las actividades y el establecimiento de estándares comunes para el cuidado ambiental. En pos de concretar esos lineamientos, el texto estipula los plazos específicos para la obtención del insumo estratégico en los diferentes emprendimientos.

Respecto al rol de las provincias en relación con las compañías explotadoras, el proyecto estipula que deberán limitar sus ingresos a las regalías (fijadas en un 12 por ciento). Esta consigna parte de la premisa de que, logrando un mayor caudal de capital, aumentarán sus ingresos aunque dejen de cobrar derechos por transporte o acarreo.

Ese fue uno de los apartados más delicados puesto que supone una recaudación menor frente la expectativa de arcas más robustas en el futuro. Además, el acuerdo fijaría la alícuota de Ingresos Brutos en un 3 por ciento, en tanto que propiciará que las gobernaciones no graven con una tasa extra a la rúbrica de los contratos en la materia.

En forma de compensación, se prevén aportes a los distritos desde las compañías como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y del Estado Nacional para obras de infraestructura. Asimismo, uno de los puntos centrales para lograr la soberanía energética es determinar un régimen especial para importar bienes de capital e insumos. En esa línea, existe la determinación para desgravar a la industria hidrocarburífera en el orden municipal.

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