Diputados retoma el debate que genera polémica en la dirigencia y la Justicia: la reforma del Ministerio Público Fiscal

La cámara de Diputados de la Nación retomará un debate que genera malestar y polémica en la dirigencia opositora y en el Poder Judicial: la reforma del Ministerio Público. Una idea que impulsa el oficialismo desde el año pasado pero que la iniciativa avanza poco y nada en diputados por la negativa de legisladores, no solo de Juntos por el Cambio sino de otros bloques que no avalan o están indecisos respecto al tema.

En esa línea, este viernes 14/05 un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomará el análisis del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, enviado en octubre pasado por el Senado, y sobre el cual el ministro de Justicia, Martín Soria, anunció hace dos semanas algunas propuestas para introducir modificaciones con el propósito de reunir consenso necesario para su aprobación.

  • La reunión de hoy, prevista para las 16, será de carácter «informativo», por lo que no está habilitada la firma de dictámenes.

En cambio, están previstas las exposiciones de una serie de invitados que aún no fueron confirmados por las autoridades de las comisiones.

Así el plenario retoma la actividad tras la reunión celebrada el pasado 26 de abril, cuando Soria afirmó ante los diputados que es necesario avanzar con el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal sancionado por el Senado y dijo que con esa iniciativa se busca «rescatar» al organismo de «la crisis de legitimidad» en la que ha caído.

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del Procurador General de la Nación.

El titular interino de la Procuración General de la Nación (jefatura de los fiscales) es Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien fue designada por acuerdo del Senado.

Precisamente, Casal fue ratificado en el puesto en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Por esta razón, la oposición cree que el ‘apuro’ y una de las razones que el oficialismo tiene para aprobar la ley es poder remover a Gils Carbó de ese cargo y «ganar impunidad».

Al defender que se pueda aprobar la designación del Procurador con mayoría absoluta del Senado, Soria dijo que «la ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997».

«Esa ley debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante», dijo.

A su vez, afirmó que «no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia».

«Ahora va a ser la Cámara de Diputados la que tiene la tarea de dejar de lado intereses mezquinos, tenemos que lograr una ley que sea producto del diálogo con todos los sectores, incluso aquellos que no piensan como nosotros», expresó el funcionario al pedir el acompañamiento de otras bancadas a la iniciativa.

En ese sentido, el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; José Luis Ramón, mantuvo ayer una reunión con Soria para analizar proyectos de ley vinculados con la mejora del servicio de justicia y, en particular, del Ministerio Público, así como también propuestas para fortalecer los derechos de consumidores y usuarios.

El legislador señaló que existe una necesidad de resolver la situación irregular de la Procuración General de la Nación y destacó el trabajo del Ministro de Justicia para lograr los consensos que permitan mejorar la media sanción de la iniciativa.

En línea con su exposición en el plenario de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, realizado días atrás, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

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