Diputados terminó el tratamiento en particular de le ley de responsabilidad penal
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en particular la ley de responsabilidad penal empresaria, que apunta a sancionar a aquellas personas físicas (empresas, asociaciones) que incurran en delitos de corrupción. La iniciativa será girada ahora al Senado.
La norma, que ya se había aprobado en general la semana pasada, fue votada hoy en particular tras un arduo debate de más de cinco horas.
La mayor controversia estuvo centrada en el texto del artículo 37, que contemplaba una fórmula para que empresas ya acusadas de haber cometido hechos de corrupción pudieran celebrar acuerdos (en sede administrativa) para brindar información sobre el pago de sobornos. Ese artículo, propuesto por el oficialismo, fue objetado por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el socialismo. Básicamente, lo consideraban inconstitucional por interpretar que incorporaba un elemento de retroactividad en la aplicación de una ley penal. Por mayoría se rechazó el texto propuesto, que finalmente fue reemplazado -tras un acuerdo del que participó el interbloque de Cambiemos-, por un artículo propuesto desde la bancada del Frente Renovador.
El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, convocó a los presidentes de los bloques en un cuarto intermedio y en ese marco se alcanzó el consenso para aprobar un nuevo artículo 37 que cosechó 123 votos afirmativos y 79 negativos. También se agregó el artículo 38 para elevar las penas por corrupción. En este caso, el apoyo fue más amplio: 195 votos afirmativos, 12 negativos y 9 abstenciones.
Rechazado en primer lugar el artículo 37 propuesto por el interbloque Cambiemos (por 130 votos negativos contra 88 afirmativos), se dio lugar al artículo propuesto por la diputada Mónica Litza que, en primer lugar, hace una modificación al art 62 del Código Penal para incorporar la imprescriptibilidad de todos los delitos de corrupción y eleva las penas a los efectos de que no sean excarcelables.
De esta manera, y tras un arduo trabajo en comisión y de negociaciones en el recinto, se aprobó un proyecto que originariamente había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Es el que habilita la sanción penal de las empresas por el pago de sobornos a funcionarios u otros delitos de corrupción. Hasta ahora, la legislación vigente sólo permite sancionar a personas físicas.
EL PRIMER DEBATE: DISTINTAS POSICIONES POR EL ARTÍCULO 37 ORIGINAL
Antes del cuarto intermedio en el que se definió el consenso para el texto final, las distintas bancadas plantearon posiciones contrapuestas sobre la versión original del artículo 37.
El diputado Fernando Sánchez, del interbloque Cambiemos, sostuvo que “el artículo 37 hoy en día está más vigente que nunca. Odebrecht reveló que funcionarios públicos, hoy ausentes, aceptaron las coimas” y añadió: “Queremos saber los nombres y la empresa los quiere dar. El pueblo argentino se los va a agradecer”.
Al respecto, la diputada Graciela Camaño, presidenta del bloque del Frente Renovador, apuntó que el mencionado artículo es “sumamente peligroso” y que “no puede ser lógico en un régimen de división de poderes. Lo tiene que hacer la Justicia, aunque sea tarde. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que es justo y correcto”.
El diputado Rodolfo Tailhade, desde la bancada del Frente para la Victoria, afirmó que con el 37 “quieren llevarle a la Justicia información sesgada”.
El jefe del bloque del FpV, el diputado Héctor Recalde, alegó que “darle facultades al Poder Ejecutivo (en alusión a la facultad para hacer acuerdos con empresas acusadas de corrupción para obtener información sobre el pago de sobornos) resulta inconstitucional y genera inseguridad jurídica”.
Por su parte, la diputada del bloque GEN Margarita Stolbizer indicó que “la corrupción se va a termina cuando haya un Nunca Más de la corrupción. Cuando la sociedad deje de votar a los corruptos. El artículo 37 es inconstitucional”.
En ese sentido, el diputado de la fuerza justicialista Néstor David sostuvo que “como está escrito el artículo 37 no es justo, claro ni transparente. El Poder Ejecutivo quiere resolver lo hecho en el gobierno anterior, pero no en su gobierno”. Por el mismo bloque político, el diputado Pablo Kosiner sostuvo: “Este Gobierno también tiene pasado. Nosotros no estamos dispuestos a aprobar una ley que garantice la impunidad, sea del gobierno que sea. Tampoco vamos a ser cómplices de este gobierno para ningún empresario”.
Desde el oficialismo, el diputado del interbloque Cambiemos Luis Petri, aludió al art. 37: “La respuesta a la colaboración no la podemos encontrar en el derecho penal. Por eso buscamos un instrumento jurídico que nos permitiera que las empresas, que no son punibles, puedan celebrar convenio de colaboración de carácter administrativo, con efectos penales para esclarecer hechos de corrupción. Pretendemos encontrar alguna herramienta para que esa empresa con información valiosa se pueda presentar. Pero no supone que pueda intervenir el PE. Esta ley es una herramienta clave para combatir la corrupción del pasado”.
También se pronunció el diputado Ricardo Alfonsín, quien destacó que “la ley es un avance, ya que la necesitamos los argentinos y sabemos que no deja satisfechos a todos. El 37 resuelve sobre asuntos delicados y hay que actuar con mucha responsabilidad”.
Todo este debate, como se dijo, derivó en el rechazo de la versión del artículo 37 impulsada por el oficialismo y en su reemplazo por el texto que propuso el Frente Renovador, finalmente acordado entre todos los bloques.