El aborto opacó el impuesto a los ricos y ya están en Diputados los dos proyectos que envió el Ejecutivo: de qué tratan

El Gobierno logró opacar totalmente un tema de máxima tensión y amplio rechazo por varios sectores empresarios como el campo y la UIA debido al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario que el Frente de Todos en Diputados llevó adelante. La jugada política la hizo nada más y nada menos enviando al Congreso nacional dos proyectos de ley: el del aborto legal y el de los mil días, no sin antes, fuese anunciado con bombos y platillos a través de un video de twitter por el presidente Alberto Fernández. NCN tuvo acceso a los proyectos de ley y a continuación te contamos de qué se trata cada uno:

El Frente de Todos tiene muy bien calculadas sus jugadas políticas y en una sesión que prometía ser muy intensa por tratarse del debate del impuesto a las grandes fortunas, el Ejecutivo decidió enviar al Congreso, y anunciar su envío, de dos proyectos de ley: uno para que el aborto en Argentina sea legal y otro para acompañar a las mujeres que decidan parir. Así las cosas, la aprobación del aporte solidario impulsado por Máximo Kirchner quedó opacado para la discusión y opinión pública y su aprobación se dio sin sobresaltos porque todo el protagonismo se lo robó «la ola verde».

Así las cosas, el proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia -conocida como Plan de los 1.000 días- ingresaron a la Cámara de Diputados, inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.

El presidente Alberto Fernández afirmó, al anunciar el envío al Congreso de ambos proyectos en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que «es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo».

Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.

«He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida», explicó el presidente durante el anuncio.

Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el Gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.

  • El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).

La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó pasadas las 18 al Congreso junto a otra propuesta, el Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.

Con este envío, el Gobierno materializa lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en la campaña electoral del año pasado y en su discurso del 1 de marzo último, ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio, de celestes.

La intención del oficialismo es, por un lado, «seguir ajustando los números» y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.

  • Esta vez, el proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente.

Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.

Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central, según confiaron a Télam desde ambos sectores, convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.

Las características especiales del contexto de la pandemia y la realización de sesiones mixtas, es decir con legisladores presentes y otros conectados virtualmente, tiene un especial condimento en esta oportunidad, ya que la conectividad podría complicar la sesión.

Por ello, los denominados ‘verdes’ necesitan garantizarse el respaldo de algunos indecisos más para no tener dificultades a la hora de la votación del texto.

Si bien las iniciativas más conocidas que buscaron ingresar al recinto antes del debate de 2018 fueron impulsadas por la Campaña Nacional, el primer anteproyecto sobre aborto y anticoncepción introducido al Congreso fue presentado por la Comisión por el Derecho al Aborto en 1992.

  • Fue redactado por integrantes de la organización y presentado por la diputada radical Florentina Gómez Miranda, histórica defensora de los derechos de la mujer. Ese día se realizó un acto frente a la confitería El Molino con la participación del también ya fallecido diputado Alfredo Bravo y las legisladoras María José Lubertino y Gabriela Gonzalez Gass.

Sin embargo, el primer proyecto de ley para la despenalización y la legalización ingresó al Parlamento en 2007 y se reiteró en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, cada vez con un número mayor de diputados y diputadas firmantes.

Pese a ello, hasta ahora, la presentación de propuestas en el Congreso no garantizó que esas iniciativas lograran ser discutidas en comisión o en los recintos de las cámaras, por lo que esos intentos perdieron estado parlamentario y naufragaron.

En el proceso, el texto fue actualizado y revisado en numerosos foros organizados por la Campaña, a la luz de los avances que se fueron sucediendo, como la Guía Técnica para Abortos no Punibles, el fallo FAL, la reforma del Código Civil y la Ley de Identidad de Género.

QUÉ DICEN LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO:

Al igual que el proyecto que no se aprobó en 2018, el del Presidente garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive.

«No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional».

El proyecto, además, agrega que fuera de ese plazo la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.
En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.
b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Además, sobre los derechos en la atención de la salud, el proyecto agrega que: «Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos desde su requerimiento».

Otro punto clave es que este proyecto menciona la objeción de conciencia:

«El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá: mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b). Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica».

Y añade: «El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda», dice el proyecto de ley.

  • Por otro lado, el Ejecutivo también envió el proyecto Ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como el «de los mil días».

Entre algunos puntos que establece la iniciativa presidencial, se lee:

«En virtud de que las personas gestantes y la primera infancia son las destinatarias de la presente ley, se establecen como principios rectores, que se suman a los establecidos en las leyes mencionadas, los siguientes»:

a. Atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes.

b.Articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia.

c. Simplificación de los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social.

d.Diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente su responsabilidad de cuidado.

e. Respeto irrestricto al interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva;

f. Respeto a la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes;

g. Respeto a la identidad de género de las personas.

h. Acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos.

i. Atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad de los derechos y vulneraciones de estos.

Los Proyectos

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